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La Cámara de Diputados dio trámite de declaratoria de publicidad al dictamen para extinguir siete organismos autónomos, con la intención de discutirlo y votarlo la próxima semana.
El proyecto de la Comisión de Puntos Constitucionales de la pasada Legislatura prevé desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Considera, además, la eliminación de las comisiones Reguladora de Energía (CRE), Nacional de Hidrocarburos (CNH) y para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
De acuerdo con el dictamen derivado de dicha iniciativa presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, existe la necesidad de una reorganización administrativa del Estado para hacerla congruente con los principios de racionalidad, austeridad, eficiencia y eficacia.
"Desde su creación y hasta 2024, se les ha asignado a los organismos que se pretende extinguir la cantidad de 32 mil 313 millones 546 mil 205 pesos y, en la mayoría, se ha presentado un incremento anual en su presupuesto", puntualiza.
A consideración, la presidenta Claudia Sheinbaum envió anoche a la Cámara de Diputados los nombramientos de Rogelio Ramírez de la O como titular de la Secretaría de Hacienda, así como del subsecretario Edgar Abraham Amador y del jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Antonio Martínez Dagnino, para su ratificación.
Propuso, además, la designación de Berta Gómez Castro como subsecretaria de Egresos, a Grisel Galeano como procuradora fiscal de la Federación, a Gari Gevijoar Flores como administrador general de Recaudación, a Amelia Guadalupe de León como administradora general de Auditoría Fiscal Federal y a Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otros cargos.
En un oficio dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, la mandataria subrayó que el nombramiento de Ramírez de la O está sustentado en criterios de capacidad, probidad y experiencia, con la firme convicción de que, "en caso de contar nuevamente con su aprobación, llevará a cabo el desempeño de la función encomendada con responsabilidad y dedicación, lo que se traducirá en beneficio para nuestro país".