El fin de la colegialidad en el INE
Resumen:
De manera subrepticia, un senador de Morena introdujo dos cambios a la ley electoral, minutos antes que el pleno votara en particular la reforma a la LGIPE para adecuarla a la reforma constitucional al Poder Judicial. Se trata de golpes mortales para la colegialidad que desde hace 28 años ha sido uno de los pilares fundamentales del IFE, primero, y del INE, después. Son cambios que la autoritaria aplanadora oficialista aprobó en sus términos, demostrando que, más allá de sus dichos públicos y los de la presidenta Sheinbaum (que de inmediato publicó en Diario Oficial la reforma), en realidad buscan desmantelar el INE y pretenden una subordinación total de ese órgano.
Transcripción:
De manera subrepticia, un senador de Morena introdujo dos cambios a la ley electoral, minutos antes que el pleno votara en particular la reforma a la LGIPE para adecuarla a la reforma constitucional al Poder Judicial. Se trata de golpes mortales para la colegialidad que desde hace 28 años ha sido uno de los pilares fundamentales del IFE, primero, y del INE, después. Son cambios que la autoritaria aplanadora oficialista aprobó en sus términos, demostrando que, más allá de sus dichos públicos y los de la presidenta Sheinbaum (que de inmediato publicó en Diario Oficial la reforma), en realidad buscan desmantelar el INE y pretenden una subordinación total de ese órgano.
Se trata, por cierto, de una reforma que es indebida e inconstitucional, porque el objetivo de los cambios era adecuar la LGIPE a la reciente reforma constitucional para elegir a diversos cargos judiciales, no para trastocar la lógica y la estructura del INE con otros propósitos.
La primera modificación fue para cambiar el proceso por el cual se designan a los directores ejecutivos y a los titulares de las Unidades Técnicas del INE que, desde 1996, había ocurrido mediante votación del Consejo General a propuesta de la Presidencia del Instituto. Además, desde 2014 se había establecido que la designación de esos funcionarios requería de una mayoría calificada de al menos ocho votos de los once consejeros electorales. Ello volvió mucho más difícil el procesamiento de las designaciones, pues le impuso a la Presidencia del Instituto la tarea de convencer a un número mayor de consejeros, complicando con ello la construcción de consensos; pero adicionalmente provocó un robustecimiento de la colegialidad con la que debe operar el Consejo General, imponiéndole a las y los consejeros un mayor sentido de la responsabilidad, y también un respaldo mucho más fuerte para quienes eran elegidos para ocupar esos cargos.
Debo decir con orgullo que, a pesar de ello, en los 9 años en que fui presidente del Consejo, éste nunca rechazó alguna de las casi dos decenasy media de propuestas que les presenté. Pe ro claro, construir esos consensos fue complejísimo y desgastante.
Todo eso cambió y ahora se estableció en la ley que es una facultad discrecional de la Presidencia del INE la de hacer los nombramientos de los directores ejecutivos y de los titulares de unidades técnicas. La única designación que se mantiene por votación calificada por parte del Consejo a propuesta de la Presidencia es la de la Secretaría Ejecutiva, y eso porque habría requerido de una modificación constitucional.
El otro cambio fue introducir una nueva atribución para la Junta General Ejecutiva (integrada la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva y precisamente por los titulares de las Direcciones Ejecutivas y de las Unidades Técnicas), el órgano administrativo encargado de instrumentar las directrices ordenadas por el Consejo, que ahora podrá: "aprobar los acuerdos correspondientes para la coordinación y ejecución de las actividades administrativas, técnicas operativas del instituto y de coordinación de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, relacionadas para la organización de las elecciones... así como para el funcionamiento ordinario del Instituto". La ambigüedad de esta redacción hace suponer lo peor: que muchas de las decisiones relativas a la organización de las elecciones las tomará ahora un cuerpo al servicio y bajo el control de la Presidencia del INE y no el máximo órgano de dirección, el Consejo, como debería ser.
En realidad, se trata de cambios a modo para fortalecer a la actual presidenta del INE que, sobra decirlo, ha demostrado, además de una evidentey grosera cercanía con los intereses del oficialismo, una preocupante incapacidad para conducir armónicamente el colegiado y generar los consensos necesarios. En efecto, desde su nombramiento hace un año y medio, no ha logrado los votos para que sus propuestas para la Secretaría Ejecutiva y la mayoría de los titulares de direcciones y unidades sean aprobadas por el Consejo y por ello han tenido que operar desde entonces, contrario a lo que dice la ley, con encargadurías de despacho (algo inédito en toda la historia del Instituto).
Como puede constatarse, la tarea de demolición de las instituciones de la democracia que el morenismo ha emprendido continúa, reforzada, en el actual gobierno.
La tarea emprendida de demolición de las instituciones de la democracia continúa.
Se trata, por cierto, de una reforma que es indebida e inconstitucional, porque el objetivo de los cambios era adecuar la LGIPE a la reciente reforma constitucional para elegir a diversos cargos judiciales, no para trastocar la lógica y la estructura del INE con otros propósitos.
La primera modificación fue para cambiar el proceso por el cual se designan a los directores ejecutivos y a los titulares de las Unidades Técnicas del INE que, desde 1996, había ocurrido mediante votación del Consejo General a propuesta de la Presidencia del Instituto. Además, desde 2014 se había establecido que la designación de esos funcionarios requería de una mayoría calificada de al menos ocho votos de los once consejeros electorales. Ello volvió mucho más difícil el procesamiento de las designaciones, pues le impuso a la Presidencia del Instituto la tarea de convencer a un número mayor de consejeros, complicando con ello la construcción de consensos; pero adicionalmente provocó un robustecimiento de la colegialidad con la que debe operar el Consejo General, imponiéndole a las y los consejeros un mayor sentido de la responsabilidad, y también un respaldo mucho más fuerte para quienes eran elegidos para ocupar esos cargos.
Debo decir con orgullo que, a pesar de ello, en los 9 años en que fui presidente del Consejo, éste nunca rechazó alguna de las casi dos decenasy media de propuestas que les presenté. Pe ro claro, construir esos consensos fue complejísimo y desgastante.
Todo eso cambió y ahora se estableció en la ley que es una facultad discrecional de la Presidencia del INE la de hacer los nombramientos de los directores ejecutivos y de los titulares de unidades técnicas. La única designación que se mantiene por votación calificada por parte del Consejo a propuesta de la Presidencia es la de la Secretaría Ejecutiva, y eso porque habría requerido de una modificación constitucional.
El otro cambio fue introducir una nueva atribución para la Junta General Ejecutiva (integrada la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva y precisamente por los titulares de las Direcciones Ejecutivas y de las Unidades Técnicas), el órgano administrativo encargado de instrumentar las directrices ordenadas por el Consejo, que ahora podrá: "aprobar los acuerdos correspondientes para la coordinación y ejecución de las actividades administrativas, técnicas operativas del instituto y de coordinación de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, relacionadas para la organización de las elecciones... así como para el funcionamiento ordinario del Instituto". La ambigüedad de esta redacción hace suponer lo peor: que muchas de las decisiones relativas a la organización de las elecciones las tomará ahora un cuerpo al servicio y bajo el control de la Presidencia del INE y no el máximo órgano de dirección, el Consejo, como debería ser.
En realidad, se trata de cambios a modo para fortalecer a la actual presidenta del INE que, sobra decirlo, ha demostrado, además de una evidentey grosera cercanía con los intereses del oficialismo, una preocupante incapacidad para conducir armónicamente el colegiado y generar los consensos necesarios. En efecto, desde su nombramiento hace un año y medio, no ha logrado los votos para que sus propuestas para la Secretaría Ejecutiva y la mayoría de los titulares de direcciones y unidades sean aprobadas por el Consejo y por ello han tenido que operar desde entonces, contrario a lo que dice la ley, con encargadurías de despacho (algo inédito en toda la historia del Instituto).
Como puede constatarse, la tarea de demolición de las instituciones de la democracia que el morenismo ha emprendido continúa, reforzada, en el actual gobierno.
La tarea emprendida de demolición de las instituciones de la democracia continúa.