Columna Invitada // Reforma judicial, lucha por la soberanía
Resumen:
Hasta cierto punto, resulta inaudito que a estas alturas del primer sexenio de la Cuarta Transformación, con una aprobación inédita para un mandatario saliente, la que detenta AMLO e, incluso, tras la contundente victoria de Morena y aliados en la elección federal de 2024, se pretenda tratar a México como una neocolonia o protectorado de la América del Norte que, a través de sus embajadores, intenta incidir en un asunto cuya discusión está estrictamente restringida para los mexicanos, al tratarse de una reforma a la organización de una parte fundamental del Estado mexicano: el Poder Judicial.
Transcripción:
Hasta cierto punto, resulta inaudito que a estas alturas del primer sexenio de la Cuarta Transformación, con una aprobación inédita para un mandatario saliente, la que detenta AMLO e, incluso, tras la contundente victoria de Morena y aliados en la elección federal de 2024, se pretenda tratar a México como una neocolonia o protectorado de la América del Norte que, a través de sus embajadores, intenta incidir en un asunto cuya discusión está estrictamente restringida para los mexicanos, al tratarse de una reforma a la organización de una parte fundamental del Estado mexicano: el Poder Judicial.
La reforma propuesta al Congreso de la Unión por el Poder Ejecutivo es legal, pues es facultad del Presidente de la República presentar iniciativas de reforma constitucional; asimismo, es facultad del Congreso de la Unión darle proceso y deliberación legislativa para su eventual aprobación.
El presidente López Obrador ha sido categórico y contundente: no hay nada que discutir sobre la reforma al Poder Judicial con las embajadas ni con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá; por el momento, ha pausado la relación con ambas embajadas y envió, a través de una nota diplomática, su extrañamiento por el injerencismo de su embajador disfrazado de opinión. Por si quedara alguna esperanza de que el nuevo gobierno acatará los dictados del intervencionismo norteamericano, ya se pueden ir dando cuenta de lo contrario, pues la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, declaró que es un asunto que compete estrictamente a los mexicanos y no se encuentra sujeto a discusión.
Es fundamental comprender que el Poder Judicial se ha mantenido como el último reducto de los intereses del viejo régimen neoliberal a partir de alimentar la arrogancia de burócratas mediocres, que bajo una burbuja de privilegio podían emitir fallos contrarios al interés nacional. Un poder que fue aval de fraudes electorales, del socavamiento de derechos laborales, del Fobaproa y de la entrega de los recursos energéticos. No se trata de la defensa de la libertad, la democracia, la legalidad y la justicia, como clama la oposición; se trata de preservar el último espacio de poder del neoliberalismo, un sistema judicial corrupto que, fuera del foco de la atención pública, legitimaba jurídicamente el despojo a la nación mexicana. Es por ello que está en marcha el aparato de coerción que Washington es capaz de instrumentar en contra de gobiernos latinoamericanos decididos a ejercer su soberanía, con editoriales catastrofistas en el Washington Post, Wall Street Journal y New York Times que ofrecen opiniones más bien ignorantes respecto del sistema político mexicano.
Ponderemos el valor del Poder Judicial al servicio del modelo neoliberal: fue capaz de valerse de la determinación de unos cuantos jueces para echar atrás la reforma eléctrica de la 4T, una reforma legal y de perspectiva nacionalista; una decisión soberana de los mexicanos por decidir el modelo de la industria eléctrica nacional que, curiosamente, también contó con el rechazo del embajador Salazar y el coro de la prensa y las calificadoras en contra. Todo el aparato de Washington, igual que en esta ocasión, porque el Poder Judicial obedece a sus intereses, ahí está su verdadero valor.
Tengamos en cuenta que los grandes avances en infraestructura, justicia social y economía conseguidos por la 4T son, precisamente, gracias a la soberanía política ejercida por el gobierno de México desde 2018; por contar con un modelo de desarrollo nacional y no por seguir los dogmas del neoliberalismo, como el despojo de propiedad nacional a través de la privatización de empresas y bienes estratégicos como agua, hidrocarburos y los recursos minerales que fueron puestos al servicio del gran capital internacional por el PRIAN desde 1988 hasta 2018, un proyecto fallido que provocó pobreza y desesperanza.
No es poco lo que está en juego; para la 4T y el pueblo de México representa la oportunidad de renovar un poder corrupto y transformarlo en un verdadero impartidor de justicia, que, bajo el peso del escrutinio popular, se comporte a la altura de las circunstancias y comience a brindar justicia sin distinción de clase social y que proteja un verdadero Estado de derecho y de bienestar colectivo, anhelos a nuestro alcance. Para el conservadurismo y el poder económico, mantener intacto el Poder Judicial representa la oportunidad de ganar en la mesa lo que su proyecto entreguista y antimexicano es incapaz de ganar en las urnas.
La reforma propuesta al Congreso de la Unión por el Poder Ejecutivo es legal, pues es facultad del Presidente de la República presentar iniciativas de reforma constitucional; asimismo, es facultad del Congreso de la Unión darle proceso y deliberación legislativa para su eventual aprobación.
El presidente López Obrador ha sido categórico y contundente: no hay nada que discutir sobre la reforma al Poder Judicial con las embajadas ni con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá; por el momento, ha pausado la relación con ambas embajadas y envió, a través de una nota diplomática, su extrañamiento por el injerencismo de su embajador disfrazado de opinión. Por si quedara alguna esperanza de que el nuevo gobierno acatará los dictados del intervencionismo norteamericano, ya se pueden ir dando cuenta de lo contrario, pues la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, declaró que es un asunto que compete estrictamente a los mexicanos y no se encuentra sujeto a discusión.
Es fundamental comprender que el Poder Judicial se ha mantenido como el último reducto de los intereses del viejo régimen neoliberal a partir de alimentar la arrogancia de burócratas mediocres, que bajo una burbuja de privilegio podían emitir fallos contrarios al interés nacional. Un poder que fue aval de fraudes electorales, del socavamiento de derechos laborales, del Fobaproa y de la entrega de los recursos energéticos. No se trata de la defensa de la libertad, la democracia, la legalidad y la justicia, como clama la oposición; se trata de preservar el último espacio de poder del neoliberalismo, un sistema judicial corrupto que, fuera del foco de la atención pública, legitimaba jurídicamente el despojo a la nación mexicana. Es por ello que está en marcha el aparato de coerción que Washington es capaz de instrumentar en contra de gobiernos latinoamericanos decididos a ejercer su soberanía, con editoriales catastrofistas en el Washington Post, Wall Street Journal y New York Times que ofrecen opiniones más bien ignorantes respecto del sistema político mexicano.
Ponderemos el valor del Poder Judicial al servicio del modelo neoliberal: fue capaz de valerse de la determinación de unos cuantos jueces para echar atrás la reforma eléctrica de la 4T, una reforma legal y de perspectiva nacionalista; una decisión soberana de los mexicanos por decidir el modelo de la industria eléctrica nacional que, curiosamente, también contó con el rechazo del embajador Salazar y el coro de la prensa y las calificadoras en contra. Todo el aparato de Washington, igual que en esta ocasión, porque el Poder Judicial obedece a sus intereses, ahí está su verdadero valor.
Tengamos en cuenta que los grandes avances en infraestructura, justicia social y economía conseguidos por la 4T son, precisamente, gracias a la soberanía política ejercida por el gobierno de México desde 2018; por contar con un modelo de desarrollo nacional y no por seguir los dogmas del neoliberalismo, como el despojo de propiedad nacional a través de la privatización de empresas y bienes estratégicos como agua, hidrocarburos y los recursos minerales que fueron puestos al servicio del gran capital internacional por el PRIAN desde 1988 hasta 2018, un proyecto fallido que provocó pobreza y desesperanza.
No es poco lo que está en juego; para la 4T y el pueblo de México representa la oportunidad de renovar un poder corrupto y transformarlo en un verdadero impartidor de justicia, que, bajo el peso del escrutinio popular, se comporte a la altura de las circunstancias y comience a brindar justicia sin distinción de clase social y que proteja un verdadero Estado de derecho y de bienestar colectivo, anhelos a nuestro alcance. Para el conservadurismo y el poder económico, mantener intacto el Poder Judicial representa la oportunidad de ganar en la mesa lo que su proyecto entreguista y antimexicano es incapaz de ganar en las urnas.