Un futuro incierto para la competencia económica en México
Resumen:
La competencia económica en México pasa por un momento de gran incertidumbre durante el segundo semestre de 2024. Pocos meses antes de dejar el cargo, el 30 de septiembre de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso cambios constitucionales que, de ser aprobados por la actual legislatura, desmantelarían la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Estos dos organismos constitucionales autónomos son responsables de promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica en México.
Transcripción:
La competencia económica en México pasa por un momento de gran incertidumbre durante el segundo semestre de 2024. Pocos meses antes de dejar el cargo, el 30 de septiembre de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso cambios constitucionales que, de ser aprobados por la actual legislatura, desmantelarían la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Estos dos organismos constitucionales autónomos son responsables de promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica en México.
Esta reforma constitucional podría ser el último legado del expresidente López Obrador y marcaría el inicio de una nueva era en la regulación de la competencia económica en México. Esta reforma impactaría no solo en el marco legal y el funcionamiento económico del país, sino que también podría poner en riesgo las relaciones comerciales de México dentro del T-MEC.
Estos cambios, junto con la reforma constitucional sobre la "democratización" del poder judicial, seguramente serán puntos destacados en la revisión del T-MEC con la nueva administración del presidente Trump.
Aunque las propuestas de cambios en el marco legal de competencia económica generan incertidumbre, también podrían representar una oportunidad para que las empresas reimaginen sus estrategias. En este entorno, contar con asesoría especializada en competencia económica será crucial para que las empresas de todos los sectores naveguen por el nuevo esquema regulatorio y puedan mantener su competitividad sin ponerse en riesgo.
UN VISTAZO AL PASADO
En 2013, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional histórica que otorgó a la COFECE y al IFT el rango de organismos constitucionales autónomos. La COFECE estaría encargada de promover y defender la competencia económica en todos los sectores, excepto en el de las telecomunicaciones y la radiodifusión; dichas áreas quedarían bajo la jurisdicción del IFT.
A diferencia de la COFECE, el IFT también actuaría como la autoridad reguladora en sus áreas de especialización, además de su rol como garante de la competencia económica.
Entre los años 2014 y 2018, México vivió una época dorada en materia de competencia económica. Sin embargo, con la elección del presidente López Obrador se marcó el inicio de una campaña sin precedentes en contra de aquellos organismos constitucionales autónomos que resistían alinearse con la agenda presidencial. Durante el sexenio pasado se hicieron múltiples intentos por debilitar estas instituciones, que iban desde esfuerzos para desaparecerlas completamente hasta estrategias más sutiles, como omitir nombrar a los miembros de sus Plenos, paralizando su capacidad operativa.
Afortunadamente, muchos de estos esfuerzos fueron frustrados, ya que estos organismos fueron exitosos en mantener su autonomía operativa a través de acciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, durante el mandato de López Obrador, MORENA y sus aliados carecieron de la mayoría calificada en el Congreso necesaria para reformar la Constitución, lo que evitó los cambios más drásticos en sus estructuras orgánicas.
Tras las elecciones presidenciales de 2024 y con una mayoría calificada en el Congreso, la presidenta Claudia Sheinbaum ha continuado impulsando la iniciativa para eliminar distintos organismos autónomos, incluida la COFECE y el IFT.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya revisó y aprobó la iniciativa, que ahora se encuentra lista para ser discutida y votada en los próximos días.
La iniciativa sugiere transferir las funciones y responsabilidades de la COFECE y el IFT a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, respectivamente. La justificación detrás de esta medida es la afirmación de que la COFECE, el IFT y otros organismos autónomos son demasiado costosos, y que integrar sus funciones en la administración centralizada resultaría en ahorros significativos.
UNA MIRADA AL FUTURO
Por un lado, si la iniciativa de reforma constitucional no obtiene la mayoría necesaria en el Congreso, la COFECE y el IFT conservarán su rango como organismos constitucionales autónomos. Sin embargo, podrían enfrentar recortes presupuestarios y falta de personal, lo que probablemente derivaría en retrasos en la toma de decisiones y períodos de espera más largos bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En caso de que la iniciativa sea aprobada y se reforme la Constitución, la COFECE y el IFT serían disueltas, lo que requeriría la promulgación de una nueva Ley Federal de Competencia Económica.
Esta transición implicaría una revisión completa de las regulaciones, directrices y recursos existentes, planteando dudas sobre cómo se manejarán los procesos de competencia económica, como revisiones de concentraciones e investigaciones de prácticas monopólicas absolutas y relativas, dentro de la nueva estructura.
Por último, no se puede ignorar que esta reforma podría entrar en conflicto con las obligaciones de competencia económica de México establecidas en tratados internacionales. Si México no mantiene autoridades funcionales en esta materia, es muy probable que sus socios comerciales soliciten consultas, ya que representantes comerciales de distintos países y asociaciones industriales han expresado sus preocupaciones.
SECTORES ESTRATÉGICOS
A pesar de estos desafíos, la COFECE ha señalado varios sectores estratégicos que serán prioritarios en 2025 debido a su importancia para promover la competencia económica y el bienestar del consumidor mexicano. Estos sectores incluyen alimentos y bebidas, transporte y logística, servicios financieros, energía, mercados digitales y servicios de salud.
Esta reforma constitucional podría ser el último legado del expresidente López Obrador y marcaría el inicio de una nueva era en la regulación de la competencia económica en México. Esta reforma impactaría no solo en el marco legal y el funcionamiento económico del país, sino que también podría poner en riesgo las relaciones comerciales de México dentro del T-MEC.
Estos cambios, junto con la reforma constitucional sobre la "democratización" del poder judicial, seguramente serán puntos destacados en la revisión del T-MEC con la nueva administración del presidente Trump.
Aunque las propuestas de cambios en el marco legal de competencia económica generan incertidumbre, también podrían representar una oportunidad para que las empresas reimaginen sus estrategias. En este entorno, contar con asesoría especializada en competencia económica será crucial para que las empresas de todos los sectores naveguen por el nuevo esquema regulatorio y puedan mantener su competitividad sin ponerse en riesgo.
UN VISTAZO AL PASADO
En 2013, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional histórica que otorgó a la COFECE y al IFT el rango de organismos constitucionales autónomos. La COFECE estaría encargada de promover y defender la competencia económica en todos los sectores, excepto en el de las telecomunicaciones y la radiodifusión; dichas áreas quedarían bajo la jurisdicción del IFT.
A diferencia de la COFECE, el IFT también actuaría como la autoridad reguladora en sus áreas de especialización, además de su rol como garante de la competencia económica.
Entre los años 2014 y 2018, México vivió una época dorada en materia de competencia económica. Sin embargo, con la elección del presidente López Obrador se marcó el inicio de una campaña sin precedentes en contra de aquellos organismos constitucionales autónomos que resistían alinearse con la agenda presidencial. Durante el sexenio pasado se hicieron múltiples intentos por debilitar estas instituciones, que iban desde esfuerzos para desaparecerlas completamente hasta estrategias más sutiles, como omitir nombrar a los miembros de sus Plenos, paralizando su capacidad operativa.
Afortunadamente, muchos de estos esfuerzos fueron frustrados, ya que estos organismos fueron exitosos en mantener su autonomía operativa a través de acciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, durante el mandato de López Obrador, MORENA y sus aliados carecieron de la mayoría calificada en el Congreso necesaria para reformar la Constitución, lo que evitó los cambios más drásticos en sus estructuras orgánicas.
Tras las elecciones presidenciales de 2024 y con una mayoría calificada en el Congreso, la presidenta Claudia Sheinbaum ha continuado impulsando la iniciativa para eliminar distintos organismos autónomos, incluida la COFECE y el IFT.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya revisó y aprobó la iniciativa, que ahora se encuentra lista para ser discutida y votada en los próximos días.
La iniciativa sugiere transferir las funciones y responsabilidades de la COFECE y el IFT a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, respectivamente. La justificación detrás de esta medida es la afirmación de que la COFECE, el IFT y otros organismos autónomos son demasiado costosos, y que integrar sus funciones en la administración centralizada resultaría en ahorros significativos.
UNA MIRADA AL FUTURO
Por un lado, si la iniciativa de reforma constitucional no obtiene la mayoría necesaria en el Congreso, la COFECE y el IFT conservarán su rango como organismos constitucionales autónomos. Sin embargo, podrían enfrentar recortes presupuestarios y falta de personal, lo que probablemente derivaría en retrasos en la toma de decisiones y períodos de espera más largos bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En caso de que la iniciativa sea aprobada y se reforme la Constitución, la COFECE y el IFT serían disueltas, lo que requeriría la promulgación de una nueva Ley Federal de Competencia Económica.
Esta transición implicaría una revisión completa de las regulaciones, directrices y recursos existentes, planteando dudas sobre cómo se manejarán los procesos de competencia económica, como revisiones de concentraciones e investigaciones de prácticas monopólicas absolutas y relativas, dentro de la nueva estructura.
Por último, no se puede ignorar que esta reforma podría entrar en conflicto con las obligaciones de competencia económica de México establecidas en tratados internacionales. Si México no mantiene autoridades funcionales en esta materia, es muy probable que sus socios comerciales soliciten consultas, ya que representantes comerciales de distintos países y asociaciones industriales han expresado sus preocupaciones.
SECTORES ESTRATÉGICOS
A pesar de estos desafíos, la COFECE ha señalado varios sectores estratégicos que serán prioritarios en 2025 debido a su importancia para promover la competencia económica y el bienestar del consumidor mexicano. Estos sectores incluyen alimentos y bebidas, transporte y logística, servicios financieros, energía, mercados digitales y servicios de salud.