Desbordan migrantes en Nogales
Resumen:
Debido al incremento de las últimas semanas en el número de migrantes expulsados por el Gobierno de Estados Unidos bajo el Título 42, activado con pretexto de la pandemia de Covid-19, el albergue opera por arriba de su capacidad de alojar a 300 personas, por lo que en una habitación con literas para 30 personas, por ejemplo, han tenido que poner colchonetas en el piso para otros 18 migrantes.
Tan sólo el 29 de julio, el albergue San Juan Bosco alojó a 380 migrantes expulsados de Estados Unidos, provenientes principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, los cuales no fueron atendidos por el INM.
Tan sólo el 29 de julio, el albergue San Juan Bosco alojó a 380 migrantes expulsados de Estados Unidos, provenientes principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, los cuales no fueron atendidos por el INM.
Transcripción:
Desde finales de julio, el albergue San Juan Bosco en Nogales, Sonora, recibe cada día entre 100 y 380 migrantes centroamericanos expulsados de manera exprés desde Estados Unidos, incluso contagiados de Covid-19, a pesar de operar al límite de su capacidad con una saturación de hasta 400 personas.
Juan Francisco Loureiro Esquer, asesor jurídico y director de ese centro, señaló que en los últimos 25 días han atendido a unos 30 migrantes enfermos de SARSCoV-2, incluidos niños, debido a que ninguna autoridad mexicana realiza controles migratorios o sanitarios cuando ingresan al País.
De acuerdo con los testimonios de los extranjeros, la mayoría son detenidos en Texas y en vez de ser enviados a Ciudad Juárez, Chihuahua, las autoridades estadounidenses los trasladan por hasta seis horas hasta Arizona, donde los expulsan hacia Nogales a cualquier hora.
“El Instituto Nacional de Migración (INM) tiene un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, después de ese horario ellos ya no se dan cuenta de cuántas personas están expulsando durante toda la noche, porque en nuestra frontera se realizan deportaciones a deshoras, no existe un horario específico”, aseguró Loureiro Esquer.
“Ya no hay un control, una estadística real, no la puede tener el INM, de cuántas personas son expulsados diariamente”.
Ubicado a menos de 2.5 kilómetros de la garita Dennis DeConcini, el albergue San Juan Bosco es la única institución que atiende a los migrantes, por lo que en sus instalaciones ha recibido en los últimos días personas con muletas e incluso madres con bebés en brazos.
Debido al incremento de las últimas semanas en el número de migrantes expulsados por el Gobierno de Estados Unidos bajo el Título 42, activado con pretexto de la pandemia de Covid-19, el albergue opera por arriba de su capacidad de alojar a 300 personas, por lo que en una habitación con literas para 30 personas, por ejemplo, han tenido que poner colchonetas en el piso para otros 18 migrantes.
En la estancia, donde hay un letrero con la palabra “Bienvenidos”, han dormido 15 mujeres con 12 niños; durante el día ese espacio es adaptado como comedor para todos.
Por esta circunstancia, el albergue ha pedido a la Secretaría de Salud local y al Instituto Nacional de Migración realizarles una prueba de Covid-19 a los migrantes antes de poder recibirlos.
“Estamos solicitándole a las autoridades de salud de los tres niveles de Gobierno que se responsabilicen de todas estas personas que están ingresando a nuestra frontera, porque no existe un protocolo para la detección de las personas que vienen contagiadas”, dijo el director del lugar.
Tan sólo el 29 de julio, el albergue San Juan Bosco alojó a 380 migrantes expulsados de Estados Unidos, provenientes principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, los cuales no fueron atendidos por el INM.
Ante ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya comenzó una investigación de oficio sobre el actuar del Instituto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Salud federal, entre otras autoridades federales, estatales y municipales.
“El flujo migratorio que arriba por medio de las deportaciones masivas requiere de atención y ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas, alimentarias, de salud, sanitarias y de seguridad”, alertó el organismo que dirige Rosario Piedra Ibarra.
Juan Francisco Loureiro Esquer, asesor jurídico y director de ese centro, señaló que en los últimos 25 días han atendido a unos 30 migrantes enfermos de SARSCoV-2, incluidos niños, debido a que ninguna autoridad mexicana realiza controles migratorios o sanitarios cuando ingresan al País.
De acuerdo con los testimonios de los extranjeros, la mayoría son detenidos en Texas y en vez de ser enviados a Ciudad Juárez, Chihuahua, las autoridades estadounidenses los trasladan por hasta seis horas hasta Arizona, donde los expulsan hacia Nogales a cualquier hora.
“El Instituto Nacional de Migración (INM) tiene un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, después de ese horario ellos ya no se dan cuenta de cuántas personas están expulsando durante toda la noche, porque en nuestra frontera se realizan deportaciones a deshoras, no existe un horario específico”, aseguró Loureiro Esquer.
“Ya no hay un control, una estadística real, no la puede tener el INM, de cuántas personas son expulsados diariamente”.
Ubicado a menos de 2.5 kilómetros de la garita Dennis DeConcini, el albergue San Juan Bosco es la única institución que atiende a los migrantes, por lo que en sus instalaciones ha recibido en los últimos días personas con muletas e incluso madres con bebés en brazos.
Debido al incremento de las últimas semanas en el número de migrantes expulsados por el Gobierno de Estados Unidos bajo el Título 42, activado con pretexto de la pandemia de Covid-19, el albergue opera por arriba de su capacidad de alojar a 300 personas, por lo que en una habitación con literas para 30 personas, por ejemplo, han tenido que poner colchonetas en el piso para otros 18 migrantes.
En la estancia, donde hay un letrero con la palabra “Bienvenidos”, han dormido 15 mujeres con 12 niños; durante el día ese espacio es adaptado como comedor para todos.
Por esta circunstancia, el albergue ha pedido a la Secretaría de Salud local y al Instituto Nacional de Migración realizarles una prueba de Covid-19 a los migrantes antes de poder recibirlos.
“Estamos solicitándole a las autoridades de salud de los tres niveles de Gobierno que se responsabilicen de todas estas personas que están ingresando a nuestra frontera, porque no existe un protocolo para la detección de las personas que vienen contagiadas”, dijo el director del lugar.
Tan sólo el 29 de julio, el albergue San Juan Bosco alojó a 380 migrantes expulsados de Estados Unidos, provenientes principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, los cuales no fueron atendidos por el INM.
Ante ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya comenzó una investigación de oficio sobre el actuar del Instituto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Salud federal, entre otras autoridades federales, estatales y municipales.
“El flujo migratorio que arriba por medio de las deportaciones masivas requiere de atención y ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas, alimentarias, de salud, sanitarias y de seguridad”, alertó el organismo que dirige Rosario Piedra Ibarra.