Con el voto unánime de 32 senadores de todas las fuerzas políticas, las comisiones unidas del Senado avalaron la reforma constitucional que incluye por primera vez la protección de las mujeres y niñas de comunidades originarias contra la violencia sexual y de género.
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Con el voto unánime de 32 senadores de todas las fuerzas políticas, las comisiones unidas del Senado avalaron la reforma constitucional que incluye por primera vez la protección de las mujeres y niñas de comunidades originarias contra la violencia sexual y de género.
"Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva y en condiciones de igualdad sustantiva en los procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades; en la toma de decisiones de carácter público; en la promoción y respeto de sus derechos de acceso a la educación, a la salud, a la propiedad y la posesión de la tierra, y demás derechos humanos.
"Se reconoce y garantiza el derecho de la niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana a una atención adecuada en sus propias lenguas, para hacer efectivo el conocimiento y ejercicio pleno de sus derechos de acceso a la educación, a la salud, a la tecnología, al arte, a la cultura, al deporte y a la capacitación para el trabajo, entre otros. Asimismo, se garantizará una vida libre de exclusión, discriminación y violencia, en especial de la violencia sexual y de género, y se establecerán políticas dirigidas a prevenir y atender las adicciones, con visión de respeto a sus identidades culturales", dice la reforma constitucional. La senadora morenista Martha Lucía Micher Camarena recordó que desde las dos últimas legislaturas en el Congreso de la Unión "hemos estado luchando contra la venta de niñas, el matrimonio forzado y todas estas costumbres que espero que se legislen en las leyes secundarias, porque así lo hemos hecho en años pasados, tipificando esto como un delito.
"Yo no quiero ser irresponsable en esta preocupación; simplemente quiero presentar una realidad que me ha preocupado y que tengo la esperanza de que se ratifique en las leyes secundarias", expresó la legisladora federal Beatriz Mojica, quien no es parte de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, pero participó en la sesión. Aseguró que los usos y costumbres de los pueblos indígenas no incluyen ni la compra-venta de niñas ni el matrimonio forzado: "es un delito y así se tendrá que castigar".
La reforma constitucional reconoce "a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios". Establece que las comunidades indígenas tendrán derecho a "decidir, conforme a sus sistemas normativos y, de acuerdo con esta Constitución, sus formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social, económica, política y cultural.
"Aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.
La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes", señala.
Será este martes cuando el dictamen sea conocido en primera lectura por el pleno del Senado.
La reforma constitucional reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios.
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