Bajo Sospecha // La propiedad privada en CDMX, ¿En peligro?
Resumen:
Como si no hubiera nerviosismo en este último mes del Gobierno del presidente López Obrador, donde parece que la seguridad jurídica para los ciudadanos se puede esfumar en un segundo con las reformas al Poder Judicial, que ya se aprobaron en la Cámara de Diputados y ahora irán al Senado, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México presenta un decreto para cambiar la Constitución de la capital, que puede afectar a quienes son dueños de una propiedad.
Transcripción:
Como si no hubiera nerviosismo en este último mes del Gobierno del presidente López Obrador, donde parece que la seguridad jurídica para los ciudadanos se puede esfumar en un segundo con las reformas al Poder Judicial, que ya se aprobaron en la Cámara de Diputados y ahora irán al Senado, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México presenta un decreto para cambiar la Constitución de la capital, que puede afectar a quienes son dueños de una propiedad.
La tarde del pasado 2 de septiembre se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se reformó el artículo 3 de la Constitución local, referente al respeto de la propiedad privada, pública y social.
Ocurrió 11 días después de que el tema fue analizado y aprobado en el Legislativo local, que pasó con 57 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra. Incluso, de forma previa, el tema fue avalado por la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, formada por Morena, PAN y PRI.
El Jefe de Gobierno, Martí Batres, hizo una presentación en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, de casi una hora sobre la modificación, con un discurso muy populista. Aseguraba que todos los capitalinos deben tener una vivienda. Eso no está mal, pero habló de que la propiedad del Estado estaba por encima de la propiedad privada, y eso es lo que generó preocupación.
Estuvo acompañado de Martha Ávila, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, y llama la atención que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, estuviera presente.
El trabajo de Pablo Gómez es investigar, por medio de la UIF, a quienes hacen malos manejos con recursos financieros, nada que ver con los decretos que se hacen en la CDMX.
Esta modificación ha generado inquietudes. Muchos aseguran que es la eliminación del derecho a la protección de la propiedad privada y que con ello, el Estado estaría en posibilidad de arrebatar a los capitalinos su propiedad si lo quisiera.
Habitantes de la Ciudad de México expresaron su preocupación por la medida, ya que, aseguraron, no tendría caso comprar una casa o departamento si, bajo el argumento del "interés público y social", el Gobierno de la ciudad se los iba a quitar.
Un día después de su presentación, Martí Batres ahora dice que la reforma a la Constitución de la ciudad no afecta a la propiedad privada, porque la misma está garantizada en la Constitución nacional. Pero el hecho es que eso será, al final, tema de controversia, y que el propio Martí dijo exactamente lo contrario cuando firmó la reforma, al asegurar que la propiedad pública está por encima de la propiedad privada.
El Gobierno capitalino argumenta que la modificación se hizo para que, en el futuro, el desarrollo de la ciudad se haga con acento en lo social y que los capitalinos podrán seguir comprando inmuebles y terrenos.
Dicen que en 2017, la Carta Magna de la Ciudad de México tenía "como principio rector solo la propiedad privada", lo que reflejó un retroceso neoliberal, porque colocó el interés particular como principio supremo, superior a todo interés social, lo que iba en contradicción con el texto federal.
Lo cierto es que las personas que tienen alguna propiedad en la CDMX están preocupadas. Y así es, quien trabaja, ahorra e invierte, busca tener su hogar y que este sea su seguridad. Nadie quiere trabajar para cederle su patrimonio a otra persona.
Usuarios de redes sociales insisten en que esto está relacionado con la eventual expropiación de bienes de los particulares. Sin embargo, en el artículo 27 de la Constitución general y en la Ley de Expropiación se establecen los lineamientos para estos procedimientos.
Académicos de la UNAM y universidades privadas aseguran que las expropiaciones no funcionan así y que deben ser gestionadas a través de diálogo entre las partes interesadas, por lo que existe un diálogo previo entre la parte propietaria del interés en su bien, y se acuerda un precio para la indemnización antes de iniciar el proceso.
Y que este decreto no elimina el derecho de la ciudadanía para defenderse de una expropiación, como son los juicios de amparo, o juicios de nulidad si el daño a la propiedad se deriva de una sentencia judicial.
Por su parte, Diego Garrido, diputado del PAN, quien fue el encargado de dictaminar esta reforma en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Segunda Legislatura, detalló que, en términos reales, con la redacción aprobada y publicada en la Gaceta Oficial, se defiende y resguarda la propiedad privada.
En la propuesta original que planteaba Martí Batres, se buscaba introducir el concepto de propiedad social sobre la propiedad privada, pero en la Comisión de Puntos Constitucionales se corrigió la frase y el respeto a la propiedad quedó homologado a lo que se marca en el ámbito federal.
Lo cierto es que no había necesidad alguna de meter este tema al debate, en un momento ya de por sí tenso y complicado en esta transición.
La tarde del pasado 2 de septiembre se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se reformó el artículo 3 de la Constitución local, referente al respeto de la propiedad privada, pública y social.
Ocurrió 11 días después de que el tema fue analizado y aprobado en el Legislativo local, que pasó con 57 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra. Incluso, de forma previa, el tema fue avalado por la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, formada por Morena, PAN y PRI.
El Jefe de Gobierno, Martí Batres, hizo una presentación en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, de casi una hora sobre la modificación, con un discurso muy populista. Aseguraba que todos los capitalinos deben tener una vivienda. Eso no está mal, pero habló de que la propiedad del Estado estaba por encima de la propiedad privada, y eso es lo que generó preocupación.
Estuvo acompañado de Martha Ávila, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, y llama la atención que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, estuviera presente.
El trabajo de Pablo Gómez es investigar, por medio de la UIF, a quienes hacen malos manejos con recursos financieros, nada que ver con los decretos que se hacen en la CDMX.
Esta modificación ha generado inquietudes. Muchos aseguran que es la eliminación del derecho a la protección de la propiedad privada y que con ello, el Estado estaría en posibilidad de arrebatar a los capitalinos su propiedad si lo quisiera.
Habitantes de la Ciudad de México expresaron su preocupación por la medida, ya que, aseguraron, no tendría caso comprar una casa o departamento si, bajo el argumento del "interés público y social", el Gobierno de la ciudad se los iba a quitar.
Un día después de su presentación, Martí Batres ahora dice que la reforma a la Constitución de la ciudad no afecta a la propiedad privada, porque la misma está garantizada en la Constitución nacional. Pero el hecho es que eso será, al final, tema de controversia, y que el propio Martí dijo exactamente lo contrario cuando firmó la reforma, al asegurar que la propiedad pública está por encima de la propiedad privada.
El Gobierno capitalino argumenta que la modificación se hizo para que, en el futuro, el desarrollo de la ciudad se haga con acento en lo social y que los capitalinos podrán seguir comprando inmuebles y terrenos.
Dicen que en 2017, la Carta Magna de la Ciudad de México tenía "como principio rector solo la propiedad privada", lo que reflejó un retroceso neoliberal, porque colocó el interés particular como principio supremo, superior a todo interés social, lo que iba en contradicción con el texto federal.
Lo cierto es que las personas que tienen alguna propiedad en la CDMX están preocupadas. Y así es, quien trabaja, ahorra e invierte, busca tener su hogar y que este sea su seguridad. Nadie quiere trabajar para cederle su patrimonio a otra persona.
Usuarios de redes sociales insisten en que esto está relacionado con la eventual expropiación de bienes de los particulares. Sin embargo, en el artículo 27 de la Constitución general y en la Ley de Expropiación se establecen los lineamientos para estos procedimientos.
Académicos de la UNAM y universidades privadas aseguran que las expropiaciones no funcionan así y que deben ser gestionadas a través de diálogo entre las partes interesadas, por lo que existe un diálogo previo entre la parte propietaria del interés en su bien, y se acuerda un precio para la indemnización antes de iniciar el proceso.
Y que este decreto no elimina el derecho de la ciudadanía para defenderse de una expropiación, como son los juicios de amparo, o juicios de nulidad si el daño a la propiedad se deriva de una sentencia judicial.
Por su parte, Diego Garrido, diputado del PAN, quien fue el encargado de dictaminar esta reforma en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Segunda Legislatura, detalló que, en términos reales, con la redacción aprobada y publicada en la Gaceta Oficial, se defiende y resguarda la propiedad privada.
En la propuesta original que planteaba Martí Batres, se buscaba introducir el concepto de propiedad social sobre la propiedad privada, pero en la Comisión de Puntos Constitucionales se corrigió la frase y el respeto a la propiedad quedó homologado a lo que se marca en el ámbito federal.
Lo cierto es que no había necesidad alguna de meter este tema al debate, en un momento ya de por sí tenso y complicado en esta transición.