En democracia contamos todos: el voto para personas en prisión preventiva
Resumen:
Derivado de una impugnación de dos ciudadanos realizada previo a las elecciones presidenciales de 2018, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que las personas que se encuentran en prisión y no han sido sentenciadas, tienen derecho a votar ya que están amparadas por uno de los principios fundamentales de cualquier Estado democrático: la presunción de inocencia.
Transcripción:
Derivado de una impugnación de dos ciudadanos realizada previo a las elecciones presidenciales de 2018, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que las personas que se encuentran en prisión y no han sido sentenciadas, tienen derecho a votar ya que están amparadas por uno de los principios fundamentales de cualquier Estado democrático: la presunción de inocencia.
Bajo esta determinación, se le ordenó al INE llevar a cabo una prueba piloto en 2021, con miras a su implementación en las elecciones de este año, para garantizar que las personas privadas de su libertad y que no tengan sentencia pudieran ejercer este derecho.
El plazo se cumplió y en los comicios de este año se inscribieron 30 mil 947 personas en el programa para votos de personas en prisión preventiva organizado por el INE, de las cuales, 26 mil 568 emitieron su sufragio, es decir, el 85.85%.
En el caso de la Ciudad de México, donde además el Congreso local estableció la obligación para la autoridad electoral de garantizar el derecho al voto en los comicios locales a este sector de la población, el IECM informó que 1,689 personas en prisión preventiva en 8 centros penitenciarios emitieron su sufragio.
Además, el INE promovió ante las autoridades de los Centros Penitenciarios la posibilidad de que al interior se transmitieran los debates presidenciales y, en el caso de la capital del país, el IECM realizó un debate entre representantes de partidos políticos dentro del Centro de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, mismo que fue transmitido en siete centros penitenciarios.
Estos ejercicios representan un avance importante hacia la garantía efectiva de los derechos político-electorales de todas las personas, al posibilitar el ejercicio del voto libre, secreto e informado de un sector de la población que históricamente no había sido tomado en cuenta.
Nuestra Constitución es clara al señalar que "toda persona imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia definitiva y firme", por ello, este ejercicio representa una gran contribución a nuestro estado de derecho y a la consolidación de la democracia mexicana.
El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la figura de la prisión preventiva resulta incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, ordenando al Estado mexicano adecuar el marco jurídico respectivo. Las reacciones no se han hecho esperar con pronunciamientos a favor y en contra de esta determinación. Mientras el tema se resuelve, resulta imperativo que sigamos impulsando que todas las autoridades protejan desde una visión garantista los derechos de las personas que se encuentran bajo esta figura. Con ello, hagamos lo que corresponde.
POR MTRA. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ COMISIONADA CIUDADANA DEL INFO CDMX X: @LAURAENRIQUEZR INSTAGRAM: @LAURA.ENRIQUEZR
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Bajo esta determinación, se le ordenó al INE llevar a cabo una prueba piloto en 2021, con miras a su implementación en las elecciones de este año, para garantizar que las personas privadas de su libertad y que no tengan sentencia pudieran ejercer este derecho.
El plazo se cumplió y en los comicios de este año se inscribieron 30 mil 947 personas en el programa para votos de personas en prisión preventiva organizado por el INE, de las cuales, 26 mil 568 emitieron su sufragio, es decir, el 85.85%.
En el caso de la Ciudad de México, donde además el Congreso local estableció la obligación para la autoridad electoral de garantizar el derecho al voto en los comicios locales a este sector de la población, el IECM informó que 1,689 personas en prisión preventiva en 8 centros penitenciarios emitieron su sufragio.
Además, el INE promovió ante las autoridades de los Centros Penitenciarios la posibilidad de que al interior se transmitieran los debates presidenciales y, en el caso de la capital del país, el IECM realizó un debate entre representantes de partidos políticos dentro del Centro de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, mismo que fue transmitido en siete centros penitenciarios.
Estos ejercicios representan un avance importante hacia la garantía efectiva de los derechos político-electorales de todas las personas, al posibilitar el ejercicio del voto libre, secreto e informado de un sector de la población que históricamente no había sido tomado en cuenta.
Nuestra Constitución es clara al señalar que "toda persona imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia definitiva y firme", por ello, este ejercicio representa una gran contribución a nuestro estado de derecho y a la consolidación de la democracia mexicana.
El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la figura de la prisión preventiva resulta incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, ordenando al Estado mexicano adecuar el marco jurídico respectivo. Las reacciones no se han hecho esperar con pronunciamientos a favor y en contra de esta determinación. Mientras el tema se resuelve, resulta imperativo que sigamos impulsando que todas las autoridades protejan desde una visión garantista los derechos de las personas que se encuentran bajo esta figura. Con ello, hagamos lo que corresponde.
POR MTRA. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ COMISIONADA CIUDADANA DEL INFO CDMX X: @LAURAENRIQUEZR INSTAGRAM: @LAURA.ENRIQUEZR
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