Afianzan derechos de los trabajadores
Resumen:
El respeto a los derechos laborales mejoró en 19 estados del país, entre 2023 y 2024, debido a factores como la mejora del salario mínimo y eliminación del outsourcing.
Así lo revela el Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024, del World Justice Project (WJP), cuyo objetivo es medir el grado de adherencia que tienen 142 países al Estado de derecho.
Según el reporte, el avance se dio en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Edomex, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Así lo revela el Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024, del World Justice Project (WJP), cuyo objetivo es medir el grado de adherencia que tienen 142 países al Estado de derecho.
Según el reporte, el avance se dio en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Edomex, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Transcripción:
El respeto a los derechos laborales mejoró en 19 estados del país, entre 2023 y 2024, debido a factores como la mejora del salario mínimo y eliminación del outsourcing.
Así lo revela el Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024, del World Justice Project (WJP), cuyo objetivo es medir el grado de adherencia que tienen 142 países al Estado de derecho.
Según el reporte, el avance se dio en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Edomex, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
En la revisión anual se evalúan los derechos laborales colectivos, en cuanto a no inclusión de infantes y los individuales, siendo estos últimos los que presentan “la principal mejoría, en factores como el salario mínimo, eliminación de outsourcing, derecho a la seguridad social, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ausencia de discriminación laboral, de trabajo forzado e infantil, entre otros”, detalló a Excélsior Eréndira González, líder del equipo del Índice de Estado de Derecho en México de WJP.
Apuntalan los derechos laborales
Alza al salario mínimo, seguridad social, ausencia de discriminación y salud en el trabajo son algunas de las mejorías.
Diecinueve entidades de la República Mexicana mejoraron su adhesión al Estado de derecho respecto de los derechos laborales, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024, del World Justice Project (WJP).
En su reporte, la organización independiente señala que el avance se dio, de mayor a menor medida, en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
“Observamos que, además de los 19 estados que mejoraron, seis se quedaron igual y siete disminuyeron. La mejoría responde a los cambios importantes al sistema de justicia laboral”, dijo a Excélsior Eréndira González, líder del equipo del Índice de Estado de Derecho en México de WJP.
Señaló que en la revisión anual se evalúan los derechos laborales colectivos, laborales en cuanto a que no hay inclusión de infantes, y laborales individuales, siendo estos últimos los que presentan “la principal mejoría, en factores como el salario mínimo, eliminación de outsourcing, derecho a la seguridad social, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, la ausencia de discriminación laboral y la ausencia de trabajo forzado y del trabajo infantil, entre otros”.
Quedan temas pendientes como qué va a pasar con las juntas de conciliación y arbitraje. “Se necesita que las entidades asignen mayor presupuesto al respecto”, advirtió la líder de investigación de WJP México.
El objetivo de WJP es medir el grado de adherencia que tienen 142 países al Estado de derecho. Desde 2015-2016, comenzó a hacer un trabajo muy específico centrado en un país, en este caso, México fue el elegido. Se analiza de manera estatal debido a que no son las mismas fortalezas y debilidades las que tiene cada entidad y, a través de 600 variables, divididas en ocho rubros, miden el Estado de derecho.
El reporte destaca que, aunque en seis de esos ocho rubros el país se mantuvo estancado, hubo avance, además del tema de derechos laborales, en el acceso a justicia alternativa.
“Hemos visto tendencias que son comunes entre los 32 estados. En fortalezas identificamos mejoría, aunque no reflejada en las tasas de homicidios ni en las de victimización, en la percepción de seguridad. En materia de justicia hay dos áreas, la civil y la penal, en la primera, nosotros medimos mecanismos alternativos de solución de controversias, que son los que, a través de un mediador, las personas que tienen un problema de carácter civil, van, acuerdan, dialogan y llegan a soluciones a partir de mediadores, evitando el sistema tradicional de justicia”, puntualizó González.
“Los mecanismos de solución de controversias han sido una de las herramientas más útiles que tiene el sistema de justicia civil”, aseveró.
Con una medición de 0 a 1, WJP puntualizó que los estados con los puntajes más altos en garantizar el Estado de derecho son Querétaro (0.49), Guanajuato (0.47) y Aguascalientes (0.47). Esta es la tercera ocasión en la cual Querétaro se encuentra en el primer lugar, mientras que es la segunda ocasión en que Guanajuato y Aguascalientes ocupan las mismas posiciones. Los estados con los puntajes más bajos son Estado de México (0.35), Morelos (0.35) y Quintana Roo (0.36).
Persiste la brecha
González refirió que, a nivel nacional, lo que vemos es una brecha importante para alcanzar un Estado de derecho fuerte. “Viendo el promedio por entidades, llegamos al 0.41, en una escala del 0 a 1, lo que evidencia una deuda pendiente en materia de Estado de derecho”, dijo.
Respecto de los retos que WJP identificó este año, en la sexta entrega del reporte, está que la mayoría de los estados muestra una contracción en la participación ciudadana, la seguridad, con altas tasas de homicidios e incidencia y prevalencia delictiva, así como el gobierno abierto.
“En el tema de gobierno abierto, cerca de 21 entidades disminuyeron su puntaje, principalmente en transparencia y participación ciudadana, esta última disminuyó en 22 entidades, lo que expone que el gobierno no está generando, de forma proactiva, canales para que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas favorables”, subrayó González.
También alerta el tema de ausencia de corrupción; en los últimos años ha habido un retroceso en 20 entidades, principalmente en la policía estatal y en los ministerios públicos.
Así como la justicia penal, que no ha tenido avances y es el rubro peor calificado, con 14 estados en retroceso, diez se quedaron igual y sólo ocho tuvieron algún tipo de mejora, indicó a este diario la representante de WJP México.
Contrapesos, en juego
La especialista señaló que en los últimos años vieron un retroceso en los temas de contrapesos en cuestión de democracia a nivel estatal. “El contrapeso más afectado es la prensa, así como la sociedad civil”, dijo.
“Los contrapesos tienen una relación importante en el tema de cumplimiento regulatorio, particularmente en los derechos de propiedad y en el tema en general de Estado de derecho. Cuando hay retracción en ese contrapeso, los mercados lo resienten”, añadió.
Y, bajo este panorama y con miras al cambio de gobierno en nueve entidades federativas, González hace un llamado a las nuevas administraciones: “Deben ponderar la importancia que la iniciativa privada tiene en la certeza de reglas claras y un juego democrático establecido, con contrapesos y espacios para disentir”.
Así lo revela el Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024, del World Justice Project (WJP), cuyo objetivo es medir el grado de adherencia que tienen 142 países al Estado de derecho.
Según el reporte, el avance se dio en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Edomex, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
En la revisión anual se evalúan los derechos laborales colectivos, en cuanto a no inclusión de infantes y los individuales, siendo estos últimos los que presentan “la principal mejoría, en factores como el salario mínimo, eliminación de outsourcing, derecho a la seguridad social, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ausencia de discriminación laboral, de trabajo forzado e infantil, entre otros”, detalló a Excélsior Eréndira González, líder del equipo del Índice de Estado de Derecho en México de WJP.
Apuntalan los derechos laborales
Alza al salario mínimo, seguridad social, ausencia de discriminación y salud en el trabajo son algunas de las mejorías.
Diecinueve entidades de la República Mexicana mejoraron su adhesión al Estado de derecho respecto de los derechos laborales, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024, del World Justice Project (WJP).
En su reporte, la organización independiente señala que el avance se dio, de mayor a menor medida, en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
“Observamos que, además de los 19 estados que mejoraron, seis se quedaron igual y siete disminuyeron. La mejoría responde a los cambios importantes al sistema de justicia laboral”, dijo a Excélsior Eréndira González, líder del equipo del Índice de Estado de Derecho en México de WJP.
Señaló que en la revisión anual se evalúan los derechos laborales colectivos, laborales en cuanto a que no hay inclusión de infantes, y laborales individuales, siendo estos últimos los que presentan “la principal mejoría, en factores como el salario mínimo, eliminación de outsourcing, derecho a la seguridad social, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, la ausencia de discriminación laboral y la ausencia de trabajo forzado y del trabajo infantil, entre otros”.
Quedan temas pendientes como qué va a pasar con las juntas de conciliación y arbitraje. “Se necesita que las entidades asignen mayor presupuesto al respecto”, advirtió la líder de investigación de WJP México.
El objetivo de WJP es medir el grado de adherencia que tienen 142 países al Estado de derecho. Desde 2015-2016, comenzó a hacer un trabajo muy específico centrado en un país, en este caso, México fue el elegido. Se analiza de manera estatal debido a que no son las mismas fortalezas y debilidades las que tiene cada entidad y, a través de 600 variables, divididas en ocho rubros, miden el Estado de derecho.
El reporte destaca que, aunque en seis de esos ocho rubros el país se mantuvo estancado, hubo avance, además del tema de derechos laborales, en el acceso a justicia alternativa.
“Hemos visto tendencias que son comunes entre los 32 estados. En fortalezas identificamos mejoría, aunque no reflejada en las tasas de homicidios ni en las de victimización, en la percepción de seguridad. En materia de justicia hay dos áreas, la civil y la penal, en la primera, nosotros medimos mecanismos alternativos de solución de controversias, que son los que, a través de un mediador, las personas que tienen un problema de carácter civil, van, acuerdan, dialogan y llegan a soluciones a partir de mediadores, evitando el sistema tradicional de justicia”, puntualizó González.
“Los mecanismos de solución de controversias han sido una de las herramientas más útiles que tiene el sistema de justicia civil”, aseveró.
Con una medición de 0 a 1, WJP puntualizó que los estados con los puntajes más altos en garantizar el Estado de derecho son Querétaro (0.49), Guanajuato (0.47) y Aguascalientes (0.47). Esta es la tercera ocasión en la cual Querétaro se encuentra en el primer lugar, mientras que es la segunda ocasión en que Guanajuato y Aguascalientes ocupan las mismas posiciones. Los estados con los puntajes más bajos son Estado de México (0.35), Morelos (0.35) y Quintana Roo (0.36).
Persiste la brecha
González refirió que, a nivel nacional, lo que vemos es una brecha importante para alcanzar un Estado de derecho fuerte. “Viendo el promedio por entidades, llegamos al 0.41, en una escala del 0 a 1, lo que evidencia una deuda pendiente en materia de Estado de derecho”, dijo.
Respecto de los retos que WJP identificó este año, en la sexta entrega del reporte, está que la mayoría de los estados muestra una contracción en la participación ciudadana, la seguridad, con altas tasas de homicidios e incidencia y prevalencia delictiva, así como el gobierno abierto.
“En el tema de gobierno abierto, cerca de 21 entidades disminuyeron su puntaje, principalmente en transparencia y participación ciudadana, esta última disminuyó en 22 entidades, lo que expone que el gobierno no está generando, de forma proactiva, canales para que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas favorables”, subrayó González.
También alerta el tema de ausencia de corrupción; en los últimos años ha habido un retroceso en 20 entidades, principalmente en la policía estatal y en los ministerios públicos.
Así como la justicia penal, que no ha tenido avances y es el rubro peor calificado, con 14 estados en retroceso, diez se quedaron igual y sólo ocho tuvieron algún tipo de mejora, indicó a este diario la representante de WJP México.
Contrapesos, en juego
La especialista señaló que en los últimos años vieron un retroceso en los temas de contrapesos en cuestión de democracia a nivel estatal. “El contrapeso más afectado es la prensa, así como la sociedad civil”, dijo.
“Los contrapesos tienen una relación importante en el tema de cumplimiento regulatorio, particularmente en los derechos de propiedad y en el tema en general de Estado de derecho. Cuando hay retracción en ese contrapeso, los mercados lo resienten”, añadió.
Y, bajo este panorama y con miras al cambio de gobierno en nueve entidades federativas, González hace un llamado a las nuevas administraciones: “Deben ponderar la importancia que la iniciativa privada tiene en la certeza de reglas claras y un juego democrático establecido, con contrapesos y espacios para disentir”.