Reprueban a la 4T en derecho social
Resumen:
A pesar del avance registrado en la actual Administración en materia de reducción de la pobreza, persisten rezagos significativos en la atención de sectores específicos de la población -niños y adolescentes, jóvenes, adultos mayores, mujeres, indígenas y personas con discapacidad-, advierte un balance del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), presentado ayer.
Transcripción:
A pesar del avance registrado en la actual Administración en materia de reducción de la pobreza, persisten rezagos significativos en la atención de sectores específicos de la población -niños y adolescentes, jóvenes, adultos mayores, mujeres, indígenas y personas con discapacidad-, advierte un balance del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), presentado ayer.
El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2024 señala que los mecanismos de atención implementados no necesariamente aseguran que estos grupos experimenten mejoras en el acceso a sus derechos.
En el caso de niños y adolescentes, indica, existen factores que limitan el ejercicio del derecho a la educación, como la falta de recursos económicos en los hogares, el trabajo infantil, la insuficiencia de infraestructura y materiales y las carencias en servicios básicos, accesibilidad y conectividad.
"Las trayectorias escolares de niñas, niños y adolescentes, muestran que, en general, las y los alumnos que finalizan sus estudios de primaria y secundaria transitan al siguiente nivel educativo", apunta.
"Sin embargo, a medida que se avanza en los niveles educativos, el abandono escolar aumenta y la eficiencia terminal disminuye".
El Coneval remarca que los derechos a la educación y el trabajo son un gran desafío para la población joven. Alerta sobre la baja proporción -41.9 por ciento- de egresados de educación media que se inscriben en el nivel superior.
"La población joven está sobrerrepresentada en el desempleo y se ocupa en mayor proporción en el sector informal", señala.
"Las condiciones irregulares de vinculación laboral de este grupo etario tienen repercusiones negativas en sus niveles de ingreso, en la posibilidad de acumular experiencia y en su acceso a seguridad social y pensiones contributivas en la vejez".
El informe indica que los programas sociales representan casi el 40 por ciento de los ingresos de los adultos mayores.
"Lo anterior evidencia la vulnerabilidad de estas poblaciones ante riesgos derivados de enfermedad, por ejemplo, además de poner en riesgo el acceso a un ingreso suficiente para solventar sus necesidades", advierte en el reporte.
"Si bien existe oferta gubernamental para atender su salud, no se identificaron intervenciones que atiendan sus limitaciones ante la acumulación de discapacidades o que consideren las necesidades de cuidado, servicios de prevención y de rehabilitación que requieren por edad".
En tanto, considera, las políticas dirigidas a abatir los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder al mercado laboral han resultado insuficientes, mientras que los apoyos monetarios no garantizan la plena participación de la población con con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social.
"Los patrones de exclusión y discriminación histórica que han enfrentado las personas indígenas generan una serie de desigualdades en el ejercicio de sus derechos que se transmiten de una generación a otra, lo que perpetúa dichas brechas", agrega.
El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2024 señala que los mecanismos de atención implementados no necesariamente aseguran que estos grupos experimenten mejoras en el acceso a sus derechos.
En el caso de niños y adolescentes, indica, existen factores que limitan el ejercicio del derecho a la educación, como la falta de recursos económicos en los hogares, el trabajo infantil, la insuficiencia de infraestructura y materiales y las carencias en servicios básicos, accesibilidad y conectividad.
"Las trayectorias escolares de niñas, niños y adolescentes, muestran que, en general, las y los alumnos que finalizan sus estudios de primaria y secundaria transitan al siguiente nivel educativo", apunta.
"Sin embargo, a medida que se avanza en los niveles educativos, el abandono escolar aumenta y la eficiencia terminal disminuye".
El Coneval remarca que los derechos a la educación y el trabajo son un gran desafío para la población joven. Alerta sobre la baja proporción -41.9 por ciento- de egresados de educación media que se inscriben en el nivel superior.
"La población joven está sobrerrepresentada en el desempleo y se ocupa en mayor proporción en el sector informal", señala.
"Las condiciones irregulares de vinculación laboral de este grupo etario tienen repercusiones negativas en sus niveles de ingreso, en la posibilidad de acumular experiencia y en su acceso a seguridad social y pensiones contributivas en la vejez".
El informe indica que los programas sociales representan casi el 40 por ciento de los ingresos de los adultos mayores.
"Lo anterior evidencia la vulnerabilidad de estas poblaciones ante riesgos derivados de enfermedad, por ejemplo, además de poner en riesgo el acceso a un ingreso suficiente para solventar sus necesidades", advierte en el reporte.
"Si bien existe oferta gubernamental para atender su salud, no se identificaron intervenciones que atiendan sus limitaciones ante la acumulación de discapacidades o que consideren las necesidades de cuidado, servicios de prevención y de rehabilitación que requieren por edad".
En tanto, considera, las políticas dirigidas a abatir los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder al mercado laboral han resultado insuficientes, mientras que los apoyos monetarios no garantizan la plena participación de la población con con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social.
"Los patrones de exclusión y discriminación histórica que han enfrentado las personas indígenas generan una serie de desigualdades en el ejercicio de sus derechos que se transmiten de una generación a otra, lo que perpetúa dichas brechas", agrega.