Aprueban en el Congreso de la CdMx incremento de penas por delito de extorsión
Resumen:
Legisladores proponen crear una fiscalía especializada y línea para denuncias; hasta 30 años de cárcel por amenazas de difundir imágenes íntimas.
Transcripción:
Pág. 8
CONGRESO CDMX
Endurecen penas por delito de extorsión
Legisladores proponen crear una fiscalía especializada y línea para denuncias; hasta 30 años de cárcel por amenazas de difundir imágenes íntimas
ARTURO R. PANSZA
1 pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó de manera unánime en lo general, con 59 votos, el dictamen de extorsión que prevé 30 años de prisión por amenazas de difundir imágenes sexuales íntimas e incluye los montachoques, así como diversas acciones dirigidas a endurecer las penas, con la creación de una fiscalía especializada en el tema y una línea telefónica exclusiva para denuncias.
Con base en el documento que avaló y presentó la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se dispuso que el delito de extorsión se castigará con una pena de 10 a 15 años de cárcel y se estipulan 15 agravantes para duplicar la conde na.
Durante la sesión ordinaria del jueves del órgano deliberativo, conducida por la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada morenista Martha Soledad Ávila Ventura, se estipuló que una agravante es cuando el delito se cometa mediante el empleo de imágenes, mensajes, audios 0 videos de contenido sexual íntimo, reales o editados.
Resulta que, conforme a lo aprobado, se agravará la pena cuando la extorsión se lleve a cabo para obtener el cobro de un daño, derivado de un hecho de tránsito y cuando se ejecute mediante vía telefónica, correo electrónico u otra comunicación, como medio comisivo.
En la iniciativa que dio lugar a una fiscalía especializada en extorsión, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, propuso que la extorsión se persiga por oficio, sin denuncia de por medio y, así se sacó, pese a la negativa de la bancada del PAN, con un diputado Ricardo Rubio Torres que dijo que ello no era adecuado porque el afectado no tendría derecho de probar su inocencia antes de ir a la cárcel y que, se podría dar lugar a "fabricar culpables".
Con todo y que al final no se registraron abstenciones o votos en contra del dictamen, solo los 59 a favor en lo general y 57 en lo particular, sin que prosperara alguna reserva, los de Acción Nacional, principalmente, SÍ hicieron observaciones al documento y propusieron vano cambios, como el caso del panista Rubio, quien aclaró que no se debía incluir la violencia "moral", como parte de tipificación del delito de extorsión, porque "perjudicará a muchas personas inocentes que podrían ubicarse en el supuesto del sujeto activo, en especial en relaciones laborales".
Por lo que hace a que la extorsión se perseguirá de oficio, refirió que "es imposible que la autoridad tenga conocimiento de la comisión del delito, se requiere de una notitia criminal para poder perseguirse, además de que haría al delito letra muerta".
Ricardo Rubio, que se refirió a varias redacciones de artículos por considerar estaban mal, expuso que por lo que hace al pago de una deuda el término "hostigamiento" resulta ambiguo y subjetivo.
LAS MÁS AFECTADAS En la sesión que fue avalado el dictamen con modificaciones normativas que buscan combatir el delito de extorsión y cobro de piso, a iniciativas propuestas por la jefa de Gobierno, la alcaldesa en Cuauhtémoc Alessandra Rojo de la Vega Piccolo y la coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso, Tania Nanette Larios Pérez, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho sostuvo que "el aporte de todas y todos, tanto de alcaldesas, alcaldes, diputadas y diputados, permitirá hacer de la Ciudad de México, una entidad más segura, de derechos y merecedora de sus habitantes".
Se dio cuenta, en el marco de la discusión, que las alcaldías Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón son las más afectadas por el delito de cobro de piso.
Fueron modificados los artículos 148 y 163 bis del Código Penal para el Distrito Federal, para aumentar al doble las penas previstas para el delito de extorsión, en determinados casos, y castigar a quien requiera el pago de una deuda con actos de hostigamiento o intimidación, así como el que cometa el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés.
Se trata de dotar a las autoridades judiciales de herramientas para consolidar una politica criminal más efectiva y protectora de los derechos humanos de la ciudadanía y, a decir del diputado de Morena Martínez Urincho, resulta fundamental en las acciones a llevar a cabo tomar en cuenta que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la alcaldía Cuauhtémoc es uno de los 50 territorios más afectados por la extorsión, registrando sólo entre 2022 y 2023, un aumento del 250 por ciento.
Hizo notar, además, que el delito de cobro de genera pérdidas económicas a comerciantes pequeños en un 20 por ciento.
Al posicionar por la bancada del PT, la congresista Jannete Elizabeth Guerrero Maya sostuvo que el dictamen es un paso para garantizar el acceso a la justicia de las familias que han sido víctimas del llamado cobro de piso y extorsión, prácticas que afectan la integridad, seguridad y tranquilidad de la sociedad. Aseguró que mediante la incorporación de este tipo penal se optimizan los mecanismos de prevención, investigación y sanción.
De la bancada de Morena, la diputada Elizabeth Mateos Hernández aludió que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 7 de cada 10 víctimas de extorsión no denuncian, lo que muestra la vulnerabilidad que enfrentan las personas y la importancia de tomar acción ante este delito.
Con la representación del grupo parlamentario del PVEM, la diputada Yolanda García Ortega expresó que la incorporación de delitos de cobranza ilegítima y de extorsión, supone un reconocimiento de la gravedad de estas conductas y su impacto directo en la vida de las víctimas, aunque consideró oportuno mantener el inciso o) del artículo 148 quarter en el capítulo de extorsión, relativo al aumento de las penas al doble, cuando dicho delito se comete con el fin de obtener el pago de una deuda.
ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
"El aporte de todas y todos, tanto de alcaldesas, alcaldes, diputadas y diputados, permitirá hacer de la Ciudad de México, una entidad más segura, de derechos y merecedora de sus habitantes" 7 DE CADA 10 VÍCTIMAS de extorsión no denuncian, por lo que urge tomar acción El delito de extorsión se castigará con una pena de 10 a 15 años de cárcel y se estipulan 15 agravantes para duplicar la condena /FOTOS: CORTESÍA CONGRESO CDMX presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho sostuvo que "el aporte de todas y todos, tanto de alcaldesas, alcaldes, diputadas y diputados, permitirá hacer de la Ciudad de México, una entidad más segura, de derechos y merecedora de sus habitantes".
Se dio cuenta, en el marco de la discusión, que las alcaldías Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón son las más afectadas por el delito de cobro de piso.
Fueron modificados los artículos 148 y 163 bis del Código Penal para el Distrito Federal, para aumentar al doble las penas previstas para el delito de extorsión, en determinados casos, y castigar a quien requiera el pago de una deuda con actos de hostigamiento 0 intimidación, así como el que cometa el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés.
Se trata de dotar a las autoridades judiciales de herramientas para consolidar una política criminal más efectiva y protectora de los derechos humanos de la ciudadanía y, a decir del diputado de Morena Martínez Urincho, resulta fundamental en las acciones a llevar a cabo tomar en cuenta que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la alcaldía Cuauhtémoc es uno de los 50 territorios más afectados por la extorsión, registrando sólo entre 2022 y 2023, un aumento del 250 por ciento.
Hizo notar, además, que el delito de CObro de piso genera pérdidas económicas a comerciantes pequeños en un 20 por ciento.
Al posicionar por la bancada del PT, la congresista Jannete Elizabeth Guerrero Maya sostuvo que el dictamen es un paso para garantizar el acceso a la justicia de las familias que han sido víctimas del llamado cobro de piso y extorsión, prácticas que afectan la integridad, seguridad y tranquilidad de la sociedad. Aseguró que mediante la incorporación de este tipo penal se optimizan los mecanismos de prevención, investigación y sanción.
De la bancada de Morena, la diputada Elizabeth Mateos Hernández aludió que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 7 de cada 10 víctimas de extorsión no denuncian, lo que muestra la vulnerabilidad que enfrentan las personas y la importancia de tomar acción ante este delito.
Con la representación del grupo parlamentario del PVEM, la diputada Yolanda García Ortega expresó que la incorporación de delitos de cobranza ilegítima y de extorsión, supone un reconocimiento de la gravedad de estas conductas y su impacto directo en la vida de las víctimas, aunque consideró oportuno mantener el inciso o) del artículo 148 quarter en el capítulo de extorsión, relativo al aumento de las penas al doble, cuando dicho delito se comete con el fin de obtener el pago de una deuda.
CONGRESO CDMX
Endurecen penas por delito de extorsión
Legisladores proponen crear una fiscalía especializada y línea para denuncias; hasta 30 años de cárcel por amenazas de difundir imágenes íntimas
ARTURO R. PANSZA
1 pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó de manera unánime en lo general, con 59 votos, el dictamen de extorsión que prevé 30 años de prisión por amenazas de difundir imágenes sexuales íntimas e incluye los montachoques, así como diversas acciones dirigidas a endurecer las penas, con la creación de una fiscalía especializada en el tema y una línea telefónica exclusiva para denuncias.
Con base en el documento que avaló y presentó la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se dispuso que el delito de extorsión se castigará con una pena de 10 a 15 años de cárcel y se estipulan 15 agravantes para duplicar la conde na.
Durante la sesión ordinaria del jueves del órgano deliberativo, conducida por la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada morenista Martha Soledad Ávila Ventura, se estipuló que una agravante es cuando el delito se cometa mediante el empleo de imágenes, mensajes, audios 0 videos de contenido sexual íntimo, reales o editados.
Resulta que, conforme a lo aprobado, se agravará la pena cuando la extorsión se lleve a cabo para obtener el cobro de un daño, derivado de un hecho de tránsito y cuando se ejecute mediante vía telefónica, correo electrónico u otra comunicación, como medio comisivo.
En la iniciativa que dio lugar a una fiscalía especializada en extorsión, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, propuso que la extorsión se persiga por oficio, sin denuncia de por medio y, así se sacó, pese a la negativa de la bancada del PAN, con un diputado Ricardo Rubio Torres que dijo que ello no era adecuado porque el afectado no tendría derecho de probar su inocencia antes de ir a la cárcel y que, se podría dar lugar a "fabricar culpables".
Con todo y que al final no se registraron abstenciones o votos en contra del dictamen, solo los 59 a favor en lo general y 57 en lo particular, sin que prosperara alguna reserva, los de Acción Nacional, principalmente, SÍ hicieron observaciones al documento y propusieron vano cambios, como el caso del panista Rubio, quien aclaró que no se debía incluir la violencia "moral", como parte de tipificación del delito de extorsión, porque "perjudicará a muchas personas inocentes que podrían ubicarse en el supuesto del sujeto activo, en especial en relaciones laborales".
Por lo que hace a que la extorsión se perseguirá de oficio, refirió que "es imposible que la autoridad tenga conocimiento de la comisión del delito, se requiere de una notitia criminal para poder perseguirse, además de que haría al delito letra muerta".
Ricardo Rubio, que se refirió a varias redacciones de artículos por considerar estaban mal, expuso que por lo que hace al pago de una deuda el término "hostigamiento" resulta ambiguo y subjetivo.
LAS MÁS AFECTADAS En la sesión que fue avalado el dictamen con modificaciones normativas que buscan combatir el delito de extorsión y cobro de piso, a iniciativas propuestas por la jefa de Gobierno, la alcaldesa en Cuauhtémoc Alessandra Rojo de la Vega Piccolo y la coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso, Tania Nanette Larios Pérez, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho sostuvo que "el aporte de todas y todos, tanto de alcaldesas, alcaldes, diputadas y diputados, permitirá hacer de la Ciudad de México, una entidad más segura, de derechos y merecedora de sus habitantes".
Se dio cuenta, en el marco de la discusión, que las alcaldías Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón son las más afectadas por el delito de cobro de piso.
Fueron modificados los artículos 148 y 163 bis del Código Penal para el Distrito Federal, para aumentar al doble las penas previstas para el delito de extorsión, en determinados casos, y castigar a quien requiera el pago de una deuda con actos de hostigamiento o intimidación, así como el que cometa el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés.
Se trata de dotar a las autoridades judiciales de herramientas para consolidar una politica criminal más efectiva y protectora de los derechos humanos de la ciudadanía y, a decir del diputado de Morena Martínez Urincho, resulta fundamental en las acciones a llevar a cabo tomar en cuenta que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la alcaldía Cuauhtémoc es uno de los 50 territorios más afectados por la extorsión, registrando sólo entre 2022 y 2023, un aumento del 250 por ciento.
Hizo notar, además, que el delito de cobro de genera pérdidas económicas a comerciantes pequeños en un 20 por ciento.
Al posicionar por la bancada del PT, la congresista Jannete Elizabeth Guerrero Maya sostuvo que el dictamen es un paso para garantizar el acceso a la justicia de las familias que han sido víctimas del llamado cobro de piso y extorsión, prácticas que afectan la integridad, seguridad y tranquilidad de la sociedad. Aseguró que mediante la incorporación de este tipo penal se optimizan los mecanismos de prevención, investigación y sanción.
De la bancada de Morena, la diputada Elizabeth Mateos Hernández aludió que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 7 de cada 10 víctimas de extorsión no denuncian, lo que muestra la vulnerabilidad que enfrentan las personas y la importancia de tomar acción ante este delito.
Con la representación del grupo parlamentario del PVEM, la diputada Yolanda García Ortega expresó que la incorporación de delitos de cobranza ilegítima y de extorsión, supone un reconocimiento de la gravedad de estas conductas y su impacto directo en la vida de las víctimas, aunque consideró oportuno mantener el inciso o) del artículo 148 quarter en el capítulo de extorsión, relativo al aumento de las penas al doble, cuando dicho delito se comete con el fin de obtener el pago de una deuda.
ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
"El aporte de todas y todos, tanto de alcaldesas, alcaldes, diputadas y diputados, permitirá hacer de la Ciudad de México, una entidad más segura, de derechos y merecedora de sus habitantes" 7 DE CADA 10 VÍCTIMAS de extorsión no denuncian, por lo que urge tomar acción El delito de extorsión se castigará con una pena de 10 a 15 años de cárcel y se estipulan 15 agravantes para duplicar la condena /FOTOS: CORTESÍA CONGRESO CDMX presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho sostuvo que "el aporte de todas y todos, tanto de alcaldesas, alcaldes, diputadas y diputados, permitirá hacer de la Ciudad de México, una entidad más segura, de derechos y merecedora de sus habitantes".
Se dio cuenta, en el marco de la discusión, que las alcaldías Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón son las más afectadas por el delito de cobro de piso.
Fueron modificados los artículos 148 y 163 bis del Código Penal para el Distrito Federal, para aumentar al doble las penas previstas para el delito de extorsión, en determinados casos, y castigar a quien requiera el pago de una deuda con actos de hostigamiento 0 intimidación, así como el que cometa el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés.
Se trata de dotar a las autoridades judiciales de herramientas para consolidar una política criminal más efectiva y protectora de los derechos humanos de la ciudadanía y, a decir del diputado de Morena Martínez Urincho, resulta fundamental en las acciones a llevar a cabo tomar en cuenta que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la alcaldía Cuauhtémoc es uno de los 50 territorios más afectados por la extorsión, registrando sólo entre 2022 y 2023, un aumento del 250 por ciento.
Hizo notar, además, que el delito de CObro de piso genera pérdidas económicas a comerciantes pequeños en un 20 por ciento.
Al posicionar por la bancada del PT, la congresista Jannete Elizabeth Guerrero Maya sostuvo que el dictamen es un paso para garantizar el acceso a la justicia de las familias que han sido víctimas del llamado cobro de piso y extorsión, prácticas que afectan la integridad, seguridad y tranquilidad de la sociedad. Aseguró que mediante la incorporación de este tipo penal se optimizan los mecanismos de prevención, investigación y sanción.
De la bancada de Morena, la diputada Elizabeth Mateos Hernández aludió que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 7 de cada 10 víctimas de extorsión no denuncian, lo que muestra la vulnerabilidad que enfrentan las personas y la importancia de tomar acción ante este delito.
Con la representación del grupo parlamentario del PVEM, la diputada Yolanda García Ortega expresó que la incorporación de delitos de cobranza ilegítima y de extorsión, supone un reconocimiento de la gravedad de estas conductas y su impacto directo en la vida de las víctimas, aunque consideró oportuno mantener el inciso o) del artículo 148 quarter en el capítulo de extorsión, relativo al aumento de las penas al doble, cuando dicho delito se comete con el fin de obtener el pago de una deuda.