Razones // Escala oposición a reforma sin argumentos
Resumen:
En Estados Unidos, como en muchos otros países, los diferendos diplomáticos escalan de forma muy puntual: primero, los embajadores con apercibimientos personales; si no son atendidos, pasan a ser públicos; en algunos casos, los Congresos con sus comités de asuntos exteriores; si aún no son atendidos, intervienen los voceros o funcionarios del Departamento de Estado y, finalmente, su titular, y, por último, la Casa Blanca.
Transcripción:
En Estados Unidos, como en muchos otros países, los diferendos diplomáticos escalan de forma muy puntual: primero, los embajadores con apercibimientos personales; si no son atendidos, pasan a ser públicos; en algunos casos, los Congresos con sus comités de asuntos exteriores; si aún no son atendidos, intervienen los voceros o funcionarios del Departamento de Estado y, finalmente, su titular, y, por último, la Casa Blanca.
En nuestro actual y profundo diferendo con Estados Unidos sobre la reforma judicial, ya hemos pasado por la embajada con las declaraciones reiteradas del embajador Ken Salazar, también por el Congreso, con una declaración en absoluta consonancia con la del embajador de senadores y representantes demócratas y republicanos; y ayer ya intervino directamente el Departamento de Estado, con una declaración del subsecretario para América Latina, Brian Nichols, quien respaldó los dichos de Ken Salazar y aseguró, además, que dichas preocupaciones comerciales y de seguridad son las que expresa su gobierno.
Quedan solo dos escalones: Antony Blinken y el presidente Joe Biden. Y los candidatos Donald Trump y Kamala Harris, en plena campaña.
Mientras tanto, el presidente López Obrador decidió "poner en pausa, darnos un tiempo", dijo (como si fueran novios) en la relación con los embajadores de EE. UU. y Canadá, un gobierno, el de Justin Trudeau, que está muy decidido a actuar en el plano comercial: acaba de imponer aranceles del 100% a los automóviles eléctricos chinos y del 25% al acero y aluminio procedente de ese país. China quiere utilizar a México como plataforma para esas exportaciones a EE. UU. y Canadá. El tema ya es tratado también por el Congreso estadounidense.
La preocupación de esos países por la reforma judicial y por la elección directa de jueces, magistrados y ministros tiene relación también con los aspectos comerciales. El T-MEC establece cláusulas muy claras sobre la independencia del Poder Judicial y sobre la existencia de organismos autónomos reguladores en distintos ámbitos, desde la competencia hasta la energía o las telecomunicaciones. Y todos estos son, junto con la agricultura y las exportaciones chinas vía México, temas que ya están en conflicto. Un sistema de justicia dependiente de la política y del gobierno rompe todos los equilibrios.
Ayer decíamos que en Estados Unidos de ninguna forma se eligen los jueces, magistrados y ministros federales como se asegura en el ámbito oficialista y como se dijo para descalificar las declaraciones de Salazar. Se puso también el ejemplo de Japón, pero en ese país tampoco se designan los ministros por voto popular. Lo que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando EE. UU. reconfiguró todo el sistema político y judicial de Japón, fue conformar una Suprema Corte autónoma de 14 jueces y un presidente de la Corte que funcionan como una gran sala para atender casos constitucionales y casos que otras tres pequeñas salas (compuestas por cinco jueces cada una) no han podido decidir. Hay tres de estas salas más pequeñas para casos civiles, penales y administrativos que solo pueden considerar una cuestión constitucional si la sala superior ha sentado precedentes en el área específica cubierta.
Los jueces son nombrados por el gabinete (el presidente del Tribunal Supremo por el emperador bajo acuerdo del gabinete). Al menos dos tercios deben tener una amplia experiencia como abogados, fiscales, profesores de derecho o miembros de tribunales superiores. Los jueces sirven de por vida, pero pueden jubilarse por edad o mala salud; también pueden ser destituidos por el Congreso en casos muy especiales. Teóricamente, los ciudadanos tienen cierto control sobre los nombramientos a la Corte, porque en las primeras elecciones generales después del nombramiento de un juez, el electorado puede expresar su aprobación o desaprobación después de que haya cumplido un mandato de diez años. Son contadísimos los casos en que se ha utilizado ese mecanismo.
La reforma judicial que se está proponiendo en México no se parece en nada a lo que sucede en Japón o en Estados Unidos. Aquí proponemos que todos los jueces, magistrados y ministros a nivel federal sean electos; las condiciones para ser candidatos son mínimas; la elección es generalizada, la mitad en 2025 y la otra mitad en 2027; no importan las calificaciones profesionales: el que tenga más votos presidirá la Corte. Y toda una serie de ocurrencias que no tienen lógica, ni siquiera entre sí. Un ejemplo: quieren tener jueces "sin rostro" para casos de delincuencia organizada, una figura que ni en Colombia ni en Italia funcionó muy bien. Pero, más allá de eso, ¿jueces sin rostro electos por voto popular? Es una absoluta incongruencia.
Los gobiernos de EE. UU. y Canadá, nuestros principales socios comerciales, se oponen a la reforma; todos los medios de comunicación de referencia del mundo la han criticado (ayer fue otra vez primera plana en The New York Times); se oponen los trabajadores del Poder Judicial que verán abortadas sus carreras; jueces, magistrados y ministros, las facultades de Derecho y sus alumnos, y los especialistas nacionales e internacionales. Dudo que la apoyen de verdad Claudia Sheinbaum y los principales hombres y mujeres de su equipo que comenzarán con su administración en medio de una crisis judicial. Pero se quiere avanzar en ella para, como dijo Mario Delgado, hacerle un regalo al presidente antes de que se retire.
En nuestro actual y profundo diferendo con Estados Unidos sobre la reforma judicial, ya hemos pasado por la embajada con las declaraciones reiteradas del embajador Ken Salazar, también por el Congreso, con una declaración en absoluta consonancia con la del embajador de senadores y representantes demócratas y republicanos; y ayer ya intervino directamente el Departamento de Estado, con una declaración del subsecretario para América Latina, Brian Nichols, quien respaldó los dichos de Ken Salazar y aseguró, además, que dichas preocupaciones comerciales y de seguridad son las que expresa su gobierno.
Quedan solo dos escalones: Antony Blinken y el presidente Joe Biden. Y los candidatos Donald Trump y Kamala Harris, en plena campaña.
Mientras tanto, el presidente López Obrador decidió "poner en pausa, darnos un tiempo", dijo (como si fueran novios) en la relación con los embajadores de EE. UU. y Canadá, un gobierno, el de Justin Trudeau, que está muy decidido a actuar en el plano comercial: acaba de imponer aranceles del 100% a los automóviles eléctricos chinos y del 25% al acero y aluminio procedente de ese país. China quiere utilizar a México como plataforma para esas exportaciones a EE. UU. y Canadá. El tema ya es tratado también por el Congreso estadounidense.
La preocupación de esos países por la reforma judicial y por la elección directa de jueces, magistrados y ministros tiene relación también con los aspectos comerciales. El T-MEC establece cláusulas muy claras sobre la independencia del Poder Judicial y sobre la existencia de organismos autónomos reguladores en distintos ámbitos, desde la competencia hasta la energía o las telecomunicaciones. Y todos estos son, junto con la agricultura y las exportaciones chinas vía México, temas que ya están en conflicto. Un sistema de justicia dependiente de la política y del gobierno rompe todos los equilibrios.
Ayer decíamos que en Estados Unidos de ninguna forma se eligen los jueces, magistrados y ministros federales como se asegura en el ámbito oficialista y como se dijo para descalificar las declaraciones de Salazar. Se puso también el ejemplo de Japón, pero en ese país tampoco se designan los ministros por voto popular. Lo que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando EE. UU. reconfiguró todo el sistema político y judicial de Japón, fue conformar una Suprema Corte autónoma de 14 jueces y un presidente de la Corte que funcionan como una gran sala para atender casos constitucionales y casos que otras tres pequeñas salas (compuestas por cinco jueces cada una) no han podido decidir. Hay tres de estas salas más pequeñas para casos civiles, penales y administrativos que solo pueden considerar una cuestión constitucional si la sala superior ha sentado precedentes en el área específica cubierta.
Los jueces son nombrados por el gabinete (el presidente del Tribunal Supremo por el emperador bajo acuerdo del gabinete). Al menos dos tercios deben tener una amplia experiencia como abogados, fiscales, profesores de derecho o miembros de tribunales superiores. Los jueces sirven de por vida, pero pueden jubilarse por edad o mala salud; también pueden ser destituidos por el Congreso en casos muy especiales. Teóricamente, los ciudadanos tienen cierto control sobre los nombramientos a la Corte, porque en las primeras elecciones generales después del nombramiento de un juez, el electorado puede expresar su aprobación o desaprobación después de que haya cumplido un mandato de diez años. Son contadísimos los casos en que se ha utilizado ese mecanismo.
La reforma judicial que se está proponiendo en México no se parece en nada a lo que sucede en Japón o en Estados Unidos. Aquí proponemos que todos los jueces, magistrados y ministros a nivel federal sean electos; las condiciones para ser candidatos son mínimas; la elección es generalizada, la mitad en 2025 y la otra mitad en 2027; no importan las calificaciones profesionales: el que tenga más votos presidirá la Corte. Y toda una serie de ocurrencias que no tienen lógica, ni siquiera entre sí. Un ejemplo: quieren tener jueces "sin rostro" para casos de delincuencia organizada, una figura que ni en Colombia ni en Italia funcionó muy bien. Pero, más allá de eso, ¿jueces sin rostro electos por voto popular? Es una absoluta incongruencia.
Los gobiernos de EE. UU. y Canadá, nuestros principales socios comerciales, se oponen a la reforma; todos los medios de comunicación de referencia del mundo la han criticado (ayer fue otra vez primera plana en The New York Times); se oponen los trabajadores del Poder Judicial que verán abortadas sus carreras; jueces, magistrados y ministros, las facultades de Derecho y sus alumnos, y los especialistas nacionales e internacionales. Dudo que la apoyen de verdad Claudia Sheinbaum y los principales hombres y mujeres de su equipo que comenzarán con su administración en medio de una crisis judicial. Pero se quiere avanzar en ella para, como dijo Mario Delgado, hacerle un regalo al presidente antes de que se retire.