Clara Brugada impulsa la vivienda digna
Resumen:
El objetivo consiste en estabilizar el mercado de rentas, los precios del suelo y los costos de la construcción.
Transcripción:
El objetivo consiste en estabilizar el mercado de rentas, los precios del suelo y los costos de la construcción.
En tiempos de asignación de presupuestos, nadie puede negar que Clara Brugada se está tomando muy en serio la implantación de programas de vivienda. En los primeros días de este último mes del año, en la ceremonia de la Primera entrega de viviendas por el derecho a vivir mejor, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció que en ese rubro se destinarán alrededor de 10 mil millones de pesos en 2025.
Fuentes consultadas por este espacio afirman que ya tienen los planes para cumplir con las políticas para que los habitantes de la urbe más poblada del mundo cuenten con techos dignos y accesibles, ya en adquisición o en renta.
En ese sentido, a decir de Brugada, esta política de vivienda busca detener la gentrificación, problemática que ha generado dolores de cabeza a las autoridades e incertidumbre entre los vecinos. La gente, sin más, sale expulsada de sus barrios de toda la vida, obligada a emigrar hacia la periferia de la ciudad debido al incremento salvaje de los arrendamientos o porque, sencillamente, carece de los requisitos para que le aprueben un crédito hipotecario.
La creada Secretaría de Vivienda promete articular el ambicioso proyecto. Uno de ellos es el de vivienda pública en arrendamiento, es decir, el gobierno central fijará y controlará rentas asequibles para poblaciones como jóvenes, adultos mayores, madres solteras y sectores considerados vulnerables. Asimismo, se atenderán y corregirán aspectos de las unidades habitacionales. De acuerdo con datos oficiales, 35 por ciento de la población de la Ciudad de México mora en estos espacios verticales.
Sobre la vivienda etiquetada como de alto riesgo o los asentamientos irregulares, se implementarán “estrategias de reubicación” de la población que de manera espontánea utiliza terrenos sobre los que alza sus casas, algunas de las cuales impactan en zonas ecológicas. Por otra parte, siguen pendientes las tareas de la ley para la reconstrucción por el sismo de septiembre de 2017. Asimismo, la dependencia rehabilitará inmuebles en desuso que sean aptos para transformarse en apartamentos. De ahí que los anunciados 10 mil millones de pesos hagan de la vivienda un punto clave del gobierno de Brugada.
El sector privado no puede quedar al margen de estos propósitos. Si bien el multicitado Cártel Inmobiliario hizo ricos a sus decididos protagonistas, ha dejado secuelas nefastas en diversas colonias, con un montón de edificios nuevos, pero sin estrenar al ciento por ciento de su capacidad, o inhabitados debido a sus altísimos precios. En ese sentido, el objeto consiste en estabilizar el mercado de rentas, los precios del suelo y los costos de la construcción.
Un porcentaje elevado de la población capitalina se ha resignado a vivir en renta por el resto de sus días. La única posibilidad de hacerse de una propiedad es irse lejos de la ciudad o endeudarse al menos un par de décadas con créditos que en la mayoría de los casos sólo es posible liquidar en pareja, es decir, con dos sueldos. Y eso que hace no muchos años la cosa era peor.
Durante la transición de los milenios, adquirir una casa en el Distrito Federal suponía una misión imposible. Se seguía pagando la larga factura de una tragicomedia que se conoce como “los errores de diciembre”.
El caso es que comprar o rentar a precio justo para arrendador y arrendatario provocaba angustias. Superada la pandemia por covid-19, pensamos que la situación mejoraría. Caso contrario, empeoró con la llegada de los nómadas digitales que ganan en dólares y compran en pesos. Se aplicó, quizás como nunca, el “quién es el tonto que no quiere ganar más”, con sobreprecios y especulación.
Como ciudadanos, hay que estar atentos en éstos y demás puntos de la administración capitalina.
FERNANDO ISLAS
En tiempos de asignación de presupuestos, nadie puede negar que Clara Brugada se está tomando muy en serio la implantación de programas de vivienda. En los primeros días de este último mes del año, en la ceremonia de la Primera entrega de viviendas por el derecho a vivir mejor, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció que en ese rubro se destinarán alrededor de 10 mil millones de pesos en 2025.
Fuentes consultadas por este espacio afirman que ya tienen los planes para cumplir con las políticas para que los habitantes de la urbe más poblada del mundo cuenten con techos dignos y accesibles, ya en adquisición o en renta.
En ese sentido, a decir de Brugada, esta política de vivienda busca detener la gentrificación, problemática que ha generado dolores de cabeza a las autoridades e incertidumbre entre los vecinos. La gente, sin más, sale expulsada de sus barrios de toda la vida, obligada a emigrar hacia la periferia de la ciudad debido al incremento salvaje de los arrendamientos o porque, sencillamente, carece de los requisitos para que le aprueben un crédito hipotecario.
La creada Secretaría de Vivienda promete articular el ambicioso proyecto. Uno de ellos es el de vivienda pública en arrendamiento, es decir, el gobierno central fijará y controlará rentas asequibles para poblaciones como jóvenes, adultos mayores, madres solteras y sectores considerados vulnerables. Asimismo, se atenderán y corregirán aspectos de las unidades habitacionales. De acuerdo con datos oficiales, 35 por ciento de la población de la Ciudad de México mora en estos espacios verticales.
Sobre la vivienda etiquetada como de alto riesgo o los asentamientos irregulares, se implementarán “estrategias de reubicación” de la población que de manera espontánea utiliza terrenos sobre los que alza sus casas, algunas de las cuales impactan en zonas ecológicas. Por otra parte, siguen pendientes las tareas de la ley para la reconstrucción por el sismo de septiembre de 2017. Asimismo, la dependencia rehabilitará inmuebles en desuso que sean aptos para transformarse en apartamentos. De ahí que los anunciados 10 mil millones de pesos hagan de la vivienda un punto clave del gobierno de Brugada.
El sector privado no puede quedar al margen de estos propósitos. Si bien el multicitado Cártel Inmobiliario hizo ricos a sus decididos protagonistas, ha dejado secuelas nefastas en diversas colonias, con un montón de edificios nuevos, pero sin estrenar al ciento por ciento de su capacidad, o inhabitados debido a sus altísimos precios. En ese sentido, el objeto consiste en estabilizar el mercado de rentas, los precios del suelo y los costos de la construcción.
Un porcentaje elevado de la población capitalina se ha resignado a vivir en renta por el resto de sus días. La única posibilidad de hacerse de una propiedad es irse lejos de la ciudad o endeudarse al menos un par de décadas con créditos que en la mayoría de los casos sólo es posible liquidar en pareja, es decir, con dos sueldos. Y eso que hace no muchos años la cosa era peor.
Durante la transición de los milenios, adquirir una casa en el Distrito Federal suponía una misión imposible. Se seguía pagando la larga factura de una tragicomedia que se conoce como “los errores de diciembre”.
El caso es que comprar o rentar a precio justo para arrendador y arrendatario provocaba angustias. Superada la pandemia por covid-19, pensamos que la situación mejoraría. Caso contrario, empeoró con la llegada de los nómadas digitales que ganan en dólares y compran en pesos. Se aplicó, quizás como nunca, el “quién es el tonto que no quiere ganar más”, con sobreprecios y especulación.
Como ciudadanos, hay que estar atentos en éstos y demás puntos de la administración capitalina.
FERNANDO ISLAS