Sobrerrepresentación y plan C
Resumen:
En la primera reforma electoral después de 1988 se puso límite a la sobrerrepresentación, con el objetivo explícito de que ninguna fuerza por sí sola pudiera modificar la Constitución. Lo deseable, en mi opinión, sería que cada partido tuviera el mismo porcentaje de diputados que el de votos obtenidos en las urnas, pero no se pudo avanzar más allá de lo que se conoció como “cláusula de gobernabilidad”, mediante la cual se le otorgaría mayoría simple a la primera minoría si llegaba a 43% de la votación. De ahí vino el tope de 8% que hoy pretenden burlar para conseguir ilegítimamente el número de legisladores que necesitan para poder cambiar el régimen político del país en solitario.
Transcripción:
En la primera reforma electoral después de 1988 se puso límite a la sobrerrepresentación, con el objetivo explícito de que ninguna fuerza por sí sola pudiera modificar la Constitución. Lo deseable, en mi opinión, sería que cada partido tuviera el mismo porcentaje de diputados que el de votos obtenidos en las urnas, pero no se pudo avanzar más allá de lo que se conoció como “cláusula de gobernabilidad”, mediante la cual se le otorgaría mayoría simple a la primera minoría si llegaba a 43% de la votación. De ahí vino el tope de 8% que hoy pretenden burlar para conseguir ilegítimamente el número de legisladores que necesitan para poder cambiar el régimen político del país en solitario.
La trampa es pueril, pero amenaza con ser efectiva. Aunque la coalición oficialista logró unida sus triunfos uninominales, se desdobla por partido para sobrerrepresentarse por vía triple y así distorsionar sustancialmente la voluntad popular. En este caso, buscan que les asignen 20% más curules que su porcentaje de votación, pasando de 54% a 74%, y como es suma cero significaría subrepresentar en la misma proporción a los partidos opositores, de tal suerte que la diferencia entre legisladores gobiernistas y la oposición en su conjunto se agrandaría desmedidamente: de 12% de distancia que hubo en las urnas a 48% que proyectan en la composición de la Cámara de Diputados.
Para decirlo con claridad, 42% de los ciudadanos que tacharon una opción distinta al oficialismo en la integración de la Cámara baja podrían ser ignorados en modificaciones trascendentes que requieren mayoría calificada si el notorio fraude a la Constitución se consuma y reducen su representación a 26% de curules.
En la CDMX ya nos dieron una muestra de los extremos a los que pueden llegar para adulterar el voto ciudadano y fabricar una holgada mayoría artificial. Ahí, siete diputados electos que militan en Morena anunciaron al IECM que se adscribirían al PVEM o al PT para que les dieran al partido guinda cinco diputados más de representación proporcional, eludiendo así el tope de sobrerrepresentación. Aunque anunciar el cambio de grupo parlamentario se hace en el propio Congreso hasta que éste se integre y el órgano electoral debió, en todo caso, definir la asignación de acuerdo al convenio de coalición, cinco de siete consejeros les compraron el burdo ardid, de tal suerte que 1.5% de diferencia que arrojaron los cómputos se transformó en 20% en la asignación de diputados.
Corresponde a los tribunales electorales hacer valer la letra y espíritu de la Constitución y evitar que los tramposos se salgan con la suya. De lo contrario, la república perecerá, de golpe o a fuego lento. Ante las vacilaciones de su virtual sucesora sobre la aprobación del plan C que acabaría con la división de Poderes, eliminaría los órganos autónomos y le daría al gobierno el control de las elecciones, el Presidente reiteró su decisión de aprobarlo en septiembre, su último mes en el cargo, y amagó con expresar públicamente sus discrepancias en el siguiente sexenio, relativizando su anunciado retiro.
Pero si consiguen hacerse de la mayoría calificada, al estilo del “haiga sido como haiga sido”, de cualquier manera sería cuestión de tiempo para que capturen al Poder Judicial y a todas las instituciones autónomas, incluyendo al INE. Tan pronto como en noviembre se harían del cuarto ministro de la bancada oficialista en la SCJN, lo cual evitaría que prosperen acciones y controversias constitucionales por más aberrantes que sean las leyes secundarias aprobadas.
La diferencia que traslució en el bloque gobernante gira en cómo cerrará su mandato López Obrador. Si él insiste en aprobar el plan C antes de irse, marcaría al gobierno de Claudia Sheinbaum, no sólo por los efectos económicos que generaría acabar de golpe con la independencia judicial, ahuyentando inversiones en momentos en que el nearshoring es la única tabla de salvación para las finanzas públicas, comprometidas y endeudadas, sino también porque dejaría sin materia el diálogo ofrecido a la oposición y le sería muy difícil sacudirse la sombra del maximato que debilitaría su liderazgo. Al final, es un asunto de megalomanía.
La trampa es pueril, pero amenaza con ser efectiva. Aunque la coalición oficialista logró unida sus triunfos uninominales, se desdobla por partido para sobrerrepresentarse por vía triple y así distorsionar sustancialmente la voluntad popular. En este caso, buscan que les asignen 20% más curules que su porcentaje de votación, pasando de 54% a 74%, y como es suma cero significaría subrepresentar en la misma proporción a los partidos opositores, de tal suerte que la diferencia entre legisladores gobiernistas y la oposición en su conjunto se agrandaría desmedidamente: de 12% de distancia que hubo en las urnas a 48% que proyectan en la composición de la Cámara de Diputados.
Para decirlo con claridad, 42% de los ciudadanos que tacharon una opción distinta al oficialismo en la integración de la Cámara baja podrían ser ignorados en modificaciones trascendentes que requieren mayoría calificada si el notorio fraude a la Constitución se consuma y reducen su representación a 26% de curules.
En la CDMX ya nos dieron una muestra de los extremos a los que pueden llegar para adulterar el voto ciudadano y fabricar una holgada mayoría artificial. Ahí, siete diputados electos que militan en Morena anunciaron al IECM que se adscribirían al PVEM o al PT para que les dieran al partido guinda cinco diputados más de representación proporcional, eludiendo así el tope de sobrerrepresentación. Aunque anunciar el cambio de grupo parlamentario se hace en el propio Congreso hasta que éste se integre y el órgano electoral debió, en todo caso, definir la asignación de acuerdo al convenio de coalición, cinco de siete consejeros les compraron el burdo ardid, de tal suerte que 1.5% de diferencia que arrojaron los cómputos se transformó en 20% en la asignación de diputados.
Corresponde a los tribunales electorales hacer valer la letra y espíritu de la Constitución y evitar que los tramposos se salgan con la suya. De lo contrario, la república perecerá, de golpe o a fuego lento. Ante las vacilaciones de su virtual sucesora sobre la aprobación del plan C que acabaría con la división de Poderes, eliminaría los órganos autónomos y le daría al gobierno el control de las elecciones, el Presidente reiteró su decisión de aprobarlo en septiembre, su último mes en el cargo, y amagó con expresar públicamente sus discrepancias en el siguiente sexenio, relativizando su anunciado retiro.
Pero si consiguen hacerse de la mayoría calificada, al estilo del “haiga sido como haiga sido”, de cualquier manera sería cuestión de tiempo para que capturen al Poder Judicial y a todas las instituciones autónomas, incluyendo al INE. Tan pronto como en noviembre se harían del cuarto ministro de la bancada oficialista en la SCJN, lo cual evitaría que prosperen acciones y controversias constitucionales por más aberrantes que sean las leyes secundarias aprobadas.
La diferencia que traslució en el bloque gobernante gira en cómo cerrará su mandato López Obrador. Si él insiste en aprobar el plan C antes de irse, marcaría al gobierno de Claudia Sheinbaum, no sólo por los efectos económicos que generaría acabar de golpe con la independencia judicial, ahuyentando inversiones en momentos en que el nearshoring es la única tabla de salvación para las finanzas públicas, comprometidas y endeudadas, sino también porque dejaría sin materia el diálogo ofrecido a la oposición y le sería muy difícil sacudirse la sombra del maximato que debilitaría su liderazgo. Al final, es un asunto de megalomanía.