Desde San Lázaro // Farsa, el Comité de Evaluación del Congreso
Resumen:
Lo dicho, toda la farsa que está haciendo el oficialismo con la reforma judicial para poner juzgadores a modo, está quedando al descubierto con su instrumentación, como se puede apreciar en la conformación del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, en donde por obra y gracia del espíritu santo se eligieron a cinco perfiles totalmente afines a Morena y aliados; y en especial a Adán Augusto López y a Ricardo Monreal, lo que significa que estos insignes personajes escogerán a la nueva batería de jueces, magistrados y ministros.
Transcripción:
Lo dicho, toda la farsa que está haciendo el oficialismo con la reforma judicial para poner juzgadores a modo, está quedando al descubierto con su instrumentación, como se puede apreciar en la conformación del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, en donde por obra y gracia del espíritu santo se eligieron a cinco perfiles totalmente afines a Morena y aliados; y en especial a Adán Augusto López y a Ricardo Monreal, lo que significa que estos insignes personajes escogerán a la nueva batería de jueces, magistrados y ministros.
El proceso habla de que, luego de que ya se tengan conformados los Comités de Evaluación de los Tres Poderes de la Unión, se afinarán las listas de candidatos que se presentarán ante los votantes para que sean electos, a través de una complicada y onerosa elección para que, posteriormente, sean investidos con la toga y el birrete.
El largo periplo de la reforma judicial se bifurca en tantas ramificaciones y esfuerzo institucional que, a la postre, ni siquiera servirá para validar el engaño que impulsó AMLO y que lo continúa Claudia Sheinbaum.
En el fondo, se trata de una burda maniobra para apropiarse del Poder Judicial y con ello establecer la autocracia que de golpe y porrazo aniquila el régimen democrático, la división de poderes y la misma Constitución, conocida como hasta ahora, porque en unos meses será una muy diferente a la concebida en 1917.
El Congreso avaló cinco perfiles que integrarán el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, el cual revisará las candidaturas de jueces, magistrados, ministros y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial.
Según la reforma judicial aprobada por el oficialismo, los Comités de Evaluación deben integrarse por personas de reconocido prestigio en la actividad jurídica, abogados titulados y sin antecedentes penales, además de no haber ocupado cargos partidistas; ellos decidirán, luego de revisar los expedientes de los aspirantes, quiénes cumplen con los requisitos para contender.
A los integrantes del Comité de Evaluación del Congreso solo les faltó una firma para ser militantes de Morena y aliados. Es decir, su incipiente trayectoria está vinculada al oficialismo.
Veamos un ejemplo, el caso de Andrés Norberto García, quien representó a Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas en el pasado proceso electoral, al igual que Maday Merino, quien encabezó el órgano de transparencia de Tabasco.
En las mismas condiciones están los otros tres seleccionados, entonces qué caso tiene continuar con el engaño, si al final del día ya sabemos de qué pie cojearán los seleccionados.
Sorprende el cinismo y la desfachatez con la que se desenvuelven los promotores de la reforma judicial que causa burla e hilaridad en otros países, en cambio, aquí, dicen, debe ser ejemplo a seguir.
¿Por qué no se ahorran el costo de la elección de juzgadores? Y esos recursos, canalizarlos para atender las demandas de los mexicanos más pobres y no de los cubanos o venezolanos, por citar dos ejemplos que ponen de manifiesto cuáles son las prioridades del nuevo gobierno.
Tanto empeño en simular una situación que para todos es evidente.
El control total del Poder Judicial y del Legislativo por parte de la jefa del Ejecutivo federal es el objetivo final para impedir, entre otras cosas, la alternancia en el poder.
Tal parece que en esta borrachera de la autocracia, se olvidan de varios detalles que debieron considerar para emprender este manotazo de la dictadura, como es el hecho de establecer el escenario económico adecuado para el crecimiento y no con la incertidumbre que dejan entre los grandes inversionistas y empresarios que tenían considerado invertir en México.
La devaluación, el desplome del PIB, la degradación de las calificadoras internacionales, el desempleo y la inflación, son tan solo algunos de los efectos que vienen por las decisiones presidenciales que se están tomando en estos momentos.
Podrán engañar a la mayoría de los votantes mexicanos que se conforman con recibir las migajas del régimen, pero hay otros sectores de la población, los que producen la riqueza que genera impuestos y los empleos formales, que se sienten traicionados ante las promesas del nuevo gobierno.
Veremos qué tanto aguanta el tema de la gobernabilidad por la inconformidad de ajustar a la baja los apoyos con dinero público que se reparte entre los beneficiarios y que no todos ellos se encuentran en pobreza extrema o marginación severa.
Lo hemos dicho en otras ocasiones: no hay dinero público que alcance para cubrir el gasto del gobierno, por lo que no hay que dudar que si el sexenio de AMLO se caracterizó por endeudar al país de forma inédita, el de Sheinbaum será alarmante en este rubro.
En lugar de tirar el presupuesto en elecciones chafas de juzgadores, es mejor darle un mejor uso a esos recursos que tanta falta hacen a un gobierno que está en quiebra.
El proceso habla de que, luego de que ya se tengan conformados los Comités de Evaluación de los Tres Poderes de la Unión, se afinarán las listas de candidatos que se presentarán ante los votantes para que sean electos, a través de una complicada y onerosa elección para que, posteriormente, sean investidos con la toga y el birrete.
El largo periplo de la reforma judicial se bifurca en tantas ramificaciones y esfuerzo institucional que, a la postre, ni siquiera servirá para validar el engaño que impulsó AMLO y que lo continúa Claudia Sheinbaum.
En el fondo, se trata de una burda maniobra para apropiarse del Poder Judicial y con ello establecer la autocracia que de golpe y porrazo aniquila el régimen democrático, la división de poderes y la misma Constitución, conocida como hasta ahora, porque en unos meses será una muy diferente a la concebida en 1917.
El Congreso avaló cinco perfiles que integrarán el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, el cual revisará las candidaturas de jueces, magistrados, ministros y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial.
Según la reforma judicial aprobada por el oficialismo, los Comités de Evaluación deben integrarse por personas de reconocido prestigio en la actividad jurídica, abogados titulados y sin antecedentes penales, además de no haber ocupado cargos partidistas; ellos decidirán, luego de revisar los expedientes de los aspirantes, quiénes cumplen con los requisitos para contender.
A los integrantes del Comité de Evaluación del Congreso solo les faltó una firma para ser militantes de Morena y aliados. Es decir, su incipiente trayectoria está vinculada al oficialismo.
Veamos un ejemplo, el caso de Andrés Norberto García, quien representó a Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas en el pasado proceso electoral, al igual que Maday Merino, quien encabezó el órgano de transparencia de Tabasco.
En las mismas condiciones están los otros tres seleccionados, entonces qué caso tiene continuar con el engaño, si al final del día ya sabemos de qué pie cojearán los seleccionados.
Sorprende el cinismo y la desfachatez con la que se desenvuelven los promotores de la reforma judicial que causa burla e hilaridad en otros países, en cambio, aquí, dicen, debe ser ejemplo a seguir.
¿Por qué no se ahorran el costo de la elección de juzgadores? Y esos recursos, canalizarlos para atender las demandas de los mexicanos más pobres y no de los cubanos o venezolanos, por citar dos ejemplos que ponen de manifiesto cuáles son las prioridades del nuevo gobierno.
Tanto empeño en simular una situación que para todos es evidente.
El control total del Poder Judicial y del Legislativo por parte de la jefa del Ejecutivo federal es el objetivo final para impedir, entre otras cosas, la alternancia en el poder.
Tal parece que en esta borrachera de la autocracia, se olvidan de varios detalles que debieron considerar para emprender este manotazo de la dictadura, como es el hecho de establecer el escenario económico adecuado para el crecimiento y no con la incertidumbre que dejan entre los grandes inversionistas y empresarios que tenían considerado invertir en México.
La devaluación, el desplome del PIB, la degradación de las calificadoras internacionales, el desempleo y la inflación, son tan solo algunos de los efectos que vienen por las decisiones presidenciales que se están tomando en estos momentos.
Podrán engañar a la mayoría de los votantes mexicanos que se conforman con recibir las migajas del régimen, pero hay otros sectores de la población, los que producen la riqueza que genera impuestos y los empleos formales, que se sienten traicionados ante las promesas del nuevo gobierno.
Veremos qué tanto aguanta el tema de la gobernabilidad por la inconformidad de ajustar a la baja los apoyos con dinero público que se reparte entre los beneficiarios y que no todos ellos se encuentran en pobreza extrema o marginación severa.
Lo hemos dicho en otras ocasiones: no hay dinero público que alcance para cubrir el gasto del gobierno, por lo que no hay que dudar que si el sexenio de AMLO se caracterizó por endeudar al país de forma inédita, el de Sheinbaum será alarmante en este rubro.
En lugar de tirar el presupuesto en elecciones chafas de juzgadores, es mejor darle un mejor uso a esos recursos que tanta falta hacen a un gobierno que está en quiebra.