La herencia de opacidad
Resumen:
Más de 27 mil expedientes reservados que se reparten en las dependencias federales serán recibidos por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y los integrantes de su gabinete cuando el 1 de octubre se realice la transición del Poder Ejecutivo. Es una herencia que se acumuló a través de los sexenios y que ahora, con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) al borde de la desaparición, ha caído en el limbo.
Transcripción:
Más de 27 mil expedientes reservados que se reparten en las dependencias federales serán recibidos por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y los integrantes de su gabinete cuando el 1 de octubre se realice la transición del Poder Ejecutivo. Es una herencia que se acumuló a través de los sexenios y que ahora, con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) al borde de la desaparición, ha caído en el limbo.
Se trata de asuntos que los gobiernos federales guardaron con el argumento de que su revelación pondría en riesgo la seguridad nacional. Pero ahora, al filo de concluir el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, integran un cúmulo de información que no puede ser conocido debido al recurso de la reserva.
Lo anterior, de acuerdo con el Índice de Expedientes Clasificados como Reservados del INAI que desde 2004 registra la información que se mantiene clasificada tanto en la administración pública federal como en los Poderes Legislativo y Judicial, y otras entidades obligadas a presentar información en datos abiertos.
Ahí se encuentra, por ejemplo, con un candado hasta 2028, el operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa; el convenio entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social para realizar el Programa de Verificación Laboral Voluntaria; el proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro O la lista de personas servidoras públicas sancionadas desde 2000 a 2023 por faltas en las prisiones de México.
La pandemia de COVID-19 que en México fue reconocida en marzo de 2020 dejó también sus rastros de secrecía en los archivos del Poder Ejecutivo. Los contratos con los laboratorios Astra Zeneca, Pfizer, CanSino, Sputnik, Sinovac y Serum para adquisición de vacunas quedaron reservados hasta 2025.
También guardado hasta ese año se encuentra el expediente en la Secretaría de Relaciones Exteriores de la petición de asilo de Juan Evo Morales Ayma, expresidente de Bolivia, realizada en 2020 al Gobierno de México. En la misma carpeta están los gastos de traslados, hospedaje, alimentos y otras necesidades del político en territorio nacional.
Hay también plazos más extensos como el que tienen los documentos que se generaron en las sesiones del Consejo de Seguridad Nacional durante 2006, 2007, 2008 y 2009 en la Presidencia de la República sobre el narcotráfico en el país y que no podrán conocerse hasta 2031.
Los nuevos titulares de las secretarías del Trabajo y Previsión Social, Energía y Función Pública (SFP) asumirán en sus despachos cuando en las bóvedas hay decenas de miles de asuntos clasificados. En tanto, los de Relaciones Exteriores la Defensa Nacional lo harán cuando en los archivos hay cientos. Los de Educación Pública y Turismo recibirán decenas. Sólo hay una que no transmitirá ningún asunto reservado: la Secretaría de Gobernación.
INAI: la posibilidad de la desaparición
Esta herencia subsiste mientras que en el Congreso de la Unión permanece el paquete de reformas a la Constitución que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a inicios de 2024. Una de las iniciativas está dirigida a desaparecer al INAI, el órgano que hasta ahora tuteló los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
De acuerdo con el texto de la propuesta, las funciones principales del organismo pasarían a la SFP.
Gabriel Espinoza Ibarra, especialista en Derecho a la Información, expone que hay "una tarea muy grande" en cuanto a las reservas en materia de seguridad nacional que fueron en aumento.
Con maestría por la Universidad Nacional Autónoma de México, el politólogo expone que a esta herencia de pendientes se abona "el abandono" de la política de datos abiertos, reflejado en el desuso del portal del Gobierno federal para ello.
Espinoza Ibarra añade que en el panorama de la transparencia, mientras subsiste la posibilidad de desaparecer el INAI, también está en riesgo el Sistema Nacional Anticorrupción, del cual, el Instituto es parte central. Además, alerta que el derecho del acceso a la información quedaría limitado si las funciones del organismo son transferidas a la Función Pública dado que a partir de 2015 el INAI concentró la información de los gobiernos estatales, además de los partidos políticos y sindicatos.
El organismo con dos décadas de historia y que intervino en cuatro sexenios presidenciales, cayó en incapacidad para sesionar el de abril de 2023 dado que el Senado no nombró a tiempo a dos comisionados. Esta situación coincidió con el término de la gestión de Francisco Javier Acuña. El Pleno del organismo quedó con cuatro de los siete comisionados que por ley debe tener. Después de casi cuatro meses de inoperancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le permitió sesionar en esas condiciones. Después, el 5 de febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió la iniciativa al Congreso para desaparecerlo.
El politólogo de la Universidad de Guadalajara, Enrique Toussaint, pone énfasis en que en la próxima transición del Poder Ejecutivo por primera vez en 20 años habrá un INAI debilitado, si no es que ausente, y una montaña de expedientes reservados cuya apertura está indefinida.
La información sobre el operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo de 'El Chapo' Guzmán, el 17 de octubre de 2019, en Culiacán, Sinaloa, cuenta con un candado hasta 2028
Los contratos con los laboratorios Astra Zeneca, Pfizer, CanSino, Sputnik, Sinovac y Serum para adquisición de vacunas contra COVID-19 quedaron reservados hasta 2025
Se trata de asuntos que los gobiernos federales guardaron con el argumento de que su revelación pondría en riesgo la seguridad nacional. Pero ahora, al filo de concluir el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, integran un cúmulo de información que no puede ser conocido debido al recurso de la reserva.
Lo anterior, de acuerdo con el Índice de Expedientes Clasificados como Reservados del INAI que desde 2004 registra la información que se mantiene clasificada tanto en la administración pública federal como en los Poderes Legislativo y Judicial, y otras entidades obligadas a presentar información en datos abiertos.
Ahí se encuentra, por ejemplo, con un candado hasta 2028, el operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa; el convenio entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social para realizar el Programa de Verificación Laboral Voluntaria; el proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro O la lista de personas servidoras públicas sancionadas desde 2000 a 2023 por faltas en las prisiones de México.
La pandemia de COVID-19 que en México fue reconocida en marzo de 2020 dejó también sus rastros de secrecía en los archivos del Poder Ejecutivo. Los contratos con los laboratorios Astra Zeneca, Pfizer, CanSino, Sputnik, Sinovac y Serum para adquisición de vacunas quedaron reservados hasta 2025.
También guardado hasta ese año se encuentra el expediente en la Secretaría de Relaciones Exteriores de la petición de asilo de Juan Evo Morales Ayma, expresidente de Bolivia, realizada en 2020 al Gobierno de México. En la misma carpeta están los gastos de traslados, hospedaje, alimentos y otras necesidades del político en territorio nacional.
Hay también plazos más extensos como el que tienen los documentos que se generaron en las sesiones del Consejo de Seguridad Nacional durante 2006, 2007, 2008 y 2009 en la Presidencia de la República sobre el narcotráfico en el país y que no podrán conocerse hasta 2031.
Los nuevos titulares de las secretarías del Trabajo y Previsión Social, Energía y Función Pública (SFP) asumirán en sus despachos cuando en las bóvedas hay decenas de miles de asuntos clasificados. En tanto, los de Relaciones Exteriores la Defensa Nacional lo harán cuando en los archivos hay cientos. Los de Educación Pública y Turismo recibirán decenas. Sólo hay una que no transmitirá ningún asunto reservado: la Secretaría de Gobernación.
INAI: la posibilidad de la desaparición
Esta herencia subsiste mientras que en el Congreso de la Unión permanece el paquete de reformas a la Constitución que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a inicios de 2024. Una de las iniciativas está dirigida a desaparecer al INAI, el órgano que hasta ahora tuteló los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
De acuerdo con el texto de la propuesta, las funciones principales del organismo pasarían a la SFP.
Gabriel Espinoza Ibarra, especialista en Derecho a la Información, expone que hay "una tarea muy grande" en cuanto a las reservas en materia de seguridad nacional que fueron en aumento.
Con maestría por la Universidad Nacional Autónoma de México, el politólogo expone que a esta herencia de pendientes se abona "el abandono" de la política de datos abiertos, reflejado en el desuso del portal del Gobierno federal para ello.
Espinoza Ibarra añade que en el panorama de la transparencia, mientras subsiste la posibilidad de desaparecer el INAI, también está en riesgo el Sistema Nacional Anticorrupción, del cual, el Instituto es parte central. Además, alerta que el derecho del acceso a la información quedaría limitado si las funciones del organismo son transferidas a la Función Pública dado que a partir de 2015 el INAI concentró la información de los gobiernos estatales, además de los partidos políticos y sindicatos.
El organismo con dos décadas de historia y que intervino en cuatro sexenios presidenciales, cayó en incapacidad para sesionar el de abril de 2023 dado que el Senado no nombró a tiempo a dos comisionados. Esta situación coincidió con el término de la gestión de Francisco Javier Acuña. El Pleno del organismo quedó con cuatro de los siete comisionados que por ley debe tener. Después de casi cuatro meses de inoperancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le permitió sesionar en esas condiciones. Después, el 5 de febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió la iniciativa al Congreso para desaparecerlo.
El politólogo de la Universidad de Guadalajara, Enrique Toussaint, pone énfasis en que en la próxima transición del Poder Ejecutivo por primera vez en 20 años habrá un INAI debilitado, si no es que ausente, y una montaña de expedientes reservados cuya apertura está indefinida.
La información sobre el operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo de 'El Chapo' Guzmán, el 17 de octubre de 2019, en Culiacán, Sinaloa, cuenta con un candado hasta 2028
Los contratos con los laboratorios Astra Zeneca, Pfizer, CanSino, Sputnik, Sinovac y Serum para adquisición de vacunas contra COVID-19 quedaron reservados hasta 2025