Afectará un millón de juicios laborales y administrativos paro de jueces: especialistas
Resumen:
Más de un millón de procesos judiciales abiertos pueden resultar afectados, de los cuales la mayoría corresponde a asuntos laborales y administrativos, si el Poder Judicial de la Federación decide un paro total de actividades como medida de presión ante la eventual aprobación de la iniciativa de reforma al organismo promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre.
Transcripción:
Más de un millón de procesos judiciales abiertos pueden resultar afectados, de los cuales la mayoría corresponde a asuntos laborales y administrativos, si el Poder Judicial de la Federación decide un paro total de actividades como medida de presión ante la eventual aprobación de la iniciativa de reforma al organismo promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre.
De acuerdo con abogados y especialistas consultados por MILENIO, el impacto será grave, porque alargaría procesos que ya de por sí llevan meses y a veces años de retrasos, y en algunos casos, de no contemplarse salvaguardas, puede generarse un daño inmediato en el patrimonio, salud o libertad de las personas.
"Aunque la paralización de labores se haga de manera ordenada, seguramente habrá caos, y que ciudadanos, dependiendo de cuánto dure el paro, puede haber demandas o juicios políticos", dice Julio Ríos Figueroa, doctor en ciencia política por la Universidad de Nueva York (NYU) y profesor titular en el Departamento de Derecho del ITAM.
La suspensión de labores fue anunciada el pasado martes por nueve agrupaciones y colectivos de juzgadores y magistrados federales, encabezados por la Asociación de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación A.C. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial dijo a MILENIO que hasta el momento no apoya un paro y confía en que el diálogo funcione.
De acuerdo con cifras de los Censos Nacionales de Procuración de Justicia Federal del Inegi, los jueces y magistrados federales que se irían a paro están a cargo de más de un millón de procesos judiciales en promedio. Aunque la cantidad es dinámica por los casos que entran y salen, desde 2014 los asuntos en curso se ubican siempre por encima de ese número.
El último censo publicado en octubre de 2023 señala que los asuntos abiertos en manos de los jueces y tribunales ascendían a un millón 256 mil 77, correspondientes a las cinco materias que conocen los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial: laboral, civil, administrativo, mercantil y penal. Autoridades del organismo señalan que el promedio en 2024 es similar.
¿Quiénes son los afectados?
El censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía refiere que los juzgados de distrito, que son la primera instancia en conocer los casos, analizaron en el último año 228 mil 238 procesos en materia administrativa, que equivalen al 32.1 por ciento del total de los asuntos, la mayor proporción de todas las materias.
Los casos en el área administrativa comprenden asuntos relacionados con permisos, concesiones y trámites ante todas las secretarías e instancias y organismos federales. En ese contexto, un paro puede afectar un proceso relacionado con reclamos por falta de medicamentos o un juicio por cobro indebido de impuestos.
Asimismo, la materia laboral concentra la mayor cantidad de procesos: 181 mil 587 iniciados en el último año analizado, lo que equivale al 25.5 por ciento de todo el universo de casos, de acuerdo con el Inegi. Por lo tanto, pueden verse afectados asuntos relacionados con despidos injustificados, retenciones de pensiones, falta de pagos o indemnizaciones.
Después se ubica la materia penal, que involucra delitos con un 19.1 por ciento de los casos. Aquí entran asuntos que involucran órdenes de aprehensión, liberaciones, cambios de medidas cautelares, entre otros. Luego se encuentran los temas civiles con un 17.1 por ciento y los mercantiles con un 6.2 por ciento.
Respecto a los tribunales colegiados, que son la segunda instancia en la que se dirimen los casos, el 42.3 por ciento de los asuntos en curso en el último año estudiado corresponden a temas en materia administrativa; mientras que el 24.6 por ciento son asuntos civiles, el 23 por ciento laborales y el 10.1 por ciento penales.
Un alto costo
También se afectarán todas las partes que estén inmiscuidas en los cientos de miles de procesos penales en curso.
"El impacto en muchos casos puede ser terrible. Hay personas que en este momento tienen aseguradas sus casas, edificios, invadidos sus terrenos y estamos esperando la resolución de un amparo o de un procedimiento federal para que se imparta justicia y recuperen su libertad, su patrimonio, su seguridad jurídica, y con ello se logre una estabilidad o un bienestar común. Que los juzgados paren, aunque la causa sea legítima, genera una afectación inevitable para la sociedad", indica el penalista Epigmenio Mendieta.
La abogada especialista en derechos humanos, Karla Michelle Salas, consideró que un eventual paro agravará la lentitud con la que se mueven los procesos.
En tanto, la abogada Reyna Velasco explicó que "llevo casos de víctimas que recurren a juzgados federales ante el retraso, para algún apoyo de la Ley General de Víctimas, y esto nos afectará".
¿Hay consenso?
MILENIO buscó desde el pasado martes a la jueza Juana Fuentes Velázquez, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, para conocer más detalles sobre irse a paro de labores. Se cuestionó si esa acción tiene el apoyo de todos los jueces federales del país, si hay un plan para el más de un millón de procesos que pueden verse afectados, y si se requiere de algún procedimiento especial para detener labores. Hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta.
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del organismo confirmó que, luego de la plenaria del pasado 13 de agosto, determinaron no apoyar, al menos por ahora, la decisión de las asociaciones de jueces. Agregaron que la iniciativa no advierte una afectación a los sindicalizados, por lo que estiman que no es conveniente esa medida.
De acuerdo con abogados y especialistas consultados por MILENIO, el impacto será grave, porque alargaría procesos que ya de por sí llevan meses y a veces años de retrasos, y en algunos casos, de no contemplarse salvaguardas, puede generarse un daño inmediato en el patrimonio, salud o libertad de las personas.
"Aunque la paralización de labores se haga de manera ordenada, seguramente habrá caos, y que ciudadanos, dependiendo de cuánto dure el paro, puede haber demandas o juicios políticos", dice Julio Ríos Figueroa, doctor en ciencia política por la Universidad de Nueva York (NYU) y profesor titular en el Departamento de Derecho del ITAM.
La suspensión de labores fue anunciada el pasado martes por nueve agrupaciones y colectivos de juzgadores y magistrados federales, encabezados por la Asociación de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación A.C. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial dijo a MILENIO que hasta el momento no apoya un paro y confía en que el diálogo funcione.
De acuerdo con cifras de los Censos Nacionales de Procuración de Justicia Federal del Inegi, los jueces y magistrados federales que se irían a paro están a cargo de más de un millón de procesos judiciales en promedio. Aunque la cantidad es dinámica por los casos que entran y salen, desde 2014 los asuntos en curso se ubican siempre por encima de ese número.
El último censo publicado en octubre de 2023 señala que los asuntos abiertos en manos de los jueces y tribunales ascendían a un millón 256 mil 77, correspondientes a las cinco materias que conocen los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial: laboral, civil, administrativo, mercantil y penal. Autoridades del organismo señalan que el promedio en 2024 es similar.
¿Quiénes son los afectados?
El censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía refiere que los juzgados de distrito, que son la primera instancia en conocer los casos, analizaron en el último año 228 mil 238 procesos en materia administrativa, que equivalen al 32.1 por ciento del total de los asuntos, la mayor proporción de todas las materias.
Los casos en el área administrativa comprenden asuntos relacionados con permisos, concesiones y trámites ante todas las secretarías e instancias y organismos federales. En ese contexto, un paro puede afectar un proceso relacionado con reclamos por falta de medicamentos o un juicio por cobro indebido de impuestos.
Asimismo, la materia laboral concentra la mayor cantidad de procesos: 181 mil 587 iniciados en el último año analizado, lo que equivale al 25.5 por ciento de todo el universo de casos, de acuerdo con el Inegi. Por lo tanto, pueden verse afectados asuntos relacionados con despidos injustificados, retenciones de pensiones, falta de pagos o indemnizaciones.
Después se ubica la materia penal, que involucra delitos con un 19.1 por ciento de los casos. Aquí entran asuntos que involucran órdenes de aprehensión, liberaciones, cambios de medidas cautelares, entre otros. Luego se encuentran los temas civiles con un 17.1 por ciento y los mercantiles con un 6.2 por ciento.
Respecto a los tribunales colegiados, que son la segunda instancia en la que se dirimen los casos, el 42.3 por ciento de los asuntos en curso en el último año estudiado corresponden a temas en materia administrativa; mientras que el 24.6 por ciento son asuntos civiles, el 23 por ciento laborales y el 10.1 por ciento penales.
Un alto costo
También se afectarán todas las partes que estén inmiscuidas en los cientos de miles de procesos penales en curso.
"El impacto en muchos casos puede ser terrible. Hay personas que en este momento tienen aseguradas sus casas, edificios, invadidos sus terrenos y estamos esperando la resolución de un amparo o de un procedimiento federal para que se imparta justicia y recuperen su libertad, su patrimonio, su seguridad jurídica, y con ello se logre una estabilidad o un bienestar común. Que los juzgados paren, aunque la causa sea legítima, genera una afectación inevitable para la sociedad", indica el penalista Epigmenio Mendieta.
La abogada especialista en derechos humanos, Karla Michelle Salas, consideró que un eventual paro agravará la lentitud con la que se mueven los procesos.
En tanto, la abogada Reyna Velasco explicó que "llevo casos de víctimas que recurren a juzgados federales ante el retraso, para algún apoyo de la Ley General de Víctimas, y esto nos afectará".
¿Hay consenso?
MILENIO buscó desde el pasado martes a la jueza Juana Fuentes Velázquez, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, para conocer más detalles sobre irse a paro de labores. Se cuestionó si esa acción tiene el apoyo de todos los jueces federales del país, si hay un plan para el más de un millón de procesos que pueden verse afectados, y si se requiere de algún procedimiento especial para detener labores. Hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta.
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del organismo confirmó que, luego de la plenaria del pasado 13 de agosto, determinaron no apoyar, al menos por ahora, la decisión de las asociaciones de jueces. Agregaron que la iniciativa no advierte una afectación a los sindicalizados, por lo que estiman que no es conveniente esa medida.