Transcripción:
Las comisiones del Senado avalaron la reforma secundaria al Poder Judicial con un cambio para otorgar a los Poderes de la Unión el derecho a veto del listado de aspirantes a la elección de juzgadores.
Durante el debate, el panista Ricardo Anaya acusó que, con lo anterior, los morenistas aceptaron lo que siempre habían negado: que ellos serán la única fuerza política que decida quién aparecerá en la boleta para votar a jueces, ministros y magistrados, pues tienen la Presidencia y son mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
En la sesión de las comisiones hubo un galimatías legislativo en el que, por primera vez en la historia, se aprobó una reforma primero en lo particular y luego en lo general, ya que aprobaron primero las reservas de la Ley General de Medios de Impugnación, pero ésta no había recibido el aval en lo general.
Antes, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acordaron mantener el diálogo "aun en las condiciones más difíciles".
En medio de un galimatías legislativo en el que, por primera vez en la historia, se aprobó una reforma primero en lo particular y luego en lo general, las comisiones del Senado avalaron ayer la reforma secundaria al Poder Judicial propuesta por la Presidenta de la República, con un cambio para dar a los Poderes de la Unión el derecho a veto del listado de aspirantes a la elección de juzgadores.
Después de un debate intenso, las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado se metieron en un galimatías jurídico, porque el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, incurrió en un error: se acababa de aprobar en lo general la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se abrió la discusión en lo particular, la cual se aprobó.
Pero Inzunza, quien fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, leyó y permitió la presentación de reservas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la cual ni siquiera se había presentado para discusión.
La oposición, que detectó la pifia, decidió guardar silencio, mientras la mayoría morenista avanzaba en la aprobación de reformas de dos decretos de manera simultánea, sin concluir lo anunciado y discutido, y con aprobación en lo particular del segundo.
Pero poco a poco, ante la insistencia del secretario técnico, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Margarita Valdez, se percató del error y pidió que se concluyera la votación en particular de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con las dos reservas aprobadas, pero la confusión creció entre los senadores morenistas, incluidas quienes ya tienen seis años continuos como senadores.
Fue necesario que el secretario general de Servicios Administrativos, Arturo Garita, llegara a la sesión para corregir el procedimiento.
Así, se concluyó la votación en lo general de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y luego se abrió para discusión en lo general y en lo particular la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; sin embargo, lo hicieron con la reserva ya aprobada.
La emecista Alejandra Barrales hizo ver que la oposición se había dado cuenta de que las comisiones aprobaron primero en lo particular y después en lo general una reforma, lo que definió como "momentos laxos" en materia legislativa. Anoche, la oposición y el oficialismo se enfrascaron en un debate de reproches mutuos, sin que Morena y sus aliados respondieran a las inquietudes técnico-jurídicas que existen sobre las incongruencias que hay entre el texto de las leyes y la reciente reforma constitucional.
Los oficialistas hablaron de corrupción, de mandato del pueblo para acabar con ministros y jueces que no trabajan y que solo responden a intereses de poderes fácticos, pero la oposición les aclaró en diferentes ocasiones que no pueden descalificar a ministros que incluso fueron propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y elegidos por senadores que fueron reelectos.
Cuando el panista Ricardo Anaya hizo ver que, con sus argumentaciones, los morenistas habían aceptado lo que negaron durante semanas, y es que Morena será la única fuerza política que decida los candidatos a juzgadores federales, de inmediato gritos. El morenista Manuel Huerta le pidió "mejor canta la de Los diez perritos", lo que generó que la presidenta de la Comisión de Gobernación, Margarita Valdez, lo llamara al orden y le recordara que con esas expresiones "nos vemos mal".
Manuel Huerta, de Morena, fue quien presentó la propuesta de modificación, que consiste en agregar que "los Poderes de la Unión determinarán, en primer término, su conformidad total o parcial con los listados referidos en el párrafo anterior (los que elaboren los Comités de Evaluación) y, en caso de que se rechace la totalidad de los listados, los Comités deberán presentar un nuevo listado".
De inmediato, el panista Ricardo Anaya alertó que se trata de un cambio que contraviene la reforma constitucional, pues en ella se establece que los comités evaluarán a los aspirantes para hacer un listado, del cual elegirán los mejores perfiles, y luego los someterán a insaculación para presentar los aspirantes que deben postular cada uno de los Poderes de la Unión; con esta reforma, ahora se dice que se van a poder vetar los listados antes de la insaculación.
Pero los morenistas ignoraron al panista y votaron a favor de la reserva, que después se enredó en el galimatías legislativo que se vivió.
EL DATO
Oposición revira
El panista Ricardo Anaya alertó que la reserva aprobada viola la Constitución, pues en ella se establece que los comités conformarán los listados de aspirantes a juzgadores.