Exigen relevo sin opacidad
Resumen:
Por primera vez, una organización multinacional de abogados, junto con el Colegio de Abogados de Nueva York, emitió una petición formal al Senado mexicano y al Ejecutivo federal para que en el proceso de relevo a la vacante que dejará el ministro Fernando Franco en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumpla con los parámetros de transparencia e inclusión de voces.
Transcripción:
Por primera vez, una organización multinacional de abogados, junto con el Colegio de Abogados de Nueva York, emitió una petición formal al Senado mexicano y al Ejecutivo federal para que en el proceso de relevo a la vacante que dejará el ministro Fernando Franco en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumpla con los parámetros de transparencia e inclusión de voces.
Con “el único interés de apoyar el estado de Derecho en México”, el Consejo de Abogados de Derechos Civiles y Económicos, en el cual participan abogados de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, junto con el Colegio de Abogados de Nueva York, emitió el documento Consideraciones para el Proceso de Renovación de una Vacante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México.
“La manera en que se desarrolle este proceso de nombramiento será un indicador importante para la comunidad jurídica nacional e internacional del grado de compromiso de México con el Estado de Derecho”, dice el documento al cual tuvo acceso Excélsior.
Añade que “dado que la vulnerabilidad de la independencia judicial es una problemática regional, y en particular lo que se refiere al proceso de nombramiento de altas autoridades del sistema de justicia, el proceso que lleve a cabo México será un referente importante para toda la región. Si se garantiza un proceso activamente transparente, público, abierto a la sociedad y legítimo, puede constituirse en una buena práctica para otros países de la región que atraviesen procesos similares”.
Con base en los lineamientos establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los mecanismos establecidos por la Constitución y las leyes mexicanas para el proceso de elección de los ministros de la SCN, este Consejo plantea, que desde el momento de la definición de la terna, por parte del Poder Ejecutivo, se escuchen las voces de las mujeres y hombres del mundo jurídico, desde la academia y en sus gremios como el Colegio de Abogados de México, la Barra Mexicana de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresas y Abogadas MX, entre otras.
También plantea la conveniencia de crear un “perfil” de quién debe ocupar la vacante que dejará el ministro Fernando Franco, a fin que la terna tenga una definición de origen.
“El Consejo no pierde de vista y reconoce procesos que anteriormente se han llevado a cabo en el Senado de la República con el fin de llevar a cabo procesos más informados, así como esfuerzos de la sociedad civil mexicana como el Observatorio Designaciones Públicas en varios procesos de designación incluyendo el nombramiento de Ministras o Ministros de la SCJN. Entre otros, destacan esfuerzos valiosos para analizar el proceso y emitir recomendaciones particulares”, dice.
ASÍ, insta al Senado a retomar esos esfuerzos de mejorar el mecanismo legislativo de nombramiento y permitir la participación de especialistas; permitir preguntas ciudadanas en comparecencias, como ya lo hizo en el periodo 2012-2018; transparentar la redacción del dictamen, al hacer públicos los debates para su contenido.
Con “el único interés de apoyar el estado de Derecho en México”, el Consejo de Abogados de Derechos Civiles y Económicos, en el cual participan abogados de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, junto con el Colegio de Abogados de Nueva York, emitió el documento Consideraciones para el Proceso de Renovación de una Vacante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México.
“La manera en que se desarrolle este proceso de nombramiento será un indicador importante para la comunidad jurídica nacional e internacional del grado de compromiso de México con el Estado de Derecho”, dice el documento al cual tuvo acceso Excélsior.
Añade que “dado que la vulnerabilidad de la independencia judicial es una problemática regional, y en particular lo que se refiere al proceso de nombramiento de altas autoridades del sistema de justicia, el proceso que lleve a cabo México será un referente importante para toda la región. Si se garantiza un proceso activamente transparente, público, abierto a la sociedad y legítimo, puede constituirse en una buena práctica para otros países de la región que atraviesen procesos similares”.
Con base en los lineamientos establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los mecanismos establecidos por la Constitución y las leyes mexicanas para el proceso de elección de los ministros de la SCN, este Consejo plantea, que desde el momento de la definición de la terna, por parte del Poder Ejecutivo, se escuchen las voces de las mujeres y hombres del mundo jurídico, desde la academia y en sus gremios como el Colegio de Abogados de México, la Barra Mexicana de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresas y Abogadas MX, entre otras.
También plantea la conveniencia de crear un “perfil” de quién debe ocupar la vacante que dejará el ministro Fernando Franco, a fin que la terna tenga una definición de origen.
“El Consejo no pierde de vista y reconoce procesos que anteriormente se han llevado a cabo en el Senado de la República con el fin de llevar a cabo procesos más informados, así como esfuerzos de la sociedad civil mexicana como el Observatorio Designaciones Públicas en varios procesos de designación incluyendo el nombramiento de Ministras o Ministros de la SCJN. Entre otros, destacan esfuerzos valiosos para analizar el proceso y emitir recomendaciones particulares”, dice.
ASÍ, insta al Senado a retomar esos esfuerzos de mejorar el mecanismo legislativo de nombramiento y permitir la participación de especialistas; permitir preguntas ciudadanas en comparecencias, como ya lo hizo en el periodo 2012-2018; transparentar la redacción del dictamen, al hacer públicos los debates para su contenido.