Sin presupuesto, elección judicial quedará en simple consulta popular
Resumen:
La falta de recursos para la elección judicial puede terminar convirtiéndola en un ejercicio similar a una consulta popular: las casillas cambiarían por mesas receptoras que agruparían varios puntos de votación, las casillas especiales estarían en duda y el papel de seguridad podría tener la mitad de los candados que las boletas de los comicios presidenciales para evitar su falsificación.
Transcripción:
La falta de recursos para la elección judicial puede terminar convirtiéndola en un ejercicio similar a una consulta popular: las casillas cambiarían por mesas receptoras que agruparían varios puntos de votación, las casillas especiales estarían en duda y el papel de seguridad podría tener la mitad de los candados que las boletas de los comicios presidenciales para evitar su falsificación.
El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra enfocado en elaborar una propuesta alterna para abaratar el ejercicio del próximo año, que tiene como base el plan B implementado en la consulta popular de 2021, cuando el Legislativo se negó a darles el dinero que necesitaban para cumplir con una elección de dimensiones nacionales.
MILENIO confirmó que la propuesta que se analiza hasta ahora implica reducir las 170 mil casillas de los comicios de junio pasado a al menos 80 mil mesas receptoras, tomando como referencia que en la consulta popular de 2021 se instalaron 57 mil mesas de las 150 mil casillas de la elección presidencial de 2018.
Es decir, sin dinero suficiente para cumplir con la dimensión que la elección judicial exige, tal como sucedió en 2021, la cantidad de centros de votación se reduciría alrededor del 45 por ciento, lo que traería beneficios económicos, pero también complicaciones para la ciudadanía.
En cuanto al costo, tener menos casillas impacta de inmediato en una cadena de gastos e inversiones para el proceso electoral, principalmente en las dos bolsas más costosas: la de 4 mil 500 millones de pesos para la contratación de capacitadores asistentes electorales y la de 6 mil 800 millones de pesos para material electoral y todo lo relacionado con las casillas.
Por ejemplo, si no se instalan las más de 170 mil casillas y varias de éstas se compactan en centros de votación más grandes, esto implicaría que serán menos personas las que se requieren para integrar las mesas de votación; por lo tanto, serían menos capacitadores asistentes electorales y supervisores electorales los que tendrían que ser contratados.
También se reduce el costo en material electoral, ya que esto implicaría menos urnas, menos mamparas y menos impresiones de Listas Nominales de Electores.
En este escenario, las casillas especiales para que personas en tránsito puedan votar no se instalaron por falta de presupuesto en 2021, por lo que cada ciudadano debía sufragar únicamente si se encontraba en su lugar de residencia.
Además, los centros de votación que agrupan diferentes casillas implicarán que la ciudadanía se desplace a lugares que no son tan cercanos a su domicilio.
Con estos ajustes, el material electoral no solo reduciría en volumen, sino también en los altos estándares de calidad utilizados en la pasada elección presidencial.
Las boletas que el INE solicita a Talleres Gráficos de México llegan a tener hasta 10 candados de seguridad que las vuelven infalsificables. Las papeletas de la consulta popular solo contaron con cuatro de estos elementos.
El INE pidió de manera precautoria 13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos para la elección judicial, mientras que, con la referencia de 2021 y al tener la instrucción de la Suprema Corte de pedir un presupuesto precautorio para una eventual consulta popular cada año, solicitó 4 mil 620 millones 764 mil 137 pesos.
Es decir, una consulta costaría el 35 por ciento de una elección judicial, con la diferencia de la trascendencia que implica cada ejercicio.
El INE está enfocado en una propuesta alterna para abaratar el ejercicio.
El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra enfocado en elaborar una propuesta alterna para abaratar el ejercicio del próximo año, que tiene como base el plan B implementado en la consulta popular de 2021, cuando el Legislativo se negó a darles el dinero que necesitaban para cumplir con una elección de dimensiones nacionales.
MILENIO confirmó que la propuesta que se analiza hasta ahora implica reducir las 170 mil casillas de los comicios de junio pasado a al menos 80 mil mesas receptoras, tomando como referencia que en la consulta popular de 2021 se instalaron 57 mil mesas de las 150 mil casillas de la elección presidencial de 2018.
Es decir, sin dinero suficiente para cumplir con la dimensión que la elección judicial exige, tal como sucedió en 2021, la cantidad de centros de votación se reduciría alrededor del 45 por ciento, lo que traería beneficios económicos, pero también complicaciones para la ciudadanía.
En cuanto al costo, tener menos casillas impacta de inmediato en una cadena de gastos e inversiones para el proceso electoral, principalmente en las dos bolsas más costosas: la de 4 mil 500 millones de pesos para la contratación de capacitadores asistentes electorales y la de 6 mil 800 millones de pesos para material electoral y todo lo relacionado con las casillas.
Por ejemplo, si no se instalan las más de 170 mil casillas y varias de éstas se compactan en centros de votación más grandes, esto implicaría que serán menos personas las que se requieren para integrar las mesas de votación; por lo tanto, serían menos capacitadores asistentes electorales y supervisores electorales los que tendrían que ser contratados.
También se reduce el costo en material electoral, ya que esto implicaría menos urnas, menos mamparas y menos impresiones de Listas Nominales de Electores.
En este escenario, las casillas especiales para que personas en tránsito puedan votar no se instalaron por falta de presupuesto en 2021, por lo que cada ciudadano debía sufragar únicamente si se encontraba en su lugar de residencia.
Además, los centros de votación que agrupan diferentes casillas implicarán que la ciudadanía se desplace a lugares que no son tan cercanos a su domicilio.
Con estos ajustes, el material electoral no solo reduciría en volumen, sino también en los altos estándares de calidad utilizados en la pasada elección presidencial.
Las boletas que el INE solicita a Talleres Gráficos de México llegan a tener hasta 10 candados de seguridad que las vuelven infalsificables. Las papeletas de la consulta popular solo contaron con cuatro de estos elementos.
El INE pidió de manera precautoria 13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos para la elección judicial, mientras que, con la referencia de 2021 y al tener la instrucción de la Suprema Corte de pedir un presupuesto precautorio para una eventual consulta popular cada año, solicitó 4 mil 620 millones 764 mil 137 pesos.
Es decir, una consulta costaría el 35 por ciento de una elección judicial, con la diferencia de la trascendencia que implica cada ejercicio.
El INE está enfocado en una propuesta alterna para abaratar el ejercicio.