Transcripción:
La reconstrucción de la Ciudad de México tras los sismos de septiembre de 2017 ha avanzado lentamente y, pese a que las autoridades sostienen que está por terminarse, para cientos de familias la devastación sigue presente en sus inmuebles.
Han transcurrido siete años desde que un sismo de magnitud 7.1 grados cimbró a la Ciudad de México (CDMX) y a sus habitantes, que entonces solo veían la tragedia reflejada en un lejano 1985. Los daños dejaron importantes secuelas en al menos 22 mil inmuebles multi y unifamiliares, de los cuales más de 2 mil quedarán inconclusos al final de este sexenio.
La Comisión para la Reconstrucción (CR) y el Instituto de Vivienda (INVI) de la CDMX absorbieron la labor titánica de rehabilitar y reconstruir los 22 mil 84 inmuebles (11 mil 140 multifamiliares y 10 mil 944 unifamiliares), de los cuales, al momento, según el Portal para la Reconstrucción, 19 mil 379 han sido entregados y, en el caso de los 2 mil 705 restantes, se prevé su entrega para inicios y finales de 2025.
Del universo de pendientes, la CR acumula 854 en obra, mientras que el INVI mil 568 en las mismas condiciones y 283 por iniciar.
Esta situación se traduce en un viacrucis que ha durado siete años para miles de damnificados que, además de ver destruido el patrimonio que les costó muchos años obtener, han tenido que lidiar con constructoras, pleitos vecinales, burocracia, litigios y, en muchos casos, corrupción.
Conflicto de condóminos
Al menos seis familias de damnificados siguen viviendo en una de las dos torres del predio ubicado en la calle Aguascalientes 12 de la Colonia Roma Sur en la alcaldía Cuauhtémoc, donde aún son visibles los estragos del movimiento telúrico del 19 de septiembre de 2017.
Paredes agrietadas y una torre B en abandono y repleta de escombros son el contexto en el que llevan a cabo su vida diaria, sin que, hasta la fecha, el inmueble haya sido intervenido por la CR o por el INVI. El motivo, aseguran, son los conflictos vecinales que derivaron en un litigio que, a siete años del sismo, sigue sin resolverse.
"El edificio no tiene ningún problema, los problemas son los condóminos. La autoridad ya determinó, ya estudió, ya verificó, hizo todos los estudios y hay un juez que ahorita está con ellos, impidiendo que la autoridad actúe", relató Álvaro Isais, quien es uno de los habitantes del inmueble.
Isais aseguró a Reporte Índigo que las autoridades tienen todo listo para intervenir el inmueble desde 2019; no obstante, la diferencia entre los habitantes del predio consiste en que la mayoría de los condóminos quieren que el edificio sea demolido, y los seis que permanecen en el lugar se aferran a la rehabilitación del mismo.
"Es un trabajo que se hace en 10 meses, pero ellos quieren demoler y que se haga un edificio nuevo", sostuvo el damnificado.
La contraparte, integrada por alrededor de 56 familias de condóminos y encabezada por Ángeles Moreno, sostiene que el edificio Aguascalientes 12 se encuentra en alto riesgo de colapso, mismo que fue dictaminado por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en al menos cuatro ocasiones.
Motivo por el cual se interpuso un amparo ante las autoridades judiciales a efecto de que se dé cumplimiento al desalojo, demolición y reconstrucción del edificio.
"Seis de los 70 propietarios aún habitan en el edificio por problemas legales personales; se ampararon para evitar la reconstrucción", refiere el colectivo mayoritario que busca la demolición del edificio.
Sin embargo, las familias que aún habitan el lugar argumentan que lo que tiene en su poder la parte mayoritaria de condóminos son inspecciones y no dictámenes.
"Lo que hizo el Instituto para la Seguridad de las Construcciones es una inspección y dio un fallo de que el edificio era de alto riesgo, pero en cuanto aparecieron los verdaderos estudios, salió que la estructura del edificio estaba en buenas condiciones para ser reparado", agregó Isais.
Cabe señalar que el 70 por ciento de los damnificados de Aguascalientes 12, como en muchos otros predios, son adultos mayores, 14 de los cuales ya fallecieron, por lo que el tiempo resulta un factor clave.
Si bien se espera que este asunto se resuelva a finales de 2024 y los trabajos se lleven a cabo en 2025, muchos damnificados están cansados de promesas de una reconstrucción que parece nunca llegar a su fin.
'Viacrucis' burocrático
Dalia Martínez es una de las personas que integran a las decenas de familias damnificadas por los daños que sufrió el edificio ubicado en Pitágoras 316, en la alcaldía Benito Juárez. Ella describe los últimos siete años como un 'viacrucis burocrático' que ha sido muy desgastante para los afectados del sismo, quienes no han podido recuperar su hogar y su tranquilidad.
"Ha sido un viacrucis después de toda la maraña burocrática", indicó Martínez a este diario, y agregó que tras una larga lucha del colectivo Movimiento de Familias Damnificadas del 19S, integrado por 27 predios con poco o nulo avance en cuanto a la reconstrucción o rehabilitación hasta 2023, misma que incluyó numerosas protestas en las oficinas del INVI y en el Congreso de la Ciudad de México, su fuerza se ha debilitado por el desgaste que implica y el fallecimiento de sus integrantes.
Dalia explicó que en Pitágoras 316 tuvieron que optar por la vía legal a través de un convenio de mediación en 2023, del cual están esperando resolución, pues la manera de obrar de las autoridades ha dejado mucho qué desear.
Las autoridades sostienen que ya hay proyecto ejecutivo para comenzar la reconstrucción en este predio; sin embargo, para los damnificados, solo ha habido opacidad.
"Es una verdadera pesadilla la atención con el Gobierno, es una falacia, es solamente un 'pretender que estamos atendiendo para que no tengas argumentos para hacerla de emoción'. La verdad es grave lo que sigue sucediendo; siguen falleciendo los propietarios; van al menos 22 entre los miembros del colectivo", detalló.
Redensificación engañosa
Blanca Eligio es una de las damnificadas de Saratoga 714, donde, aseguró, la tragedia lleva el nombre del "Cártel Inmobiliario".
De acuerdo con la habitante de la alcaldía Benito Juárez, las excavaciones para la construcción de un edificio de 68 departamentos colindante fueron las causantes del colapso del inmueble en septiembre de 2017.
No obstante, a siete años del siniestro, los damnificados no han podido regresar a sus hogares por retrasos en las obras y problemas de sobrecostos y "ahorros" de las constructoras bajo la vigilancia de la CR. Estas no son las únicas inconsistencias en el proyecto, pues también les redujeron su espacio por la redensificación.
"Aceptamos un redimensionamiento del 35 por ciento, y resulta que nos hicieron uno del 50 por ciento", sostuvo la damnificada, quien aseguró que, aunque la entrega del inmueble estaba pactada para el pasado 15 de septiembre, una vez más la fecha fue aplazada.
Blanca refirió que en los últimos meses la administración de Martí Batres mostró voluntad para solucionar el problema; no obstante, esperan que Clara Brugada sea más acertada al elegir al personal a cargo de los pendientes de la reconstrucción.
Del universo de pendientes para la reconstrucción en la CDMX, la Comisión acumula 854 en obra, mientras que el INVI mil 568 en las mismas condiciones y 283 por iniciar obras de reconstrucción y rehabilitación quedarán pendientes en la CDMX al cierre de esta administración.