Reflexión Chilanga // El gobierno de la improvisación
Resumen:
Reflexión chilanga Federico Döring Diputado local del PAN.
Transcripción:
Reflexión chilanga Federico Döring Diputado local del PAN
El gobierno de la improvisación
Han terminado los trabajos de la II Legislatura (2021-2024) del Congreso de la CDMX y este domingo 1 de septiembre toman protesta las nuevas diputadas y diputados que integrarán la III Legislatura (2024-2027).
Contrario a los discursos del oficialismo, en realidad, la legislatura recién concluida ha sido una de las más improductivas desde que la capital cuenta con un órgano legislativo local. Casi nada quedará en la memoria de los capitalinos del trabajo realizado desde el recinto de Donceles en estos tres años, porque los diputados de Morena y sus aliados casi nada hicieron para mejorar la calidad de vida de quienes habitan en la CDMX. Tal vez lo más recordado será la manera en que se aferraron a mantener en la Fiscalía a Ernestina Godoy, presionando a la oposición, comprando a dos diputados y haciendo una reforma fast track a la ley para hacerle más fácil el camino para su ratificación, lo que al final, no lograron.
Ni Claudia Sheinbaum ni Martí Batres ni los diputados de Morena hicieron algo para remediar los mayores problemas de la CDMX. Nunca fue su prioridad generar políticas públicas para una mejor ciudad, su prioridad siempre estuvo en la utilización de las instituciones del gobierno para generar clientelas políticas.
Tampoco hicieron nada para garantizar, en serio, los derechos de los capitalinos; por el contrario, el gobierno de Batres-como antes el de Sheinbaum-hanegado reiteradamente derechos reconocidos en la Constitución local. Y para muestra, un botón: el miércoles pasado apenas unas horas antes de la clausura formal de la II Legislatura, y a propuesta de Morena, el Congreso local aprobó una reforma para modificar el artículo tercero transitorio de la Constitución de la Ciudad a fin de posponer, hasta el 1 de enero de 2030, las disposiciones relativas a los derechos y las relaciones laborales entre las instituciones públicas de la ciudad y sus trabajadores (antes de esta reforma, la Constitución disponía la entrada en vigor el 31 de agosto de 2024).
Cinco años y cuatro meses más es lo que tendrán que esperar los servidores públicos del gobierno de la CDMX para contar con una norma que les reconozca sus derechos y relaciones laborales. No es éste un asunto menor, pues implica la negación de derechos laborales -y, por lo tanto, de derechos humanos-para un amplio sector de la población de la capital.
Es de llamar la atención que esta reforma, propuesta en plena sesión de las comisiones por el diputado morenista Fernando Mercado, hubiere llegado con posterioridad a la presentación que hice de la iniciativa de Ley del Sistema de Seguridad Social para las personas Servidoras Públicas de la CDMX (a la que me referí en ese mismo espacio la semana pasada). A la propuesta del PAN de más derechos y seguridad social para los servidores públicos capitalinos, el gobierno de Morena responde posponiendo sus derechos laborales por cinco años más. CLARAmente, Morena volvió a engañar a los capitalinos.
Este caso es sólo una muestra de lo que ha sido este sexenio en el Gobierno de la CDMX: improvisación, irresponsabilidad, incapacidad y ocurrencias. Nadie en el gobierno capitalino está atento -ni mucho menos preocupado- del cumplimiento de las fechas que mandata la Constitución, de ahí que tampoco hayan cumplido con la obligación de contar con el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, a pesar de que la Constitución dispuso, como fecha límite el 1 de octubre de 2022, ni hayan contado con un programa de gobierno para el sexenio que concluye, pues sólo gobernaron con un programa provisional que tuvo vigencia hasta marzo de 2020.
De poco le sirvió a la CDMX que Morena tuviera el gobierno y la mayoría en el Congreso local en este sexenio, pues hasta el último día demostraron que nunca estuvieron listos para ejercerlo. Desafortunadamente, no hay motivos para creer que las cosas vayan a ser distintas en con Clara Brugada.
Los servidores
públicos de la capital deberán esperar hasta 2030 para contar con una norma que les reconozca sus derechos y relaciones laborales.
El gobierno de la improvisación
Han terminado los trabajos de la II Legislatura (2021-2024) del Congreso de la CDMX y este domingo 1 de septiembre toman protesta las nuevas diputadas y diputados que integrarán la III Legislatura (2024-2027).
Contrario a los discursos del oficialismo, en realidad, la legislatura recién concluida ha sido una de las más improductivas desde que la capital cuenta con un órgano legislativo local. Casi nada quedará en la memoria de los capitalinos del trabajo realizado desde el recinto de Donceles en estos tres años, porque los diputados de Morena y sus aliados casi nada hicieron para mejorar la calidad de vida de quienes habitan en la CDMX. Tal vez lo más recordado será la manera en que se aferraron a mantener en la Fiscalía a Ernestina Godoy, presionando a la oposición, comprando a dos diputados y haciendo una reforma fast track a la ley para hacerle más fácil el camino para su ratificación, lo que al final, no lograron.
Ni Claudia Sheinbaum ni Martí Batres ni los diputados de Morena hicieron algo para remediar los mayores problemas de la CDMX. Nunca fue su prioridad generar políticas públicas para una mejor ciudad, su prioridad siempre estuvo en la utilización de las instituciones del gobierno para generar clientelas políticas.
Tampoco hicieron nada para garantizar, en serio, los derechos de los capitalinos; por el contrario, el gobierno de Batres-como antes el de Sheinbaum-hanegado reiteradamente derechos reconocidos en la Constitución local. Y para muestra, un botón: el miércoles pasado apenas unas horas antes de la clausura formal de la II Legislatura, y a propuesta de Morena, el Congreso local aprobó una reforma para modificar el artículo tercero transitorio de la Constitución de la Ciudad a fin de posponer, hasta el 1 de enero de 2030, las disposiciones relativas a los derechos y las relaciones laborales entre las instituciones públicas de la ciudad y sus trabajadores (antes de esta reforma, la Constitución disponía la entrada en vigor el 31 de agosto de 2024).
Cinco años y cuatro meses más es lo que tendrán que esperar los servidores públicos del gobierno de la CDMX para contar con una norma que les reconozca sus derechos y relaciones laborales. No es éste un asunto menor, pues implica la negación de derechos laborales -y, por lo tanto, de derechos humanos-para un amplio sector de la población de la capital.
Es de llamar la atención que esta reforma, propuesta en plena sesión de las comisiones por el diputado morenista Fernando Mercado, hubiere llegado con posterioridad a la presentación que hice de la iniciativa de Ley del Sistema de Seguridad Social para las personas Servidoras Públicas de la CDMX (a la que me referí en ese mismo espacio la semana pasada). A la propuesta del PAN de más derechos y seguridad social para los servidores públicos capitalinos, el gobierno de Morena responde posponiendo sus derechos laborales por cinco años más. CLARAmente, Morena volvió a engañar a los capitalinos.
Este caso es sólo una muestra de lo que ha sido este sexenio en el Gobierno de la CDMX: improvisación, irresponsabilidad, incapacidad y ocurrencias. Nadie en el gobierno capitalino está atento -ni mucho menos preocupado- del cumplimiento de las fechas que mandata la Constitución, de ahí que tampoco hayan cumplido con la obligación de contar con el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, a pesar de que la Constitución dispuso, como fecha límite el 1 de octubre de 2022, ni hayan contado con un programa de gobierno para el sexenio que concluye, pues sólo gobernaron con un programa provisional que tuvo vigencia hasta marzo de 2020.
De poco le sirvió a la CDMX que Morena tuviera el gobierno y la mayoría en el Congreso local en este sexenio, pues hasta el último día demostraron que nunca estuvieron listos para ejercerlo. Desafortunadamente, no hay motivos para creer que las cosas vayan a ser distintas en con Clara Brugada.
Los servidores
públicos de la capital deberán esperar hasta 2030 para contar con una norma que les reconozca sus derechos y relaciones laborales.