Reforma judicial ante la CIDH
Resumen:
Jorge Camargo Zurita Consultor de comunicación política @jorgecamargoz jorgecamargozurita@gmail.c
Transcripción:
No va a mejorar la justicia federal, sino que abrirá la puerta a la improvisación.
La reforma judicial es un berenjenal. Está mal hecha, es inaplicable en vía secundaria, combatible, frenable por cualquier ciudadano y llena de minas para cualquier funcionario que quiera implementarla, como es el caso de la presidenta consejera del INE, que le puede resultar una destitución e inhabilitación.
Es consecuencia de la intención misma de su origen. La circunda una serie de falsas verdades, digamos. No va a mejorar la justicia federal, sino por el contrario; abrirá la puerta a la improvisación, a la manipulación y compra de votos para la elección de juzgadores y tampoco se va a cambiar la percepción que las empresas globales, de Estados Unidos y Canadá, tienen de sus efectos negativos. A los capitales no se les convence con retórica, y menos con mentiras.
Ayer vivimos una decisión importantísima de la Suprema Corte: el abrir la vía para revisar el procedimiento de una reforma constitucional que en sus efectos afecta la independencia del Poder Judicial de la Federación. Consulta interpuesta por personas juzgadoras.
Pero, adicionalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció la apertura de una sesión especial para conocer de la reforma judicial elaborada y aprobada por Morena, no por el pueblo de México, dado que eso es sólo retórica, y de sus efectos negativos a la independencia judicial y a la protección de los derechos humanos de los mexicanos.
La audiencia fue solicitada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), que preside la jueza Juana Fuentes Velázquez, en virtud de que la reforma es contraria no sólo a los propios principios constitucionales, sino también a las convenciones y tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado.
A la par del logro de JUFED existe otra audiencia programada para conocer de la denuncia sobre la misma reforma, solicitada por un organismo latinoamericano de juzgadores que elevó un recurso ante la CIDH, por los impactos negativos que generará en las democracias de América Latina.
Como puede verse, la reforma no es una cosa menor. No basta con decir que está ya aprobada y nada se puede hacer.
Legisladores de Morena confirman para estas líneas que en todo momento se informó al extitular del Ejecutivo que habría problemas en sostener la reforma, dado que se requería de un análisis mayor e incluso se entregó una ruta crítica de lo vulnerable que era ésta, desde la propia vía del amparo.
Sin embargo, cuando los llamados foros de consulta se iniciaron, dieron la instrucción de ir con el proyecto sin subsanar las deficiencias. Dejar las inconsistencias.
Los cálculos de quienes habían pasado por el Poder Judicial y colaboraban con Morena, sin embargo, demostraron muy pronto que no conocían ni a los trabajadores ni a los juzgadores. La fuerza como se levantaron para defender sus derechos constitucionales y convencionales, nunca fue calculado.
La apuesta se centró en dividir a los trabajadores, afirmando que sus prestaciones no se afectarían. Y ahí el error del colaborador de Morena porque existen trabajadores con hasta 15 años de antigüedad que forman parte de la carrera judicial y que pierden absolutamente la posibilidad de escalar a juzgadores. Ese efecto lo escondieron intencionalmente.
Ahora se busca convencer a las empresas internacionales de que es una mentira. Recordamos lo dicho por el Consejo de Empresas Globales:
“El actual proyecto de reforma contiene algunos aspectos críticos que deben ser ajustados para asegurar la certeza jurídica y evitar que se desincentiven las inversiones (...) Que no incumpla obligaciones previstas en tratados comerciales internacionales (...) Respeto a las condiciones de servicio e inamovilidad de los jueces, que garanticen su independencia y derechos”.
La reforma judicial es un berenjenal. Está mal hecha, es inaplicable en vía secundaria, combatible, frenable por cualquier ciudadano y llena de minas para cualquier funcionario que quiera implementarla, como es el caso de la presidenta consejera del INE, que le puede resultar una destitución e inhabilitación.
Es consecuencia de la intención misma de su origen. La circunda una serie de falsas verdades, digamos. No va a mejorar la justicia federal, sino por el contrario; abrirá la puerta a la improvisación, a la manipulación y compra de votos para la elección de juzgadores y tampoco se va a cambiar la percepción que las empresas globales, de Estados Unidos y Canadá, tienen de sus efectos negativos. A los capitales no se les convence con retórica, y menos con mentiras.
Ayer vivimos una decisión importantísima de la Suprema Corte: el abrir la vía para revisar el procedimiento de una reforma constitucional que en sus efectos afecta la independencia del Poder Judicial de la Federación. Consulta interpuesta por personas juzgadoras.
Pero, adicionalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció la apertura de una sesión especial para conocer de la reforma judicial elaborada y aprobada por Morena, no por el pueblo de México, dado que eso es sólo retórica, y de sus efectos negativos a la independencia judicial y a la protección de los derechos humanos de los mexicanos.
La audiencia fue solicitada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), que preside la jueza Juana Fuentes Velázquez, en virtud de que la reforma es contraria no sólo a los propios principios constitucionales, sino también a las convenciones y tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado.
A la par del logro de JUFED existe otra audiencia programada para conocer de la denuncia sobre la misma reforma, solicitada por un organismo latinoamericano de juzgadores que elevó un recurso ante la CIDH, por los impactos negativos que generará en las democracias de América Latina.
Como puede verse, la reforma no es una cosa menor. No basta con decir que está ya aprobada y nada se puede hacer.
Legisladores de Morena confirman para estas líneas que en todo momento se informó al extitular del Ejecutivo que habría problemas en sostener la reforma, dado que se requería de un análisis mayor e incluso se entregó una ruta crítica de lo vulnerable que era ésta, desde la propia vía del amparo.
Sin embargo, cuando los llamados foros de consulta se iniciaron, dieron la instrucción de ir con el proyecto sin subsanar las deficiencias. Dejar las inconsistencias.
Los cálculos de quienes habían pasado por el Poder Judicial y colaboraban con Morena, sin embargo, demostraron muy pronto que no conocían ni a los trabajadores ni a los juzgadores. La fuerza como se levantaron para defender sus derechos constitucionales y convencionales, nunca fue calculado.
La apuesta se centró en dividir a los trabajadores, afirmando que sus prestaciones no se afectarían. Y ahí el error del colaborador de Morena porque existen trabajadores con hasta 15 años de antigüedad que forman parte de la carrera judicial y que pierden absolutamente la posibilidad de escalar a juzgadores. Ese efecto lo escondieron intencionalmente.
Ahora se busca convencer a las empresas internacionales de que es una mentira. Recordamos lo dicho por el Consejo de Empresas Globales:
“El actual proyecto de reforma contiene algunos aspectos críticos que deben ser ajustados para asegurar la certeza jurídica y evitar que se desincentiven las inversiones (...) Que no incumpla obligaciones previstas en tratados comerciales internacionales (...) Respeto a las condiciones de servicio e inamovilidad de los jueces, que garanticen su independencia y derechos”.