Dan ultimátum por Cuidados
Resumen:
Si en 48 horas el Congreso de la Ciudad no tiene un dictamen sobre el Sistema de Cuidados y lo consulta con personas con discapacidad, los 66 diputados serán multados.
Así lo definió Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Primera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en resolución a uno de los seis amparos que personas cuidadoras y miembros de Movimiento Ciudadano han interpuesto contra el Congreso por la falta de legislación en esa materia.
Así lo definió Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Primera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en resolución a uno de los seis amparos que personas cuidadoras y miembros de Movimiento Ciudadano han interpuesto contra el Congreso por la falta de legislación en esa materia.
Transcripción:
Si en 48 horas el Congreso de la Ciudad no tiene un dictamen sobre el Sistema de Cuidados y lo consulta con personas con discapacidad, los 66 diputados serán multados.
Así lo definió Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Primera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en resolución a uno de los seis amparos que personas cuidadoras y miembros de Movimiento Ciudadano han interpuesto contra el Congreso por la falta de legislación en esa materia.
Los amparos concedieron una suspensión definitiva para que el Legislativo estudie las propuestas que están congeladas en sus comisiones, además de que realice una consulta al respecto.
No ha sido así y, en vez de trabajar, los congresistas se han dedicado a justificar su inacción, alegando que únicamente con las iniciativas presentadas se confirma el trabajo en pro de un Sistema de Cuidados.
Pero las iniciativas no garantizan la legislación si no se analizan, discuten, consultan y se convierten en un dictamen.
La última defensa del Congreso, presentada el 22 de mayo, argumentó que todas las propuestas de cuidados están vencidas por el tiempo transcurrido después de su presentación, pero presentó una salida: que se aprobara la Ley de Bienestar, pues parte de la materia es en sentido de cuidados.
Silvana Carranza, autora de un amparo, presentó alegatos para explicar que una Ley de Bienestar no era un Sistema de Cuidados y que este último es una obligación constitucional.
"La Jueza coincide conmigo en el sentido de que el Congreso no cumplió con la suspensión y les está dando 48 horas para que informen de qué manera cumplieron con la suspensión y, de no hacerlo, se les multará a cada uno de los diputados que integran esta Legislatura por esta omisión", dijo Carranza.
La suspensión no obliga a la promulgación de la ley, sino únicamente a que las comisiones dictaminadoras analicen y discutan la propuesta, principalmente la presentada por Royfid Torres, coordinador de Movimiento Ciudadano.
Desde septiembre del 2023, la Comisión de Derechos Humanos, presidida por la morenista Marisela Zúñiga, la recibió y, a la fecha, no la ha discutido ni una sola vez.
Si, 48 horas después de ser notificado, el Congreso no informa el avance -mismo que no existe- y realiza una consulta o justifica su imposibilidad para legislar, cada diputado tendrá que pagar 5 mil 428 pesos y 5 centavos.
La multa asciende a 358 mil 281 pesos, considerando a los 66 diputados de la Segunda Legislatura.
Asimismo, la resolución de la Jueza puntualiza que el desacato a la determinación podría tener consecuencias legales para los diputados.
Silvana Carranza, promovente
"La Jueza coincide conmigo en el sentido de que el Congreso no cumplió con la suspensión y les está dando 48 horas para que informen".
Resolución judicial
"Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión al servidor público"
Así lo definió Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Primera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en resolución a uno de los seis amparos que personas cuidadoras y miembros de Movimiento Ciudadano han interpuesto contra el Congreso por la falta de legislación en esa materia.
Los amparos concedieron una suspensión definitiva para que el Legislativo estudie las propuestas que están congeladas en sus comisiones, además de que realice una consulta al respecto.
No ha sido así y, en vez de trabajar, los congresistas se han dedicado a justificar su inacción, alegando que únicamente con las iniciativas presentadas se confirma el trabajo en pro de un Sistema de Cuidados.
Pero las iniciativas no garantizan la legislación si no se analizan, discuten, consultan y se convierten en un dictamen.
La última defensa del Congreso, presentada el 22 de mayo, argumentó que todas las propuestas de cuidados están vencidas por el tiempo transcurrido después de su presentación, pero presentó una salida: que se aprobara la Ley de Bienestar, pues parte de la materia es en sentido de cuidados.
Silvana Carranza, autora de un amparo, presentó alegatos para explicar que una Ley de Bienestar no era un Sistema de Cuidados y que este último es una obligación constitucional.
"La Jueza coincide conmigo en el sentido de que el Congreso no cumplió con la suspensión y les está dando 48 horas para que informen de qué manera cumplieron con la suspensión y, de no hacerlo, se les multará a cada uno de los diputados que integran esta Legislatura por esta omisión", dijo Carranza.
La suspensión no obliga a la promulgación de la ley, sino únicamente a que las comisiones dictaminadoras analicen y discutan la propuesta, principalmente la presentada por Royfid Torres, coordinador de Movimiento Ciudadano.
Desde septiembre del 2023, la Comisión de Derechos Humanos, presidida por la morenista Marisela Zúñiga, la recibió y, a la fecha, no la ha discutido ni una sola vez.
Si, 48 horas después de ser notificado, el Congreso no informa el avance -mismo que no existe- y realiza una consulta o justifica su imposibilidad para legislar, cada diputado tendrá que pagar 5 mil 428 pesos y 5 centavos.
La multa asciende a 358 mil 281 pesos, considerando a los 66 diputados de la Segunda Legislatura.
Asimismo, la resolución de la Jueza puntualiza que el desacato a la determinación podría tener consecuencias legales para los diputados.
Silvana Carranza, promovente
"La Jueza coincide conmigo en el sentido de que el Congreso no cumplió con la suspensión y les está dando 48 horas para que informen".
Resolución judicial
"Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión al servidor público"