Rigoberto Salgado, operador de Clara Brugada, intensifica presión para adueñarse de dos predios en la CDMX
Resumen:
Por Cecilia Reynoso
Transcripción:
Por Cecilia Reynoso
Rigoberto Salgado, operador electoral de Clara Brugada y próximo diputado federal por Morena, intensificó sus acciones para apropiarse de dos terrenos que no son de su propiedad, denuncia Ángel Romero Villalobos, víctima del intento de despojo.
Como lo documentó Latinus en un reportaje publicado el pasado 24 de marzo, Rigoberto Salgado ha utilizado dependencias del gobierno morenista de la Ciudad de México y a funcionarios de la alcaldía Tláhuac para intentar quitarle a Romero Villalobos dos predios ubicados en el fraccionamiento San Miguel, colonia Santa Catarina Yecahuizotl.
Romero Villalobos asegura que la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la Ciudad de México (Fidampu) que tiene abierta una denuncia de despojo presentada en su contra por Víctor Manuel Salgado Martínez, hijo de Rigoberto Salgado buscó notificarlo en un domicilio ajeno y el mismo día que debía comparecer.
"Me trataron de notificar en un domicilio que no es el mío. Además, dejaron el documento el 22 de julio a la 1:00 de la tarde, el mismo día que me citan y una hora después de la hora marcada para que me presente, cuando se supone que por ley tendrían que haberme notificado por lo menos 24 horas antes", explica a Latinus.
Asimismo, asegura que el caso está lleno de irregularidades porque la Fidampu no le permitió revisar el expediente en su contra y en seis meses tampoco le ofreció derecho de audiencia.
Fue hasta hace unas semanas, detalla Romero Villalobos, que la Fidampu le pidió los contratos originales de compra de los lotes que tiene en el fraccionamiento San Miguel, en la alcaldía Tláhuac.
En enero de 2024 esta oficina especializada de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó que el hijo de Rigoberto Salgado era el dueño de los predios porque él lo acreditó a través de contratos, pagarés y entrevistas hechas por el Ministerio Público, aun cuando Romero Villalobos tiene documentos y pruebas de que compró esas propiedades hace 12 años.
Este ciudadano víctima del intento de despojo acusa que la Fidampu, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el gobierno local de Tláhuac han sido utilizados para arrebatarle los predios.
Las acciones de la alcaldía Tláhuac, asegura Romero Villalobos, las ha ejecutado Roberto Mejía Méndez, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos y suplente en la diputación federal que Rigoberto Salgado asumirá el próximo 1 de septiembre.
La presión en contra de Romero Villalobos se intensificó en enero de 2024, cuando empleados del Invea realizaron una visita de verificación en sus predios, argumentando una denuncia anónima por una construcción irregular. Minutos después, los funcionarios lo multaron y el 17 de enero colocaron los sellos de suspensión de obra, sin permitirle presentar pruebas.
Romero Villalobos promovió diversas acciones legales para impedir el despojo y ha enfrentado todo tipo de irregularidades en la actuación de las autoridades de la Ciudad de México.
Rigoberto Salgado, operador electoral de Clara Brugada y próximo diputado federal por Morena, intensificó sus acciones para apropiarse de dos terrenos que no son de su propiedad, denuncia Ángel Romero Villalobos, víctima del intento de despojo.
Como lo documentó Latinus en un reportaje publicado el pasado 24 de marzo, Rigoberto Salgado ha utilizado dependencias del gobierno morenista de la Ciudad de México y a funcionarios de la alcaldía Tláhuac para intentar quitarle a Romero Villalobos dos predios ubicados en el fraccionamiento San Miguel, colonia Santa Catarina Yecahuizotl.
Romero Villalobos asegura que la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la Ciudad de México (Fidampu) que tiene abierta una denuncia de despojo presentada en su contra por Víctor Manuel Salgado Martínez, hijo de Rigoberto Salgado buscó notificarlo en un domicilio ajeno y el mismo día que debía comparecer.
"Me trataron de notificar en un domicilio que no es el mío. Además, dejaron el documento el 22 de julio a la 1:00 de la tarde, el mismo día que me citan y una hora después de la hora marcada para que me presente, cuando se supone que por ley tendrían que haberme notificado por lo menos 24 horas antes", explica a Latinus.
Asimismo, asegura que el caso está lleno de irregularidades porque la Fidampu no le permitió revisar el expediente en su contra y en seis meses tampoco le ofreció derecho de audiencia.
Fue hasta hace unas semanas, detalla Romero Villalobos, que la Fidampu le pidió los contratos originales de compra de los lotes que tiene en el fraccionamiento San Miguel, en la alcaldía Tláhuac.
En enero de 2024 esta oficina especializada de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó que el hijo de Rigoberto Salgado era el dueño de los predios porque él lo acreditó a través de contratos, pagarés y entrevistas hechas por el Ministerio Público, aun cuando Romero Villalobos tiene documentos y pruebas de que compró esas propiedades hace 12 años.
Este ciudadano víctima del intento de despojo acusa que la Fidampu, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el gobierno local de Tláhuac han sido utilizados para arrebatarle los predios.
Las acciones de la alcaldía Tláhuac, asegura Romero Villalobos, las ha ejecutado Roberto Mejía Méndez, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos y suplente en la diputación federal que Rigoberto Salgado asumirá el próximo 1 de septiembre.
La presión en contra de Romero Villalobos se intensificó en enero de 2024, cuando empleados del Invea realizaron una visita de verificación en sus predios, argumentando una denuncia anónima por una construcción irregular. Minutos después, los funcionarios lo multaron y el 17 de enero colocaron los sellos de suspensión de obra, sin permitirle presentar pruebas.
Romero Villalobos promovió diversas acciones legales para impedir el despojo y ha enfrentado todo tipo de irregularidades en la actuación de las autoridades de la Ciudad de México.