El partido político Morena ha llevado su lucha al Congreso con el objetivo de separar de su cargo a la consejera electoral del IECM, Carolina del Ángel, por presuntos actos de corrupción. La solicitud fue presentada por la diputada Circe Camacho Bastida, quien denunció que Del Ángel ha violado los códigos éticos que rigen su cargo.
Transcripción:
El partido político Morena ha llevado su lucha al Congreso con el objetivo de separar de su cargo a la consejera electoral del IECM, Carolina del Ángel, por presuntos actos de corrupción. La solicitud fue presentada por la diputada Circe Camacho Bastida, quien denunció que Del Ángel ha violado los códigos éticos que rigen su cargo.
Los señalamientos en contra de la consejera del IECM son serios y preocupantes. Según la diputada Circe Camacho Bastida, Del Ángel alteró el orden de los dictámenes, beneficiando a ciertos partidos políticos y violando el principio de equidad e imparcialidad que debe guiar su trabajo. Asimismo, se ha cuestionado su participación en la elaboración del padrón electoral, un tema fundamental para la transparencia y la credibilidad del proceso electoral.
En respuesta a estas acusaciones, Carolina del Ángel ha negado los cargos en su contra y ha asegurado que se trata de una campaña política en su contra. Además, ha destacado su trayectoria de más de 20 años en el ámbito electoral y su compromiso con la transparencia y la equidad en los procesos electorales.
Más allá de los argumentos de ambas partes, lo cierto es que esta situación genera preocupación entre la población. La confianza en las instituciones electorales es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia, y las acusaciones de corrupción y falta de imparcialidad pueden minar esa confianza.
Por ello, es importante que se lleven a cabo las investigaciones necesarias para aclarar los hechos y asegurar que se respeten los principios éticos y democráticos en el proceso electoral. La sociedad civil y los medios de comunicación deben estar alerta y vigilar que las decisiones que se tomen en este y otros casos similares sean justas e imparciales, y que se actúe en beneficio de la democracia y del bienestar de la población.