Transcripción:
La operación Enjambre dejó al descubierto los cobros del cártel de La Familiaen Amanalco sus nexos con la alcaldesa.
La penetración del crimen organizado a los gobiernos municipales del Estado de México es tal que en el municipio de Amanalco el cabildo tenía que entregar hasta 100 mil pesos a La Familia Michoacana por cada acuerdo que el cuerpo edilicio hiciera, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM).
La carpeta de investigación por homicidio calificado contra la alcaldesa María Elena "N" dejó ver que, tanto ella como el síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz, mantenían comunicación con los líderes del citado cártel.
Durante la audiencia de formulación de imputación se indicó que sostenían reuniones en el municipio Luvianos, en una ubicación que era dada por los líderes criminales Ahídiscutían sobre el rumbo de la administración.
Algunos de los pactos que tenían era entregar la cantidad de 100 mil pesos por cada acuerdo tomado en el cabildo y entregar la mitad de todo el presupuesto que recibirían de manera anual.
Además, la misma indagatoria establece que la alcaldesa también tenía reuniones con El Pelón, supuesto líder de plaza en la región y a quien avisaba de los operativos de la fiscalía para evitar ser detenidos.
Diferencias políticas Amanalco está localizado al sur del Estado de México y en 2021 fue ganado por María Elena "N", a través de Movimiento Ciudadano, no obstante, a semanas de iniciar la administración decidió cambiarse a Morena, hecho que molestó a simpatizantes y a la ciudadanía, quienes buscaban una opción de partido distinta.
El principal opositor fue el síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz y durante varios meses hubo diferencias políticas al respecto. Es de señalar que María Elena "N" investigada por su presun ta participación en el delito de homicidio calificado en agravio del servidor público y de su chofer, Guillermo Jerónimo Roque, ocurridos en enero de 2023.
La investigación apunta que aparentemente les dio la instrucción de ir a una reunión en Zacazonapan, sitio en el que indicó a diversas personas que lo "eliminaran". ya que era un impedimento para sus objetivos en administración municipal.
Al día siguiente de la instrucción fue localizado un automóvil rojo con el cuerpo del síndico ysu chofer, ambos con múltiples lesiones en el cuerpo y rostro, pero también con impactos de arma de fuego, de acuerdo con el peritaje expuesto en la audiencia.
Previo a esto, presuntamente líderes de La Familia Michoacana tuvieron una reunión con los involucradosy les recomendaron que lo resolvieran entre ellos.
La alcaldesa enfrenta cargos por homicidio, ya que aparentemente está detrás de la muerte de Lara de La Cruzy, de los detenidos por el operativo Enjambre, es la única que enfrentaun proceSO judicial por este delito.
Se espera que este miércoles a las 8:45 horas continúe la audiencia, en la que de acuerdo con su abogado, presentarán pruebas con las que pretenden derribar la teoría que tiene la fiscalía respecto a este homicidio.
Dos alcaldesas más De acuerdo con fuentes consultas por MILENIO, el operativo Enjambre detectó a 14 objetivos de distintos niveles municipales que estarían relacionados con una serie de eventos delictivos.
Fueron giradas 14 órdenes de aprehensión, de las cuales, siete terminaron en detenciones y una octava no se concluyó porque el director de seguridad pública de Texcaltitlán, Isidro Cortes, decidió terminar con su vida con un disparo de arma de fuego antes de enfrentar a lajusticia.
Esto deja pendientes seis órdenes de aprehensión, entre ellas las de los directores de seguridad pública de Chicoloapan, Coacalcoy Jilotzingo.
Asimismo, se busca dar con el paradero de María del Rosario Matías Esquivel, alcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos, yde Evelia Marlem Ayala Sánchez, presideta municipal de Tonatico.
Sobre la primera, versiones consultadas refieren que días antes del Operativo Enjambre dejó de ser vista en el municipio; mientras que la segunda continúa prófuga de la justicia; sin embargo, autoridades lograron detener a su esposo Ellery "N", quien hasta hace unos días fungía como director del DIF local enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el delito de extorsión al pedir 10 mil pesos a vendedores.