Van 70 suspensiones contra reforma al PJ
Resumen:
Jueces federales de 15 estados han concedido al menos 70 suspensiones para frenar la implementación de la reforma judicial, vigente desde el pasado 16 de septiembre.
Transcripción:
Jueces federales de 15 estados han concedido al menos 70 suspensiones para frenar la implementación de la reforma judicial, vigente desde el pasado 16 de septiembre.
Un análisis de listas de acuerdos de los 32 circuitos, del 26 de septiembre hasta el 2 de octubre, indica que se han multiplicado las demandas admitidas a trámite, pese a que se trata de una reforma constitucional que, por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, no puede ser impugnada por esta vía.
Al menos 34 de estas suspensiones instruyen a detener el proceso para la elección de ministros, magistrados y jueces, agendada para junio de 2025, mediante órdenes directas al Instituto Nacional Electoral (INE), al Senado o a las autoridades responsables en general.
Hasta ayer, el INE solamente había recibido nueve notificaciones, y en la mayoría de las demandas se advierte que, de no frenar el proceso, habrá sanciones de 3 a 9 años de prisión, multa de 50,500 días, destitución e inhabilitación de 9 años.
La semana pasada, la presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, aseguró que, una vez que fueran notificados, tomarían una decisión; sin embargo, los consejeros no se han reunido para debatir el tema, pese a que en las notificaciones se le da al INE un plazo de 24 y 48 horas para atender.
Las suspensiones que ordenan parar la elección han sido concedidas por los jueces y juezas Segundo de Distrito en Colima, Quinto en Yucatán, Cuarto en Materia Administrativa en Jalisco, Décimo y Décimo Noveno en Veracruz, Primero en Baja California y Primero en Durango.
Además de prohibir al INE seguir con el proceso electoral -que inició el 23 de septiembre-, los jueces también niegan al Senado emitir la convocatoria para la elección, lo que debe hacer a más tardar el 16 de octubre, mientras que algunas mandatan al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no implementar actos para la transición a los nuevos órganos de administración y disciplina.
La primera de estas suspensiones, concedida el 24 de septiembre en Colima, fue confirmada el lunes por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, mientras que el juez Cuarto Administrativo en Jalisco, Francisco Ramírez Marcial, ha otorgado 25 suspensiones.
Varios jueces también han ordenado a las autoridades que se abstengan de emitir cualquier declaración que constituya un ataque, escarnio o difamación de los juzgadores.
Para eludir la jurisprudencia de la Corte, las demandas impugnan el artículo 61 de la Ley de Amparo, que es el que prohíbe esta vía para cuestionar cambios a la Constitución.
Desde finales de agosto, algunos jueces concedieron suspensiones para frenar la aprobación de la reforma, pero los poderes Legislativo y Ejecutivo ignoraron estos mandatos.
Sin embargo, no está claro si el INE podrá simplemente desacatar las suspensiones, lo que constituye un delito federal, más allá de que la Fiscalía General de la República probablemente no lo perseguirá cuando sea denunciado.
Trabajadores del Poder Judicial que rechazan la reforma se manifestaron frente a la sede del Consejo de la Judicatura.
Un análisis de listas de acuerdos de los 32 circuitos, del 26 de septiembre hasta el 2 de octubre, indica que se han multiplicado las demandas admitidas a trámite, pese a que se trata de una reforma constitucional que, por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, no puede ser impugnada por esta vía.
Al menos 34 de estas suspensiones instruyen a detener el proceso para la elección de ministros, magistrados y jueces, agendada para junio de 2025, mediante órdenes directas al Instituto Nacional Electoral (INE), al Senado o a las autoridades responsables en general.
Hasta ayer, el INE solamente había recibido nueve notificaciones, y en la mayoría de las demandas se advierte que, de no frenar el proceso, habrá sanciones de 3 a 9 años de prisión, multa de 50,500 días, destitución e inhabilitación de 9 años.
La semana pasada, la presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, aseguró que, una vez que fueran notificados, tomarían una decisión; sin embargo, los consejeros no se han reunido para debatir el tema, pese a que en las notificaciones se le da al INE un plazo de 24 y 48 horas para atender.
Las suspensiones que ordenan parar la elección han sido concedidas por los jueces y juezas Segundo de Distrito en Colima, Quinto en Yucatán, Cuarto en Materia Administrativa en Jalisco, Décimo y Décimo Noveno en Veracruz, Primero en Baja California y Primero en Durango.
Además de prohibir al INE seguir con el proceso electoral -que inició el 23 de septiembre-, los jueces también niegan al Senado emitir la convocatoria para la elección, lo que debe hacer a más tardar el 16 de octubre, mientras que algunas mandatan al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no implementar actos para la transición a los nuevos órganos de administración y disciplina.
La primera de estas suspensiones, concedida el 24 de septiembre en Colima, fue confirmada el lunes por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, mientras que el juez Cuarto Administrativo en Jalisco, Francisco Ramírez Marcial, ha otorgado 25 suspensiones.
Varios jueces también han ordenado a las autoridades que se abstengan de emitir cualquier declaración que constituya un ataque, escarnio o difamación de los juzgadores.
Para eludir la jurisprudencia de la Corte, las demandas impugnan el artículo 61 de la Ley de Amparo, que es el que prohíbe esta vía para cuestionar cambios a la Constitución.
Desde finales de agosto, algunos jueces concedieron suspensiones para frenar la aprobación de la reforma, pero los poderes Legislativo y Ejecutivo ignoraron estos mandatos.
Sin embargo, no está claro si el INE podrá simplemente desacatar las suspensiones, lo que constituye un delito federal, más allá de que la Fiscalía General de la República probablemente no lo perseguirá cuando sea denunciado.
Trabajadores del Poder Judicial que rechazan la reforma se manifestaron frente a la sede del Consejo de la Judicatura.