Los contrastes de la Guardia Nacional
Resumen:
A casi seis años de su creación, la Guardia Nacional (GN) enfrenta varios claroscuros y señalamientos de organizaciones civiles que reclaman falta de transparencia en los recursos asignados por el Gobierno federal y en las tareas que se le han encomendado.
Transcripción:
A casi seis años de su creación, la Guardia Nacional (GN) enfrenta varios claroscuros y señalamientos de organizaciones civiles que reclaman falta de transparencia en los recursos asignados por el Gobierno federal y en las tareas que se le han encomendado.
De acuerdo con el Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, elaborado por la organización civil Causa en Común, los efectivos adscritos a esta corporación de fuerza pública, siguen con grandes pendientes en su actuar.
Causa en Común expuso que el fortalecimiento presupuestal que han tenido las Fuerzas Armadas ha traído como consecuencia colateral el debilitamiento de las policías locales de las 32 entidades del país y la falta de transparencia en “el uso de los recursos millonarios” que han sido transferidos en estos años.
La oenegé precisó —por medio de esta recopilación de datos— que la GN ha tenido grandes áreas de oportunidad desde su creación por decreto en 2019 como parte central de la estrategia de seguridad nacional de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero se impuso la opacidad en su número de integrantes y su quehacer.
La estructura
De acuerdo con datos oficiales del Gobierno federal, en octubre de 2019, la corporación contaba con una fuerza de 70 mil 920 elementos. Para 2024, según los informes de seguridad, registró un total de 132 mil 612 efectivos castrenses.
El reporte refiere que no se encontró evidencia documental de elementos de la GN que fueran transferidos en estos años a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) y no obstante, el número de integrantes presentó un crecimiento.
“Es evidente que los incrementos en el estado de fuerza corresponden, en su mayoría, a transferencias de elementos militares a la GN, quienes de cualquier manera mantienen sus plazas en la Sedena y la Semar. Dada la inconsistencia de la información y las variaciones incoherentes en el número de elementos reportados, es imposible determinar con certeza el tamaño real de la GN”, se expone en el informe.
Las tareas
Esta administración se ha caracterizado por el poder que han adquirido las Fuerzas Armadas en cuestión de presupuesto y tareas que no necesariamente tienen que ver con la labor que desempeñan históricamente los militares y los efectivos castrenses.
“Las Fuerzas Armadas han asumido el control de instituciones, presupuestos y obras civiles en estos años. Por eso hay una especial preocupación pues se ha identificado una parte de la cúpula militar con un proyecto partidista, y su colusión en los ataques políticos contra el Poder Judicial”, criticó Causa en Común.
Desde el Senado de la República, donde se presentó este informe, el senador Emilio Álvarez Icaza aseguró que la militarización que vive el país debe revisarse de manera periódica y minuciosa para evitar abusos de las fuerzas castrenses.
La militarización en México ha tenido efectos devastadores en los pueblos indígenas: expropiación de tierras, masacres y desapariciones forzadas documentadas con testimonios reales.
El legislador criticó el poder que se ha conferido a los militares en esta administración por orden de AMLO, pues señaló que incluso se le han otorgado tareas que nada tienen que ver con su actuar.
“Me parece que es una primera debilidad, como país, que no estemos encontrando las formas para dialogar, eventualmente, para uno de los temas que más nos duele como sociedad; es uno de los temas que más nos preocupa, y eso apunta a un desafío para la próxima administración”, señaló Álvarez Icaza.
Y es que Causa en Común apuntó que el fortalecimiento presupuestal que han tenido las Fuerzas Armadas ha traído como consecuencia colateral el debilitamiento de las policías locales de las 32 entidades del país, además de una falta de transparencia en el uso de recursos.
Mientras tanto, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, reveló que la GN, la Sedena y la Semar suman más de 4 mil denuncias en su contra por violaciones a los derechos humanos de 2019 a la fecha, además de 16 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“Los mismos informes de la Guardia Nacional detallan que entre 2020 y 2023 no ha habido elementos sancionados penalmente por faltas, a pesar de que ha habido denuncias de espionaje a periodistas y activistas de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, mientras que la CNDH niega que esto exista”, sostuvo la presidenta de Causa en Común.
Carla Ureña, abogada y activista y quien también participó en la conferencia de prensa, dijo que, tras cinco años del funcionamiento y operación de la GN, la ciudadanía y la sociedad en general sigue sin conocer realmente cómo operan los efectivos de este cuerpo de seguridad.
Precisó que tampoco se conocen los objetivos que persiguen los elementos que conforman esta fuerza pública, por lo que lamentó la nula supervisión que existe del Gobierno federal y el presupuesto que le ha otorgado en los últimos años.
De acuerdo con el Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, elaborado por la organización civil Causa en Común, los efectivos adscritos a esta corporación de fuerza pública, siguen con grandes pendientes en su actuar.
Causa en Común expuso que el fortalecimiento presupuestal que han tenido las Fuerzas Armadas ha traído como consecuencia colateral el debilitamiento de las policías locales de las 32 entidades del país y la falta de transparencia en “el uso de los recursos millonarios” que han sido transferidos en estos años.
La oenegé precisó —por medio de esta recopilación de datos— que la GN ha tenido grandes áreas de oportunidad desde su creación por decreto en 2019 como parte central de la estrategia de seguridad nacional de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero se impuso la opacidad en su número de integrantes y su quehacer.
La estructura
De acuerdo con datos oficiales del Gobierno federal, en octubre de 2019, la corporación contaba con una fuerza de 70 mil 920 elementos. Para 2024, según los informes de seguridad, registró un total de 132 mil 612 efectivos castrenses.
El reporte refiere que no se encontró evidencia documental de elementos de la GN que fueran transferidos en estos años a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) y no obstante, el número de integrantes presentó un crecimiento.
“Es evidente que los incrementos en el estado de fuerza corresponden, en su mayoría, a transferencias de elementos militares a la GN, quienes de cualquier manera mantienen sus plazas en la Sedena y la Semar. Dada la inconsistencia de la información y las variaciones incoherentes en el número de elementos reportados, es imposible determinar con certeza el tamaño real de la GN”, se expone en el informe.
Las tareas
Esta administración se ha caracterizado por el poder que han adquirido las Fuerzas Armadas en cuestión de presupuesto y tareas que no necesariamente tienen que ver con la labor que desempeñan históricamente los militares y los efectivos castrenses.
“Las Fuerzas Armadas han asumido el control de instituciones, presupuestos y obras civiles en estos años. Por eso hay una especial preocupación pues se ha identificado una parte de la cúpula militar con un proyecto partidista, y su colusión en los ataques políticos contra el Poder Judicial”, criticó Causa en Común.
Desde el Senado de la República, donde se presentó este informe, el senador Emilio Álvarez Icaza aseguró que la militarización que vive el país debe revisarse de manera periódica y minuciosa para evitar abusos de las fuerzas castrenses.
La militarización en México ha tenido efectos devastadores en los pueblos indígenas: expropiación de tierras, masacres y desapariciones forzadas documentadas con testimonios reales.
El legislador criticó el poder que se ha conferido a los militares en esta administración por orden de AMLO, pues señaló que incluso se le han otorgado tareas que nada tienen que ver con su actuar.
“Me parece que es una primera debilidad, como país, que no estemos encontrando las formas para dialogar, eventualmente, para uno de los temas que más nos duele como sociedad; es uno de los temas que más nos preocupa, y eso apunta a un desafío para la próxima administración”, señaló Álvarez Icaza.
Y es que Causa en Común apuntó que el fortalecimiento presupuestal que han tenido las Fuerzas Armadas ha traído como consecuencia colateral el debilitamiento de las policías locales de las 32 entidades del país, además de una falta de transparencia en el uso de recursos.
Mientras tanto, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, reveló que la GN, la Sedena y la Semar suman más de 4 mil denuncias en su contra por violaciones a los derechos humanos de 2019 a la fecha, además de 16 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“Los mismos informes de la Guardia Nacional detallan que entre 2020 y 2023 no ha habido elementos sancionados penalmente por faltas, a pesar de que ha habido denuncias de espionaje a periodistas y activistas de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, mientras que la CNDH niega que esto exista”, sostuvo la presidenta de Causa en Común.
Carla Ureña, abogada y activista y quien también participó en la conferencia de prensa, dijo que, tras cinco años del funcionamiento y operación de la GN, la ciudadanía y la sociedad en general sigue sin conocer realmente cómo operan los efectivos de este cuerpo de seguridad.
Precisó que tampoco se conocen los objetivos que persiguen los elementos que conforman esta fuerza pública, por lo que lamentó la nula supervisión que existe del Gobierno federal y el presupuesto que le ha otorgado en los últimos años.