El espíritu del 96
Resumen:
El 5 de junio, mientras los consejos distritales del INE apenas estaban realizando el conteo oficial de los votos, la Secretaría de Gobernación, sin atribuciones para ello, salió a dar los resultados electorales y asignó (según ella) los diputados plurinominales e informó sobre la próxima composición del Congreso (había hecho lo mismo dos días antes). No guardó las formas, pero no es novedad en un gobierno que cree que todo le está permitido. Y menos han asimilado el añejo y sabio apotegma que postula que los ciudadanos podemos hacer todo lo que nos venga en gana siempre y cuando no violemos la ley, mientras la autoridad solo pueda hacer aquello para lo que expresamente está facultada por la ley. Gobernación usurpó facultades del INE.
Transcripción:
El 5 de junio, mientras los consejos distritales del INE apenas estaban realizando el conteo oficial de los votos, la Secretaría de Gobernación, sin atribuciones para ello, salió a dar los resultados electorales y asignó (según ella) los diputados plurinominales e informó sobre la próxima composición del Congreso (había hecho lo mismo dos días antes). No guardó las formas, pero no es novedad en un gobierno que cree que todo le está permitido. Y menos han asimilado el añejo y sabio apotegma que postula que los ciudadanos podemos hacer todo lo que nos venga en gana siempre y cuando no violemos la ley, mientras la autoridad solo pueda hacer aquello para lo que expresamente está facultada por la ley. Gobernación usurpó facultades del INE.
La coalición Morena-PT-PVEM ganó de manera clara. Los resultados son contundentes. Pero falta por conocer cuál será la integración final de la Cámara de Diputados, una vez que se distribuyan los plurinominales y Gobernación ha corrido demasiado rápido.
Veamos los porcentajes de votos de cada uno de los partidos. PAN 16.9%, PRI 11.1, PRD 2.4, PVEM 8.4, PT 5.5, MC 11.0, Morena 41.0 (no suma cien por los votos nulos, para candidatos no registrados e independientes). La suma de la coalición ganadora (Morena-PT-PVEM) es 54.9% de los votos. La perdedora (PAN-PRI-PRD) 30.4%. Pues bien, según las cuentas de Gobernación la composición de la Cámara de Diputados por partido sería la siguiente: Morena 243 (48.6%), PT 48 (9.6), PVEM 74 (14.8), PRI 34 (6.8), PRD 2 (0.4), PAN 38 (7.6), MC 26 (5.2), independiente 1 (0.2). La Coalición en torno a Morena con el 54.9% de los votos alcanza, según el gobierno, el 73% de las diputaciones, mientras la coalición opositora con el 30.4% solo llega al 14.8% de los representantes.
¿Es justa esa sobre y sub representación en la cual todos los partidos de la coalición oficial obtienen un porcentaje de asientos por encima de su porcentaje de votos?, ¿es lógico que el PVEM con menos de la mitad de los votos que el PAN tenga el doble de representantes? ¿Es justo y lógico que el PT, muy por debajo en votación del PRI obtenga mucho más representantes que éste?
Alguien, con razón, dirá que la discusión no es sobre justicia ni sobre lógica, y en efecto. La pregunta clave es si esa repartición de plurinominales se apega a la Constitución. Y no lo hace.
La fórmula actual data de 1996 y hay que entender su lógica. En aquel entonces la izquierda (PRD) planteó que con el sistema mixto se podría arribar a una representación proporcional exacta entre votos y escaños si el reparto plurinominal se hacía precisamente para eso. Fue el PRI el que se opuso y se aceptó una posible sobrerrepresentación con el límite del 8 por ciento. Ese límite se aplicaría a partidos y coaliciones y así quedó asentado en la ley. Por si fuera poco, en la propia Constitución se estableció que ningún partido podría tener más de 300 diputados (60%), con la clara y explícita intención de que ninguna fuerza política en singular pudiera modificar la Constitución. Fue un esfuerzo conjunto por ajustar la representación de las distintas fuerzas políticas a la adhesión que hubiesen logrado en las urnas.
Ese espíritu y la letra del 96 nunca fueron impugnados. Se modificaron las fórmulas en que los partidos aparecen en la boleta, pero la idea fundamental de hacer más o menos correspondientes votos y escaños parecía un basamento sólido. Sobrerrepresentar a la coalición ganadora con 18% es una clara violación a la Constitución.
(Aceptando una maniobra barata el Instituto Electoral de la Ciudad de México trastocó la representación en el Congreso local. El Tribunal -espero- reparará ese despropósito. Pero, además, el Consejo General del INE debería remover a los consejeros).
La coalición Morena-PT-PVEM ganó de manera clara. Los resultados son contundentes. Pero falta por conocer cuál será la integración final de la Cámara de Diputados, una vez que se distribuyan los plurinominales y Gobernación ha corrido demasiado rápido.
Veamos los porcentajes de votos de cada uno de los partidos. PAN 16.9%, PRI 11.1, PRD 2.4, PVEM 8.4, PT 5.5, MC 11.0, Morena 41.0 (no suma cien por los votos nulos, para candidatos no registrados e independientes). La suma de la coalición ganadora (Morena-PT-PVEM) es 54.9% de los votos. La perdedora (PAN-PRI-PRD) 30.4%. Pues bien, según las cuentas de Gobernación la composición de la Cámara de Diputados por partido sería la siguiente: Morena 243 (48.6%), PT 48 (9.6), PVEM 74 (14.8), PRI 34 (6.8), PRD 2 (0.4), PAN 38 (7.6), MC 26 (5.2), independiente 1 (0.2). La Coalición en torno a Morena con el 54.9% de los votos alcanza, según el gobierno, el 73% de las diputaciones, mientras la coalición opositora con el 30.4% solo llega al 14.8% de los representantes.
¿Es justa esa sobre y sub representación en la cual todos los partidos de la coalición oficial obtienen un porcentaje de asientos por encima de su porcentaje de votos?, ¿es lógico que el PVEM con menos de la mitad de los votos que el PAN tenga el doble de representantes? ¿Es justo y lógico que el PT, muy por debajo en votación del PRI obtenga mucho más representantes que éste?
Alguien, con razón, dirá que la discusión no es sobre justicia ni sobre lógica, y en efecto. La pregunta clave es si esa repartición de plurinominales se apega a la Constitución. Y no lo hace.
La fórmula actual data de 1996 y hay que entender su lógica. En aquel entonces la izquierda (PRD) planteó que con el sistema mixto se podría arribar a una representación proporcional exacta entre votos y escaños si el reparto plurinominal se hacía precisamente para eso. Fue el PRI el que se opuso y se aceptó una posible sobrerrepresentación con el límite del 8 por ciento. Ese límite se aplicaría a partidos y coaliciones y así quedó asentado en la ley. Por si fuera poco, en la propia Constitución se estableció que ningún partido podría tener más de 300 diputados (60%), con la clara y explícita intención de que ninguna fuerza política en singular pudiera modificar la Constitución. Fue un esfuerzo conjunto por ajustar la representación de las distintas fuerzas políticas a la adhesión que hubiesen logrado en las urnas.
Ese espíritu y la letra del 96 nunca fueron impugnados. Se modificaron las fórmulas en que los partidos aparecen en la boleta, pero la idea fundamental de hacer más o menos correspondientes votos y escaños parecía un basamento sólido. Sobrerrepresentar a la coalición ganadora con 18% es una clara violación a la Constitución.
(Aceptando una maniobra barata el Instituto Electoral de la Ciudad de México trastocó la representación en el Congreso local. El Tribunal -espero- reparará ese despropósito. Pero, además, el Consejo General del INE debería remover a los consejeros).