Sanciona la Función Pública a 10 mil por esconder sus bienes
Resumen:
En los últimos siete años, desde que entró en vigor la actual Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sancionado a más de 10 mil empleados federales por no presentar su declaración patrimonial, de los que 243 han sido destituidos y más de 4 mil 800 inhabilitados.
Transcripción:
En los últimos siete años, desde que entró en vigor la actual Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sancionado a más de 10 mil empleados federales por no presentar su declaración patrimonial, de los que 243 han sido destituidos y más de 4 mil 800 inhabilitados.
Las estadísticas arrojan que entre 2017 y 2024 servidores públicos adscritos a 228 dependencias han cometido la falta, considerada no grave, de no informar sus bienes y patrimonio personal.
Las cifras incluyen el último año del sexenio anterior y poco más de cinco del actual gobierno.
Entre ellas, destacan 69 sanciones a empleados de la Presidencia de la República, área en la que se ha inhabilitado a 55 trabajadores, suspendido a cinco y amonestado a nueve.
También sobresale que en la Secretaría de Gobernación se han aplicado 375 sanciones, de las que 15 han sido destituciones y 109 inhabilitaciones.
El pasado 18 de julio la SFP informó en un boletín de prensa que tan solo en el actual sexenio se sancionó a 7 mil 124 empleados federales por incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial.
Es decir, más de 3 mil sanciones corresponden al último año y medio del sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con información proporcionada por la SFP a MILENIO vía transparencia, de julio de 2017 a mayo de 2024 las instituciones en las que más sanciones se han aplicado por esta causa son el Servicio de Protección Federal (SPF) -órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que ofrece custodia y vigilancia en edificios públicos-, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y el Instituto Nacional de Migración (INM).
No obstante, las dependencias en donde se han aplicado las sanciones más severas por esta falta, es decir, la destitución, son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Liconsa y la misma Secretaría de la Función Pública.
Durante esos siete años, en el Servicio de Protección Federal se ha sancionado a 709 empleados por no presentar su declaración patrimonial, pero 257 han sido suspendidos, 204 inhabilitados y 198 recibieron amonestaciones públicas.
En el Issste se ha sancionado a 603 trabajadores con 273 inhabilitaciones, 271 suspensiones y solo tres destituciones.
Mientras que en el INM se han aplicado 528 sanciones, de las cuales 278 fueron inhabilitaciones, 246 amonestaciones privadas, tres más públicas y únicamente una suspensión.
Las inhabilitaciones pueden ir desde tres meses hasta un año, según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entró en vigor el 19 de julio de 2017.
Entre las novedades de esa ley estuvo la obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses aplicable para todos los servidores públicos.
Aunque la ley entró en vigor en 2017, fue hasta 2020 cuando el Sistema Nacional Anticorrupción aprobó los nuevos formatos para la presentación de las declaraciones patrimoniales y la cifra de empleados federales que debía presentar este trámite pasó de 350 mil a más de 1 millón 600 mil.
Mayor número de castigados
A pesar de no ser instituciones con un gran número de castigados, en el IMSS, Liconsa y la SFP es donde se han aplicado las sanciones administrativas más severas, es decir, las destituciones, que suman 243 casos por no presentar declaración patrimonial.
Este tipo de sanciones se aplican dependiendo el nivel jerárquico del servidor público que comenta la falta, sus antecedentes, la antigüedad en el cargo y la reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones.
Del IMSS, de julio de 2017 a la fecha, se ha destituido a 41 servidores públicos; en la SFP, a 26, y en Liconsa, a 16.
Otras dependencias en las que ha habido destituciones son Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Exploración y Producción, que suman 22; Prevención y Readaptación Social y Gobernación, con 15 cada una; el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Registro Agrario Nacional, con 10,y Liconsa, con 16.
Después de las destituciones, las inhabilitaciones son el castigo más severo y el más numeroso.
Las instituciones que encabezan las inhabilitaciones son el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con 291; el INM, con 278; la Guardia Nacional, con 276; el Issste, con 273; el SPF, con 254, y el IMSS, con 253.
Las estadísticas arrojan que entre 2017 y 2024 servidores públicos adscritos a 228 dependencias han cometido la falta, considerada no grave, de no informar sus bienes y patrimonio personal.
Las cifras incluyen el último año del sexenio anterior y poco más de cinco del actual gobierno.
Entre ellas, destacan 69 sanciones a empleados de la Presidencia de la República, área en la que se ha inhabilitado a 55 trabajadores, suspendido a cinco y amonestado a nueve.
También sobresale que en la Secretaría de Gobernación se han aplicado 375 sanciones, de las que 15 han sido destituciones y 109 inhabilitaciones.
El pasado 18 de julio la SFP informó en un boletín de prensa que tan solo en el actual sexenio se sancionó a 7 mil 124 empleados federales por incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial.
Es decir, más de 3 mil sanciones corresponden al último año y medio del sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con información proporcionada por la SFP a MILENIO vía transparencia, de julio de 2017 a mayo de 2024 las instituciones en las que más sanciones se han aplicado por esta causa son el Servicio de Protección Federal (SPF) -órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que ofrece custodia y vigilancia en edificios públicos-, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y el Instituto Nacional de Migración (INM).
No obstante, las dependencias en donde se han aplicado las sanciones más severas por esta falta, es decir, la destitución, son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Liconsa y la misma Secretaría de la Función Pública.
Durante esos siete años, en el Servicio de Protección Federal se ha sancionado a 709 empleados por no presentar su declaración patrimonial, pero 257 han sido suspendidos, 204 inhabilitados y 198 recibieron amonestaciones públicas.
En el Issste se ha sancionado a 603 trabajadores con 273 inhabilitaciones, 271 suspensiones y solo tres destituciones.
Mientras que en el INM se han aplicado 528 sanciones, de las cuales 278 fueron inhabilitaciones, 246 amonestaciones privadas, tres más públicas y únicamente una suspensión.
Las inhabilitaciones pueden ir desde tres meses hasta un año, según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entró en vigor el 19 de julio de 2017.
Entre las novedades de esa ley estuvo la obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses aplicable para todos los servidores públicos.
Aunque la ley entró en vigor en 2017, fue hasta 2020 cuando el Sistema Nacional Anticorrupción aprobó los nuevos formatos para la presentación de las declaraciones patrimoniales y la cifra de empleados federales que debía presentar este trámite pasó de 350 mil a más de 1 millón 600 mil.
Mayor número de castigados
A pesar de no ser instituciones con un gran número de castigados, en el IMSS, Liconsa y la SFP es donde se han aplicado las sanciones administrativas más severas, es decir, las destituciones, que suman 243 casos por no presentar declaración patrimonial.
Este tipo de sanciones se aplican dependiendo el nivel jerárquico del servidor público que comenta la falta, sus antecedentes, la antigüedad en el cargo y la reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones.
Del IMSS, de julio de 2017 a la fecha, se ha destituido a 41 servidores públicos; en la SFP, a 26, y en Liconsa, a 16.
Otras dependencias en las que ha habido destituciones son Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Exploración y Producción, que suman 22; Prevención y Readaptación Social y Gobernación, con 15 cada una; el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Registro Agrario Nacional, con 10,y Liconsa, con 16.
Después de las destituciones, las inhabilitaciones son el castigo más severo y el más numeroso.
Las instituciones que encabezan las inhabilitaciones son el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con 291; el INM, con 278; la Guardia Nacional, con 276; el Issste, con 273; el SPF, con 254, y el IMSS, con 253.