Reflexión Chilanga // En defensa de los programas sociales
Resumen:
Esta semana, Morena en el Congreso de la CDMX pretendió tenderle una trampa a la oposición: que votáramos en contra del dictamen por el que se crea la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México, para luego salir a vociferar a los cuatro vientos que la oposición se opone a los programas sociales. Desde luego, no caímos en su pueril trampa, votamos a favor del dictamen, pero presentamos diversas reservas para modificar el contenido, porque esa propuesta de ley, si no se corrige en tres temas puede resultar un retroceso para los derechos sociales de las capitalinas y capitalinos.
Transcripción:
Esta semana, Morena en el Congreso de la CDMX pretendió tenderle una trampa a la oposición: que votáramos en contra del dictamen por el que se crea la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México, para luego salir a vociferar a los cuatro vientos que la oposición se opone a los programas sociales. Desde luego, no caímos en su pueril trampa, votamos a favor del dictamen, pero presentamos diversas reservas para modificar el contenido, porque esa propuesta de ley, si no se corrige en tres temas puede resultar un retroceso para los derechos sociales de las capitalinas y capitalinos.
En efecto, lo primero que habría que aclarar de esta propuesta de ley es que no crea nuevos derechos, sino que enuncia los que ya están reconocidos por la Constitución de la ciudad y otros ordenamientos locales (becas educativas, medicamentos y servicios de salud gratuitos, comedores populares, seguro de desempleo, etcétera), y puesto que la propia Constitución establece que los derechos deben ser progresivos y nunca regresivos, los programas que garantizan tales derechos son universales y no pueden desaparecer, más allá de que esta propuesta de ley los vuelva a enunciar.
Hasta ahí, parecería una nueva ley inocua, irrelevante, que ni beneficia ni perjudica a la vida de los capitalinos; sin embargo, tiene errores graves que, si no se corrigen, serán dañinos. Aquí sólo tres ejemplos (aunque hay muchos más):
1. Centraliza el diseño de los programas sociales en el gobierno de la ciudad, excluyendo a las alcaldías. No debe olvidarse que las alcaldías son el ámbito de gobierno más próximo a la ciudadanía, son quienes mejor conocen los problemas de cada colonia y es por ello que cada alcaldía tiene sus propios programas, mejor focalizados para resolver las necesidades de su población. Por ejemplo, los programas para la población de Milpa Alta y Miguel Hidalgo son distintos, pues los problemas que buscan resolver no son los mismos.
2. Puesto que esta ley se refiere a derechos de sectores poblacionales específicos, como las personas con discapacidad o poblaciones indígenas, afrodescendientes y afromexicanas. La Suprema Corte ha mandatado que aquellos ordenamientos que se refieran a derechos para estos sectores deben ser sujetos de consulta, de tal modo que ellos incidan en el contenido de la ley. Pues bien, esta ley está incumpliendo con este mandato judicial y la vuelve muy vulnerable; bastaría con que una persona afectada la impugne por no haberse realizado la consulta, y la ley sería declarada inconstitucional. Misma circunstancia al respecto de la consulta que fue mandatada recientemente por un juez al resolver la suspensión definitiva de tres amparos sobre la legislación en materia del sistema de cuidados y que también es mencionado en esta ley. Si no se realizan estas consultas, el Congreso estaría desacatando resoluciones judiciales.
3. Pero, quizá, el más grave problema que tiene esta ley es que condiciona los programas sociales a la existencia de disposición presupuestal, es decir, afirma que los programas sociales no son para toda la población que tiene derecho a recibirlos, sino solamente “para lo que alcance”. Con esta disposición, el gobierno justificaría que no todos los niños reciban las becas estudiantiles o todas las personas mayores reciban sus pensiones. Desde luego, esto es inconstitucional, pues los derechos son universales y el gobierno está obligado a garantizarlos a todas las personas.
La discusión de esta propuesta de ley no ha terminado, continuará en la siguiente sesión. Las diputadas y diputados del PAN, PRI y PRD hemos solicitado por escrito a la Jucopo buscar un acuerdo para quitar lo graves errores de la ley que fueron producto de la cerrazón del gobierno y del diputado morenista Martínez Urincho, pues ya se los habíamos señalado.
Si Morena en verdad quiere hacer una ley que permita un mejor diseño e implementación de los programas sociales en la CDMX, tendrá que aceptar que se equivocaron y deberán aprobar las modificaciones propuestas por la oposición. Si Morena sólo quería el aplauso fácil en tiempos electorales, la jugarreta les salió bastante mal. Lo bueno es que ya se van, porque el cambio viene.
En efecto, lo primero que habría que aclarar de esta propuesta de ley es que no crea nuevos derechos, sino que enuncia los que ya están reconocidos por la Constitución de la ciudad y otros ordenamientos locales (becas educativas, medicamentos y servicios de salud gratuitos, comedores populares, seguro de desempleo, etcétera), y puesto que la propia Constitución establece que los derechos deben ser progresivos y nunca regresivos, los programas que garantizan tales derechos son universales y no pueden desaparecer, más allá de que esta propuesta de ley los vuelva a enunciar.
Hasta ahí, parecería una nueva ley inocua, irrelevante, que ni beneficia ni perjudica a la vida de los capitalinos; sin embargo, tiene errores graves que, si no se corrigen, serán dañinos. Aquí sólo tres ejemplos (aunque hay muchos más):
1. Centraliza el diseño de los programas sociales en el gobierno de la ciudad, excluyendo a las alcaldías. No debe olvidarse que las alcaldías son el ámbito de gobierno más próximo a la ciudadanía, son quienes mejor conocen los problemas de cada colonia y es por ello que cada alcaldía tiene sus propios programas, mejor focalizados para resolver las necesidades de su población. Por ejemplo, los programas para la población de Milpa Alta y Miguel Hidalgo son distintos, pues los problemas que buscan resolver no son los mismos.
2. Puesto que esta ley se refiere a derechos de sectores poblacionales específicos, como las personas con discapacidad o poblaciones indígenas, afrodescendientes y afromexicanas. La Suprema Corte ha mandatado que aquellos ordenamientos que se refieran a derechos para estos sectores deben ser sujetos de consulta, de tal modo que ellos incidan en el contenido de la ley. Pues bien, esta ley está incumpliendo con este mandato judicial y la vuelve muy vulnerable; bastaría con que una persona afectada la impugne por no haberse realizado la consulta, y la ley sería declarada inconstitucional. Misma circunstancia al respecto de la consulta que fue mandatada recientemente por un juez al resolver la suspensión definitiva de tres amparos sobre la legislación en materia del sistema de cuidados y que también es mencionado en esta ley. Si no se realizan estas consultas, el Congreso estaría desacatando resoluciones judiciales.
3. Pero, quizá, el más grave problema que tiene esta ley es que condiciona los programas sociales a la existencia de disposición presupuestal, es decir, afirma que los programas sociales no son para toda la población que tiene derecho a recibirlos, sino solamente “para lo que alcance”. Con esta disposición, el gobierno justificaría que no todos los niños reciban las becas estudiantiles o todas las personas mayores reciban sus pensiones. Desde luego, esto es inconstitucional, pues los derechos son universales y el gobierno está obligado a garantizarlos a todas las personas.
La discusión de esta propuesta de ley no ha terminado, continuará en la siguiente sesión. Las diputadas y diputados del PAN, PRI y PRD hemos solicitado por escrito a la Jucopo buscar un acuerdo para quitar lo graves errores de la ley que fueron producto de la cerrazón del gobierno y del diputado morenista Martínez Urincho, pues ya se los habíamos señalado.
Si Morena en verdad quiere hacer una ley que permita un mejor diseño e implementación de los programas sociales en la CDMX, tendrá que aceptar que se equivocaron y deberán aprobar las modificaciones propuestas por la oposición. Si Morena sólo quería el aplauso fácil en tiempos electorales, la jugarreta les salió bastante mal. Lo bueno es que ya se van, porque el cambio viene.