Transcripción:
Trabajadores en un Juzgado Civil de la Ciudad de México, se sumó ayer al paro laboral en contra de la reforma del Poder Judicial.
Igual que sus compañeros, lo hizo como un acto de solidaridad con la justicia federal, pero también ante las implicaciones al ámbito local que traerá -tarde o temprano- la iniciativa aprobada la madrugada de ayer por la Cámara de Diputados y que está en espera de ser avalada por el Senado.
Reconoció que hacen falta muchas mejoras en el tema de justicia, pero aseguró que el voto popular no soluciona nada y, por el contrario, aumenta el riesgo de fallos parciales. "Si nosotros vemos errores en los jueces que tienen doctorado y siempre se están preparando, imagina cómo van a estar los que elijan por voto popular", cuestionó.
Como ejemplo, mencionó a los juzgadores que actuaron con imparcialidad y que permitieron que muchos padres lograran que sus hijos fueran vacunados contra Covid-19, pese a que esto iba en contra del interés gubernamental. Un impartidor de justicia electo, en cambio, difícilmente fallará en contra de quienes ayudaron a conseguir el puesto.
"El juez, al estar votado, va a fallar a favor de la línea que le den, no a favor de la justicia ni a favor de la gente; eso es lo realmente preocupante", advirtió otra trabajadora, quien pidió omitir su nombre.
Como ocurre con la renovación de gobiernos, cada juez electo por voto buscaría llegar con su equipo, lo que aumentaría el riesgo de despidos de personal con experiencia y escalafón.
Las suspensiones de labores y las protestas han sido organizadas en su mayoría por servidores públicos del Poder Judicial federal, pero ayer la inconformidad alcanzó también a los del sistema capitalino.
Los juzgados civiles, las salas familiares y las unidades de Gestión Judicial en las instalaciones de Doctor Lavista no laboraron, lo mismo que las penales de los Reclusorios Norte, Oriente y Sur.
El Consejo de la Judicatura de la CDMX informó que suspendería ayer los plazos y términos procesales, por lo que las audiencias y demás gestiones deberían reprogramarse.
En el acuerdo se refirió a los inconformes solo como "personas" que impidieron el acceso a las instalaciones de usuarios y trabajadores.