Por delitos electorales, solo 39 sentencias en doce años
Resumen:
En los últimos 12 años las fiscalías de delitos electorales de los estados y la federal han iniciado 35 mil 345 averiguaciones previas y carpetas de investigación. Sin embargo, los poderes judiciales emitieron, entre 2012 y 2024, apenas 39 sentencias condenatorias. De esos más de 35 mil expedientes 21 mil corresponden al fuero federal.
Transcripción:
En los últimos 12 años las fiscalías de delitos electorales de los estados y la federal han iniciado 35 mil 345 averiguaciones previas y carpetas de investigación. Sin embargo, los poderes judiciales emitieron, entre 2012 y 2024, apenas 39 sentencias condenatorias. De esos más de 35 mil expedientes 21 mil corresponden al fuero federal.
En los últimos 12 años, las fiscalías de delitos electorales de los estados y la federal han iniciado, al menos, 35 mil 345 averiguaciones previas y carpetas de investigación. Sin embargo, los poderes judiciales emitieron, entre 2012 y 2024, solo 39 sentencias condenatorias.
De las más de 35 mil investigaciones, 21 mil corresponden al fuero federal.
En el ámbito local, la entidad con más expedientes abiertos es el Estado de México, con al menos 2 mil 323, seguido de Ciudad de México, con mil 427, y Oaxaca, con mil 232.
MILENIO preguntó, vía transparencia, a las 33 fiscalías electorales y los 33 poderes judiciales del país cuántos delitos se habían registrado y cuáles habían sido sus condenas en dicho periodo.
Las respuestas revelan que la justicia penal electoral, en realidad, no castiga estos ilícitos.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales, vigente desde 2014, incluye en su catálogo más de 70 conductas sancionables, las cuales, sin embargo, parecen ser letra muerta.
Algunos de esos delitos son provocar temor o intimidación en el electorado, solicitar votos a cambio de dinero u otra contraprestación o mediante violencia o amenaza apoderarse, destruir y alterar materiales electorales, entre otros.
Se trata de ilícitos por hechos que se han presentado en la misma jornada electoral, como la alerta emitida el 6 de junio de 2021 de que en dos casillas del municipio de La Huacana, Michoacán, supuestos integrantes de la delincuencia organizada estaban obligando los ciudadanos a votar masivamente Más temprano, antes de instalar una casilla, levantaron a una persona y la obligaron a tachar todas las boletas.
En esa jornada hubo elecciones en todo el país: se eligieron más de 2 mil 500 cargos, incluidos 15 gobernadores y 500 legisladores federales.
Fue un día difícil; pasadas las 4 de la tarde, en la casilla de la supermanzana 518 de Cancún, Quintana Roo, se escucharon disparos y los votantes salieron corriendo o se tiraron al piso.
A esos hechos se sumó otro a unos minutos del fin de la jornada: 20 hombres rociaron gasolina en una escuela de Tulum, donde la casilla 924, provocando la desbandada de la gente ante la amenaza.
Tres años antes, el 3 de julio de 2018, cuando se votó también por la Presidencia, se registraron episodios similares. En Puebla, por ejemplo, capacitadores electorales, entre ellos, dos embarazadas, fueron secuestrados.
Reina la impunidad De las 39 sentencias condenatorias reportadas, 26 corresponden a delitos electorales federales y fueron dictadas por el Poder Judicial de la Federación.
Las otras 13 se expidieron en dos entidades: 10 en el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México y tres en el Poder Judicial de Sonora.
Eso significa que, en dos sexenios, 30 poderes judiciales locales no emitieron una sola sentencia por delitos electorales.
"Son datos que me parecen escandalosos, a reserva de hacer una investigación cualitativa, es decir, de tener acceso a las carpetas y a las denuncias; pero por los puros números, me parece escandaloso", opina Salvador Romero, especialista en derecho electoral y en transparencia ex secretario ejecutivo en el Tribunal Electoral.
De las más de 35 mil investigaciones, la mayoría se atoró en el camino. Solo 19.58 por ciento, es decir, 6 mil 922, se judicializó, pero no se tradujo en condenas.
El resto cayó en la inacción.
En 30.5 por ciento de los casos, es decir, 10 mil 802, se decidió el no ejercicio de la acción penal; mil 232 siguen en integración, 724 se archivaron, 339 se dejaron de investigar y el resto se desechó por diversas razones.
Los números podrían ser mayores, pero siete fiscalías electorales y ocho poderes judiciales -una cuarta parte del país-no atendieron las solicitudes realizadas por MILENIO.
Ante la falta de transparencia, algunas cifras sobre carpetas de investigación fueron obtenidas reportes mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sin pruebas no hay castigo Para Salvador Romero, uno de los principales problemas que puede explicar estos datos es la dificultad de aportar pruebas suficientes para que las fiscalías armen casos sólidos.
"Si vas a condenar a alguien, no puede quedarle ninguna duda al juez de que los hechos sucedieron y que constituyen un delito, pero, a veces, ni siquiera se pueden comprobar y se pretende hacerlo con una foto o un video.
"Debes de contar con más elementos, y estoy seguro de que la mayoría de las denuncias que se presentan en materia de delitos electorales se soportan en una foto, un video o en el dicho de alguien", comenta Romero.
De las 26 sentencias condenatorias de jueces federales, las más severas se dictaron en cinco casos, en los que se impusieron penas de tres años y cuatro meses de prisión.
En cuatro de ellos se castigó la alteración del Registro Federal de Electores y en el restante que un funcionario partidista ocultó o información a la autoridad electoral; ninguna relacionada con los hechos violentos que suelen exhibirse.
En el ámbito local, de las 10 sentencias de jueces de Ciudad de México, la más severa fue la prisión por cuatro años y seis meses por la utilización ilícita de fondos, bienes o servicios públicos en actos de campaña.
A esas condenas podrían sumarse 13 más -12 reportadas por la fiscalía electoral de Nuevo León y una por la de Chiapas sin embargo, los poderes judiciales de esos estados reportaron cero sentencias, dato que no coincide con las dependencias.
La información entregada MILENIO también revela la opacidad que impera en muchas instituciones; por ejemplo, las fiscalías de Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Quintana Rooy Veracruz no contestaron las solicitudes.
El Poder Judicial de Tamaulipas tampoco respondió, mientras que los del Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Jalisco, Tlaxcala y Veracruz se declararon incompetentes.
De acuerdo con la ley, las autoridades estatales deberán investigar, perseguir, procesar y sancionar dichos ilícitos cuando no tengan conexión con delitos federales o cuando no participe el IINE en la organización de la elección local.
La dificultad de aportar evidencias suficientes para armar casos sólidos explica estas cifras, según expertos.
En los últimos 12 años, las fiscalías de delitos electorales de los estados y la federal han iniciado, al menos, 35 mil 345 averiguaciones previas y carpetas de investigación. Sin embargo, los poderes judiciales emitieron, entre 2012 y 2024, solo 39 sentencias condenatorias.
De las más de 35 mil investigaciones, 21 mil corresponden al fuero federal.
En el ámbito local, la entidad con más expedientes abiertos es el Estado de México, con al menos 2 mil 323, seguido de Ciudad de México, con mil 427, y Oaxaca, con mil 232.
MILENIO preguntó, vía transparencia, a las 33 fiscalías electorales y los 33 poderes judiciales del país cuántos delitos se habían registrado y cuáles habían sido sus condenas en dicho periodo.
Las respuestas revelan que la justicia penal electoral, en realidad, no castiga estos ilícitos.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales, vigente desde 2014, incluye en su catálogo más de 70 conductas sancionables, las cuales, sin embargo, parecen ser letra muerta.
Algunos de esos delitos son provocar temor o intimidación en el electorado, solicitar votos a cambio de dinero u otra contraprestación o mediante violencia o amenaza apoderarse, destruir y alterar materiales electorales, entre otros.
Se trata de ilícitos por hechos que se han presentado en la misma jornada electoral, como la alerta emitida el 6 de junio de 2021 de que en dos casillas del municipio de La Huacana, Michoacán, supuestos integrantes de la delincuencia organizada estaban obligando los ciudadanos a votar masivamente Más temprano, antes de instalar una casilla, levantaron a una persona y la obligaron a tachar todas las boletas.
En esa jornada hubo elecciones en todo el país: se eligieron más de 2 mil 500 cargos, incluidos 15 gobernadores y 500 legisladores federales.
Fue un día difícil; pasadas las 4 de la tarde, en la casilla de la supermanzana 518 de Cancún, Quintana Roo, se escucharon disparos y los votantes salieron corriendo o se tiraron al piso.
A esos hechos se sumó otro a unos minutos del fin de la jornada: 20 hombres rociaron gasolina en una escuela de Tulum, donde la casilla 924, provocando la desbandada de la gente ante la amenaza.
Tres años antes, el 3 de julio de 2018, cuando se votó también por la Presidencia, se registraron episodios similares. En Puebla, por ejemplo, capacitadores electorales, entre ellos, dos embarazadas, fueron secuestrados.
Reina la impunidad De las 39 sentencias condenatorias reportadas, 26 corresponden a delitos electorales federales y fueron dictadas por el Poder Judicial de la Federación.
Las otras 13 se expidieron en dos entidades: 10 en el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México y tres en el Poder Judicial de Sonora.
Eso significa que, en dos sexenios, 30 poderes judiciales locales no emitieron una sola sentencia por delitos electorales.
"Son datos que me parecen escandalosos, a reserva de hacer una investigación cualitativa, es decir, de tener acceso a las carpetas y a las denuncias; pero por los puros números, me parece escandaloso", opina Salvador Romero, especialista en derecho electoral y en transparencia ex secretario ejecutivo en el Tribunal Electoral.
De las más de 35 mil investigaciones, la mayoría se atoró en el camino. Solo 19.58 por ciento, es decir, 6 mil 922, se judicializó, pero no se tradujo en condenas.
El resto cayó en la inacción.
En 30.5 por ciento de los casos, es decir, 10 mil 802, se decidió el no ejercicio de la acción penal; mil 232 siguen en integración, 724 se archivaron, 339 se dejaron de investigar y el resto se desechó por diversas razones.
Los números podrían ser mayores, pero siete fiscalías electorales y ocho poderes judiciales -una cuarta parte del país-no atendieron las solicitudes realizadas por MILENIO.
Ante la falta de transparencia, algunas cifras sobre carpetas de investigación fueron obtenidas reportes mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sin pruebas no hay castigo Para Salvador Romero, uno de los principales problemas que puede explicar estos datos es la dificultad de aportar pruebas suficientes para que las fiscalías armen casos sólidos.
"Si vas a condenar a alguien, no puede quedarle ninguna duda al juez de que los hechos sucedieron y que constituyen un delito, pero, a veces, ni siquiera se pueden comprobar y se pretende hacerlo con una foto o un video.
"Debes de contar con más elementos, y estoy seguro de que la mayoría de las denuncias que se presentan en materia de delitos electorales se soportan en una foto, un video o en el dicho de alguien", comenta Romero.
De las 26 sentencias condenatorias de jueces federales, las más severas se dictaron en cinco casos, en los que se impusieron penas de tres años y cuatro meses de prisión.
En cuatro de ellos se castigó la alteración del Registro Federal de Electores y en el restante que un funcionario partidista ocultó o información a la autoridad electoral; ninguna relacionada con los hechos violentos que suelen exhibirse.
En el ámbito local, de las 10 sentencias de jueces de Ciudad de México, la más severa fue la prisión por cuatro años y seis meses por la utilización ilícita de fondos, bienes o servicios públicos en actos de campaña.
A esas condenas podrían sumarse 13 más -12 reportadas por la fiscalía electoral de Nuevo León y una por la de Chiapas sin embargo, los poderes judiciales de esos estados reportaron cero sentencias, dato que no coincide con las dependencias.
La información entregada MILENIO también revela la opacidad que impera en muchas instituciones; por ejemplo, las fiscalías de Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Quintana Rooy Veracruz no contestaron las solicitudes.
El Poder Judicial de Tamaulipas tampoco respondió, mientras que los del Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Jalisco, Tlaxcala y Veracruz se declararon incompetentes.
De acuerdo con la ley, las autoridades estatales deberán investigar, perseguir, procesar y sancionar dichos ilícitos cuando no tengan conexión con delitos federales o cuando no participe el IINE en la organización de la elección local.
La dificultad de aportar evidencias suficientes para armar casos sólidos explica estas cifras, según expertos.