Transformar el Poder Judicial para garantizar la justicia y consolidar la democracia
Resumen:
Mi abuelo y mi padre murieron por la justicia, yo pienso que esa señora los jacales no visita”, dice una canción interpretada por Amparo Ochoa. Y es que más allá del extendido malestar de amplios sectores sociales con la administración de justicia en nuestro país, y como ha dicho nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, es necesario que el pueblo de México conozca y discuta la propuesta de reforma al Poder Judicial enviada al Congreso de la Unión por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El sistema judicial no está formado solo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), sino por alrededor de 1,600 magistrados de circuito y jueces de distrito distribuidos en salas y tribunales regionales por toda la República. Es importante poner atención especial en los procedimientos y jueces de distritos locales, ya que muchos de los vicios y corruptelas ocurren ahí. La administración de justicia en favor de los más desfavorecidos encuentra a ese nivel sus primeros obstáculos, pues quien puede comprarla obtiene los fallos judiciales a su favor y quienes no, frecuentemente, solo obtienen el oprobio, el presidio o el olvido.
Transcripción:
Mi abuelo y mi padre murieron por la justicia, yo pienso que esa señora los jacales no visita”, dice una canción interpretada por Amparo Ochoa. Y es que más allá del extendido malestar de amplios sectores sociales con la administración de justicia en nuestro país, y como ha dicho nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, es necesario que el pueblo de México conozca y discuta la propuesta de reforma al Poder Judicial enviada al Congreso de la Unión por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El sistema judicial no está formado solo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), sino por alrededor de 1,600 magistrados de circuito y jueces de distrito distribuidos en salas y tribunales regionales por toda la República. Es importante poner atención especial en los procedimientos y jueces de distritos locales, ya que muchos de los vicios y corruptelas ocurren ahí. La administración de justicia en favor de los más desfavorecidos encuentra a ese nivel sus primeros obstáculos, pues quien puede comprarla obtiene los fallos judiciales a su favor y quienes no, frecuentemente, solo obtienen el oprobio, el presidio o el olvido.
Por eso, la reforma propuesta tiene entre sus principales elementos que todos los jueces y magistrados, desde los locales hasta los de la Corte y el Tribunal Electoral, sean electos mediante voto directo de la ciudadanía. Eso no significa que los jueces y magistrados vayan a emprender campañas electorales a través de algún partido político. No, ese tipo de campañas no están permitidas en esta reforma, sino que, para dar a conocer sus propuestas, programas de trabajo y perfiles profesionales tendrían acceso a los tiempos oficiales en radio y televisión. Otros puntos importantes de la reforma son: 1) reducción del número de ministros de la Corte, de 11 a nueve; 2) reducción de su periodo como magistrados de 15 a 12 años; 3) eliminación de las dos Salas superiores de la SCJN, a fin de que todos los asuntos a resolver sean en el pleno; 4) los candidatos a ministros de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral serían propuestos de la siguiente manera: 10 por el Poder Ejecutivo, 10 por el Poder Legislativo (cinco por cada Cámara) y 10 por el pleno de la Corte, y en todos los casos, respetado la paridad de género; 5) en lo que respecta al CJF, encargado de velar y sancionar el correcto funcionamiento de todos los órganos jurisdiccionales y la probidad, independencia y autonomía de todos los jueces y magistrados, se propone sustituirlo por el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. Este punto es fundamental, porque con la desaparición y reorganización de las funciones del CJF, presidido actualmente por la persona titular de la presidencia de la Suprema Corte, se logra que ningún magistrado o magistrada concentre atribuciones y facultades que puedan derivar en autoritarismo y arbitrariedades. Finalmente, la reforma propone garantizar la justicia pronta y expedita al establecer como máximo un año para que los jueces y magistrados resuelvan asuntos en materia penal y seis meses en materia fiscal, y así evitar demoras que terminan por afectar a los más pobres y favorecer a los oligarcas que pueden pagar abogados durante años para no ser afectados en sus intereses.
La separación de poderes debe tender a la cooperación armónica entre los órganos del Estado para que la voluntad popular se exprese y materialice en leyes, instituciones y decisiones para beneficio del pueblo. Lo que ocurre actualmente es que el Poder Judicial no coopera, sino que bloquea las transformaciones que demanda el proceso democratizador actual y no está en armonía con el pulso vital del pueblo de México que exige poner fin a la impunidad, la corrupción, la violencia y el contubernio entre autoridades, jueces y criminales de todo tipo. Una reforma democratizadora del Poder Judicial es justa y necesaria, y quienes la temen es porque algo deben.
Por eso, la reforma propuesta tiene entre sus principales elementos que todos los jueces y magistrados, desde los locales hasta los de la Corte y el Tribunal Electoral, sean electos mediante voto directo de la ciudadanía. Eso no significa que los jueces y magistrados vayan a emprender campañas electorales a través de algún partido político. No, ese tipo de campañas no están permitidas en esta reforma, sino que, para dar a conocer sus propuestas, programas de trabajo y perfiles profesionales tendrían acceso a los tiempos oficiales en radio y televisión. Otros puntos importantes de la reforma son: 1) reducción del número de ministros de la Corte, de 11 a nueve; 2) reducción de su periodo como magistrados de 15 a 12 años; 3) eliminación de las dos Salas superiores de la SCJN, a fin de que todos los asuntos a resolver sean en el pleno; 4) los candidatos a ministros de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral serían propuestos de la siguiente manera: 10 por el Poder Ejecutivo, 10 por el Poder Legislativo (cinco por cada Cámara) y 10 por el pleno de la Corte, y en todos los casos, respetado la paridad de género; 5) en lo que respecta al CJF, encargado de velar y sancionar el correcto funcionamiento de todos los órganos jurisdiccionales y la probidad, independencia y autonomía de todos los jueces y magistrados, se propone sustituirlo por el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. Este punto es fundamental, porque con la desaparición y reorganización de las funciones del CJF, presidido actualmente por la persona titular de la presidencia de la Suprema Corte, se logra que ningún magistrado o magistrada concentre atribuciones y facultades que puedan derivar en autoritarismo y arbitrariedades. Finalmente, la reforma propone garantizar la justicia pronta y expedita al establecer como máximo un año para que los jueces y magistrados resuelvan asuntos en materia penal y seis meses en materia fiscal, y así evitar demoras que terminan por afectar a los más pobres y favorecer a los oligarcas que pueden pagar abogados durante años para no ser afectados en sus intereses.
La separación de poderes debe tender a la cooperación armónica entre los órganos del Estado para que la voluntad popular se exprese y materialice en leyes, instituciones y decisiones para beneficio del pueblo. Lo que ocurre actualmente es que el Poder Judicial no coopera, sino que bloquea las transformaciones que demanda el proceso democratizador actual y no está en armonía con el pulso vital del pueblo de México que exige poner fin a la impunidad, la corrupción, la violencia y el contubernio entre autoridades, jueces y criminales de todo tipo. Una reforma democratizadora del Poder Judicial es justa y necesaria, y quienes la temen es porque algo deben.