Fortaleciendo la democracia en la Ciudad de México
Resumen:
Ante la encomienda que cincuenta y cuatro personas (treinta y seis mujeres y dieciocho hombres) emprendimos al tomar el encargo de las consejerías electorales de veinte organismos públicos locales en octubre pasado conforme al acuerdo INE/CG2243/2024 reflexiono sobre los retos inmediatos que enfrentaré como consejera electoral en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), en un ambiente que, por una parte, contaba con estabilidad a partir de la reforma electoral de 2014, bajo un sistema electoral nacional y normalidad en los trabajos de democracia participativa y directa en la Ciudad de México, y por otra, con el parteaguas que representa la elección de las personas juzgadoras de los poderes judicial federal y locales, con la reforma del 15 de septiembre de 2024.
Transcripción:
Ante la encomienda que cincuenta y cuatro personas (treinta y seis mujeres y dieciocho hombres) emprendimos al tomar el encargo de las consejerías electorales de veinte organismos públicos locales en octubre pasado conforme al acuerdo INE/CG2243/2024 reflexiono sobre los retos inmediatos que enfrentaré como consejera electoral en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), en un ambiente que, por una parte, contaba con estabilidad a partir de la reforma electoral de 2014, bajo un sistema electoral nacional y normalidad en los trabajos de democracia participativa y directa en la Ciudad de México, y por otra, con el parteaguas que representa la elección de las personas juzgadoras de los poderes judicial federal y locales, con la reforma del 15 de septiembre de 2024.
Antes de entrar a estos temas, me gustaría recordar que los órganos electorales juegan un papel fundamental en el fortalecimiento de la democracia. Podría decir que se convierten en ancla de estabilidad política y social. Las funciones que desempeñamos quienes integramos este tipo de autoridades, como el IECM, se encuentran enmarcadas en los principios constitucionales de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.1 Además, la paridad de género representa un elemento toral para alcanzar, desde la visión electoral, la igualdad de género sustantiva.2
En ese sentido, el primer reto que asumo es seguir avanzando en la paridad de género en el quehacer cotidiano de la institución. Al mismo tiempo, fortalecer la transversalización de la igualdad de género y la no discriminación como principios del derecho humano. Hay que recordar que se debe seguir trabajando para asegurar la progresividad de estos derechos. Además, el cambio institucional y cultural es un esfuerzo de largo aliento y es posible que una mirada crítica, constante y propositiva, ayude de manera permanente a afrontar los nuevos obstáculos que la realidad nos presentará. No dudo que con la conformación actual del Consejo General del IECM, integrado por seis mujeres y un hombre, se podrá avanzar con fortaleza y consistencia en ese sentido.
Por otra parte, el IECM celebró veinticinco años de su creación considerando a su antecesor, el Instituto Electoral del Distrito Federal, que transmitió institucionalmente su gran experiencia, lo que le ha permitido innovarse y consolidarse en procesos de democracia directa, participativa y representativa como ninguna otra institución electoral en el país. Me refiero específicamente a los mecanismos reconocidos en el artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México.3
En ese sentido, se tiene programado para el año que viene llevar a cabo la Consulta para el Presupuesto Participativo 2025, así como actividades preparatorias del presupuesto participativo 2026 y 2027 y de la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026. Para estas actividades se tiene contemplada la utilización del 13.09 % del presupuesto solicitado por este órgano para actividades del propio Instituto,4 sin contar con las prerrogativas destinadas a las actividades de los partidos políticos con registro local.
Con relación a la constitución de nuevos partidos políticos locales, las asociaciones de las organizaciones ciudadanas interesadas podrán notificar su interés en llevar a cabo el proceso respectivo a partir del mes de enero de 2025.5 Esta actividad que se desarrolla cada seis años en la Ciudad de México y, en concreto, al año siguiente de la elección para la Jefatura de Gobierno, tiene un largo camino, pues durante más de doce meses las organizaciones que pretendan constituirse como partido político local, llevarán a cabo un número determinado de asambleas, con la asistencia mínima que determine la ley, y registrarán a las personas afiliadas bajo la vigilancia del personal del Instituto Electoral.
Parte del reto consistirá en la coordinación con las organizaciones interesadas, y en el apoyo de las herramientas tecnológicas del propio Instituto Nacional Electoral para realizar las afiliaciones de la ciudadanía que desee integrarse a estos nuevos organismos. Se llevará a cabo una verificación más directa, al mismo tiempo que se asegura la protección de datos personales de las personas afiliadas.
En este mismo sentido, deberemos realizar el registro de nuevas asociaciones políticas locales.6 Es justo reconocer que la normativa actual desincentiva la creación de estas asociaciones frente a la posibilidad de crear partidos políticos, no sólo por los requisitos de mayor nivel, sino también por la falta de apoyos públicos para las mismas. Sin embargo, la importancia de estas agrupaciones dentro de la democracia de la Ciudad de México impone el reto de incentivar la conformación y permanencia de estas.
En estos temas, en los cuales el IECM tiene ya experiencia, los retos se encuentran en la innovación, el uso de las nuevas tecnologías, buscar mayor eficiencia en los procedimientos y elevar la eficacia y confianza de estos, así como seguir incidiendo positivamente para que la ciudadanía se apropie de estos mecanismos y los haga trabajar para su beneficio, haciendo del quehacer público un espacio más cercano y de interés.
Al mismo tiempo, y conforme a la reforma del Poder Judicial en el país, se prevé que el próximo año el IECM organice la elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Ciudad de México. Este proceso electoral se vislumbra como el más complejo de la historia moderna de las elecciones en México, si se siguen los mismos estándares que se han tenido para las elecciones de los poderes ejecutivo y legislativo en los últimos años.
La complejidad se debe no sólo al número de cargos públicos a elegir, sino también a la dificultad para asegurar un voto informado de la ciudadanía para cargos que no habían sido del interés general del electorado; con tiempos acortados para la organización de las elecciones;7 falta de claridad en los mecanismos para informar o conocer a las personas candidatas; la forma diferente de votación que se podría desarrollar;8 la falta de precisión normativa y los conflictos sobre la aplicación de la norma, entre otros.
Así, por ejemplo, en la Ciudad de México, salvo las modificaciones previstas dada la extinción de diversos juzgados programados para noviembre de 2024, se tiene un universo aproximado de 502 plazas del Poder Judicial local a renovar, si es que se llevara a cabo la renovación completa durante 2025. Esto es así, ya que la Constitución local establece que el Poder Judicial local se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que cuenta con una Sala Constitucional, en un Consejo de la Judicatura, y en juzgados. Asimismo, contempla la existencia del Tribunal Electoral, el Sistema de Justicia Laboral y el Tribunal de Justicia Administrativa.9
El Tribunal Superior de esta Ciudad funciona en Pleno y en salas. El Pleno se conforma por setenta y ocho magistraturas y una magistratura que ostenta la presidencia que lo representa; asimismo, cuenta con juezas y jueces de todas las materias. De acuerdo con la normativa, y apoyada en el anexo estadístico del «Informe de Labores del TSJCDMX 2023»,10 se tiene un aproximado de 454 plazas a renovar en el marco de la reforma en materia judicial, considerando la fecha en la que se elaboró el presente artículo (79 magistraturas y 375 juezas y jueces).
Adicionalmente, conforme a la Constitución local, serán parte de la función judicial el Tribunal Electoral, el Sistema de Justicia Laboral y el Tribunal de Justicia Administrativa, que, de considerarse como parte de la reforma para la elección judicial del próximo año, podría aumentar el número de participantes a 502.
Bajo estas condiciones, estas elecciones se vislumbran como unas de las más complicadas en la historia, no sólo por lo que implican a nivel federal, sino además por las dificultadas anteriormente explicadas para elegir estos cargos públicos a nivel local. Al mismo tiempo, representan también una oportunidad de revisar nuestro modelo actual de elecciones con una mirada crítica que nos permita incorporar en mayor medida la tecnología, revisar si todos los candados de confianza que se han venido construyendo siguen siendo necesarios, o por lo menos lo son para esta elección, y buscar la manera de seguir expandiendo los derechos políticos de las personas, por mencionar algunos temas.
Así, por ejemplo, en la pasada elección concurrente se tuvo voto anticipado para personas residentes en el extranjero, para personas en prisión preventiva, así como para personas en postración (conforme a la normativa de la Ciudad de México). Ello nos muestra que se puede recoger de modo seguro la votación de manera anticipada a diferentes sectores de la sociedad. Incluso, a través de la sentencia al expediente SUP-JDC-639-202411 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se vincula al Consejo General del INE para que "lleve a cabo los actos necesarios para regular e implementar el voto electrónico por internet o alguna otra medida que, de forma justificada, estime más idónea para garantizar la accesibilidad de la participación en las elecciones de las personas ciudadanas con discapacidad y la de sus cuidadoras primarias residentes en el territorio nacional". Con este tipo de avances progresivos, me parece que se puede replantear el modelo de votación que tenemos en el país y, de manera particular, en la Ciudad de México.
Gran parte de ello dependerá no sólo de lo que el Congreso de la Ciudad de México resuelva sobre la respectiva reforma electoral, sino del tiempo previo con el que se cuente, el funcionamiento del sistema electoral nacional que se aplicaría por primera vez para la elección judicial en México, y la disposición de recursos para llevar a cabo esta elección.
No omito señalar que actualmente la Constitución Política de la Ciudad de México señala que ningún instrumento de participación ciudadana, excluyendo la consulta popular, podrá llevarse a cabo cuando exista proceso electoral en la Ciudad de México,12 razón por la cual el IECM nunca se ha sometido al estrés de organizar una elección en el mismo año que una Consulta de Presupuesto Participativo. En ese sentido, más allá de las modificaciones legales necesarias para que, en su caso, pudieran convivir ambos ejercicios democráticos, se requerirá de revisar de manera puntual los procedimientos de una y otra, así como los requerimientos correspondientes para hacer posible su convivencia en el mismo año.
Todas estas actividades programadas para el próximo año por el Instituto Electoral van encaminadas a la democratización de la Ciudad de México con ejercicios de participación ante una ciudadanía activa, presente y con propuestas claras para la ampliación de sus derechos en democracia y respeto por todas las formas de vida.
Reconozco que la democracia tiene que verse reflejada de una manera más palpable en la ciudadanía, pues ha llegado a existir un desencanto en la participación que muchas veces se percibe en distintas partes del país debido a los problemas económicos, de inseguridad o de pobreza. Por eso el trabajo de las autoridades electorales resulta fundamental, ya que sólo con el profesionalismo en el actuar de todos los días, es como se siembra la confianza en las personas, y con la cercanía a la ciudadanía es como se alimenta dicha confianza y se otorga la garantía de que la democracia es la única vía para la transición pacífica del poder político.
Antes de entrar a estos temas, me gustaría recordar que los órganos electorales juegan un papel fundamental en el fortalecimiento de la democracia. Podría decir que se convierten en ancla de estabilidad política y social. Las funciones que desempeñamos quienes integramos este tipo de autoridades, como el IECM, se encuentran enmarcadas en los principios constitucionales de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.1 Además, la paridad de género representa un elemento toral para alcanzar, desde la visión electoral, la igualdad de género sustantiva.2
En ese sentido, el primer reto que asumo es seguir avanzando en la paridad de género en el quehacer cotidiano de la institución. Al mismo tiempo, fortalecer la transversalización de la igualdad de género y la no discriminación como principios del derecho humano. Hay que recordar que se debe seguir trabajando para asegurar la progresividad de estos derechos. Además, el cambio institucional y cultural es un esfuerzo de largo aliento y es posible que una mirada crítica, constante y propositiva, ayude de manera permanente a afrontar los nuevos obstáculos que la realidad nos presentará. No dudo que con la conformación actual del Consejo General del IECM, integrado por seis mujeres y un hombre, se podrá avanzar con fortaleza y consistencia en ese sentido.
Por otra parte, el IECM celebró veinticinco años de su creación considerando a su antecesor, el Instituto Electoral del Distrito Federal, que transmitió institucionalmente su gran experiencia, lo que le ha permitido innovarse y consolidarse en procesos de democracia directa, participativa y representativa como ninguna otra institución electoral en el país. Me refiero específicamente a los mecanismos reconocidos en el artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México.3
En ese sentido, se tiene programado para el año que viene llevar a cabo la Consulta para el Presupuesto Participativo 2025, así como actividades preparatorias del presupuesto participativo 2026 y 2027 y de la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026. Para estas actividades se tiene contemplada la utilización del 13.09 % del presupuesto solicitado por este órgano para actividades del propio Instituto,4 sin contar con las prerrogativas destinadas a las actividades de los partidos políticos con registro local.
Con relación a la constitución de nuevos partidos políticos locales, las asociaciones de las organizaciones ciudadanas interesadas podrán notificar su interés en llevar a cabo el proceso respectivo a partir del mes de enero de 2025.5 Esta actividad que se desarrolla cada seis años en la Ciudad de México y, en concreto, al año siguiente de la elección para la Jefatura de Gobierno, tiene un largo camino, pues durante más de doce meses las organizaciones que pretendan constituirse como partido político local, llevarán a cabo un número determinado de asambleas, con la asistencia mínima que determine la ley, y registrarán a las personas afiliadas bajo la vigilancia del personal del Instituto Electoral.
Parte del reto consistirá en la coordinación con las organizaciones interesadas, y en el apoyo de las herramientas tecnológicas del propio Instituto Nacional Electoral para realizar las afiliaciones de la ciudadanía que desee integrarse a estos nuevos organismos. Se llevará a cabo una verificación más directa, al mismo tiempo que se asegura la protección de datos personales de las personas afiliadas.
En este mismo sentido, deberemos realizar el registro de nuevas asociaciones políticas locales.6 Es justo reconocer que la normativa actual desincentiva la creación de estas asociaciones frente a la posibilidad de crear partidos políticos, no sólo por los requisitos de mayor nivel, sino también por la falta de apoyos públicos para las mismas. Sin embargo, la importancia de estas agrupaciones dentro de la democracia de la Ciudad de México impone el reto de incentivar la conformación y permanencia de estas.
En estos temas, en los cuales el IECM tiene ya experiencia, los retos se encuentran en la innovación, el uso de las nuevas tecnologías, buscar mayor eficiencia en los procedimientos y elevar la eficacia y confianza de estos, así como seguir incidiendo positivamente para que la ciudadanía se apropie de estos mecanismos y los haga trabajar para su beneficio, haciendo del quehacer público un espacio más cercano y de interés.
Al mismo tiempo, y conforme a la reforma del Poder Judicial en el país, se prevé que el próximo año el IECM organice la elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Ciudad de México. Este proceso electoral se vislumbra como el más complejo de la historia moderna de las elecciones en México, si se siguen los mismos estándares que se han tenido para las elecciones de los poderes ejecutivo y legislativo en los últimos años.
La complejidad se debe no sólo al número de cargos públicos a elegir, sino también a la dificultad para asegurar un voto informado de la ciudadanía para cargos que no habían sido del interés general del electorado; con tiempos acortados para la organización de las elecciones;7 falta de claridad en los mecanismos para informar o conocer a las personas candidatas; la forma diferente de votación que se podría desarrollar;8 la falta de precisión normativa y los conflictos sobre la aplicación de la norma, entre otros.
Así, por ejemplo, en la Ciudad de México, salvo las modificaciones previstas dada la extinción de diversos juzgados programados para noviembre de 2024, se tiene un universo aproximado de 502 plazas del Poder Judicial local a renovar, si es que se llevara a cabo la renovación completa durante 2025. Esto es así, ya que la Constitución local establece que el Poder Judicial local se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que cuenta con una Sala Constitucional, en un Consejo de la Judicatura, y en juzgados. Asimismo, contempla la existencia del Tribunal Electoral, el Sistema de Justicia Laboral y el Tribunal de Justicia Administrativa.9
El Tribunal Superior de esta Ciudad funciona en Pleno y en salas. El Pleno se conforma por setenta y ocho magistraturas y una magistratura que ostenta la presidencia que lo representa; asimismo, cuenta con juezas y jueces de todas las materias. De acuerdo con la normativa, y apoyada en el anexo estadístico del «Informe de Labores del TSJCDMX 2023»,10 se tiene un aproximado de 454 plazas a renovar en el marco de la reforma en materia judicial, considerando la fecha en la que se elaboró el presente artículo (79 magistraturas y 375 juezas y jueces).
Adicionalmente, conforme a la Constitución local, serán parte de la función judicial el Tribunal Electoral, el Sistema de Justicia Laboral y el Tribunal de Justicia Administrativa, que, de considerarse como parte de la reforma para la elección judicial del próximo año, podría aumentar el número de participantes a 502.
Bajo estas condiciones, estas elecciones se vislumbran como unas de las más complicadas en la historia, no sólo por lo que implican a nivel federal, sino además por las dificultadas anteriormente explicadas para elegir estos cargos públicos a nivel local. Al mismo tiempo, representan también una oportunidad de revisar nuestro modelo actual de elecciones con una mirada crítica que nos permita incorporar en mayor medida la tecnología, revisar si todos los candados de confianza que se han venido construyendo siguen siendo necesarios, o por lo menos lo son para esta elección, y buscar la manera de seguir expandiendo los derechos políticos de las personas, por mencionar algunos temas.
Así, por ejemplo, en la pasada elección concurrente se tuvo voto anticipado para personas residentes en el extranjero, para personas en prisión preventiva, así como para personas en postración (conforme a la normativa de la Ciudad de México). Ello nos muestra que se puede recoger de modo seguro la votación de manera anticipada a diferentes sectores de la sociedad. Incluso, a través de la sentencia al expediente SUP-JDC-639-202411 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se vincula al Consejo General del INE para que "lleve a cabo los actos necesarios para regular e implementar el voto electrónico por internet o alguna otra medida que, de forma justificada, estime más idónea para garantizar la accesibilidad de la participación en las elecciones de las personas ciudadanas con discapacidad y la de sus cuidadoras primarias residentes en el territorio nacional". Con este tipo de avances progresivos, me parece que se puede replantear el modelo de votación que tenemos en el país y, de manera particular, en la Ciudad de México.
Gran parte de ello dependerá no sólo de lo que el Congreso de la Ciudad de México resuelva sobre la respectiva reforma electoral, sino del tiempo previo con el que se cuente, el funcionamiento del sistema electoral nacional que se aplicaría por primera vez para la elección judicial en México, y la disposición de recursos para llevar a cabo esta elección.
No omito señalar que actualmente la Constitución Política de la Ciudad de México señala que ningún instrumento de participación ciudadana, excluyendo la consulta popular, podrá llevarse a cabo cuando exista proceso electoral en la Ciudad de México,12 razón por la cual el IECM nunca se ha sometido al estrés de organizar una elección en el mismo año que una Consulta de Presupuesto Participativo. En ese sentido, más allá de las modificaciones legales necesarias para que, en su caso, pudieran convivir ambos ejercicios democráticos, se requerirá de revisar de manera puntual los procedimientos de una y otra, así como los requerimientos correspondientes para hacer posible su convivencia en el mismo año.
Todas estas actividades programadas para el próximo año por el Instituto Electoral van encaminadas a la democratización de la Ciudad de México con ejercicios de participación ante una ciudadanía activa, presente y con propuestas claras para la ampliación de sus derechos en democracia y respeto por todas las formas de vida.
Reconozco que la democracia tiene que verse reflejada de una manera más palpable en la ciudadanía, pues ha llegado a existir un desencanto en la participación que muchas veces se percibe en distintas partes del país debido a los problemas económicos, de inseguridad o de pobreza. Por eso el trabajo de las autoridades electorales resulta fundamental, ya que sólo con el profesionalismo en el actuar de todos los días, es como se siembra la confianza en las personas, y con la cercanía a la ciudadanía es como se alimenta dicha confianza y se otorga la garantía de que la democracia es la única vía para la transición pacífica del poder político.