Historias De NegoCEOs // Aguakán: el detrás de la pelea por su concesión
Resumen:
El gobierno de la 4T emprendió una cruzada para arrebatar la firma Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV, mejor conocida como Aguakán, la concesión del servicio de agua y alcantarillado en la zona turística de Quintana Roo.
Transcripción:
El gobierno de la 4T emprendió una cruzada para arrebatar la firma Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV, mejor conocida como Aguakán, la concesión del servicio de agua y alcantarillado en la zona turística de Quintana Roo.
Detrás de este embate, según fuentes de alto nivel. se esconde la intención de entregar el negocio multimillonario a otra empresa.
La intención del Congreso local de Quintana Roo para extinguir últimos bre una concesión cuya vigencia vencía hasta el 2054 escaló en poCOS días al ámbito nacional: sobre todo desde que el Juez Octavo de Distrito del Estado de Quintana Roo, Julio César Ortiz Mendoza, concedió a la concesionaria que dirige Paul Andrew Rangel una suspensión definitiva contra los efectos del llamado Decreto 195.
Aguakán ya es un tema de la conferencia de prensa mañanera en que el presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora Mara Lezama y hasta la Fiscalía General de la República pugnan porque el servicio de agua y alcantarillado cuatro municipios más turísticos de la entidad, Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad (Playa del Carmen), regresa manos del sector público.
Hablamos de dar servicio 1.5 millones de personas, a través de 463 mil tomas de agua, esto con una infraestructura a la que, según reportes de la compañía, se le han invertido más de 8 mil millones de pesos, y que consta de 217 pozos de extracción, 71 tanques de agua potable, 101 cárcamos de agua residual, 3 mil 250 kilómetros de tuberías de agua, 2 mil 157 kilómetros de tuberías de alcantarillado. 3 plantas de ósmosis inversa y 13 plantas de tratamiento de aguas residuales.
Efectivamente, Aguakán tiene uúltiplesquejasdelos casiempre por las altas tarifas del vital líquido establece el propio Congreso ,pemayor pecado 4T con AMLO es que está ligada a la pocaconstructoraGrupoMexicano de Desarrollo y al empresario Jorge Ballesteros, quien el actual mandatario identifica como beneficiario de las privatizaciones de los gobiernos del periodo neoliberal.
Aun así, se dice en Quintana Roo que la verdadera razón por la que se busca dejar fuera de la jugada Aguakán es porque su nuevo gobierno tiene prometida la concesión otro operador. De hecho no existe posibilidad alguna de que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado brinde el servicio: tendría que recurrirse a una expropiación de la infraestructura y esos multimillonarios costos enredos judicial han alas finanzas de la 4T.
No hay muchas opciones de empresas con operaciones en México que tengan la capacidad de brindar un servicio quieren esos cuatro municipios quintanarroenses, en especial por los niveles récord de crecimiento poblacional en la zona: alrededor del 30% anual. Se piensa en la firma Aguas de Barcelona, pero estuvo en el pasado también ligada Aguakány peor aún, está manchada por la trama de Odebrecht.
La alternativa que queda es la francesa Veolia, la firma que operó esa concesión con la que en 2004 el gobierno de López Obrador privatizó el servicio de agua en el Distrito Federal. Dicha concesión la entregó directamente su secretaria del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum: con ella el operador privado controlaba la totalidad del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, aunque siempre bajo la cortina, también estipulado por contrato, de la marca SACMEX.
Aquel de mayo de 2004, la Sedema firmó el contrato con la razón social Servicios de Agua Potable SA de CV: para el 2006 esta empresa cambió su denominación social por Proactiva Medio AmbienteS SA para 2019, ahora con Sheinbaum como jefa de Gobierno la concesionaria se convirtió en Veolia Agua Ciudad de México SA de CV.
Dos años después, ante el estigma neoliberal de la privatización, el gobierno de Sheinbaum decidió cancelar el acuerdo. pues intensificaron los problemas de agua en la capital y parece que esa empresa se le debe un favor.
Detrás de este embate, según fuentes de alto nivel. se esconde la intención de entregar el negocio multimillonario a otra empresa.
La intención del Congreso local de Quintana Roo para extinguir últimos bre una concesión cuya vigencia vencía hasta el 2054 escaló en poCOS días al ámbito nacional: sobre todo desde que el Juez Octavo de Distrito del Estado de Quintana Roo, Julio César Ortiz Mendoza, concedió a la concesionaria que dirige Paul Andrew Rangel una suspensión definitiva contra los efectos del llamado Decreto 195.
Aguakán ya es un tema de la conferencia de prensa mañanera en que el presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora Mara Lezama y hasta la Fiscalía General de la República pugnan porque el servicio de agua y alcantarillado cuatro municipios más turísticos de la entidad, Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad (Playa del Carmen), regresa manos del sector público.
Hablamos de dar servicio 1.5 millones de personas, a través de 463 mil tomas de agua, esto con una infraestructura a la que, según reportes de la compañía, se le han invertido más de 8 mil millones de pesos, y que consta de 217 pozos de extracción, 71 tanques de agua potable, 101 cárcamos de agua residual, 3 mil 250 kilómetros de tuberías de agua, 2 mil 157 kilómetros de tuberías de alcantarillado. 3 plantas de ósmosis inversa y 13 plantas de tratamiento de aguas residuales.
Efectivamente, Aguakán tiene uúltiplesquejasdelos casiempre por las altas tarifas del vital líquido establece el propio Congreso ,pemayor pecado 4T con AMLO es que está ligada a la pocaconstructoraGrupoMexicano de Desarrollo y al empresario Jorge Ballesteros, quien el actual mandatario identifica como beneficiario de las privatizaciones de los gobiernos del periodo neoliberal.
Aun así, se dice en Quintana Roo que la verdadera razón por la que se busca dejar fuera de la jugada Aguakán es porque su nuevo gobierno tiene prometida la concesión otro operador. De hecho no existe posibilidad alguna de que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado brinde el servicio: tendría que recurrirse a una expropiación de la infraestructura y esos multimillonarios costos enredos judicial han alas finanzas de la 4T.
No hay muchas opciones de empresas con operaciones en México que tengan la capacidad de brindar un servicio quieren esos cuatro municipios quintanarroenses, en especial por los niveles récord de crecimiento poblacional en la zona: alrededor del 30% anual. Se piensa en la firma Aguas de Barcelona, pero estuvo en el pasado también ligada Aguakány peor aún, está manchada por la trama de Odebrecht.
La alternativa que queda es la francesa Veolia, la firma que operó esa concesión con la que en 2004 el gobierno de López Obrador privatizó el servicio de agua en el Distrito Federal. Dicha concesión la entregó directamente su secretaria del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum: con ella el operador privado controlaba la totalidad del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, aunque siempre bajo la cortina, también estipulado por contrato, de la marca SACMEX.
Aquel de mayo de 2004, la Sedema firmó el contrato con la razón social Servicios de Agua Potable SA de CV: para el 2006 esta empresa cambió su denominación social por Proactiva Medio AmbienteS SA para 2019, ahora con Sheinbaum como jefa de Gobierno la concesionaria se convirtió en Veolia Agua Ciudad de México SA de CV.
Dos años después, ante el estigma neoliberal de la privatización, el gobierno de Sheinbaum decidió cancelar el acuerdo. pues intensificaron los problemas de agua en la capital y parece que esa empresa se le debe un favor.