El TEPJF negó tener un trato diferenciado a AMLO como denunció el PAN.
Resumen:
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha rechazado las acusaciones del Partido Acción Nacional (PAN) sobre un trato diferenciado hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante una sesión pública, se resolvieron ilícitos electorales en contra del presidente, su equipo de comunicación y los responsables de organizar y transmitir las conferencias de prensa matutinas. Se determinó que López Obrador violó la Constitución al generar inequidad en la contienda electoral durante las conferencias de prensa realizadas del 6 al 9 de febrero.
El PAN argumentó que el Tribunal Electoral debería aplicar las mismas sanciones a López Obrador que a los titulares del ejecutivo local, quienes son sancionados por el congreso estatal en caso de cometer ilícitos electorales. Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal concluyó que esta comparación es inválida, ya que el presidente cuenta con un blindaje constitucional que solo permite su juicio político por parte del Congreso de la Unión en caso de delitos penales.
El Tribunal Electoral, al no ser de orden penal, no puede sancionar al presidente por ilícitos electorales, aunque se reconozca que ha violado la Constitución y generado inequidad en el proceso electoral.
Durante una sesión pública, se resolvieron ilícitos electorales en contra del presidente, su equipo de comunicación y los responsables de organizar y transmitir las conferencias de prensa matutinas. Se determinó que López Obrador violó la Constitución al generar inequidad en la contienda electoral durante las conferencias de prensa realizadas del 6 al 9 de febrero.
El PAN argumentó que el Tribunal Electoral debería aplicar las mismas sanciones a López Obrador que a los titulares del ejecutivo local, quienes son sancionados por el congreso estatal en caso de cometer ilícitos electorales. Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal concluyó que esta comparación es inválida, ya que el presidente cuenta con un blindaje constitucional que solo permite su juicio político por parte del Congreso de la Unión en caso de delitos penales.
El Tribunal Electoral, al no ser de orden penal, no puede sancionar al presidente por ilícitos electorales, aunque se reconozca que ha violado la Constitución y generado inequidad en el proceso electoral.