Omnia // PJF: Diálogo, no crisis
Resumen:
El 'choque de trenes' que parecía inminente está lejos de concretarse y hay que saludar el diálogo entre el Congreso de la Unión y la Corte.
Transcripción:
El 'choque de trenes' que parecía inminente está lejos de concretarse y hay que saludar el diálogo entre el Congreso de la Unión y la Corte.
Asumiendo un papel muy cercano al de juez y parte, un nutrido sector del Poder Judicial de la Federación se metió en un laberinto jurídico que puso al país al borde de una crisis constitucional. Sin embargo, hay indicios de que ésta no llegará y prevalecerán el diálogo y el entendimiento entre los Poderes del país.
En el laberinto mencionado destaca la locuacidad de juzgadores que lanzaron a diestra y siniestra suspensiones y órdenes para cuya emisión carecen de atribuciones, y lo saben, pero se empecinaron en subterfugios sin sustento para combatir una reforma constitucional vigente en materia judicial y cuyo acatamiento corresponde a todos.
Hay juzgadores que ordenaron al Congreso no legislar, a las legislaturas de los estados no discutir la reforma, al Diario Oficial de la Federación no publicarla, al INE no preparar la elección de juzgadores… Y todo ello con base en demandas de amparo, por más que el artículo 61 de la Ley de Amparo establece en su fracción I que ese juicio “es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución”.
La locuacidad llegó al extremo cuando un juez de Colima amenazó a los consejeros del INE -soslayando que tienen fuero constitucional- con multas de 54 mil pesos a cada uno y con consignarlos penalmente si no suspendían los preparativos para la elección de juzgadores.
La confrontación entre el Judicial y los Poderes Ejecutivo y Legislativo se exacerbó el jueves 3 de octubre cuando, en respuesta a una consulta a trámite formulada por la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, la mayoría de los ministros (ocho) acordó admitir la solicitud de un grupo de juzgadores en el sentido de que la Corte realice un control de constitucionalidad respecto de la reforma a la Constitución en materia judicial.
Aunque en apariencia esa decisión acercó más aún una crisis constitucional, en realidad fue sólo el inicio de un camino que difícilmente conducirá a esa crisis. El acuerdo de la Corte, polémico ciertamente, no prejuzga sobre la procedencia definitiva de la reforma ni sobre el alcance que pueda llegar a tener la futura resolución de la controversia, es decir, está pendiente definir si son fundados los argumentos y demandas expuestos por los promoventes de la solicitud original. “Tampoco -indicó la SCJN en un comunicado- se prejuzga sobre el alcance de las atribuciones que la Corte pueda llegar a tener al momento de someter a control constitucional la reforma aludida, en aspectos tales como la revisión de vicios estrictamente formales e incluso materiales”.
Es decir, el choque de trenes que a mucho parecía inminente está lejos de concretarse y en ese sentido hay que saludar el diálogo que se abrió el pasado martes 8 de octubre entre el Congreso de la Unión y la Corte, y cuya plausible expresión fue la presencia de la ministra presidenta en la ceremonia conmemorativa del Bicentenario de la Instauración del Senado y la conversación previa entre ella y los líderes legislativos.
PLUS ONLINE: CONTRADICCIONES EN LA REFORMA
En la sesión del pleno de la SCJN del 3 de octubre, cuando se tomó el polémico acuerdo, el ministro Alberto Pérez Dayán, uno de los que votaron a favor, hizo esta importante precisión que pareció dirigida a quienes veían la inminencia de una crisis constitucional:
“No todo ejercicio de interpretación constitucional lleva a desconocer el texto constitucional. Bien podemos encontrar (en la revisión acordada por la Corte) disposiciones constitucionales que formalmente pudieran parecer contradictorias entre sí, y es precisamente a esta Suprema Corte, a este Tribunal Constitucional a quien le corresponde hacer prevalecer el orden lógico de las mismas, interpretarlas armónicamente y hacerlas convivir, de modo que ambas o las que resulten contrarias entre sí puedan alcanzar sus objetivos”.
Tiene razón Pérez Dayán, quien incluso citó un ejemplo de aparente contradicción, pues mientras en un lugar se habla de elección de juzgadores, en otro lugar se habla de preparación y concursos para ocupar puestos judiciales. Otro ejemplo es el período de los futuros presidentes de la Corte, ya que en una parte se establece que será de dos años y en otra que serán cuatro.
Es obvio que contradicciones como esas deben ser corregidas y, en ese sentido, la aportación de la Corte puede ser muy valiosa.
El diálogo constructivo entre Poderes debe privilegiarse y es alentador que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informase que el encuentro con la presidenta de la SCJN buscó restablecer el diálogo y la comunicación con el Poder Judicial y, de ser posible, construir un acuerdo de transición para la elección de jueces, ministros y magistrados.
De acuerdo con Fernández Noroña, hay una interlocución del Gobierno Federal, que encabeza la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, con el Poder Judicial.
Hay juzgadores que ordenaron al Congreso no legislar
Asumiendo un papel muy cercano al de juez y parte, un nutrido sector del Poder Judicial de la Federación se metió en un laberinto jurídico que puso al país al borde de una crisis constitucional. Sin embargo, hay indicios de que ésta no llegará y prevalecerán el diálogo y el entendimiento entre los Poderes del país.
En el laberinto mencionado destaca la locuacidad de juzgadores que lanzaron a diestra y siniestra suspensiones y órdenes para cuya emisión carecen de atribuciones, y lo saben, pero se empecinaron en subterfugios sin sustento para combatir una reforma constitucional vigente en materia judicial y cuyo acatamiento corresponde a todos.
Hay juzgadores que ordenaron al Congreso no legislar, a las legislaturas de los estados no discutir la reforma, al Diario Oficial de la Federación no publicarla, al INE no preparar la elección de juzgadores… Y todo ello con base en demandas de amparo, por más que el artículo 61 de la Ley de Amparo establece en su fracción I que ese juicio “es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución”.
La locuacidad llegó al extremo cuando un juez de Colima amenazó a los consejeros del INE -soslayando que tienen fuero constitucional- con multas de 54 mil pesos a cada uno y con consignarlos penalmente si no suspendían los preparativos para la elección de juzgadores.
La confrontación entre el Judicial y los Poderes Ejecutivo y Legislativo se exacerbó el jueves 3 de octubre cuando, en respuesta a una consulta a trámite formulada por la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, la mayoría de los ministros (ocho) acordó admitir la solicitud de un grupo de juzgadores en el sentido de que la Corte realice un control de constitucionalidad respecto de la reforma a la Constitución en materia judicial.
Aunque en apariencia esa decisión acercó más aún una crisis constitucional, en realidad fue sólo el inicio de un camino que difícilmente conducirá a esa crisis. El acuerdo de la Corte, polémico ciertamente, no prejuzga sobre la procedencia definitiva de la reforma ni sobre el alcance que pueda llegar a tener la futura resolución de la controversia, es decir, está pendiente definir si son fundados los argumentos y demandas expuestos por los promoventes de la solicitud original. “Tampoco -indicó la SCJN en un comunicado- se prejuzga sobre el alcance de las atribuciones que la Corte pueda llegar a tener al momento de someter a control constitucional la reforma aludida, en aspectos tales como la revisión de vicios estrictamente formales e incluso materiales”.
Es decir, el choque de trenes que a mucho parecía inminente está lejos de concretarse y en ese sentido hay que saludar el diálogo que se abrió el pasado martes 8 de octubre entre el Congreso de la Unión y la Corte, y cuya plausible expresión fue la presencia de la ministra presidenta en la ceremonia conmemorativa del Bicentenario de la Instauración del Senado y la conversación previa entre ella y los líderes legislativos.
PLUS ONLINE: CONTRADICCIONES EN LA REFORMA
En la sesión del pleno de la SCJN del 3 de octubre, cuando se tomó el polémico acuerdo, el ministro Alberto Pérez Dayán, uno de los que votaron a favor, hizo esta importante precisión que pareció dirigida a quienes veían la inminencia de una crisis constitucional:
“No todo ejercicio de interpretación constitucional lleva a desconocer el texto constitucional. Bien podemos encontrar (en la revisión acordada por la Corte) disposiciones constitucionales que formalmente pudieran parecer contradictorias entre sí, y es precisamente a esta Suprema Corte, a este Tribunal Constitucional a quien le corresponde hacer prevalecer el orden lógico de las mismas, interpretarlas armónicamente y hacerlas convivir, de modo que ambas o las que resulten contrarias entre sí puedan alcanzar sus objetivos”.
Tiene razón Pérez Dayán, quien incluso citó un ejemplo de aparente contradicción, pues mientras en un lugar se habla de elección de juzgadores, en otro lugar se habla de preparación y concursos para ocupar puestos judiciales. Otro ejemplo es el período de los futuros presidentes de la Corte, ya que en una parte se establece que será de dos años y en otra que serán cuatro.
Es obvio que contradicciones como esas deben ser corregidas y, en ese sentido, la aportación de la Corte puede ser muy valiosa.
El diálogo constructivo entre Poderes debe privilegiarse y es alentador que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informase que el encuentro con la presidenta de la SCJN buscó restablecer el diálogo y la comunicación con el Poder Judicial y, de ser posible, construir un acuerdo de transición para la elección de jueces, ministros y magistrados.
De acuerdo con Fernández Noroña, hay una interlocución del Gobierno Federal, que encabeza la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, con el Poder Judicial.
Hay juzgadores que ordenaron al Congreso no legislar