Los Derechos Hoy // La legitimidad de la elección
Resumen:
El día de ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió las impugnaciones promovidas por la ex candidata Xóchitl Gálvez y por los partidos políticos de la oposición.
Transcripción:
El día de ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió las impugnaciones promovidas por la ex candidata Xóchitl Gálvez y por los partidos políticos de la oposición. En su decisión, el Tribunal declaró como infundada la pretensión de anular la elección presidencial, por lo que el próximo 15 de agosto Claudia Sheinbaum recibirá la constancia de mayoría que la acredita como presidenta electa de nuestro país.
En esencia, la oposición buscó anular la elección presidencial a partir de una serie de acusaciones estridentes que incluyen la supuesta compra de votos, el abuso de los programas sociales, o la “injerencia” del Presidente de la República y del crimen organizado. A manera de pruebas, los partidos demandantes se limitaron a presentar una serie de notas periodísticas, publicaciones en redes sociales y editoriales de carácter especulativo.
La nulidad de una elección no es una cuestión menor. Como lo reconoció el Tribunal Electoral, la violación de los principios fundamentales de nuestra democracia exige una demostración contundente. No basta con calumnias para anular una elección en la que se expresaron más de 60 millones de mexicanas y mexicanos. Es necesario demostrar irregularidades graves con un impacto determinante en el resultado de la elección. Ello no fue así.
En efecto, la oposición no demostró que las elecciones hayan sido afectadas por una situación de violencia generalizada, ni por la injerencia del crimen organizado. Los reportes y opiniones que presentaron se refieren a situaciones de violencia local y municipal que no guardan relación con la elección presidencial. Fuera de esas notas, no aportaron actas de defunción, actuaciones ministeriales, denuncias penales, fes de hechos, ni ningún otro elemento probatorio que demostrara su dicho. Por ello, lejos de tener por acreditada una afectación a la participación ciudadana, el Tribunal Electoral constató que en la elección del 2 de junio se instaló 99.85 por ciento de las casillas y se computó el voto de más de 60 millones de personas; esto es, el 61.04 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores.
Los demandantes tampoco demostraron que existiera una intervención sistemática y reiterada del Presidente de la República en el proceso electoral. De acuerdo con el Tribunal Electoral, las expresiones realizadas por el titular del Ejecutivo fueron aisladas, y no evidencian una conducta sistemática y deliberada de su parte para influir en la elección. En consecuencia, no afectaron la validez del proceso electoral, especialmente si tomamos en cuenta la magnitud de la participación ciudadana.
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Finalmente, los partidos de la oposición no demostraron que existiera un uso indebido de programas sociales, ni coacción o compra del voto hacia la ciudadanía. Al respecto, se limitaron a presentar notas periodísticas y publicaciones en redes que no precisan circunstancias de modo, tiempo y lugar suficientes para alcanzar una conclusión firme en ese sentido. Así, la acusación descansa en hechos aislados que no demuestran una violación de la imparcialidad y la equidad en la contienda electoral.
En suma, como se observa, la oposición se limitó a repetir las mismas calumnias con las que inundaron los medios y las redes sociales a lo largo del proceso electoral, con la esperanza de deslegitimar el ejercicio democrático más importante en nuestra historia. Pero la simple afirmación de que existieron hechos ilegales no basta para tenerlos como probados, especialmente cuando cerca de 20 millones de votos separan a Claudia Sheinbaum de la candidata opositora.
Con la decisión del Tribunal Electoral queda sellada la validez de la elección presidencial y marcada la ruta para la entrega de la banda presidencial el próximo 1 de octubre. Hoy no queda asomo de duda sobre la legitimidad de la elección presidencial: una elección libre, auténtica y vigorosa.
El pueblo de México decidió por una mayoría abrumadora que Claudia Sheinbaum será la primera presidenta de nuestro país, y reiteró su confianza por un proyecto que busca abatir la pobreza, cimentar la paz y garantizar los derechos de todas las personas. Con su liderazgo seguiremos construyendo una historia distinta. Nada, ni nadie, podrá cambiar esa conquista de las y los mexicanos.
En esencia, la oposición buscó anular la elección presidencial a partir de una serie de acusaciones estridentes que incluyen la supuesta compra de votos, el abuso de los programas sociales, o la “injerencia” del Presidente de la República y del crimen organizado. A manera de pruebas, los partidos demandantes se limitaron a presentar una serie de notas periodísticas, publicaciones en redes sociales y editoriales de carácter especulativo.
La nulidad de una elección no es una cuestión menor. Como lo reconoció el Tribunal Electoral, la violación de los principios fundamentales de nuestra democracia exige una demostración contundente. No basta con calumnias para anular una elección en la que se expresaron más de 60 millones de mexicanas y mexicanos. Es necesario demostrar irregularidades graves con un impacto determinante en el resultado de la elección. Ello no fue así.
En efecto, la oposición no demostró que las elecciones hayan sido afectadas por una situación de violencia generalizada, ni por la injerencia del crimen organizado. Los reportes y opiniones que presentaron se refieren a situaciones de violencia local y municipal que no guardan relación con la elección presidencial. Fuera de esas notas, no aportaron actas de defunción, actuaciones ministeriales, denuncias penales, fes de hechos, ni ningún otro elemento probatorio que demostrara su dicho. Por ello, lejos de tener por acreditada una afectación a la participación ciudadana, el Tribunal Electoral constató que en la elección del 2 de junio se instaló 99.85 por ciento de las casillas y se computó el voto de más de 60 millones de personas; esto es, el 61.04 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores.
Los demandantes tampoco demostraron que existiera una intervención sistemática y reiterada del Presidente de la República en el proceso electoral. De acuerdo con el Tribunal Electoral, las expresiones realizadas por el titular del Ejecutivo fueron aisladas, y no evidencian una conducta sistemática y deliberada de su parte para influir en la elección. En consecuencia, no afectaron la validez del proceso electoral, especialmente si tomamos en cuenta la magnitud de la participación ciudadana.
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Finalmente, los partidos de la oposición no demostraron que existiera un uso indebido de programas sociales, ni coacción o compra del voto hacia la ciudadanía. Al respecto, se limitaron a presentar notas periodísticas y publicaciones en redes que no precisan circunstancias de modo, tiempo y lugar suficientes para alcanzar una conclusión firme en ese sentido. Así, la acusación descansa en hechos aislados que no demuestran una violación de la imparcialidad y la equidad en la contienda electoral.
En suma, como se observa, la oposición se limitó a repetir las mismas calumnias con las que inundaron los medios y las redes sociales a lo largo del proceso electoral, con la esperanza de deslegitimar el ejercicio democrático más importante en nuestra historia. Pero la simple afirmación de que existieron hechos ilegales no basta para tenerlos como probados, especialmente cuando cerca de 20 millones de votos separan a Claudia Sheinbaum de la candidata opositora.
Con la decisión del Tribunal Electoral queda sellada la validez de la elección presidencial y marcada la ruta para la entrega de la banda presidencial el próximo 1 de octubre. Hoy no queda asomo de duda sobre la legitimidad de la elección presidencial: una elección libre, auténtica y vigorosa.
El pueblo de México decidió por una mayoría abrumadora que Claudia Sheinbaum será la primera presidenta de nuestro país, y reiteró su confianza por un proyecto que busca abatir la pobreza, cimentar la paz y garantizar los derechos de todas las personas. Con su liderazgo seguiremos construyendo una historia distinta. Nada, ni nadie, podrá cambiar esa conquista de las y los mexicanos.