Congreso capitalino en el ojo del huracán
Resumen:
CONGRESO CAPITALINO, EN EL OJO DEL HURACAN.
Transcripción:
La despenalización total del aborto que se discutirá en el Congreso de la Ciudad de México no busca que las mujeres acudan a realizar el procedimiento, sino que aquellas que, por voluntad propia o complicaciones en su embarazo, lo realicen, no sean criminalizadas, explicaron un jurista y una legisladora.
"No es lo mismo legalizarlo que despenalizarlo", comentó el penalista Irving Regino en entrevista con 24 HORAS, al señalar que mediante dicha reforma se elimina el delito de aborto del Código Penal local, el cual actualmente castiga la interrupción del embarazo después de las 12 semanas con penas de tres a seis meses de prisión en la capital.
Indicó que el proyecto de ley no es una invitación para que todas las mujeres vayan a abortar "a diestra y siniestra", porque no es el objetivo.
Asimismo, advirtió que en México existen cifras negras de abortos clandestinos que muchas veces terminan en problemas de salud para la propia madre, y mediante dicha iniciativa se combatiría ese "sector oscuro".
En palabras de la diputada Cecilia Vadillo, esta iniciativa busca proteger a mujeres en extrema pobreza que tienen dificultades para acceder oportunamente a servicios de salud para interrumpir su embarazo, que fueron víctimas de violencia sexual y, por lo tanto, presentan una detección tardía de su embarazo, así como aquellas que enfrentan alguna complicación de salud, como un accidente o malformación, que les impide continuar con la gestación.
"Estos casos suceden y en la práctica tenemos que legislar para no criminalizar a ninguna mujer, sobre todo para garantizar que puedan acceder al sistema de salud y que los médicos no tengan miedo, porque en casos donde hay problemas con la salud de la mujer, no pueden atenderla por miedo a ser criminalizados", comentó Regino.
Al respecto, el penalista señaló que actualmente la sanción es mayor para la persona que ayuda a la mujer que en el caso de que esta actúe de manera voluntaria, ya que las penas van de uno a tres años de prisión, mientras que a la mujer le corresponden sanciones de tres a seis meses.
Recordó que esta discusión se planeó desde 2021 con la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien aseveró que la penalización por interrumpir un embarazo de forma voluntaria era inconstitucional.
HECHO: En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional condenar a mujeres por decidir sobre su cuerpo.
"Es mejor que se analicen los casos concretos para, a partir de ahí, trabajar en otro tipo de políticas que no necesariamente tienen que estar acompañadas de un castigo, como actualmente se tiene", comentó IRVING REGINO, abogado penalista.
"No es lo mismo legalizarlo que despenalizarlo", comentó el penalista Irving Regino en entrevista con 24 HORAS, al señalar que mediante dicha reforma se elimina el delito de aborto del Código Penal local, el cual actualmente castiga la interrupción del embarazo después de las 12 semanas con penas de tres a seis meses de prisión en la capital.
Indicó que el proyecto de ley no es una invitación para que todas las mujeres vayan a abortar "a diestra y siniestra", porque no es el objetivo.
Asimismo, advirtió que en México existen cifras negras de abortos clandestinos que muchas veces terminan en problemas de salud para la propia madre, y mediante dicha iniciativa se combatiría ese "sector oscuro".
En palabras de la diputada Cecilia Vadillo, esta iniciativa busca proteger a mujeres en extrema pobreza que tienen dificultades para acceder oportunamente a servicios de salud para interrumpir su embarazo, que fueron víctimas de violencia sexual y, por lo tanto, presentan una detección tardía de su embarazo, así como aquellas que enfrentan alguna complicación de salud, como un accidente o malformación, que les impide continuar con la gestación.
"Estos casos suceden y en la práctica tenemos que legislar para no criminalizar a ninguna mujer, sobre todo para garantizar que puedan acceder al sistema de salud y que los médicos no tengan miedo, porque en casos donde hay problemas con la salud de la mujer, no pueden atenderla por miedo a ser criminalizados", comentó Regino.
Al respecto, el penalista señaló que actualmente la sanción es mayor para la persona que ayuda a la mujer que en el caso de que esta actúe de manera voluntaria, ya que las penas van de uno a tres años de prisión, mientras que a la mujer le corresponden sanciones de tres a seis meses.
Recordó que esta discusión se planeó desde 2021 con la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien aseveró que la penalización por interrumpir un embarazo de forma voluntaria era inconstitucional.
HECHO: En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional condenar a mujeres por decidir sobre su cuerpo.
"Es mejor que se analicen los casos concretos para, a partir de ahí, trabajar en otro tipo de políticas que no necesariamente tienen que estar acompañadas de un castigo, como actualmente se tiene", comentó IRVING REGINO, abogado penalista.