Resumen:
En la reforma secundaria al Poder Judicial, que hoy discutirá el pleno del Senado, se incluyeron de último momento cambios para reforzar las atribuciones de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei.
El ajuste al dictamen de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que la presidenta del Consejo General sólo estará obligada a someter a la aprobación de los demás consejeros el nombramiento del Secretario Ejecutivo.
Transcripción:
En la reforma secundaria al Poder Judicial, que hoy discutirá el pleno del Senado, se incluyeron de último momento cambios para reforzar las atribuciones de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei.
El ajuste al dictamen de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que la presidenta del Consejo General sólo estará obligada a someter a la aprobación de los demás consejeros el nombramiento del Secretario Ejecutivo.
Es decir, las designaciones de directores ejecutivos, titulares de unidades técnicas y otras que le confiera la ley quedarán a su entero criterio.
Actualmente, Taddei debe proponer a sus pares el nombramiento del Secretario Ejecutivo, directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas. Desde el 31 de marzo de 2023, cuando asumió la presidencia del INE, Taddei no ha concretado sus propuestas de nombramientos, porque varios consejeros no están de acuerdo en que imponga decisiones, por lo que solamente ha designado a encargados de oficinas.
OTRA POLÉMICA
Hoy, la suplencia de queja es un beneficio para quien acusa violaciones a sus derechos político-electorales.
Es decir, si su queja está mal sustentada, el TEPJF puede adecuarla para garantizar que acceda a la justicia.
Otro cambio a la Legipe que se discutirá hoy plantea que esta suplencia de queja ya no proceda más.
El Senado destinará todo este jueves a discutir y aprobar la reforma secundaria del Poder Judicial, que incluyó de último momento cambios para beneficiar a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei y para quitar derechos jurídicos de los ciudadanos a quienes se les violan sus derechos político-electorales.
El primer cambio, que se añadió al dictamen de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que la presidenta del Consejo General del INE sólo estará obligada a someter a la aprobación del Consejo el nombramiento del Secretario Ejecutivo, pero ya no los nombramientos de directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del Instituto y las demás que le confiera esta ley.
Desde el 31 de marzo del 2023, cuando llegó como presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei no ha podido concretar los nombramientos que ha propuesto, porque el grupo de seis consejeros electorales que no están de acuerdo con la manera que tiene de imponer decisiones y no consensuarlas, por lo que ella ha tenido que proceder a la designación de encargados de oficinas.
Actualmente, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ordena que Guadalupe Taddei está obligada a “proponer al Consejo General el nombramiento del Secretario Ejecutivo, de los Directores Ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del Instituto”.
Con el cambio hecho a la iniciativa presidencial se establece que estará obligada a “proponer al Consejo General el nombramiento del Secretario Ejecutivo” y luego dice que son sus facultades exclusivas “designar a los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del Instituto y las demás que le confiera la ley”.
El segundo cambio ordena que en materia de violación de derechos político-electorales no procederá la suplencia de la queja, que consiste en que en caso de que un ciudadano presente una queja mal sustentada, el Tribunal Electoral le hace las adecuaciones correspondientes para garantizar que el ciudadano tenga acceso a la justicia.
Como lo informó ayer Excélsior, el tercer cambio consiste en otorgar al Ejecutivo federal, al Poder Legislativo y al Poder Judicial la facultad de veto al listado que hagan los Comités de Evaluación de cada uno de ellos, sobre los mejores perfiles que evalúen del total de aspirantes registrados para ocupar alguna de las 849 plazas que se someterán a votación.
“Los Poderes de la Unión determinarán en primer término su conformidad total o parcial sobre los listados referidos en el primer párrafo anterior; en caso de que se rechace la totalidad de la lista de Comités deberán presentar un nuevo listado”, dice la otra adición.
Los cambios aparecen ya en los dictámenes que se publicaron en la Gaceta del Senado y que quedaron en primera lectura.
Por otra parte, los morenistas protagonizaron ayer un caos jurídico en torno a la decisión de realizar la tómbola para decidir cuáles de los juzgados serán considerados como los primeros 849 cargos a elegir el próximo año.
La Junta de Coordinación Política, que domina Morena, impuso un acuerdo para realizarlo y que fue sometido al aval del pleno.
“Se crea un órgano representativo del Senado de la República de insaculación para la elección extraordinaria de magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito del año 2025.
“El Senado delega al órgano representativo que se crea la facultad de realizar la insaculación pública de la mitad de los cargos que correspondan a cada especialización por materia correspondientes a cada circuito judicial para la elección extraordinaria del primer domingo de junio del año 2025, a que se refiere el inciso b) del párrafo cuarto del Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de ia Constitución Políca de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial.
“El órgano representativo estará integrado por las y los integrantes de la Mesa Directiva, de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores”, precisa el acuerdo.
Pero el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, hizo ver a la Mesa Directiva que el inciso B del Segundo Transitorio de la reforma constitucional del Poder Judicial dice: “el órgano legislativo determinará la porción de cargos a elegir en cada circuito judicial considerando en primer término las vacancias, renuncias y retiros programados. Los cargos restantes serán seleccionados mediante insaculación pública, tomando como base la renovación de la mitad de los cargos que correspondan a cada especialización por materia”.
Y el único órgano legislativo es el pleno del Senado, no una comisión y no sus órganos de gobierno; el pleno.
Gerardo Fernández Noroña decretó un receso para hacer una consulta jurídica y resultó que, en efecto, el órgano legislativo es el pleno; por ello, informó que el sábado sesionará el pleno para que todos los senadores hagan la insaculación correspondiente.
EL DATO
Mensaje
Especialistas hicieron un llamado a los poderes políticos y a las autoridades para resolver cualquier conflicto relacionado con la reforma judicial y evitar una crisis de constitucionalidad.