Chapultepec bajo asedio
Resumen:
La reforma al Poder Judicial ha sacudido los cimientos de este poder intocado, hasta ahora, poniendo en evidencia su anquilosamiento y descomposición.
Transcripción:
La reforma al Poder Judicial ha sacudido los cimientos de este poder intocado hasta ahora, poniendo en evidencia su anquilosamiento y descomposición.
Más allá de los desfiguros de sus integrantes o de la bien calculada renuncia de la mayoría de las ministras y ministros respecto a sus emolumentos económicos de retiro, la situación que atraviesa la Suprema Corte de la Nación bien podría sintetizarse en la intervención de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien en un Foro Internacional convocado por la misma Corte en el mes de agosto, admitió que existe corrupción en el Poder Judicial: "Claro que existe corrupción porque es una institución humana,... y de la materia y calidad de la sociedad será la materia y calidad de las instituciones en tanto humanas". Es decir, de acuerdo con la ministra, la corrupción es inherente a la condición humana y de ello es responsable la sociedad.
Este problema se manifiesta en todos los ámbitos judiciales y administrativos. Un caso representativo de esta situación es la resolución que emitió el juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, David Rodríguez Mata, en perjuicio de los derechos fundamentales de las y los capitalinos, al ordenar al Congreso de la Ciudad de México que apruebe indebidamente un cambio de uso de suelo para edificar vivienda dentro de la tercera sección del Bosque de Chapultepec en favor de una empresa inmobiliaria, en un predio de 4,800 m2, ubicado en la calle Montes Apalaches 525.
Es preocupante que una autoridad judicial, en una flagrante extralimitación de funciones, pretenda dañar uno de los espacios emblemáticos de la ciudad, pasando por alto el interés público y la protección al patrimonio histórico y cultural, contraviniendo arbitrariamente la normatividad del órgano legislativo, ya que, como es sabido, las modificaciones al uso de suelo que puede autorizar el Congreso deben cumplir una estricta normatividad que implica, en su caso, la presentación de una iniciativa ciudadana por parte de la empresa y/o sus representantes, o del propio Gobierno de la Ciudad, la cual debe ser valorada y dictaminada por diferentes instancias del gobierno central (Secretarías de Gestión Integral del Agua, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, de Medio Ambiente, de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, así como la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial) y de la Alcaldía, en este caso, Miguel Hidalgo, así como por los integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria de la Ciudad de México (Copacos).
Una vez obtenidos estos dictámenes, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso los procesa y emite una opinión al respecto. Si ésta es positiva, debe pasar al Pleno del Congreso para ser votada. Si el voto de la mayoría de los integrantes del Congreso es positivo, se otorga el cambio de uso de suelo. En caso de una votación negativa, ya sea de la Comisión de Ordenamiento Territorial o del Pleno, el cambio de uso de suelo es negado.
El juez David Rodríguez Mata busca eludir este procedimiento a sabiendas de su improcedencia, amagando a las y los representantes populares con ser removidos de su cargo en caso de desacato a su resolución, en una clara muestra del absurdo que representa una inminente extorsión judicial a los integrantes del Congreso de la Ciudad.
Estoy convencido de que los integrantes del Congreso de la Ciudad de México darán una respuesta contundente a este exceso y garantizarán la protección de los derechos humanos que se contemplan en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales imperantes en defensa de las áreas naturales protegidas y de alto valor ambiental; para la protección de nuestro patrimonio histórico y cultural, así como para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la ciudad, y lograr una adecuada planeación y ordenamiento territorial en la Ciudad de México.
Secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la CDMX
Es preocupante que una autoridad judicial pretenda dañar uno de los espacios emblemáticos de la ciudad.
Más allá de los desfiguros de sus integrantes o de la bien calculada renuncia de la mayoría de las ministras y ministros respecto a sus emolumentos económicos de retiro, la situación que atraviesa la Suprema Corte de la Nación bien podría sintetizarse en la intervención de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien en un Foro Internacional convocado por la misma Corte en el mes de agosto, admitió que existe corrupción en el Poder Judicial: "Claro que existe corrupción porque es una institución humana,... y de la materia y calidad de la sociedad será la materia y calidad de las instituciones en tanto humanas". Es decir, de acuerdo con la ministra, la corrupción es inherente a la condición humana y de ello es responsable la sociedad.
Este problema se manifiesta en todos los ámbitos judiciales y administrativos. Un caso representativo de esta situación es la resolución que emitió el juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, David Rodríguez Mata, en perjuicio de los derechos fundamentales de las y los capitalinos, al ordenar al Congreso de la Ciudad de México que apruebe indebidamente un cambio de uso de suelo para edificar vivienda dentro de la tercera sección del Bosque de Chapultepec en favor de una empresa inmobiliaria, en un predio de 4,800 m2, ubicado en la calle Montes Apalaches 525.
Es preocupante que una autoridad judicial, en una flagrante extralimitación de funciones, pretenda dañar uno de los espacios emblemáticos de la ciudad, pasando por alto el interés público y la protección al patrimonio histórico y cultural, contraviniendo arbitrariamente la normatividad del órgano legislativo, ya que, como es sabido, las modificaciones al uso de suelo que puede autorizar el Congreso deben cumplir una estricta normatividad que implica, en su caso, la presentación de una iniciativa ciudadana por parte de la empresa y/o sus representantes, o del propio Gobierno de la Ciudad, la cual debe ser valorada y dictaminada por diferentes instancias del gobierno central (Secretarías de Gestión Integral del Agua, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, de Medio Ambiente, de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, así como la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial) y de la Alcaldía, en este caso, Miguel Hidalgo, así como por los integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria de la Ciudad de México (Copacos).
Una vez obtenidos estos dictámenes, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso los procesa y emite una opinión al respecto. Si ésta es positiva, debe pasar al Pleno del Congreso para ser votada. Si el voto de la mayoría de los integrantes del Congreso es positivo, se otorga el cambio de uso de suelo. En caso de una votación negativa, ya sea de la Comisión de Ordenamiento Territorial o del Pleno, el cambio de uso de suelo es negado.
El juez David Rodríguez Mata busca eludir este procedimiento a sabiendas de su improcedencia, amagando a las y los representantes populares con ser removidos de su cargo en caso de desacato a su resolución, en una clara muestra del absurdo que representa una inminente extorsión judicial a los integrantes del Congreso de la Ciudad.
Estoy convencido de que los integrantes del Congreso de la Ciudad de México darán una respuesta contundente a este exceso y garantizarán la protección de los derechos humanos que se contemplan en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales imperantes en defensa de las áreas naturales protegidas y de alto valor ambiental; para la protección de nuestro patrimonio histórico y cultural, así como para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la ciudad, y lograr una adecuada planeación y ordenamiento territorial en la Ciudad de México.
Secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la CDMX
Es preocupante que una autoridad judicial pretenda dañar uno de los espacios emblemáticos de la ciudad.