Columna invitada // Por la eficacia institucional y una ciudad libre de contaminación visual
Resumen:
Columna invitada Erika Estrada Ruiz Consejera la Comisión de Quejas Instituto Electora de la Ciudad México.
Transcripción:
Columna invitada Erika Estrada Ruiz Consejera la Comisión de Quejas Instituto Electora de la Ciudad México
Por la eficacia institucional y una ciudad libre de contaminación visual
Pendones colgados en árboles; semáforos y puentes peatonales repletos de plástico impreso con emblemas partidistas y mantas que mostraban el mismo rostro y la misma consigna política un sinnúmero de veces. Así se vivió a nivel urbano la más reciente campaña en la CDMX, en la que sus habitantes expresaron su descontento por el alto volumen de lo que consideraron "basura electoral".
De acuerdo con un informe preliminar elaborado por el IECM sobre propaganda retirada por las alcaldías para ser enviada a centros de reciclaje después de la elección, se estima que, al menos, 110 toneladas fueron desplegadas en el espacio público y, por lo que hace a la justicia electoral, las denuncias relacionadas con la colocación de propaganda se han convertido en un verdadero desafío para la autoridad electoral.
Durante el proceso electoral local del año 2024, el IECM ha recibido 1,817 escritos de queja sobre diversos asuntos.
De éstos, 265 (14%) estuvieron relacionados con la indebida colocación de propaganda.
Denunciar estos hechos e imponer sanciones está muy bien, el problema es cuando el volumen indiscriminado de quejas relacionadas con la materia entorpece el trabajo institucional y desvía la atención de otros asuntos que podrían resultar más relevantes, más urgentes y que requieren investigaciones más especializadas y profundas, como la investigación y el análisis del uso indebido de recursos públicos, la compra y coacción del voto o actos de violencia política contra candidaturas.
Con este contexto es necesario enunciar algunas ideas que podrían servir para optimizar el trabajo de la autoridad electoral y para que la ciudad y sus habitantes tengan que padecer lo menos posible los efectos de la contaminación visual y ambiental derivada del uso indiscriminado de materiales propagandísticos: A) Revisar el modelo de comunicación política con el fin de redefinir las formas de hacer campaña y evaluar la necesidad del uso indiscriminado de propaganda en el espacio público.
B) Establecer restricciones para la colocación y el uso de propaganda en el espacio urbano más precisas y, en su caso, dotar a la autoridad electoral de facultades para emitir reglamentaciones específicas en la materia.
C) Evaluar la pertinencia de que las denuncias relacionadas con el uso de propaganda urbana sean atendidas bajo procedimientos jurídicos simples, distintos a los procedimientos sancionadores vigentes, con el fin de agilizar el trabajo de la autoridad electoral, destinar menos recursos materiales y humanos, y emitir resoluciones expeditas.
D) Otorgar a la autoridad electoral facultades para la utilización de medios tecnológicos que faciliten la colaboración ciudadana y partidista en la atención de este tipo de denuncias.
Se podría desarrollar una herramienta informática que permita la sustanciación de expedientes digitales a través de la recolección de datos con valor jurídico probatorio en tiempo real y la geolocalización de hechos sin necesidad de certificaciones adicionales, el envío de notificaciones automáticas a los sujetos denunciados, alertas a las autoridades competentes en cuestión de fiscalización y el retiro de los materiales causantes de la infracción y su recolección de una forma sistemática y ágil.
E) Se podría involucrar a la ciudadanía como un actor imprescindible en la vigilancia de las fuerzas políticas bajo una perspectiva de gobernanza electoral y urbana.
De acuerdo con un informe preliminar elaborado por el IECM, se estima que, al menos, 110 toneladas de propaganda electoral fueron desplegadas en el espacio público.
Por la eficacia institucional y una ciudad libre de contaminación visual
Pendones colgados en árboles; semáforos y puentes peatonales repletos de plástico impreso con emblemas partidistas y mantas que mostraban el mismo rostro y la misma consigna política un sinnúmero de veces. Así se vivió a nivel urbano la más reciente campaña en la CDMX, en la que sus habitantes expresaron su descontento por el alto volumen de lo que consideraron "basura electoral".
De acuerdo con un informe preliminar elaborado por el IECM sobre propaganda retirada por las alcaldías para ser enviada a centros de reciclaje después de la elección, se estima que, al menos, 110 toneladas fueron desplegadas en el espacio público y, por lo que hace a la justicia electoral, las denuncias relacionadas con la colocación de propaganda se han convertido en un verdadero desafío para la autoridad electoral.
Durante el proceso electoral local del año 2024, el IECM ha recibido 1,817 escritos de queja sobre diversos asuntos.
De éstos, 265 (14%) estuvieron relacionados con la indebida colocación de propaganda.
Denunciar estos hechos e imponer sanciones está muy bien, el problema es cuando el volumen indiscriminado de quejas relacionadas con la materia entorpece el trabajo institucional y desvía la atención de otros asuntos que podrían resultar más relevantes, más urgentes y que requieren investigaciones más especializadas y profundas, como la investigación y el análisis del uso indebido de recursos públicos, la compra y coacción del voto o actos de violencia política contra candidaturas.
Con este contexto es necesario enunciar algunas ideas que podrían servir para optimizar el trabajo de la autoridad electoral y para que la ciudad y sus habitantes tengan que padecer lo menos posible los efectos de la contaminación visual y ambiental derivada del uso indiscriminado de materiales propagandísticos: A) Revisar el modelo de comunicación política con el fin de redefinir las formas de hacer campaña y evaluar la necesidad del uso indiscriminado de propaganda en el espacio público.
B) Establecer restricciones para la colocación y el uso de propaganda en el espacio urbano más precisas y, en su caso, dotar a la autoridad electoral de facultades para emitir reglamentaciones específicas en la materia.
C) Evaluar la pertinencia de que las denuncias relacionadas con el uso de propaganda urbana sean atendidas bajo procedimientos jurídicos simples, distintos a los procedimientos sancionadores vigentes, con el fin de agilizar el trabajo de la autoridad electoral, destinar menos recursos materiales y humanos, y emitir resoluciones expeditas.
D) Otorgar a la autoridad electoral facultades para la utilización de medios tecnológicos que faciliten la colaboración ciudadana y partidista en la atención de este tipo de denuncias.
Se podría desarrollar una herramienta informática que permita la sustanciación de expedientes digitales a través de la recolección de datos con valor jurídico probatorio en tiempo real y la geolocalización de hechos sin necesidad de certificaciones adicionales, el envío de notificaciones automáticas a los sujetos denunciados, alertas a las autoridades competentes en cuestión de fiscalización y el retiro de los materiales causantes de la infracción y su recolección de una forma sistemática y ágil.
E) Se podría involucrar a la ciudadanía como un actor imprescindible en la vigilancia de las fuerzas políticas bajo una perspectiva de gobernanza electoral y urbana.
De acuerdo con un informe preliminar elaborado por el IECM, se estima que, al menos, 110 toneladas de propaganda electoral fueron desplegadas en el espacio público.