Derecho a votar y ser electas, sin violencia
Resumen:
Han transcurrido 71 años desde aquel 17 de octubre de 1953, cuando, después de una larga batalla, se incorporó en el Artículo 34 de la Constitución federal una añeja demanda de las mujeres mexicanas por acceder al ejercicio de una ciudadanía plena: la posibilidad de votar y ser electas.
Transcripción:
Han transcurrido 71 años desde aquel 17 de octubre de 1953, cuando, después de una larga batalla, se incorporó en el Artículo 34 de la Constitución federal una añeja demanda de las mujeres mexicanas por acceder al ejercicio de una ciudadanía plena: la posibilidad de votar y ser electas.
Lo anterior resulta sorprendente, si consideramos que, a lo largo de las etapas más importantes de la historia nacional, la presencia de las mujeres, sus acciones y aportaciones fueron de suma relevancia para conformar el México actual.
Nuestro País irrumpió en el Siglo 20 con un movimiento revolucionario, en el que el papel de la mujer fue indiscutible en el conflicto bélico que, entre muchos otros resultados, permitió la promulgación de una Constitución vanguardista para su tiempo, pero que negó la plenitud de derechos políticos a las mujeres. Tuvieron que pasar 36 largos años para que se modificara el texto constitucional para reconocerles una ciudadanía plena.
La historia de esa lucha está plagada de muchos fracasos, pero también de contundentes triunfos. El avance ha sido lento y lleno de obstáculos que surgen de una cultura patriarcal que se resiste a aceptar que las mujeres pueden y deben ocupar el espacio de lo público, en posiciones de ejercicio del poder.
De la exigencia del derecho al voto y la posibilidad de ser electas, casi para finalizar el Siglo 20 se transitó al establecimiento de disposiciones constitucionales, para incorporar medidas afirmativas o mejor conocidas como cuotas; esto es, espacios reservados para las mujeres en los órganos legislativos, que en diversos procesos electorales los partidos políticos encontraron la manera de evadir.
La ola democratizadora, con la que México arrancó el nuevo siglo, incrementó la demanda de las mexicanas de ocupar más y mejores espacios en los órganos de Gobierno. Así, después de presenciar vergonzosas acciones para evitar cumplir con las cuotas que reservaban espacios para mujeres, que fueron ocupados por hombres, con la reforma electoral de 2014 se incorporó una revolucionaria disposición a nivel constitucional para garantizar la paridad de género en las candidaturas para los órganos legislativos federal y estatales. Y para 2019 se estableció como un principio de nuestro máximo ordenamiento la paridad en todo, es decir, garantizar que exista igual número de espacios para mujeres y para hombres en los tres poderes; en los tres órdenes de Gobierno y en los organismos autónomos.
Los resultados son sumamente alentadores, ya que se ha logrado una histórica presencia de las mujeres como senadoras, diputadas, gobernadoras, presidentas municipales, regidoras y, como resultado de la elección de este año, México cuenta con su primera Presidenta en 200 años de vida independiente.
Sin embargo, la creciente participación de las mujeres en la vida pública, de igual forma ha incrementado un lamentable fenómeno: la violencia política en razón de género. Este flagelo ataca de muy diversas maneras a las mujeres que deciden participar políticamente en cualquiera de los tres poderes, en los distintos órdenes de Gobierno. Por ello, ahora la lucha debe ser por preservar los espacios ganados y lograr que, en un futuro, esperemos no muy lejano, sea posible garantizar una vida libre de violencia a las mexicanas que aspiren o detenten un cargo público.
*CONSEJERA PRESIDENTA DEL IECM
Lo anterior resulta sorprendente, si consideramos que, a lo largo de las etapas más importantes de la historia nacional, la presencia de las mujeres, sus acciones y aportaciones fueron de suma relevancia para conformar el México actual.
Nuestro País irrumpió en el Siglo 20 con un movimiento revolucionario, en el que el papel de la mujer fue indiscutible en el conflicto bélico que, entre muchos otros resultados, permitió la promulgación de una Constitución vanguardista para su tiempo, pero que negó la plenitud de derechos políticos a las mujeres. Tuvieron que pasar 36 largos años para que se modificara el texto constitucional para reconocerles una ciudadanía plena.
La historia de esa lucha está plagada de muchos fracasos, pero también de contundentes triunfos. El avance ha sido lento y lleno de obstáculos que surgen de una cultura patriarcal que se resiste a aceptar que las mujeres pueden y deben ocupar el espacio de lo público, en posiciones de ejercicio del poder.
De la exigencia del derecho al voto y la posibilidad de ser electas, casi para finalizar el Siglo 20 se transitó al establecimiento de disposiciones constitucionales, para incorporar medidas afirmativas o mejor conocidas como cuotas; esto es, espacios reservados para las mujeres en los órganos legislativos, que en diversos procesos electorales los partidos políticos encontraron la manera de evadir.
La ola democratizadora, con la que México arrancó el nuevo siglo, incrementó la demanda de las mexicanas de ocupar más y mejores espacios en los órganos de Gobierno. Así, después de presenciar vergonzosas acciones para evitar cumplir con las cuotas que reservaban espacios para mujeres, que fueron ocupados por hombres, con la reforma electoral de 2014 se incorporó una revolucionaria disposición a nivel constitucional para garantizar la paridad de género en las candidaturas para los órganos legislativos federal y estatales. Y para 2019 se estableció como un principio de nuestro máximo ordenamiento la paridad en todo, es decir, garantizar que exista igual número de espacios para mujeres y para hombres en los tres poderes; en los tres órdenes de Gobierno y en los organismos autónomos.
Los resultados son sumamente alentadores, ya que se ha logrado una histórica presencia de las mujeres como senadoras, diputadas, gobernadoras, presidentas municipales, regidoras y, como resultado de la elección de este año, México cuenta con su primera Presidenta en 200 años de vida independiente.
Sin embargo, la creciente participación de las mujeres en la vida pública, de igual forma ha incrementado un lamentable fenómeno: la violencia política en razón de género. Este flagelo ataca de muy diversas maneras a las mujeres que deciden participar políticamente en cualquiera de los tres poderes, en los distintos órdenes de Gobierno. Por ello, ahora la lucha debe ser por preservar los espacios ganados y lograr que, en un futuro, esperemos no muy lejano, sea posible garantizar una vida libre de violencia a las mexicanas que aspiren o detenten un cargo público.
*CONSEJERA PRESIDENTA DEL IECM