Y diez años después, siguen desaparecidos
Resumen:
Tras una década de investigaciones que abarcan los sexenios de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, no hay grandes avances sobre el destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en Iguala entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.
Transcripción:
Tras una década de investigaciones que abarcan los sexenios de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, no hay grandes avances sobre el destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en Iguala entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.
El caso es una de las herencias para la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo en cinco días.
A las indagatorias iniciadas por las dos administraciones federales en los últimos diez años se suman las realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Expertas Independientes, organismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, hasta ahora solo se ha identificado a tres de los jóvenes gracias a restos óseos encontrados y, si bien el caso apunta a que los estudiantes fueron asesinados, cremados y sus restos arrojados a un río, esta "verdad histórica" se construyó a partir de violaciones a los derechos humanos, como tortura contra algunos de los detenidos.
Incluso hay señalamientos de simulación de pruebas.
Gildardo López Astudillo, líder criminal cuyo testimonio como testigo protegido sirvió para construir dicha verdad, fue reaprehendido el 1 de septiembre.
Los hechos de arbitrariedad, agresión, violencia, muerte, impunidad e injusticia prolongados durante los últimos diez años se desarrollaron esencialmente en seis horas: entre las 9 de la noche y las 3 de la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala de la Independencia, estado de Guerrero.
El asesinato de seis personas, las lesiones a 42 y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa a manos de policías municipales y estatales, asociados con el grupo criminal Guerreros Unidos, tiene alcances históricos.
Las consecuencias negativas incluyen problemas en la seguridad pública, fallos en los mecanismos de inteligencia, deficiencias en la procuración de justicia, violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, el profundo dolor que sufren los padres de los jóvenes desaparecidos, quienes no se resignan a lo ocurrido hace 10 años.
Los siguen buscando. Esperan su llegada. El hecho se polarizó; se convirtió en bandera y botín político.
Quebró añosas alianzas de lucha y estrechó aún más algunas relaciones institucionales.
El caso Ayotzinapa ha trascendido los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Sin avances en el paradero de los jóvenes, lo fundamental es que se trata de una de las herencias para la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo en cinco días.
En los últimos diez años se han realizado investigaciones oficiales por parte de dos gobiernos federales de México: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), organismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA), con seis informes.
Peña Nieto dejó el gobierno defendiendo la "verdad histórica" de su administración: "En lo personal, y con el dolor que causa, y con lo que significa la pena para los padres de familia, estoy en la convicción de que, lamentablemente, pasó justamente lo que la investigación arrojó", dijo en un spot con motivo de su sexto informe de gobierno.
El 1 de septiembre de 2024, en su sexto y último Informe de Gobierno, el presidente López Obrador dijo: "Avanzamos en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Esa es una asignatura pendiente, pero todavía no termino mi mandato como presidente y vamos a seguirlos buscando a los jóvenes".
RECONFIRMACIÓN DE HECHOS
En las distintas investigaciones se han reconfirmado los mismos hechos, con sus matices:
Que 43 estudiantes fueron desaparecidos, asesinados, cremados y que no se sabe su paradero, salvo la identidad de restos óseos pertenecientes a tres de los 43 estudiantes.
Que la llamada "verdad histórica" del sexenio de Peña Nieto se construyó a partir de violaciones a los derechos humanos, pero no es mentira del todo.
Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llevó a cabo la investigación más exhaustiva sobre el caso y que todas sus recomendaciones han sido ignoradas públicamente. Que el crimen dividió al nuevo régimen: algunos sostienen que fue un crimen de estado que implicó a efectivos del Ejército mexicano, mientras que otros exculpan al Ejército de toda responsabilidad. Que la administración que terminará en 120 horas no revirtió la "verdad histórica", porque los restos óseos de uno de los jóvenes encontrados tenían rastros de fuego. La tesis de la "verdad histórica" es que un grupo de estudiantes fue cremado en un basurero de Cocula.
En el análisis de los hechos, el sexenio de Peña Nieto, que empezó con un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, llamado Pacto por México, firmado el 2 de diciembre de 2012, comenzó a terminar con lo sucedido con los 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014.
En los cuatro meses siguientes a los hechos, el gobierno de Peña Nieto, que inicialmente se mostró pasmado (intervino 18 días después), investigó y presentó el 27 de enero de 2015 lo que se conoce como la "verdad histórica". Esta "verdad histórica" fue desacreditada por la oposición, que se convirtió en gobierno.
La oposición a la "verdad histórica" también fue enarbolada por el GIEI, que inició trabajos en marzo de 2015. En septiembre de ese mismo año presentó su primer informe. Ahí comenzó un jaloneo sobre los hechos ocurridos hace 10 años. Lo único que es una verdad incontrovertible es que los 43 normalistas de Ayotzinapa siguen desaparecidos.
LAS SEIS HORAS DE TERROR EN IGUALA
Los estudiantes iban a apoderarse de camiones y terminaron desaparecidos.
Lo que hoy se conmemora como una tragedia sucedió en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala. Entre otros delitos, entonces ocurrió la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Es el hilo conductor del hecho que hoy cumple 10 años.
Los hechos ocurrieron cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, se trasladó a Iguala. El objetivo, se argumentó, era apoderarse de autobuses que ocuparían para participar en la conmemoración de la matanza del 2 de octubre en la Plaza de Tlatelolco, en 1968.
El secuestro de autobuses por parte de los estudiantes de Ayotzinapa para su activismo político ha sido habitual desde hace años y consentido por las empresas afectadas y autoridades. El 26 de septiembre de hace diez años, las autoridades cambiaron su proceder.
Los policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. El operativo fue apoyado por otras corporaciones.
Los policías contuvieron el trayecto de cinco autobuses: tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica. En esos dos escenarios fueron detenidos los 43 estudiantes, que siguen en calidad de desaparecidos.
La violencia mortal de la noche del 26 de septiembre de 2014 se prolongó hasta la madrugada del 27. Se develó que el grupo criminal Guerreros Unidos estaba detrás de todas las acciones.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro señaló que el saldo de lo ocurrido el 27 de septiembre fue de seis personas desaparecidas: seis personas que aparecieron al día siguiente con muestras de tortura; al menos dos de los agraviados resultaron víctimas directas de la agresión.
En total, 43 jóvenes estudiantes siguen desaparecidos, entre ellas tres normalistas, y 42 resultaron lesionadas, que tuvieron afectaciones permanentes a su salud. Se estima que más de 180 personas fueron víctimas de violaciones a derechos humanos, considerando a los 700 que contaron con atención médica.
LAV VERDAD HISTÓRICA: UNA MENTIRA
Iguala intentó darle carpetazo al caso de los normalistas. Con esa investigación, el gobierno de Peña Nieto quiso dar por cerrado el caso de la desaparición de los estudiantes.
La verdad histórica fue la narrativa con la que este gobierno defendió el caso de la desaparición. La Procuraduría General de la República, bajo el entonces titular Jesús Murillo Karam —acusado de tortura y obstrucción de la justicia— presentó un caso que fue considerado clave: se acusó que el grupo de Sicarios de Guerreros Unidos asesinó y quemó a los estudiantes en Cocula.
Los estudiantes fueron secuestrados la noche del 26 de septiembre de 2014, después de que algunos camiones de transporte fueron apoderados por el grupo.
El gobierno de Peña Nieto dio por terminada la investigación el 7 de noviembre de 2014 para darle carpetazo al caso.
Estos datos provienen de la "verdad histórica", que no da cuenta de las violaciones de derechos humanos: se han documentado varios casos de tortura y existe obstrucción a la justicia, considerando donde apareció el cuerpo de uno de los jóvenes.
Afirma que la policía entregó a los Guerreros Unidos a los estudiantes que fueron secuestrados, y por ello, surgieron las declaraciones en las que se refirió que las torturas comenzaron tan pronto como fueron presentados a Murillo, el 15 de enero de 2015.
Los puntos de vista divergentes con respecto a la "verdad histórica" fueron evidentes: los organismos de derechos humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes realizaron investigaciones paralelas, que cuestionaron la narrativa del gobierno de Peña Nieto. La verdad histórica, presentada el 15 de enero de 2015, llevó a una batalla por la descalificación de las versiones dadas por el gobierno anterior, más que a esclarecer el paradero de los 43 normalistas.
EL GIEI: EL COCO DE LOS GOBIERNOS
Los expertos descalificaron que los estudiantes hubiesen sido cremados.
El GIEI, en un informe de 550 páginas titulado "Informe Ayotzinapa: Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa", aseguró que no había evidencias de que un fuego de esa magnitud haya ocurrido, ni de que los estudiantes hayan sido incinerados en un basurero de Cocula. "Ese evento, tal como ha sido descrito, no pasó", aseguró en conferencia de prensa el experto español Carlos Beristain. Luego de seis meses de trabajo, el GIEI opinó que el gobierno de México no había hecho todo lo posible para localizar a los estudiantes.
El primer informe de GIEI expuso que hubo hechos no investigados y evidencias destruidas. Las personas integrantes del GIEI revisaron los 115 tomos del expediente judicial del caso, los mismos con los que trabajó la PGR y la CNDH. También solicitaron peritajes independientes, en el campo forense y de distintas escenas de crimen, como los de fuego.
Mientras la "verdad histórica" de la PGR sostiene que parte de los normalistas fueron detenidos por policías de Iguala y Cocula y posteriormente entregados a sicarios de Guerreros Unidos, quienes después de haber sido asesinados cremaron a los jóvenes con una pira improvisada alimentada con llantas, madera, basura, diésel y otros combustibles durante al menos 12 horas, el GIEI dijo que el peritaje independiente del experto peruano José Torero, de la Universidad de Queensland (Australia) y miembro de la Academia Australiana de Tecnología e Ingeniería, establecía que "no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula: en ese lugar solo hubo fuegos de pequeñas dimensiones, pero no se puede saber la fecha en que ocurrieron; que en los alrededores del basurero no había combustibles suficientes para cremar cuerpos, ni uno sólo; y que los peritajes de la PGR no se basaron en la evidencia material, y sus conclusiones son erróneas".
El 25 de julio de 2023, el GIEI presentó su sexto y último informe a la vez que declaraba "no hay condiciones para que puedan continuar las labores". De esta manera, el GIEI se convirtió en un fuerte crítico de las investigaciones tanto del gobierno de Peña Nieto como de López Obrador.
LAS PROMESAS DE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL
"Vamos a que se conozca todo; yo voy a cumplirles y el tiempo lo dirá".
El candidato presidencial López Obrador dijo que al llegar al gobierno federal, uno de sus objetivos sería localizar a los 43 normalistas. Tomó protesta el 1 de diciembre de 2018 y este compromiso aún no se ha cumplido, la Presidencia la deja en cinco días.
El 25 de mayo de 2018, a 36 días de la elección presidencial del 2 de julio, Andrés Manuel López Obrador, como candidato a la presidencia de México que ganó, sostuvo que tan pronto como ganara el movimiento que encabeza, habría justicia para los jóvenes de Ayotzinapa.
En Iguala, López Obrador dijo: "Vamos a que se integre una comisión de la verdad y que intervenga la ONU para que se aclare todo lo relacionado con la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa". Manifestó su desacuerdo con quienes dicen que si se aclara lo que sucedió aquí, en Iguala, en esta región, se afectará al Ejército y a las instituciones. No comparte ese punto de vista. "Vamos a que se conozca todo", "Yo voy a cumplirles, el tiempo lo dirá”, afirmó López Obrador en un mitin de campaña hace más de cinco años.
Expresó que si se conoce toda la verdad y se hace justicia, en vez de afectarse, de debilitarse, se va a fortalecer con una institución al servicio del pueblo, no para agredir al pueblo de México.
Señaló: "Vamos a que se conozca todo. No quiero, ni deseo ni conviene a ustedes que viven aquí en Iguala, que cuando se hace referencia a Iguala se esté pensando en los desaparecidos, se esté pensando en el dolor. No, el pueblo de Iguala, el pueblo de Guerrero, el pueblo de México no merece eso". Expuso que "nada de sospecha, justicia. Iguala va a ser el ejemplo de cómo se hace justicia en un gobierno democrático".
DE LA CNDH: LA INVESTIGACIÓN MÁS COMPLETA
Documentó casos específicos de tortura y malos tratos por parte de autoridades mexicanas.
El 28 de noviembre de 2018, la CNDH presentó la Recomendación 15VG/2018 sobre el caso. Esta investigación, considerada la más completa hasta la fecha, ha sido ignorada.
La Recomendación 15VG/2018 ha sido considerada por investigadores y periodistas como un documento crucial para entender a profundidad la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La recomendación evidencia las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la investigación y los hechos relacionados con el caso.
Las diligencias de la CNDH constan en un expediente de mil 255 tomos, 165 anexos, integrado por un millón 100 mil fojas. Algunos de los puntos torales de este trabajo son: las violaciones a los derechos humanos, en calidad de "graves", durante la investigación del caso.
Estas violaciones incluyen tortura y maltrato. Se descubrió que varios detenidos fueron torturados para obtener confesiones. La CNDH documentó casos específicos de tortura y malos tratos por parte de autoridades mexicanas.
La investigación de la CNDH identificó los fallos en la manera en que las autoridades manejaron la desaparición forzada de los estudiantes, incluyendo omisiones y negligencia en la búsqueda y en el seguimiento de pistas. Halló evidencia de manipulación de pruebas y una falta de transparencia en el proceso investigativo, que contribuyó a la confusión y al encubrimiento de la verdad.
La CNDH responsabilizó a varios funcionarios y agencias del gobierno por las irregularidades en la investigación, que incluyó a las policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco; evidenció complicidad y participación directa en los hechos, así como en el encubrimiento de los mismos.
A la desaparecida PGR, la CNDH la criticó por la falta de diligencia en la investigación y la manera en que manejó las pruebas y testimonios de los detenidos.
En específico, la recomendación de la CNDH incluyó una serie de medidas correctivas y recomendaciones para abordar las fallas identificadas en su amplia investigación: llevar a cabo una investigación completa y transparente sobre las violaciones a los derechos humanos, incluyendo la tortura y la manipulación de pruebas; solicitó que se responsabilizara a los funcionarios implicados en la tortura y en el mal manejo del caso; recomendó que se brindara atención y apoyo a las víctimas y sus familias, incluyendo medidas de reparación integral.
La recomendación 15VG/2018 tuvo un impacto significativo al exponer deficiencias serias en la investigación oficial del caso de los 43 estudiantes. También destacó la necesidad de reformar las prácticas institucionales para prevenir futuras violaciones a los derechos humanos y asegurar una mayor transparencia y justicia en investigaciones de esta índole.
Este documento es parte de un conjunto más amplio de esfuerzos por parte de organismos nacionales e internacionales para esclarecer los hechos y obtener justicia para las víctimas de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa.
LA CLAVE ESTÁ EN 114 RESTOS ÓSEOS
Con mínimas porciones de huesos se ha identificado a tres normalistas.
Como parte de las investigaciones oficiales se han localizado y concentrado miles de restos óseos, de los cuales se sabe muy poco. Con mínimas porciones óseas, han sido identificados tres de los 43: Alexander Mora Venancio, en diciembre de 2014; Jhosivani Guerrero de la Cruz, en 2015; y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, en 2020.
La clave para avanzar en el esclarecimiento del caso está en los 114 restos, entre ellos las 38 piezas de huesos temporales, que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa tiene pendiente enviar a analizar por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde 2018.
Sobre el móvil, la CNDH hizo suyo el reclamo de los padres de los alumnos, que el 18 de febrero de 2015, en una reunión entre estas partes, plantearon: ¿Por qué motivo los alumnos de la normal fueron llevados a la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014? ¿Quién los llevó? y ¿por qué precisamente a los alumnos de primer grado? Esta exigencia quedó en el reporte Estado de la Investigación del Caso Iguala, del 23 de julio de 2015, sin respuesta.
Ninguna de las dos instancias investigadoras en estos diez años ha dilucidado el móvil del crimen. Todo ha quedado en especulaciones: si la movilización de estudiantes hacia Iguala tenía carácter social con preparativos de protesta para el 2 de octubre, que fue interpretada por Guerreros Unidos como una movilización de sus adversarios, "Los Rojos"; hasta que esa movilización SÍ fue utilizada por Guerreros Unidos para mover droga o dinero en alguno de los autobuses secuestrados por los estudiantes, a través de algún o algunos alumnos de la normal al servicio de la delincuencia. Particularmente y de forma insistente se ha mencionado a dos personajes: el exdiputado por Morena, Manuel Vázquez Arellano, y David Flores Maldonado, conocido como "La Parka", quien desde tiempos del presidente Enrique Peña Nieto tuvo un puesto en la Secretaría de Educación Pública. Hasta el 29 de julio de 2022 tenía cargo de jefe de área en la jefatura de la Oficina de la Secretaría, según la plataforma de transparencia del INAI.
No solamente para aclarar qué parte de la llamada "verdad histórica" es real, sino para tener claridad del móvil, la declaración ministerial de Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación en el momento de los hechos de hace 10 años, es clave. Zerón permanece prófugo en Israel, país que no tiene convenio de extradición con México.
EL GIL: EL SICARIO TESTIGO QUE TERGIVERSÓ EL CASO
Después de haber recibido una serie de canonjías, López Astudillo está preso. Después de años de investigación, la CoVAJ llegó a la misma conclusión que la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), que lo hizo de manera vertiginosa en cuatro meses, con confesiones obtenidas bajo tortura, acreditadas por el juez federal Samuel Ventura Ramos.
Salvo las declaraciones de Juan Miguel Pantoja Miranda, alias "El Pajarraco", uno de los presuntos participantes en la desaparición de los 43 normalistas, que el 30 de agosto de 2018 confesó a la CNDH sobre el destino de los normalistas, y las de los hermanos Bernabé Sotelo Salinas y Cruz Sotelo Salinas, detenidos el 23 de enero de 2016.
El 18 de agosto de 2022, el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en la presentación de su informe preliminar del caso, dijo: "No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida; por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos".
El 27 de enero de 2015, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam —quien fue enviado a la cárcel el 19 de agosto de 2022 acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia—, en su "verdad histórica" dijo: "Fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río. En ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, que debe tener validez jurídica ante los órganos jurisdiccionales".
Las investigaciones de la PGR llevaron a la cárcel a cientos de personas, de las cuales 120 han recibido sentencias absolutorias por el juez federal Ventura Ramos, luego de que se comprobó que habían sido torturadas. Entre los absueltos está Gildardo López Astudillo, alias "El Gil", jefe de sicarios de la banda Guerreros Unidos, convertido en testigo colaborador con el nombre de "Juan", quien durante casi cuatro años tuvo una serie de canonjías, ya que se auto proclamó como pieza clave con la cual la CoVAJ intentó reconstruir los hechos de hace 10 años para poder etiquetar el caso como un asesinato de Estado. López Astudillo fue recapturado el 1 de septiembre de 2024 por una orden de aprehensión de 2016 por delincuencia organizada.
Lo que se infiere es que las declaraciones de "El Gil" no llevaron a nada distinto a lo conocido en la "verdad histórica".
LA RUPTURA EN TIEMPOS DE LA TRANSFORMACIÓN
La vinculación a proceso de un grupo de militares cambió las cosas.
El gobierno del presidente López Obrador arrancó el 1 de diciembre de 2018. Entre las 100 promesas que hizo el entonces nuevo mandatario, en la 89 estaba: "Investigar a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigarán a los responsables". El 15 de enero de 2019 se instaló la Comisión de la Verdad, presidida por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
El 26 de junio de 2019 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se crea la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. Los trabajos de esa Unidad Especial, que tiene rango de fiscalía, estuvieron encabezados por Omar Gómez Trejo, quien en la primera etapa de los trabajos del GIEI era su secretario técnico.
Los trabajos se hicieron sin resultados que pudieran echar abajo la "verdad histórica" de la PGR, aunque trataron de hacerlo.
El 8 de julio de 2020, en una conferencia de prensa, Gómez Trejo informó sobre la identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. Gómez Trejo dijo que los restos que fueron examinados en Innsbruck no habían sido hallados en el basurero de Cocula, ni en el río San Juan, como refería la "verdad histórica".
El punto de quiebre entre Gómez Trejo y el presidente López Obrador llegó cuando el exsecretario técnico del GIEI enfiló las investigaciones hacia la presunta participación de elementos del Ejército mexicano. Los elementos del Ejército mexicano no habían sido señalados en la "verdad histórica". Pero sí fueron blanco del subsecretario Encinas.
El 27 de septiembre de 2022, en el marco del octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, Excélsior adelantó que Gómez Trejo renunció a la fiscalía del caso Ayotzinapa, a partir del 30 de ese mes.
Un año antes, en el séptimo aniversario de los hechos en Iguala, Gómez Trejo, en una conferencia de prensa, se refirió a la "verdad histórica" así:
"Nosotros, como fiscales, la refutamos con hechos corroborados y pruebas contundentes de lo que se hizo. Era un sufrimiento que se tuvo que ir acumulando, una manipulación de una investigación que es de un origen débil, que tuvo que haber dado con el paradero y con el conocimiento de lo que ocurrió con los estudiantes. Mi unidad ha iniciado procedimientos penales por las irregularidades y delitos que fueron cometidos durante dicha investigación, porque fue una averiguación previa hecha de manera inadecuada".
Al año siguiente de su renuncia, Gómez Trejo, autoexiliado en Estados Unidos, le dio una entrevista a John Gibler de Quinto Elemento Lab y reveló que hubo un acuerdo al más alto nivel del Estado mexicano para dinamitar las investigaciones del caso. Después se informó que el exfiscal era objeto de auditorías.
EL CASO EN TIEMPOS DE LÓPEZ OBRADOR
Como subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas insistió en la participación del Ejército.
Otro quiebre en el equipo de investigación de la administración que está por salir sobre la desaparición de los normalistas sucedió el 19 de octubre de 2023. Alejandro Encinas, compañero de lucha de López Obrador, anunció su renuncia a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob. Originalmente el anuncio era que se sumaba al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, pero terminó en el de Clara Brugada.
Semanas antes de dejar la Segob, el 27 de septiembre de 2023, Encinas aseguró que el caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado y que funcionarios del más alto nivel son responsables de la "verdad histórica".
Como titular de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ), Encinas —actualmente nombrado para el cargo de secretario de planeación y ordenamiento territorial de la Ciudad de México— aseguró que la instancia demostró que la mal llamada "verdad histórica" fue una construcción, elaborada desde el gobierno federal de Peña Nieto, para encubrir los hechos y legitimar la versión oficial de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula y dar carpetazo al caso.
Según Encinas, en la desaparición de los normalistas hubo complicidad de funcionarios de los tres órdenes de gobierno y las acciones concertadas para ocultar la verdad constituyen un crimen de Estado.
Al presentar el segundo y último informe de la Presidencia de la CoVAJ, Encinas fue enfático en que la "verdad histórica" "no consideró la participación de elementos de las Fuerzas Armadas de la región y de las autoridades federales involucradas, responsabilizando solamente a las autoridades locales". Ofreció otras diferencias entre la "verdad histórica" y la investigación que llevaba a cabo la comisión.
DIFERENCIAS ENTRE LA VERDAD HISTÓRICA Y OTRA VERDAD
Son tres los puntos fundamentales entre las investigaciones de los gobiernos. Los puntos que destacó Alejandro Encinas en el segundo informe de la CoVAJ respecto a la "verdad histórica" son los siguientes:
La "verdad histórica" señala que los estudiantes iban a boicotear el informe de labores de María de los Ángeles Pineda Villa, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal y esposa de José Luis Abarca Velázquez, mientras que la investigación de la CoVAJ refiere que los estudiantes iban a tomar autobuses para trasladarse a la Ciudad de México con el fin de participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre.
La "verdad histórica" acusa que integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos incineraron a los estudiantes en el basurero de Cocula por tratarse de supuestos integrantes de un grupo contrario, denominaos "Los Rojos", mientras que la CoVAJ reveló que, al considerar las condiciones climáticas del terreno y la vegetación, dicho evento no pudo haber sucedido. En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos tras la salida de la terminal de autobuses. Del análisis de las comunicaciones telefónicas y testimonios recabados se desprende que los estudiantes fueron divididos en al menos tres grupos y llevados a diferentes destinos.
Asimismo, la llamada "verdad histórica" reconstruye los hechos pretendiendo responsabilizar solamente a las autoridades locales vinculadas con el grupo delictivo. Por el contrario, el informe de la CoVAJ detalla que el día de los hechos participaron en colusión con los grupos criminales que operaban en la región autoridades civiles, grupos de seguridad municipal, así como autoridades federales, estatales y elementos de los 27 y 41 Batallones de Infantería.
Las personas detenidas actualmente suman 132 en diversos penales: 41 integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos; 71 policías, de los cuales cinco son federales, tres federales ministeriales, siete estatales, dos de Cocula, nueve de Huitzuco, 45 de Iguala; el exprocurador general de la República, así como el extitular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro de la PGR; un exministerio público de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); un exsecretario de Seguridad estatal de Guerrero, además del presidente municipal y la expresidenta del DIF, ambos de Iguala.
A la par, suman tres solicitudes de extradición de actores relevantes que se encuentran en Israel y Estados Unidos, a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
LAS DEFENSAS DEL PRESIDENTE AL EJÉRCITO
"Decisiones de autoridades locales en contubernio y con la delincuencia".
El 2 de octubre de 2023, el presidente López Obrador declaró: "Si por cuestiones políticas o ideológicas la consigna es: '¡Fue el Estado! ¡Fue el Ejército!', y de ahí no salimos, pues yo les puedo decir, en primer lugar, de que fue el Estado, claro que fue el Estado, sin duda, porque el Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras, de eso no hay duda".
López Obrador señaló que pudieron haber participado algunos elementos del Ejército mexicano, pero que, manifestó, los hechos tuvieron "que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con el contubernio entre autoridades locales y policías municipales; esa es mi hipótesis, y la delincuencia que dominaba esa región".
Hace casi un año, el mandatario se refirió a que si Guerreros Unidos tuviese vínculos con algunos militares o que los soldados de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes, y que hubiesen cometido el delito de omisión, es distinto a que desde el gobierno, Peña Nieto hubiese ordenado, o el entonces general secretario (Salvador Cienfuegos), la desaparición de los jóvenes.
En más de una ocasión, López Obrador reprochó a los miembros del GIEI que le planteaban algo en las reuniones con el ejecutivo y sostenían otra cosa públicamente. "Yo hablaba con ellos y nunca me entregaron nada que probara sus dichos", dijo.
Recordó que en el momento en que propuso pedir órdenes de aprehensión contra funcionarios y militares, una de las integrantes del GIEI le pidió 90 días más de investigación, lo que implicaría incluso que pudieran fugarse los responsables. "Ya basta de estar administrando el dolor de la gente, porque no se debe utilizar el dolor del pueblo. Hay que actuar con la verdad".
A la pregunta expresa sobre si en todos sus años de lucha, "¿usted imaginó que iba a llegar a ser un gran defensor del Ejército?", el presidente López Obrador respondió: "Sí, sí imaginé, porque conozco la historia, pero además conozco todos los pueblos de México y allí viven las familias de los soldados; son hijos de campesinos e hijos de obreros, hijos de comerciantes. Por eso digo que el soldado es pueblo uniformado. Y cuando han cometido errores, que los han cometido, ha sido fundamentalmente por órdenes de autoridades civiles, por órdenes de los presidentes civiles. Entonces, sí, tienes razón, defiendo al Ejército y defiendo a las Fuerzas Armadas. ¿Y saben quién también defiende al Ejército y a las Fuerzas Armadas? La mayoría del pueblo".
El 24 de junio de 2024, a tres meses de dejar la Presidencia, el mandatario señaló que hasta entonces no tenía ninguna prueba de que haya sido el Ejército mexicano responsable por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Aseguró entonces que si le entregan los elementos, se actuará.
Reiteró que hay sectores que pretenden socavar al Ejército y a la Marina, a fin de debilitarlos ante intereses desde el exterior que intentan tener subordinadas a las Fuerzas Armadas.
"Si se demuestra que, en efecto, fue el Ejército, teniendo las pruebas, se actúa; pero yo hasta hoy no tengo ninguna prueba de que haya sido el Ejército, así, y le he buscado por todo. Tengo toda la información; soy el Presidente de México. Pero si el día de mañana, dentro de 15 días, viene alguien y me dice: 'Mire, aquí está...', lo voy a decir en la mañanera del 24 de junio".
TODO TERMINÓ COMO ESTABA AL PRINCIPIO
Las últimas investigaciones llevaban directo al grupo de sicarios que confesaron bajo tortura.
A partir de la "verdad histórica" de la desaparecida PGR se obtuvieron distintas órdenes de aprehensión. Se cumplieron y varios personajes, tanto de la delincuencia organizada, específicamente de Guerreros Unidos, como de policías municipales, fueron arrestados y encarcelados. Algunos fueron puestos en libertad, porque se comprobó que habían sido torturados.
De la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siete integrantes de Guerreros Unidos serán enjuiciados por la decisión de la Corte de diez años. El pasado 10 de septiembre, la SCJN desechó un incidente de inejecución de sentencia de distintos amparos donde los siete guerreros unidos solicitaban la protección de la justicia federal.
Con esta decisión, Patricio Reyes Landa (alias "El Pato"), Jonathan Osorio Cortés (alias "El Jona"), Agustín García Reyes (alias "El Chereje"), Miguel Ángel Landa Bahena (alias "El Duva"), Felipe Rodríguez Salgado (alias "El Cepillo", reaprehendido), entre otros miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, bajo las órdenes de Gildardo López Astudillo (alias "El Gil", reaprehendido), serán nuevamente llevados ante la justicia, lo que coloca el caso Ayotzinapa en la misma situación que al principio.
La "verdad histórica" aceptó que "había recibido y ejecutado" a estudiantes que les fueron entregados por los policías de Iguala y Cocula el 26 de septiembre.
"El Jona", ante el Ministerio Público de la Federación, declaró que "El Pelón", acompañado de los sicarios identificados como "Mente" o "Cerebro", y "Pardo", entre otros, arribó al basurero de Cocula la noche del 26 de septiembre de 2014 en dos camionetas, una color arena y la otra color blanco, portando armas largas como "cuernos de chivo".
"El Chereje" y los demás sicarios coincidieron en señalar que, ya en el basurero, comenzaron a bajar a los estudiantes.
Ante el Ministerio Público federal, "El Duva" declaró que durante el traslado de los normalistas hacia el basurero de Cocula, se sumaron "El Pelón", jefe de la plaza de Guerreros Unidos en Tianquizolco y Apetlanc, y seis de sus hombres. "El Duva" refirió que entre los integrantes de Guerreros Unidos que interrogaron al "Cochiloco" se encontraba "El Pelón".
En las investigaciones oficiales se indica que cuando "El Cepillo", jefe de sicarios de la organización criminal Guerreros Unidos en Cocula, llegó al lugar conocido como "Loma de Coyotes", recibió en su teléfono celular un mensaje de Fernando Santiago Hernández (alias "Fercho" o "Tony"), referido como colaborador cercano de Gildardo López Astudillo, quien le pidió a "El Cepillo" que esperara porque le iban a entregar tres paquetes, sin especificar quién se los iba a entregar, para que los llevara a Cocula.
En su declaración ministerial del 17 de diciembre de 2015, "El Gil" ofreció una explicación del porqué supuso que Marco Antonio Ríos Berber señaló a las autoridades que los normalistas desaparecidos habían sido incinerados en los lugares conocidos como Cerro Pueblo Viejo y La Parota.
La trascendencia de la decisión de la SCJN, según abogados que conocen el caso, es muy significativa en la solución jurídica y conclusión del caso Iguala. Toda vez que las víctimas indirectas, es decir, los padres de los normalistas, pueden hacer valer sus derechos frente a la autoridad judicial.
ELLOS SON LOS 43 NORMALISTAS
Abel García Hernández
Abelardo Vázquez Penitente
Adán Abrajan de la Cruz
Antonio Santana Maestro
Benjamín Ascencio Bautista
Bernardo Flores Alcaraz
Carlos Iván Ramírez Villarreal
Carlos Lorenzo Hernández Muñoz
César Manuel González Hernández
Christian Tomás Colón Garnica
Cutberto Ortiz Ramos
Dorian González Parral
Emiliano Alen Gaspar de la Cruz
Everardo Rodríguez Bello
Felipe Arnulfo Rosas
Giovanni Galíndrez Guerrero
Israel Caballero Sánchez
Israel Jacinto Lugardo
Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa
Jonás Trujillo González
Jorge Álvarez Nava
Jorge Aníbal Cruz Mendoza
Jorge Antonio Tizapa Legideño
Jorge Luis González Parral
José Ángel Campos Cantor
José Ángel Navarrete González
José Eduardo Bartolo Tlatempa
José Luis Luna Torres
Julio César López Patolzin
Leonel Castro Abarca
Luis Ángel Abarca Carrillo
Luis Ángel Francisco Arzola Magdaleno
Rubén Lauro Villegas
Marcial Pablo Baranda
Marco Antonio Gómez Molina
Martín Getsemany Sánchez García
Mauricio Ortega Valerio
Miguel Ángel Hernández Martínez
Miguel Ángel Mendoza Zacarías
Saúl Bruno García
El caso es una de las herencias para la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo en cinco días.
A las indagatorias iniciadas por las dos administraciones federales en los últimos diez años se suman las realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Expertas Independientes, organismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, hasta ahora solo se ha identificado a tres de los jóvenes gracias a restos óseos encontrados y, si bien el caso apunta a que los estudiantes fueron asesinados, cremados y sus restos arrojados a un río, esta "verdad histórica" se construyó a partir de violaciones a los derechos humanos, como tortura contra algunos de los detenidos.
Incluso hay señalamientos de simulación de pruebas.
Gildardo López Astudillo, líder criminal cuyo testimonio como testigo protegido sirvió para construir dicha verdad, fue reaprehendido el 1 de septiembre.
Los hechos de arbitrariedad, agresión, violencia, muerte, impunidad e injusticia prolongados durante los últimos diez años se desarrollaron esencialmente en seis horas: entre las 9 de la noche y las 3 de la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala de la Independencia, estado de Guerrero.
El asesinato de seis personas, las lesiones a 42 y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa a manos de policías municipales y estatales, asociados con el grupo criminal Guerreros Unidos, tiene alcances históricos.
Las consecuencias negativas incluyen problemas en la seguridad pública, fallos en los mecanismos de inteligencia, deficiencias en la procuración de justicia, violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, el profundo dolor que sufren los padres de los jóvenes desaparecidos, quienes no se resignan a lo ocurrido hace 10 años.
Los siguen buscando. Esperan su llegada. El hecho se polarizó; se convirtió en bandera y botín político.
Quebró añosas alianzas de lucha y estrechó aún más algunas relaciones institucionales.
El caso Ayotzinapa ha trascendido los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Sin avances en el paradero de los jóvenes, lo fundamental es que se trata de una de las herencias para la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo en cinco días.
En los últimos diez años se han realizado investigaciones oficiales por parte de dos gobiernos federales de México: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), organismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA), con seis informes.
Peña Nieto dejó el gobierno defendiendo la "verdad histórica" de su administración: "En lo personal, y con el dolor que causa, y con lo que significa la pena para los padres de familia, estoy en la convicción de que, lamentablemente, pasó justamente lo que la investigación arrojó", dijo en un spot con motivo de su sexto informe de gobierno.
El 1 de septiembre de 2024, en su sexto y último Informe de Gobierno, el presidente López Obrador dijo: "Avanzamos en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Esa es una asignatura pendiente, pero todavía no termino mi mandato como presidente y vamos a seguirlos buscando a los jóvenes".
RECONFIRMACIÓN DE HECHOS
En las distintas investigaciones se han reconfirmado los mismos hechos, con sus matices:
Que 43 estudiantes fueron desaparecidos, asesinados, cremados y que no se sabe su paradero, salvo la identidad de restos óseos pertenecientes a tres de los 43 estudiantes.
Que la llamada "verdad histórica" del sexenio de Peña Nieto se construyó a partir de violaciones a los derechos humanos, pero no es mentira del todo.
Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llevó a cabo la investigación más exhaustiva sobre el caso y que todas sus recomendaciones han sido ignoradas públicamente. Que el crimen dividió al nuevo régimen: algunos sostienen que fue un crimen de estado que implicó a efectivos del Ejército mexicano, mientras que otros exculpan al Ejército de toda responsabilidad. Que la administración que terminará en 120 horas no revirtió la "verdad histórica", porque los restos óseos de uno de los jóvenes encontrados tenían rastros de fuego. La tesis de la "verdad histórica" es que un grupo de estudiantes fue cremado en un basurero de Cocula.
En el análisis de los hechos, el sexenio de Peña Nieto, que empezó con un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, llamado Pacto por México, firmado el 2 de diciembre de 2012, comenzó a terminar con lo sucedido con los 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014.
En los cuatro meses siguientes a los hechos, el gobierno de Peña Nieto, que inicialmente se mostró pasmado (intervino 18 días después), investigó y presentó el 27 de enero de 2015 lo que se conoce como la "verdad histórica". Esta "verdad histórica" fue desacreditada por la oposición, que se convirtió en gobierno.
La oposición a la "verdad histórica" también fue enarbolada por el GIEI, que inició trabajos en marzo de 2015. En septiembre de ese mismo año presentó su primer informe. Ahí comenzó un jaloneo sobre los hechos ocurridos hace 10 años. Lo único que es una verdad incontrovertible es que los 43 normalistas de Ayotzinapa siguen desaparecidos.
LAS SEIS HORAS DE TERROR EN IGUALA
Los estudiantes iban a apoderarse de camiones y terminaron desaparecidos.
Lo que hoy se conmemora como una tragedia sucedió en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala. Entre otros delitos, entonces ocurrió la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Es el hilo conductor del hecho que hoy cumple 10 años.
Los hechos ocurrieron cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, se trasladó a Iguala. El objetivo, se argumentó, era apoderarse de autobuses que ocuparían para participar en la conmemoración de la matanza del 2 de octubre en la Plaza de Tlatelolco, en 1968.
El secuestro de autobuses por parte de los estudiantes de Ayotzinapa para su activismo político ha sido habitual desde hace años y consentido por las empresas afectadas y autoridades. El 26 de septiembre de hace diez años, las autoridades cambiaron su proceder.
Los policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. El operativo fue apoyado por otras corporaciones.
Los policías contuvieron el trayecto de cinco autobuses: tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica. En esos dos escenarios fueron detenidos los 43 estudiantes, que siguen en calidad de desaparecidos.
La violencia mortal de la noche del 26 de septiembre de 2014 se prolongó hasta la madrugada del 27. Se develó que el grupo criminal Guerreros Unidos estaba detrás de todas las acciones.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro señaló que el saldo de lo ocurrido el 27 de septiembre fue de seis personas desaparecidas: seis personas que aparecieron al día siguiente con muestras de tortura; al menos dos de los agraviados resultaron víctimas directas de la agresión.
En total, 43 jóvenes estudiantes siguen desaparecidos, entre ellas tres normalistas, y 42 resultaron lesionadas, que tuvieron afectaciones permanentes a su salud. Se estima que más de 180 personas fueron víctimas de violaciones a derechos humanos, considerando a los 700 que contaron con atención médica.
LAV VERDAD HISTÓRICA: UNA MENTIRA
Iguala intentó darle carpetazo al caso de los normalistas. Con esa investigación, el gobierno de Peña Nieto quiso dar por cerrado el caso de la desaparición de los estudiantes.
La verdad histórica fue la narrativa con la que este gobierno defendió el caso de la desaparición. La Procuraduría General de la República, bajo el entonces titular Jesús Murillo Karam —acusado de tortura y obstrucción de la justicia— presentó un caso que fue considerado clave: se acusó que el grupo de Sicarios de Guerreros Unidos asesinó y quemó a los estudiantes en Cocula.
Los estudiantes fueron secuestrados la noche del 26 de septiembre de 2014, después de que algunos camiones de transporte fueron apoderados por el grupo.
El gobierno de Peña Nieto dio por terminada la investigación el 7 de noviembre de 2014 para darle carpetazo al caso.
Estos datos provienen de la "verdad histórica", que no da cuenta de las violaciones de derechos humanos: se han documentado varios casos de tortura y existe obstrucción a la justicia, considerando donde apareció el cuerpo de uno de los jóvenes.
Afirma que la policía entregó a los Guerreros Unidos a los estudiantes que fueron secuestrados, y por ello, surgieron las declaraciones en las que se refirió que las torturas comenzaron tan pronto como fueron presentados a Murillo, el 15 de enero de 2015.
Los puntos de vista divergentes con respecto a la "verdad histórica" fueron evidentes: los organismos de derechos humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes realizaron investigaciones paralelas, que cuestionaron la narrativa del gobierno de Peña Nieto. La verdad histórica, presentada el 15 de enero de 2015, llevó a una batalla por la descalificación de las versiones dadas por el gobierno anterior, más que a esclarecer el paradero de los 43 normalistas.
EL GIEI: EL COCO DE LOS GOBIERNOS
Los expertos descalificaron que los estudiantes hubiesen sido cremados.
El GIEI, en un informe de 550 páginas titulado "Informe Ayotzinapa: Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa", aseguró que no había evidencias de que un fuego de esa magnitud haya ocurrido, ni de que los estudiantes hayan sido incinerados en un basurero de Cocula. "Ese evento, tal como ha sido descrito, no pasó", aseguró en conferencia de prensa el experto español Carlos Beristain. Luego de seis meses de trabajo, el GIEI opinó que el gobierno de México no había hecho todo lo posible para localizar a los estudiantes.
El primer informe de GIEI expuso que hubo hechos no investigados y evidencias destruidas. Las personas integrantes del GIEI revisaron los 115 tomos del expediente judicial del caso, los mismos con los que trabajó la PGR y la CNDH. También solicitaron peritajes independientes, en el campo forense y de distintas escenas de crimen, como los de fuego.
Mientras la "verdad histórica" de la PGR sostiene que parte de los normalistas fueron detenidos por policías de Iguala y Cocula y posteriormente entregados a sicarios de Guerreros Unidos, quienes después de haber sido asesinados cremaron a los jóvenes con una pira improvisada alimentada con llantas, madera, basura, diésel y otros combustibles durante al menos 12 horas, el GIEI dijo que el peritaje independiente del experto peruano José Torero, de la Universidad de Queensland (Australia) y miembro de la Academia Australiana de Tecnología e Ingeniería, establecía que "no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula: en ese lugar solo hubo fuegos de pequeñas dimensiones, pero no se puede saber la fecha en que ocurrieron; que en los alrededores del basurero no había combustibles suficientes para cremar cuerpos, ni uno sólo; y que los peritajes de la PGR no se basaron en la evidencia material, y sus conclusiones son erróneas".
El 25 de julio de 2023, el GIEI presentó su sexto y último informe a la vez que declaraba "no hay condiciones para que puedan continuar las labores". De esta manera, el GIEI se convirtió en un fuerte crítico de las investigaciones tanto del gobierno de Peña Nieto como de López Obrador.
LAS PROMESAS DE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL
"Vamos a que se conozca todo; yo voy a cumplirles y el tiempo lo dirá".
El candidato presidencial López Obrador dijo que al llegar al gobierno federal, uno de sus objetivos sería localizar a los 43 normalistas. Tomó protesta el 1 de diciembre de 2018 y este compromiso aún no se ha cumplido, la Presidencia la deja en cinco días.
El 25 de mayo de 2018, a 36 días de la elección presidencial del 2 de julio, Andrés Manuel López Obrador, como candidato a la presidencia de México que ganó, sostuvo que tan pronto como ganara el movimiento que encabeza, habría justicia para los jóvenes de Ayotzinapa.
En Iguala, López Obrador dijo: "Vamos a que se integre una comisión de la verdad y que intervenga la ONU para que se aclare todo lo relacionado con la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa". Manifestó su desacuerdo con quienes dicen que si se aclara lo que sucedió aquí, en Iguala, en esta región, se afectará al Ejército y a las instituciones. No comparte ese punto de vista. "Vamos a que se conozca todo", "Yo voy a cumplirles, el tiempo lo dirá”, afirmó López Obrador en un mitin de campaña hace más de cinco años.
Expresó que si se conoce toda la verdad y se hace justicia, en vez de afectarse, de debilitarse, se va a fortalecer con una institución al servicio del pueblo, no para agredir al pueblo de México.
Señaló: "Vamos a que se conozca todo. No quiero, ni deseo ni conviene a ustedes que viven aquí en Iguala, que cuando se hace referencia a Iguala se esté pensando en los desaparecidos, se esté pensando en el dolor. No, el pueblo de Iguala, el pueblo de Guerrero, el pueblo de México no merece eso". Expuso que "nada de sospecha, justicia. Iguala va a ser el ejemplo de cómo se hace justicia en un gobierno democrático".
DE LA CNDH: LA INVESTIGACIÓN MÁS COMPLETA
Documentó casos específicos de tortura y malos tratos por parte de autoridades mexicanas.
El 28 de noviembre de 2018, la CNDH presentó la Recomendación 15VG/2018 sobre el caso. Esta investigación, considerada la más completa hasta la fecha, ha sido ignorada.
La Recomendación 15VG/2018 ha sido considerada por investigadores y periodistas como un documento crucial para entender a profundidad la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La recomendación evidencia las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la investigación y los hechos relacionados con el caso.
Las diligencias de la CNDH constan en un expediente de mil 255 tomos, 165 anexos, integrado por un millón 100 mil fojas. Algunos de los puntos torales de este trabajo son: las violaciones a los derechos humanos, en calidad de "graves", durante la investigación del caso.
Estas violaciones incluyen tortura y maltrato. Se descubrió que varios detenidos fueron torturados para obtener confesiones. La CNDH documentó casos específicos de tortura y malos tratos por parte de autoridades mexicanas.
La investigación de la CNDH identificó los fallos en la manera en que las autoridades manejaron la desaparición forzada de los estudiantes, incluyendo omisiones y negligencia en la búsqueda y en el seguimiento de pistas. Halló evidencia de manipulación de pruebas y una falta de transparencia en el proceso investigativo, que contribuyó a la confusión y al encubrimiento de la verdad.
La CNDH responsabilizó a varios funcionarios y agencias del gobierno por las irregularidades en la investigación, que incluyó a las policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco; evidenció complicidad y participación directa en los hechos, así como en el encubrimiento de los mismos.
A la desaparecida PGR, la CNDH la criticó por la falta de diligencia en la investigación y la manera en que manejó las pruebas y testimonios de los detenidos.
En específico, la recomendación de la CNDH incluyó una serie de medidas correctivas y recomendaciones para abordar las fallas identificadas en su amplia investigación: llevar a cabo una investigación completa y transparente sobre las violaciones a los derechos humanos, incluyendo la tortura y la manipulación de pruebas; solicitó que se responsabilizara a los funcionarios implicados en la tortura y en el mal manejo del caso; recomendó que se brindara atención y apoyo a las víctimas y sus familias, incluyendo medidas de reparación integral.
La recomendación 15VG/2018 tuvo un impacto significativo al exponer deficiencias serias en la investigación oficial del caso de los 43 estudiantes. También destacó la necesidad de reformar las prácticas institucionales para prevenir futuras violaciones a los derechos humanos y asegurar una mayor transparencia y justicia en investigaciones de esta índole.
Este documento es parte de un conjunto más amplio de esfuerzos por parte de organismos nacionales e internacionales para esclarecer los hechos y obtener justicia para las víctimas de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa.
LA CLAVE ESTÁ EN 114 RESTOS ÓSEOS
Con mínimas porciones de huesos se ha identificado a tres normalistas.
Como parte de las investigaciones oficiales se han localizado y concentrado miles de restos óseos, de los cuales se sabe muy poco. Con mínimas porciones óseas, han sido identificados tres de los 43: Alexander Mora Venancio, en diciembre de 2014; Jhosivani Guerrero de la Cruz, en 2015; y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, en 2020.
La clave para avanzar en el esclarecimiento del caso está en los 114 restos, entre ellos las 38 piezas de huesos temporales, que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa tiene pendiente enviar a analizar por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde 2018.
Sobre el móvil, la CNDH hizo suyo el reclamo de los padres de los alumnos, que el 18 de febrero de 2015, en una reunión entre estas partes, plantearon: ¿Por qué motivo los alumnos de la normal fueron llevados a la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014? ¿Quién los llevó? y ¿por qué precisamente a los alumnos de primer grado? Esta exigencia quedó en el reporte Estado de la Investigación del Caso Iguala, del 23 de julio de 2015, sin respuesta.
Ninguna de las dos instancias investigadoras en estos diez años ha dilucidado el móvil del crimen. Todo ha quedado en especulaciones: si la movilización de estudiantes hacia Iguala tenía carácter social con preparativos de protesta para el 2 de octubre, que fue interpretada por Guerreros Unidos como una movilización de sus adversarios, "Los Rojos"; hasta que esa movilización SÍ fue utilizada por Guerreros Unidos para mover droga o dinero en alguno de los autobuses secuestrados por los estudiantes, a través de algún o algunos alumnos de la normal al servicio de la delincuencia. Particularmente y de forma insistente se ha mencionado a dos personajes: el exdiputado por Morena, Manuel Vázquez Arellano, y David Flores Maldonado, conocido como "La Parka", quien desde tiempos del presidente Enrique Peña Nieto tuvo un puesto en la Secretaría de Educación Pública. Hasta el 29 de julio de 2022 tenía cargo de jefe de área en la jefatura de la Oficina de la Secretaría, según la plataforma de transparencia del INAI.
No solamente para aclarar qué parte de la llamada "verdad histórica" es real, sino para tener claridad del móvil, la declaración ministerial de Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación en el momento de los hechos de hace 10 años, es clave. Zerón permanece prófugo en Israel, país que no tiene convenio de extradición con México.
EL GIL: EL SICARIO TESTIGO QUE TERGIVERSÓ EL CASO
Después de haber recibido una serie de canonjías, López Astudillo está preso. Después de años de investigación, la CoVAJ llegó a la misma conclusión que la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), que lo hizo de manera vertiginosa en cuatro meses, con confesiones obtenidas bajo tortura, acreditadas por el juez federal Samuel Ventura Ramos.
Salvo las declaraciones de Juan Miguel Pantoja Miranda, alias "El Pajarraco", uno de los presuntos participantes en la desaparición de los 43 normalistas, que el 30 de agosto de 2018 confesó a la CNDH sobre el destino de los normalistas, y las de los hermanos Bernabé Sotelo Salinas y Cruz Sotelo Salinas, detenidos el 23 de enero de 2016.
El 18 de agosto de 2022, el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en la presentación de su informe preliminar del caso, dijo: "No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida; por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos".
El 27 de enero de 2015, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam —quien fue enviado a la cárcel el 19 de agosto de 2022 acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia—, en su "verdad histórica" dijo: "Fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río. En ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, que debe tener validez jurídica ante los órganos jurisdiccionales".
Las investigaciones de la PGR llevaron a la cárcel a cientos de personas, de las cuales 120 han recibido sentencias absolutorias por el juez federal Ventura Ramos, luego de que se comprobó que habían sido torturadas. Entre los absueltos está Gildardo López Astudillo, alias "El Gil", jefe de sicarios de la banda Guerreros Unidos, convertido en testigo colaborador con el nombre de "Juan", quien durante casi cuatro años tuvo una serie de canonjías, ya que se auto proclamó como pieza clave con la cual la CoVAJ intentó reconstruir los hechos de hace 10 años para poder etiquetar el caso como un asesinato de Estado. López Astudillo fue recapturado el 1 de septiembre de 2024 por una orden de aprehensión de 2016 por delincuencia organizada.
Lo que se infiere es que las declaraciones de "El Gil" no llevaron a nada distinto a lo conocido en la "verdad histórica".
LA RUPTURA EN TIEMPOS DE LA TRANSFORMACIÓN
La vinculación a proceso de un grupo de militares cambió las cosas.
El gobierno del presidente López Obrador arrancó el 1 de diciembre de 2018. Entre las 100 promesas que hizo el entonces nuevo mandatario, en la 89 estaba: "Investigar a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigarán a los responsables". El 15 de enero de 2019 se instaló la Comisión de la Verdad, presidida por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
El 26 de junio de 2019 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se crea la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. Los trabajos de esa Unidad Especial, que tiene rango de fiscalía, estuvieron encabezados por Omar Gómez Trejo, quien en la primera etapa de los trabajos del GIEI era su secretario técnico.
Los trabajos se hicieron sin resultados que pudieran echar abajo la "verdad histórica" de la PGR, aunque trataron de hacerlo.
El 8 de julio de 2020, en una conferencia de prensa, Gómez Trejo informó sobre la identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. Gómez Trejo dijo que los restos que fueron examinados en Innsbruck no habían sido hallados en el basurero de Cocula, ni en el río San Juan, como refería la "verdad histórica".
El punto de quiebre entre Gómez Trejo y el presidente López Obrador llegó cuando el exsecretario técnico del GIEI enfiló las investigaciones hacia la presunta participación de elementos del Ejército mexicano. Los elementos del Ejército mexicano no habían sido señalados en la "verdad histórica". Pero sí fueron blanco del subsecretario Encinas.
El 27 de septiembre de 2022, en el marco del octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, Excélsior adelantó que Gómez Trejo renunció a la fiscalía del caso Ayotzinapa, a partir del 30 de ese mes.
Un año antes, en el séptimo aniversario de los hechos en Iguala, Gómez Trejo, en una conferencia de prensa, se refirió a la "verdad histórica" así:
"Nosotros, como fiscales, la refutamos con hechos corroborados y pruebas contundentes de lo que se hizo. Era un sufrimiento que se tuvo que ir acumulando, una manipulación de una investigación que es de un origen débil, que tuvo que haber dado con el paradero y con el conocimiento de lo que ocurrió con los estudiantes. Mi unidad ha iniciado procedimientos penales por las irregularidades y delitos que fueron cometidos durante dicha investigación, porque fue una averiguación previa hecha de manera inadecuada".
Al año siguiente de su renuncia, Gómez Trejo, autoexiliado en Estados Unidos, le dio una entrevista a John Gibler de Quinto Elemento Lab y reveló que hubo un acuerdo al más alto nivel del Estado mexicano para dinamitar las investigaciones del caso. Después se informó que el exfiscal era objeto de auditorías.
EL CASO EN TIEMPOS DE LÓPEZ OBRADOR
Como subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas insistió en la participación del Ejército.
Otro quiebre en el equipo de investigación de la administración que está por salir sobre la desaparición de los normalistas sucedió el 19 de octubre de 2023. Alejandro Encinas, compañero de lucha de López Obrador, anunció su renuncia a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob. Originalmente el anuncio era que se sumaba al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, pero terminó en el de Clara Brugada.
Semanas antes de dejar la Segob, el 27 de septiembre de 2023, Encinas aseguró que el caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado y que funcionarios del más alto nivel son responsables de la "verdad histórica".
Como titular de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ), Encinas —actualmente nombrado para el cargo de secretario de planeación y ordenamiento territorial de la Ciudad de México— aseguró que la instancia demostró que la mal llamada "verdad histórica" fue una construcción, elaborada desde el gobierno federal de Peña Nieto, para encubrir los hechos y legitimar la versión oficial de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula y dar carpetazo al caso.
Según Encinas, en la desaparición de los normalistas hubo complicidad de funcionarios de los tres órdenes de gobierno y las acciones concertadas para ocultar la verdad constituyen un crimen de Estado.
Al presentar el segundo y último informe de la Presidencia de la CoVAJ, Encinas fue enfático en que la "verdad histórica" "no consideró la participación de elementos de las Fuerzas Armadas de la región y de las autoridades federales involucradas, responsabilizando solamente a las autoridades locales". Ofreció otras diferencias entre la "verdad histórica" y la investigación que llevaba a cabo la comisión.
DIFERENCIAS ENTRE LA VERDAD HISTÓRICA Y OTRA VERDAD
Son tres los puntos fundamentales entre las investigaciones de los gobiernos. Los puntos que destacó Alejandro Encinas en el segundo informe de la CoVAJ respecto a la "verdad histórica" son los siguientes:
La "verdad histórica" señala que los estudiantes iban a boicotear el informe de labores de María de los Ángeles Pineda Villa, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal y esposa de José Luis Abarca Velázquez, mientras que la investigación de la CoVAJ refiere que los estudiantes iban a tomar autobuses para trasladarse a la Ciudad de México con el fin de participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre.
La "verdad histórica" acusa que integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos incineraron a los estudiantes en el basurero de Cocula por tratarse de supuestos integrantes de un grupo contrario, denominaos "Los Rojos", mientras que la CoVAJ reveló que, al considerar las condiciones climáticas del terreno y la vegetación, dicho evento no pudo haber sucedido. En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos tras la salida de la terminal de autobuses. Del análisis de las comunicaciones telefónicas y testimonios recabados se desprende que los estudiantes fueron divididos en al menos tres grupos y llevados a diferentes destinos.
Asimismo, la llamada "verdad histórica" reconstruye los hechos pretendiendo responsabilizar solamente a las autoridades locales vinculadas con el grupo delictivo. Por el contrario, el informe de la CoVAJ detalla que el día de los hechos participaron en colusión con los grupos criminales que operaban en la región autoridades civiles, grupos de seguridad municipal, así como autoridades federales, estatales y elementos de los 27 y 41 Batallones de Infantería.
Las personas detenidas actualmente suman 132 en diversos penales: 41 integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos; 71 policías, de los cuales cinco son federales, tres federales ministeriales, siete estatales, dos de Cocula, nueve de Huitzuco, 45 de Iguala; el exprocurador general de la República, así como el extitular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro de la PGR; un exministerio público de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); un exsecretario de Seguridad estatal de Guerrero, además del presidente municipal y la expresidenta del DIF, ambos de Iguala.
A la par, suman tres solicitudes de extradición de actores relevantes que se encuentran en Israel y Estados Unidos, a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
LAS DEFENSAS DEL PRESIDENTE AL EJÉRCITO
"Decisiones de autoridades locales en contubernio y con la delincuencia".
El 2 de octubre de 2023, el presidente López Obrador declaró: "Si por cuestiones políticas o ideológicas la consigna es: '¡Fue el Estado! ¡Fue el Ejército!', y de ahí no salimos, pues yo les puedo decir, en primer lugar, de que fue el Estado, claro que fue el Estado, sin duda, porque el Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras, de eso no hay duda".
López Obrador señaló que pudieron haber participado algunos elementos del Ejército mexicano, pero que, manifestó, los hechos tuvieron "que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con el contubernio entre autoridades locales y policías municipales; esa es mi hipótesis, y la delincuencia que dominaba esa región".
Hace casi un año, el mandatario se refirió a que si Guerreros Unidos tuviese vínculos con algunos militares o que los soldados de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes, y que hubiesen cometido el delito de omisión, es distinto a que desde el gobierno, Peña Nieto hubiese ordenado, o el entonces general secretario (Salvador Cienfuegos), la desaparición de los jóvenes.
En más de una ocasión, López Obrador reprochó a los miembros del GIEI que le planteaban algo en las reuniones con el ejecutivo y sostenían otra cosa públicamente. "Yo hablaba con ellos y nunca me entregaron nada que probara sus dichos", dijo.
Recordó que en el momento en que propuso pedir órdenes de aprehensión contra funcionarios y militares, una de las integrantes del GIEI le pidió 90 días más de investigación, lo que implicaría incluso que pudieran fugarse los responsables. "Ya basta de estar administrando el dolor de la gente, porque no se debe utilizar el dolor del pueblo. Hay que actuar con la verdad".
A la pregunta expresa sobre si en todos sus años de lucha, "¿usted imaginó que iba a llegar a ser un gran defensor del Ejército?", el presidente López Obrador respondió: "Sí, sí imaginé, porque conozco la historia, pero además conozco todos los pueblos de México y allí viven las familias de los soldados; son hijos de campesinos e hijos de obreros, hijos de comerciantes. Por eso digo que el soldado es pueblo uniformado. Y cuando han cometido errores, que los han cometido, ha sido fundamentalmente por órdenes de autoridades civiles, por órdenes de los presidentes civiles. Entonces, sí, tienes razón, defiendo al Ejército y defiendo a las Fuerzas Armadas. ¿Y saben quién también defiende al Ejército y a las Fuerzas Armadas? La mayoría del pueblo".
El 24 de junio de 2024, a tres meses de dejar la Presidencia, el mandatario señaló que hasta entonces no tenía ninguna prueba de que haya sido el Ejército mexicano responsable por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Aseguró entonces que si le entregan los elementos, se actuará.
Reiteró que hay sectores que pretenden socavar al Ejército y a la Marina, a fin de debilitarlos ante intereses desde el exterior que intentan tener subordinadas a las Fuerzas Armadas.
"Si se demuestra que, en efecto, fue el Ejército, teniendo las pruebas, se actúa; pero yo hasta hoy no tengo ninguna prueba de que haya sido el Ejército, así, y le he buscado por todo. Tengo toda la información; soy el Presidente de México. Pero si el día de mañana, dentro de 15 días, viene alguien y me dice: 'Mire, aquí está...', lo voy a decir en la mañanera del 24 de junio".
TODO TERMINÓ COMO ESTABA AL PRINCIPIO
Las últimas investigaciones llevaban directo al grupo de sicarios que confesaron bajo tortura.
A partir de la "verdad histórica" de la desaparecida PGR se obtuvieron distintas órdenes de aprehensión. Se cumplieron y varios personajes, tanto de la delincuencia organizada, específicamente de Guerreros Unidos, como de policías municipales, fueron arrestados y encarcelados. Algunos fueron puestos en libertad, porque se comprobó que habían sido torturados.
De la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siete integrantes de Guerreros Unidos serán enjuiciados por la decisión de la Corte de diez años. El pasado 10 de septiembre, la SCJN desechó un incidente de inejecución de sentencia de distintos amparos donde los siete guerreros unidos solicitaban la protección de la justicia federal.
Con esta decisión, Patricio Reyes Landa (alias "El Pato"), Jonathan Osorio Cortés (alias "El Jona"), Agustín García Reyes (alias "El Chereje"), Miguel Ángel Landa Bahena (alias "El Duva"), Felipe Rodríguez Salgado (alias "El Cepillo", reaprehendido), entre otros miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, bajo las órdenes de Gildardo López Astudillo (alias "El Gil", reaprehendido), serán nuevamente llevados ante la justicia, lo que coloca el caso Ayotzinapa en la misma situación que al principio.
La "verdad histórica" aceptó que "había recibido y ejecutado" a estudiantes que les fueron entregados por los policías de Iguala y Cocula el 26 de septiembre.
"El Jona", ante el Ministerio Público de la Federación, declaró que "El Pelón", acompañado de los sicarios identificados como "Mente" o "Cerebro", y "Pardo", entre otros, arribó al basurero de Cocula la noche del 26 de septiembre de 2014 en dos camionetas, una color arena y la otra color blanco, portando armas largas como "cuernos de chivo".
"El Chereje" y los demás sicarios coincidieron en señalar que, ya en el basurero, comenzaron a bajar a los estudiantes.
Ante el Ministerio Público federal, "El Duva" declaró que durante el traslado de los normalistas hacia el basurero de Cocula, se sumaron "El Pelón", jefe de la plaza de Guerreros Unidos en Tianquizolco y Apetlanc, y seis de sus hombres. "El Duva" refirió que entre los integrantes de Guerreros Unidos que interrogaron al "Cochiloco" se encontraba "El Pelón".
En las investigaciones oficiales se indica que cuando "El Cepillo", jefe de sicarios de la organización criminal Guerreros Unidos en Cocula, llegó al lugar conocido como "Loma de Coyotes", recibió en su teléfono celular un mensaje de Fernando Santiago Hernández (alias "Fercho" o "Tony"), referido como colaborador cercano de Gildardo López Astudillo, quien le pidió a "El Cepillo" que esperara porque le iban a entregar tres paquetes, sin especificar quién se los iba a entregar, para que los llevara a Cocula.
En su declaración ministerial del 17 de diciembre de 2015, "El Gil" ofreció una explicación del porqué supuso que Marco Antonio Ríos Berber señaló a las autoridades que los normalistas desaparecidos habían sido incinerados en los lugares conocidos como Cerro Pueblo Viejo y La Parota.
La trascendencia de la decisión de la SCJN, según abogados que conocen el caso, es muy significativa en la solución jurídica y conclusión del caso Iguala. Toda vez que las víctimas indirectas, es decir, los padres de los normalistas, pueden hacer valer sus derechos frente a la autoridad judicial.
ELLOS SON LOS 43 NORMALISTAS
Abel García Hernández
Abelardo Vázquez Penitente
Adán Abrajan de la Cruz
Antonio Santana Maestro
Benjamín Ascencio Bautista
Bernardo Flores Alcaraz
Carlos Iván Ramírez Villarreal
Carlos Lorenzo Hernández Muñoz
César Manuel González Hernández
Christian Tomás Colón Garnica
Cutberto Ortiz Ramos
Dorian González Parral
Emiliano Alen Gaspar de la Cruz
Everardo Rodríguez Bello
Felipe Arnulfo Rosas
Giovanni Galíndrez Guerrero
Israel Caballero Sánchez
Israel Jacinto Lugardo
Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa
Jonás Trujillo González
Jorge Álvarez Nava
Jorge Aníbal Cruz Mendoza
Jorge Antonio Tizapa Legideño
Jorge Luis González Parral
José Ángel Campos Cantor
José Ángel Navarrete González
José Eduardo Bartolo Tlatempa
José Luis Luna Torres
Julio César López Patolzin
Leonel Castro Abarca
Luis Ángel Abarca Carrillo
Luis Ángel Francisco Arzola Magdaleno
Rubén Lauro Villegas
Marcial Pablo Baranda
Marco Antonio Gómez Molina
Martín Getsemany Sánchez García
Mauricio Ortega Valerio
Miguel Ángel Hernández Martínez
Miguel Ángel Mendoza Zacarías
Saúl Bruno García