Editorial // Hacia un Poder Judicial justo
Resumen:
Hacia un Poder Judicial justo yer fracasó el intento de una mayoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de crear una ruptura constitucional invalidando partes de la reforma al Poder Judicial promulgada el pasado 15 de septiembre. Al no reunir los votos de ocho de los 11 integrantes del máximo tribunal, se desechó el proyecto de Juan Luis González Alcántara Carrancá para admitir las controversias constitucionales impulsadas por el PRI, el PAN, MC, la minoría opositora del Congreso de Zacatecas y un partido local de Coahuila, por lo que llegó a su punto final la aventura golpista emprendida por el propio González, la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales y, hasta el último momento, Alberto Pérez Dayán.
Transcripción:
Ayer fracasó el intento de una mayoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de crear una ruptura constitucional invalidando partes de la reforma al Poder Judicial promulgada el pasado 15 de septiembre. Al no reunir los votos de ocho de los 11 integrantes del máximo tribunal, se desechó el proyecto de Juan Luis González Alcántara Carrancá para admitir las controversias constitucionales impulsadas por el PRI, el PAN, MC, la minoría opositora del Congreso de Zacatecas y un partido local de Coahuila, por lo que llegó a su punto final la aventura golpista emprendida por el propio González, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales y, hasta el último momento, Alberto Pérez Dayán.
La decisión de Pérez Dayán de respetar la ley —sin por ello abandonar su rechazo a la reforma ni ocultar su deseo de que otras instancias anulen la voluntad popular— dejó desencajada a Piña Hernández y la llevó a cometer una postrera tentativa de violación de las reglas: al darse cuenta de que el bloque conservador había perdido la mayoría calificada de ocho ministros, propuso bajar el umbral a sólo seis, pese a que hace apenas un mes el pleno del máximo tribunal había confirmado la primera cifra.
Aunque con este desenlace concluye uno de los procesos más vergonzosos e inquietantes en la historia política y jurídica de México, es indispensable conservar en la memoria los atropellos y despropósitos perpetrados por los ministros referidos, así como por miles de jueces y magistrados, a fin de que la ciudadanía sea consciente de hasta qué punto era impostergable la reforma a la Judicatura promovida por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. En defensa de su ideología, de sus adscripciones políticas y de sus intereses personales, buena parte del Poder Judicial se embarcó en una ruta de despropósitos que le hizo perder en el transcurso de unas semanas su ya lastimada legitimidad. Aunque la Ley de Amparo especifica que este mecanismo no puede usarse para suspender reformas constitucionales, los togados los otorgaron a un ritmo frenético. Y aunque nunca se habían aceptado a trámite controversias constitucionales presentadas por partidos políticos, esta vez se hicieron verdaderas maromas jurídicas para admitirlas. Todos los ministros sabían perfectamente que no pueden revisar la constitucionalidad de la Constitución, pero siete de ellos estuvieron dispuestos a hacerlo. La ministra presidenta fue más allá al amedrentar a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que mantuvieran al frente de dicho órgano a un personaje de largo pasado panista.
En suma, la sesión pública celebrada ayer por la Suprema Corte nunca debió haber tenido lugar; afortunadamente para México, su único efecto fue consagrar el hundimiento moral de González, Piña, Laynez, Gutiérrez, Farjat, Pardo y Aguilar. De manera paradójica, la ministra presidenta abrió la discusión afirmando: "cualquiera que sea la decisión a la que arribemos, será retomada por los libros de historia de nuestro país", en lo cual no se equivocó: ella y seis de sus colegas ya están inscritos en el registro de los prevaricadores, traficantes de influencias y defraudadores de la democracia. En contraste, se reconocerá el apego irrestricto a la Constitución de las ministras Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlfy Yasmin Esquivel Mossa, así como la rectificación —aunque tardía y a regañadientes— de Pérez Dayán.
El orden constitucional, la división de poderes y la voluntad popular han triunfado. La sociedad mexicana puede congratularse por ello, pero debe permanecer atenta e informada para asumir la gran responsabilidad que tendrá en sus manos al elegir a los juzgadores el año entrante. El país tiene ante sí una oportunidad inapreciable para lograr un Poder Judicial verdaderamente justo.
La decisión de Pérez Dayán de respetar la ley —sin por ello abandonar su rechazo a la reforma ni ocultar su deseo de que otras instancias anulen la voluntad popular— dejó desencajada a Piña Hernández y la llevó a cometer una postrera tentativa de violación de las reglas: al darse cuenta de que el bloque conservador había perdido la mayoría calificada de ocho ministros, propuso bajar el umbral a sólo seis, pese a que hace apenas un mes el pleno del máximo tribunal había confirmado la primera cifra.
Aunque con este desenlace concluye uno de los procesos más vergonzosos e inquietantes en la historia política y jurídica de México, es indispensable conservar en la memoria los atropellos y despropósitos perpetrados por los ministros referidos, así como por miles de jueces y magistrados, a fin de que la ciudadanía sea consciente de hasta qué punto era impostergable la reforma a la Judicatura promovida por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. En defensa de su ideología, de sus adscripciones políticas y de sus intereses personales, buena parte del Poder Judicial se embarcó en una ruta de despropósitos que le hizo perder en el transcurso de unas semanas su ya lastimada legitimidad. Aunque la Ley de Amparo especifica que este mecanismo no puede usarse para suspender reformas constitucionales, los togados los otorgaron a un ritmo frenético. Y aunque nunca se habían aceptado a trámite controversias constitucionales presentadas por partidos políticos, esta vez se hicieron verdaderas maromas jurídicas para admitirlas. Todos los ministros sabían perfectamente que no pueden revisar la constitucionalidad de la Constitución, pero siete de ellos estuvieron dispuestos a hacerlo. La ministra presidenta fue más allá al amedrentar a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que mantuvieran al frente de dicho órgano a un personaje de largo pasado panista.
En suma, la sesión pública celebrada ayer por la Suprema Corte nunca debió haber tenido lugar; afortunadamente para México, su único efecto fue consagrar el hundimiento moral de González, Piña, Laynez, Gutiérrez, Farjat, Pardo y Aguilar. De manera paradójica, la ministra presidenta abrió la discusión afirmando: "cualquiera que sea la decisión a la que arribemos, será retomada por los libros de historia de nuestro país", en lo cual no se equivocó: ella y seis de sus colegas ya están inscritos en el registro de los prevaricadores, traficantes de influencias y defraudadores de la democracia. En contraste, se reconocerá el apego irrestricto a la Constitución de las ministras Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlfy Yasmin Esquivel Mossa, así como la rectificación —aunque tardía y a regañadientes— de Pérez Dayán.
El orden constitucional, la división de poderes y la voluntad popular han triunfado. La sociedad mexicana puede congratularse por ello, pero debe permanecer atenta e informada para asumir la gran responsabilidad que tendrá en sus manos al elegir a los juzgadores el año entrante. El país tiene ante sí una oportunidad inapreciable para lograr un Poder Judicial verdaderamente justo.