Suprema Corte, territorio minado
Resumen:
En 2019 ya hubo dudas y reclamos por el proceso, y es necesario que en el CJF no dejen espacio a la especulación y mucho menos cargando asuntos que corresponden a otra presidencia en la Suprema Corte y no a lo que le compete a la ministra Piña
Transcripción:
En 2019 ya hubo dudas y reclamos por el proceso, y es necesario que en el CJF no dejen espacio a la especulación y mucho menos cargando asuntos que corresponden a otra presidencia en la Suprema Corte y no a lo que le compete a la ministra Piña
La ministra Norma Piña va de tormenta en tormenta. Es el ambiente embravecido que le ha tocado por encabezar al Poder Judicial. En parte es consecuencia de no someterse al presidente López Obrador, pero en el fondo es una disputa que se centra en la idea misma de país y su futuro.
Es un terreno minado, una realidad de orden político en la que se engarzan múltiples desafíos, como el nombramiento de un ministro en noviembre, que puede significar, si Morena gana la contienda por la presidencia de la República, que cualquier ley secundaria termine por encima de la Constitución.
Eso es lo que intentaron hacer con la Ley Eléctrica y con el Plan B para debilitar al INE, pero se toparon con una mayoría de ministros que evitó lo que a todas luces sería un fraude.
Para invalidar una ley, que contraviene a la Constitución, se requiere de ocho ministros. Es una disposición extraña, que en el fondo vulnera al propio Pleno, porque al final es una minoría la que termina decidiendo sobre cuestiones fundamentales de orden jurídico. Pero es así y eso no cambiará, de ahí que existan alarmas, más que fundadas, por la llegada del nuevo integrante, una vez que Luis María Aguilar termine su periodo.
A estas alturas es claro que puede llegar cualquiera como remplazo y que ni siquiera se requiere que tenga los conocimientos adecuados, porque ya probaron la designación directa, sin respaldo del Senado y eso, al parecer, les acomodó mejor a los que ahora gobiernan.
En la 4T no quieren equilibrios que estorben a las decisiones de Palacio Nacional y mucho menos que les salgan con que "la ley es la ley" o que existen procedimientos, inclusive de orden legislativo, que se tienen que respetar.
Es ante esta situación, en la que los colaboradores de la ministra Piña y, sobre todo los que tienen responsabilidades administrativas, deben ser doblemente cuidadosos.
En el Consejo de la Judicatura (CJF) están por resolver cuál será la empresa que se encargará del fotocopiado. No es un tema menor, ya que se trata de un contrato de entre dos mil y cuatro millones de pesos.
Al parecer, grupos enquistados en áreas administrativas, quieren repetir lo que se hizo en 2019, cuando el titular del CJF era el ministro Arturo Zaldívar, poniendo una serie de obstáculos y demorando el proceso de licitación, para que al final se otorgue el contrato, de nueva cuenta, a quien ahora lo tiene.
Se trata de un contrato de 48 meses forzosos, que inició el 19 de julio de 2019 y que terminaría el 11 de julio del 2023, pero se hizo una ampliación para que culmine el próximo 21 de septiembre, es decir, un 29,97% mayor de tiempo a lo estipulado en principio, que en recursos significa hasta 317 millones de pesos en 2023 y 320 millones de pesos en este año.
La importancia de lo que está en juego se puede medir en los 3 mil 023 equipos que se utilizan en la zona metropolitana y en los 10 mil 721 en el interior del país. Es una cuestión de estrategia operativa, por supuesto.
Está en manos de Fernando Garcidueñas y de Gabriel Guzmán, director general de Recursos Materiales y secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva de Administración, respectivamente, que todo se lleve en los tiempos establecidos y que nadie piense que existió truco o cartas marcadas.
La preocupación de funcionarios del CJF es genuina por lo que pudiera ocurrir y ser utilizado contra el propio Poder Judicial.
En contratos de este tipo siempre existe un margen de polémica y por ello se requiere de trasparencia en su realización. En 2019 ya hubo dudas y reclamos por el proceso, y es necesario que en el CJF no dejen espacio a la especulación y mucho menos cargando asuntos que corresponden a otra presidencia en la Suprema Corte y no a lo que le compete a la ministra Piña.
Durante la celebración del debate de aspirantes a la alcaldía de Magdalena Contreras, Daniela Garduño de Movimiento Ciudadano, tuvo que ir acompañada de policías ya que ha sido objeto de violencia política en razón de género perpetrada por Fernando Mercado, el candidato de Morena para la demarcación.
Bien por el IECM que garantizó la seguridad de Garduño, pero es una vergüenza que Mercado busque un cargo de elección popular.
La ministra Norma Piña va de tormenta en tormenta. Es el ambiente embravecido que le ha tocado por encabezar al Poder Judicial. En parte es consecuencia de no someterse al presidente López Obrador, pero en el fondo es una disputa que se centra en la idea misma de país y su futuro.
Es un terreno minado, una realidad de orden político en la que se engarzan múltiples desafíos, como el nombramiento de un ministro en noviembre, que puede significar, si Morena gana la contienda por la presidencia de la República, que cualquier ley secundaria termine por encima de la Constitución.
Eso es lo que intentaron hacer con la Ley Eléctrica y con el Plan B para debilitar al INE, pero se toparon con una mayoría de ministros que evitó lo que a todas luces sería un fraude.
Para invalidar una ley, que contraviene a la Constitución, se requiere de ocho ministros. Es una disposición extraña, que en el fondo vulnera al propio Pleno, porque al final es una minoría la que termina decidiendo sobre cuestiones fundamentales de orden jurídico. Pero es así y eso no cambiará, de ahí que existan alarmas, más que fundadas, por la llegada del nuevo integrante, una vez que Luis María Aguilar termine su periodo.
A estas alturas es claro que puede llegar cualquiera como remplazo y que ni siquiera se requiere que tenga los conocimientos adecuados, porque ya probaron la designación directa, sin respaldo del Senado y eso, al parecer, les acomodó mejor a los que ahora gobiernan.
En la 4T no quieren equilibrios que estorben a las decisiones de Palacio Nacional y mucho menos que les salgan con que "la ley es la ley" o que existen procedimientos, inclusive de orden legislativo, que se tienen que respetar.
Es ante esta situación, en la que los colaboradores de la ministra Piña y, sobre todo los que tienen responsabilidades administrativas, deben ser doblemente cuidadosos.
En el Consejo de la Judicatura (CJF) están por resolver cuál será la empresa que se encargará del fotocopiado. No es un tema menor, ya que se trata de un contrato de entre dos mil y cuatro millones de pesos.
Al parecer, grupos enquistados en áreas administrativas, quieren repetir lo que se hizo en 2019, cuando el titular del CJF era el ministro Arturo Zaldívar, poniendo una serie de obstáculos y demorando el proceso de licitación, para que al final se otorgue el contrato, de nueva cuenta, a quien ahora lo tiene.
Se trata de un contrato de 48 meses forzosos, que inició el 19 de julio de 2019 y que terminaría el 11 de julio del 2023, pero se hizo una ampliación para que culmine el próximo 21 de septiembre, es decir, un 29,97% mayor de tiempo a lo estipulado en principio, que en recursos significa hasta 317 millones de pesos en 2023 y 320 millones de pesos en este año.
La importancia de lo que está en juego se puede medir en los 3 mil 023 equipos que se utilizan en la zona metropolitana y en los 10 mil 721 en el interior del país. Es una cuestión de estrategia operativa, por supuesto.
Está en manos de Fernando Garcidueñas y de Gabriel Guzmán, director general de Recursos Materiales y secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva de Administración, respectivamente, que todo se lleve en los tiempos establecidos y que nadie piense que existió truco o cartas marcadas.
La preocupación de funcionarios del CJF es genuina por lo que pudiera ocurrir y ser utilizado contra el propio Poder Judicial.
En contratos de este tipo siempre existe un margen de polémica y por ello se requiere de trasparencia en su realización. En 2019 ya hubo dudas y reclamos por el proceso, y es necesario que en el CJF no dejen espacio a la especulación y mucho menos cargando asuntos que corresponden a otra presidencia en la Suprema Corte y no a lo que le compete a la ministra Piña.
Durante la celebración del debate de aspirantes a la alcaldía de Magdalena Contreras, Daniela Garduño de Movimiento Ciudadano, tuvo que ir acompañada de policías ya que ha sido objeto de violencia política en razón de género perpetrada por Fernando Mercado, el candidato de Morena para la demarcación.
Bien por el IECM que garantizó la seguridad de Garduño, pero es una vergüenza que Mercado busque un cargo de elección popular.