IECM ajustará el marco geográfico de participación ciudadana
Resumen:
Martín Aguilar
Transcripción:
Martín Aguilar
Para los siguientes años resultará indispensable la definición de las acciones en materia de organización electoral y geoestadística, para implementar los procesos de participación ciudadana, con ajustes que impactarán en la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, en lo que ya trabaja el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
Mediante la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG), el organismo electoral se alista para la Consulta de Presupuesto Participativo 2025 a efectuarse en mayo próximo y, además, se maximizará el uso de los recursos asignados en el desarrollo de las actividades como la ubicación de mesas receptoras de opinión, la colaboración registral y la opinión digital.
Asimismo, en el desarrollo de la jornada consultiva, el diseño y producción de documentación y materiales consultivos, la validación de resultados, la observación consultiva y la integración de expedientes.
El propio IECM dio cuenta que, para la consulta, dicha dirección contempla elaborar las disposiciones normativas en materia de instrumentos tecnológicos y productos cartográficos que se requerirán.
Resulta que, por primera vez, en la consulta 2025 participarán las personas en estado de postración y en prisión preventiva, de lo cual el instituto electoral será el responsable directo de sus preparativos y ejecución.
Se planea por parte del organismo autónomo, ajustar el marco geográfico de participación ciudadana vigente, con la consideración de modificaciones a la geografía electoral, resultado de los programas realizados por la autoridad federal, así como la incorporación de los pueblos y/o barrios originarios, para efectos de participación ciudadana.
Luego, se actualizará el marco geográfico, para la obtención de la versión 2025, rumbo a la jornada electiva y consultiva 2026.
También se elaborarán documentos técnicos y normativos para la organización de diversos mecanismos de participación ciudadana y ejercicios democráticos relacionados con los Pueblos y Barrios Originarios, y comunidades Indígenas y Afromexicanas Residentes en la Ciudad de México.
Para los siguientes años resultará indispensable la definición de las acciones en materia de organización electoral y geoestadística, para implementar los procesos de participación ciudadana, con ajustes que impactarán en la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, en lo que ya trabaja el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
Mediante la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG), el organismo electoral se alista para la Consulta de Presupuesto Participativo 2025 a efectuarse en mayo próximo y, además, se maximizará el uso de los recursos asignados en el desarrollo de las actividades como la ubicación de mesas receptoras de opinión, la colaboración registral y la opinión digital.
Asimismo, en el desarrollo de la jornada consultiva, el diseño y producción de documentación y materiales consultivos, la validación de resultados, la observación consultiva y la integración de expedientes.
El propio IECM dio cuenta que, para la consulta, dicha dirección contempla elaborar las disposiciones normativas en materia de instrumentos tecnológicos y productos cartográficos que se requerirán.
Resulta que, por primera vez, en la consulta 2025 participarán las personas en estado de postración y en prisión preventiva, de lo cual el instituto electoral será el responsable directo de sus preparativos y ejecución.
Se planea por parte del organismo autónomo, ajustar el marco geográfico de participación ciudadana vigente, con la consideración de modificaciones a la geografía electoral, resultado de los programas realizados por la autoridad federal, así como la incorporación de los pueblos y/o barrios originarios, para efectos de participación ciudadana.
Luego, se actualizará el marco geográfico, para la obtención de la versión 2025, rumbo a la jornada electiva y consultiva 2026.
También se elaborarán documentos técnicos y normativos para la organización de diversos mecanismos de participación ciudadana y ejercicios democráticos relacionados con los Pueblos y Barrios Originarios, y comunidades Indígenas y Afromexicanas Residentes en la Ciudad de México.