Resumen:
No hay duda de que va cambiando la narrativa del gobierno en torno a la industria productora de medicamentos. De hace 10 meses hasta ahora, el tono del discurso gubernamental es otro. Se ha pasado de la desconfianza absoluta y acusaciones de corrupción en todos sentidos, a notarse hoy cierta intención de querer comprender el funcionamiento del complejo sector farmacéutico.
Transcripción:
No hay duda de que va cambiando la narrativa del gobierno en torno a la industria productora de medicamentos. De hace 10 meses hasta ahora, el tono del discurso gubernamental es otro. Se ha pasado de la desconfianza absoluta y acusaciones de corrupción en todos sentidos, a notarse hoy cierta intención de querer comprender el funcionamiento del complejo sector farmacéutico.
De algo habrán servido las reuniones semanales que tuvieron las cabezas del gremio farmacéutico con las autoridades hacendarias a lo largo de septiembre y octubre.
En el arranque de la siguiente compra de medicamentos genéricos para el abasto del 2020, la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, empezó el estudio de mercado preguntando a la industria nacional e incluso ha puesto sobre la mesa la opción de una licitación con proveedores sólo nacionales. Aún mantiene la advertencia de comprar en el exterior si aquí no consigue las condiciones buscadas, pero con tono más cordial. Los empresarios coinciden en que hay un ánimo diferente.
Es evidente que la curva de aprendizaje avanza. Y si así siguen las cosas, quizá llegue el momento en que el abordaje sea en torno a qué política farmacéutica requiere el país y sobre el lugar de las fabricantes de medicamentos esenciales dentro de una política industrial hacia el futuro.
Los directivos farmacéuticos han tratado de explicar por todos los medios que la planeación de sus procesos es tardada; para el surtido de grandes cantidades como las que solicita el sector público mexicano no se producen en dos meses ni en tres, sino en seis meses, y ya muy apretados en cuatro.
Por eso en torno a la licitación del 2020 que será lanzada el 15 de noviembre, con fallo final para el 18 de diciembre, es imposible esperar a que surtan en enero. Enrique Martínez, de Inefam, calcula que será más bien entre marzo y abril que estén entregando lo de esta próxima licitación.
La esperanza de los industriales es que la autoridad permita entregas escalonadas o algo así. Pero mientras tanto, siguen abiertas dos grandes incógnitas: cantidades requeridas y fechas de entrega, es decir, cuánto y cuándo. El temor es que si la autoridad exige que se entregue a toda costa desde enero, será imposible, y entonces se les culpe del desabasto y se recurra de nuevo al exterior.
Dice Juan de Villafranca, cabeza de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), que como industria están con todo el ánimo de apurarse y garantizar el abasto, pero los tiempos de producción de fármacos aquí y en todo el mundo son los mismos y no es posible adelantarlos.
Una vez que el ganador sabe que triunfó, es hasta entonces que empieza con todo el proceso: compra e importa materia prima, hace pruebas de calidad, confirma que cumple con lo exigido por Cofepris, y entonces comienza a fabricar la terapia; antes no. A menos que tenga inventarios... Pero como hablamos de productos con caducidad estrecha, tampoco les es rentable tener gran inventario con el riesgo de que termine sin utilizarse.
Si la autoridad insiste en ajustar demasiado los tiempos, se limita el potencial número de participantes, pues pocas empresas tienen stock de materia prima.
Etiquetado frontal ya es ley y la NOM se discute en la Conamer
Quienes están de plácemes son las 35 organizaciones agrupadas en la Alianza por la Salud Alimentaria, y en particular la de El Poder del Consumidor que lleva Alejandro Calvillo; ContraPESO que encabeza Ana Larrañaga y la Fundación Interamericana del Corazón México que lleva Erick Ochoa. Llevaban años empujando el etiquetado frontal de alimentos y bebidas en México, y la historia les está dando la razón. Ayer en el pleno del Senado quedó aprobado el dictamen que convierte en ley el etiquetado que advertirá cuando sean alimentos altos en grasas, azúcares, sodio o en calorías.